México alcanzará la cobertura universal en salud en 2012. El seguro nacional de salud denominado Seguro Popular, introducido en 2003, garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud integrales con protección financiera a más de 50 millones de mexicanos previamente excluidos de la seguridad social. La cobertura universal en México es sinónimo de protección social en salud. Este informe analiza el camino hacia la cobertura universal en sus tres dimensiones de protección: a) contra riesgos para la salud, b) de los pacientes a través de la garantía de calidad de la atención a la salud y c) contra las consecuencias financieras de la enfermedad y las lesiones. Se presenta una discusión conceptual sobre la transición de una seguridad social basada en la condición laboral a la protección social en salud, que implica el acceso a una atención integral de la salud como derecho universal basado en la ciudadanía, plataforma ética de la reforma mexicana. Se describen asimismo las condiciones que llevaron a la reforma, así como su diseño y puesta en marcha, y se discute el proceso de implantación a nueve años de iniciado y las evidencias que dieron origen a actualizaciones y mejoras del programa original. El núcleo del informe se centra en los efectos e impactos de la reforma que se desprenden de la literatura sobre el tema, que incluye artículos científicos y otras publicaciones disponibles. La evidencia indica que el Seguro Popular está mejorando el acceso a los servicios de salud y reduciendo la prevalencia de los gastos en salud catastróficos y empobrecedores, especialmente entre los pobres. Estudios recientes muestran asimismo una mejora en la cobertura efectiva. También se discuten los desafíos prevalentes, incluyendo la necesidad de traducir los recursos financieros en servicios de salud más efectivos, equitativos y sensibles a las expectativas de los usuarios. Se requiere una nueva generación de reformas que incluya medidas sistémicas para consolidar la reorganización del sistema de salud por funciones. El artículo concluye con una discusión sobre las implicaciones de la búsqueda de la cobertura universal de salud en México y su importancia para otros países de ingresos bajos y medios.

México alcanzará la cobertura universal en salud en 2012. El seguro nacional de salud denominado Seguro Popular, introducido en 2003, garantiza el acceso a un paquete de servicios de salud integrales con protección financiera a más de 50 millones de mexicanos previamente excluidos de la seguridad social. La cobertura universal en México es sinónimo de protección social en salud. Este informe analiza el camino hacia la cobertura universal en sus tres dimensiones de protección: a) contra riesgos para la salud, b) de los pacientes a través de la garantía de calidad de la atención a la salud y c) contra las consecuencias financieras de la enfermedad y las lesiones. Se presenta una discusión conceptual sobre la transición de una seguridad social basada en la condición laboral a la protección social en salud, que implica el acceso a una atención integral de la salud como derecho universal basado en la ciudadanía, plataforma ética de la reforma mexicana. Se describen asimismo las condiciones que llevaron a la reforma, así como su diseño y puesta en marcha, y se discute el proceso de implantación a nueve años de iniciado y las evidencias que dieron origen a actualizaciones y mejoras del programa original. El núcleo del informe se centra en los efectos e impactos de la reforma que se desprenden de la literatura sobre el tema, que incluye artículos científicos y otras publicaciones disponibles. La evidencia indica que el Seguro Popular está mejorando el acceso a los servicios de salud y reduciendo la prevalencia de los gastos en salud catastróficos y empobrecedores, especialmente entre los pobres. Estudios recientes muestran asimismo una mejora en la cobertura efectiva. También se discuten los desafíos prevalentes, incluyendo la necesidad de traducir los recursos financieros en servicios de salud más efectivos, equitativos y sensibles a las expectativas de los usuarios. Se requiere una nueva generación de reformas que incluya medidas sistémicas para consolidar la reorganización del sistema de salud por funciones. El artículo concluye con una discusión sobre las implicaciones de la búsqueda de la cobertura universal de salud en México y su importancia para otros países de ingresos bajos y medios.

OBJECTIVE: To measure income-related inequalities and inequities in the distribution of health and health care utilization in Mexico. METHODS: The National Health Survey (NHS) 2000 and the National Health and Nutrition Survey (NHNS) 2006 were used to estimate concentration indices for health outcomes and health care utilization variables before and after standardization. The study analyzed 110 460 individuals 18 years or older for NHS 2000 and 124 149 individuals for NHNS 2006. Health status variables were self-assessed health, physical limitations, and chronic illness. Health care utilization included curative visits and dental, hospital, and preventive care. Individuals were ranked by three standard-of-living measures: household income, wealth, and expenditure. Other independent variables were area of residence, geographic region, education, employment, ethnicity, and health insurance. Decomposition analysis allowed for assessing the contributions of independent variables to the distribution of health care among individuals. RESULTS: The worse-off population reports less good self-assessed health and more physical limitations, whereas better-off individuals report more chronic illnesses. Utilization of curative visits and hospitalization is more concentrated among the better-off population. No significant changes in these results can be established between 2000 and 2006. According to available evidence, standard of living, health insurance, and education largely contribute to the inequitable distribution of health care. CONCLUSIONS: Despite improvements in health care utilization patterns, income-related health and health care inequities prevail. Equity remains a challenge for Mexico.

OBJETIVO: Medir las desigualdades y las inequidades en la salud y en la utilización de la atención sanitaria relacionadas con los ingresos en México. MÉTODOS: Se emplearon los datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 para calcular los índices de concentración de las variables de resultados en salud y de utilización de la atención sanitaria antes y después de su estandarización. El estudio analizó 110 460 individuos de 18 años o más de la primera encuesta y 124 149 de la segunda. Las variables de estado de salud consideradas fueron la salud autoevaluada, las limitaciones físicas y la enfermedad crónica. La utilización de la atención sanitaria incluyó las visitas curativas y la atención odontológica, hospitalaria y preventiva. Los individuos se agruparon según tres medidas de estándar de vida: ingresos, riqueza o patrimonio y gasto del hogar. Otras variables independientes fueron área de residencia, región geográfica, educación, empleo, grupo étnico y seguro de salud. El análisis de descomposición permitió estimar las contribuciones de las variables independientes a la distribución de la atención sanitaria entre los individuos. RESULTADOS: La población en peor situación económica refirió un peor nivel de salud autoevaluada y mayores limitaciones físicas, mientras que los individuos en mejor situación informaron más enfermedades crónicas y tuvieron más consultas curativas y hospitalizaciones. No se observaron cambios significativos en estos resultados entre 2000 y 2006. Según la evidencia disponible, el nivel de vida, el seguro de salud y la educación contribuyen en gran parte a la distribución desigual de la atención sanitaria. CONCLUSIONES: A pesar de las mejoras en los patrones de utilización de la atención sanitaria, persisten inequidades en la salud y en la atención sanitaria relacionadas con los ingresos. La equidad en salud sigue siendo un reto para México.

Explicit priority setting presents Mexico with the opportunity to match the pressure and complexity of an advancing epidemiological transition with evidence-based policies driven by a fundamental concern for how to make the best use of scarce resources to improve population health. The Mexican priority-setting experience describes how standardised analytical approaches to decision making, mainly burden of disease and cost-effectiveness analyses, combine with other criteria -eg, being responsive to the legitimate non-health expectations of patients and ensuring fair financing across households- to design and implement a set of three differentiated health intervention packages. This process is a key element of a wider set of reform components aimed at extending health insurance, especially to the poor. The most relevant policy implications include lessons on the use of available and proven analytical tools to set national health priorities, the usefulness of priority-setting results to guide long-term capacity development, the importance of favouring an institutionalised approach to cost-effectiveness analysis, and the need for local technical capacity strengthening as an essential step to balance health-maximising arguments and other non-health criteria in a transparent and systematic process.

La definición explícita de prioridades en intervenciones de salud representa una oportunidad para México de equilibrar la presión y la complejidad de una transición epidemiológica avanzada, con políticas basadas en evidencias generadas por la inquietud de cómo optimizar el uso de los recursos escasos para mejorar la salud de la población. La experiencia mexicana en la definición de prioridades describe cómo los enfoques analíticos estandarizados en la toma de decisiones, principalmente los de análisis de la carga de la enfermedad y de costo-efectividad, se combinan con otros criterios -tales como dar respuesta a las expectativas legítimas no médicas de los pacientes y asegurar un financiamiento justo para los hogares-, para diseñar e implementar un grupo de tres paquetes diferenciados de intervenciones de salud. Éste es un proceso clave dentro de un conjunto más amplio de elementos de reforma dirigidos a extender el aseguramiento en salud, especialmente a los pobres. Las implicaciones más relevantes en el ámbito de políticas públicas incluyen lecciones sobre el uso de las herramientas analíticas disponibles y probadas para definir prioridades nacionales de salud; la utilidad de resultados que definan prioridades para guiar el desarrollo de capacidades a largo plazo; la importancia de favorecer un enfoque para institucionalizar el análisis ex-ante de costo-efectividad; y la necesidad del fortalecimiento de la capacidad técnica local como un elemento esencial para equilibrar los argumentos sobre maximización de la salud con criterios no relacionados con la salud en el marco de un ejercicio sistemático y transparente.

Explicit priority setting presents Mexico with the opportunity to match the pressure and complexity of an advancing epidemiological transition with evidence-based policies driven by a fundamental concern for how to make the best use of scarce resources to improve population health. The Mexican priority-setting experience describes how standardised analytical approaches to decision making, mainly burden of disease and cost-effectiveness analyses, combine with other criteria -eg, being responsive to the legitimate non-health expectations of patients and ensuring fair financing across households- to design and implement a set of three differentiated health intervention packages. This process is a key element of a wider set of reform components aimed at extending health insurance, especially to the poor. The most relevant policy implications include lessons on the use of available and proven analytical tools to set national health priorities, the usefulness of priority-setting results to guide long-term capacity development, the importance of favouring an institutionalised approach to cost-effectiveness analysis, and the need for local technical capacity strengthening as an essential step to balance health-maximising arguments and other non-health criteria in a transparent and systematic process.

La definición explícita de prioridades en intervenciones de salud representa una oportunidad para México de equilibrar la presión y la complejidad de una transición epidemiológica avanzada, con políticas basadas en evidencias generadas por la inquietud de cómo optimizar el uso de los recursos escasos para mejorar la salud de la población. La experiencia mexicana en la definición de prioridades describe cómo los enfoques analíticos estandarizados en la toma de decisiones, principalmente los de análisis de la carga de la enfermedad y de costo-efectividad, se combinan con otros criterios -tales como dar respuesta a las expectativas legítimas no médicas de los pacientes y asegurar un financiamiento justo para los hogares-, para diseñar e implementar un grupo de tres paquetes diferenciados de intervenciones de salud. Éste es un proceso clave dentro de un conjunto más amplio de elementos de reforma dirigidos a extender el aseguramiento en salud, especialmente a los pobres. Las implicaciones más relevantes en el ámbito de políticas públicas incluyen lecciones sobre el uso de las herramientas analíticas disponibles y probadas para definir prioridades nacionales de salud; la utilidad de resultados que definan prioridades para guiar el desarrollo de capacidades a largo plazo; la importancia de favorecer un enfoque para institucionalizar el análisis ex-ante de costo-efectividad; y la necesidad del fortalecimiento de la capacidad técnica local como un elemento esencial para equilibrar los argumentos sobre maximización de la salud con criterios no relacionados con la salud en el marco de un ejercicio sistemático y transparente.