Objective. Estimate the magnitude of the problem of violence in intimate relationships affecting women in Santa Fe de Bogotá, Colombia, and identify the factors related to the risk of being battered. Methods. The data analyzed were collected between September 1998 and September 1999 from interviews with 3 971 women who had a child less than 6 months old. The women interviewed were ones using public health services in the Suba area of Bogotá, either for pediatric attention (well-baby services, vaccination, an ill child) or for childbirth. Out of the 3 971 women, 10 of them declined to participate, and 804 of them were not in an intimate relationship and were excluded from the analyses. Results. Of the 3 157 participants, 26.5% of them reported that their current partner had slapped or pushed them, and 13.3% reported they had been hit with a fist, kicked, hit with some object, or beaten, or threatened with a knife or gun. In addition, 26.2% of the women said that their partner imposed some prohibition on them (on social activities, work, family planning, etc.). In the bivariate analyses, violence was significantly associated with: less schooling and lower income (P < 0.001), having more children (P < 0.001), a longer period of time living with the partner (P < 0.001), more frequent conflict with the partner (P <0.001), not having other family members living in the home (P < 0.01), a history of abuse in the family of origin (P < 0.001), and prohibitions imposed by the partner (P < 0.001). According to multivariate analysis, the two factors most strongly related with violence were frequency of conflict with the partner and prohibitions imposed by the partner. Conclusions. Public health services are a good place to identify victims of domestic violence, and early detection and intervention programs should be established there. Services to support and protect victims should be expanded and strengthened in order to provide those persons with guidance, legal assistance, education, and job training. Appropriate alternative services for aggressors also need to be developed.
Objetivos. Estimar la magnitud del problema de la violencia conyugal que afecta a las mujeres que acuden a los servicios de salud pública en Santa Fe de Bogotá, Colombia, e identificar los factores asociados con el riesgo de ser agredidas físicamente. Métodos. Se analizaron los datos recolectados desde septiembre de 1998 hasta septiembre de 1999 mediante entrevistas de las 3 971 mujeres con niños menores de 6 meses de edad, que solicitaron consulta por diversas causas pediátricas (control del niño sano, vacunación o morbilidad del menor) o fueron atendidas por parto en la red de servicios de salud pública en la localidad de Suba, Santa Fe de Bogotá, Colombia. De la muestra indicada, 10 mujeres rehusaron participar y 804 no tenían compañero, por lo cual se excluyeron de los análisis. Resultados. De las 3 157 participantes que convivían con un compañero íntimo, 26,5% informaron que habían sido abofeteadas o empujadas por su compañero actual y 13,3% que habían sido agredidas gravemente por medio de golpes con el puño cerrado, patadas, golpes con algún objeto, "golpizas" y amenazas con un cuchillo o arma de fuego. Además de lo anterior, 26,2% de ellas indicaron que su compañero les imponía alguna prohibición. En los análisis bivariados, la violencia se asoció significativamente con menos escolaridad y menores ingresos (P < 0,001), mayor número de hijos (P < 0,001), mayor tiempo de unión con el compañero actual (P < 0,001), mayor frecuencia de conflicto con la pareja (P < 0,001), ausencia de otros familiares en el hogar (P < 0,01), historia de maltrato en la familia de origen (P < 0,001) y prohibiciones por parte del compañero (P < 0,001). La frecuencia del conflicto con la pareja y las prohibiciones fueron los factores más fuertemente asociados con la violencia, según el análisis multivariado. Conclusiones. Los servicios de salud pública son un buen lugar para detectar a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Deben establecerse en ellos programas de detección precoz y de intervenciones efectivas. Los servicios de apoyo y protección de las víctimas tienen que extenderse y fortalecerse para prestarles orientación, asistencia jurídica, y capacitación laboral y educativa. También es importante desarrollar servicios alternativos apropiados para los agresores.