RESUMEN En el presente artículo se analiza la actual inclinación del legislador ecuatoriano, de identificar al dolo como una situación interna del autor del injusto penal, mediante la definición expresa del conocimiento y la voluntad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta definición expresa ha generado dos consecuencias opuestas: por una parte, el retroceso en el avance del dolo al actual tráfico social (negativa), y por otra, la seguridad jurídica que se le brinda al autor del injusto penal (positiva). Del análisis de estas dos consecuencias se reconoce que el derecho penal ecuatoriano opta por la seguridad jurídica, en detrimento del avance del dolo y del derecho penal. Al respecto, se invita a la reflexión sobre este particular con el objetivo de encontrar una forma de legitimar este avance del dolo en el tráfico social, sin violentar derechos constitucionales. Para lograr esto, como primer paso, se debe cambiar la actual inclinación del legislador, mediante la normativización del dolo. Así, mediante el empleo de una metodología inductiva y hermenéutica, se emprende una labor de legitimación de esta normativización en el derecho penal ecuatoriano, llegando finalmente a concluir en su viabilidad. Esto se lo hace sin reconocer una normativización plenamente estandarizada, sino también tomando en cuenta criterios que respeten la dignidad humana, mediante la evitabilidad individual.

ABSTRACT This article analyzes the current inclination of the ecuadorian legislator, to identify mens rea as an internal situation of the perpetrator, through the definition of knowledge and will in the Código Orgánico Integral Penal (COIP). This definition has generated two opposite consequences, on the one hand, the regression in the advance of mens rea to the current social traffic (negative), and on the other, the legal certainty afforded to the perpetrator (positive). From the analysis of these two consequences, it is recognized that ecuadorian criminal law opts for legal certainty. In this regard, a reflection on this particular issue is invited, with the aim of finding a way to legitimize this advance of mens rea in social traffic, without violating constitutional rights. To achieve this, as a first step, mens rea must be changed, through its normativization. Thus, through the use of an inductive and hermeneutic methodology, a work of legitimization of this normativization is undertaken, finally concluding in its viability. This is done without recognizing a fully standardized normativization, but also taking into account criteria that respect human dignity, through individual avoidability.

Resumen En México a partir de 2007 comenzó a instaurarse una política de militarización de la seguridad pública conocida como “guerra contra el narcotráfico” que incluyó el fortalecimiento del poder punitivo del estado para enfrentar los delitos vinculados al crimen organizado, así como la violencia contra las mujeres. En este marco, las muertes violentas de mujeres han ido en ascenso. Mientras que en 2014 se registraron 6 asesinatos de mujeres diariamente en todo el país, en 2018 y 2019 la cifra ascendió a 10 asesinatos diarios. Para tratar de comprender este contexto de violencia, en su vínculo con el derecho penal y las políticas punitivas, diversos grupos de académicas feministas han desarrollado investigaciones y estudios críticos. El objetivo del artículo es analizar la producción académica de cuatro expresiones feministas contemporáneas, a fin de dar cuenta de sus concepciones de sexo y género, sus marcos interpretativos de la violencia de género y del derecho penal, los factores causales a los que otorgan mayor peso y las propuestas que plantean. A través de este análisis se espera tender puentes en la discusión de los diversos feminismos y abrir nuevos puntos de debate sobre los alcances y límites del derecho penal en su abordaje de la violencia feminicida.

Abstract As of 2007, a policy of militarization of public security known as “the war on drug trafficking” has been established in Mexico, which included strengthening the punitive power of the state to confront gender violence and crimes related to drug trafficking. In this context, the violent deaths of women have increased. While in 2014, there were 6 murders of women daily around the country, in 2018 and 2019, the figure rose to 10 murders daily. To try to understand this context of violence, and its link with criminal law and punitive policies, several groups of feminist researchers have developed innovative theories and investigations. The article aims to analyze the academic production of four contemporary feminist expressions, to account for their conceptions of sex and gender, their interpretive frameworks of gender violence and criminal law, the main causal factors to explain this violence, and their political proposals. Through this analysis, I hope to build bridges between various feminisms and to open new points of debate on the scope and limits of criminal law in its approach to femicide violence.

Resumo: Este trabalho apresenta uma defesa da teoria do suborno passivo como deslealdade do funcionário público. Previamente, são examinadas duas opiniões diferentes sobre o problema, desenvolvidas no continente europeu; em comparação com essas propostas, a teoria da deslealdade não só fornece uma compreensão completa da razão pela qual o suborno passivo é um comportamento particularmente repreensível, mas também fornece parâmetros para o diferenciar de outros crimes que os funcionários públicos possam cometer. Por último, são analisadas as consequências da política criminal que deriva da teoria defendida, em particular as diretrizes que a legislação criminal sobre suborno deve seguir.

Abstract: This work puts forth a defense of the theory that passive bribery constitutes a breach of loyalty by a public official. To begin with, we examine two distinct viewpoints on the issue, developed within the context of continental Europe. In comparison to these proposals, the theory of disloyalty not only comprehensively elucidates why passive bribery represents an especially reprehensible behavior but also provides parameters for distinguishing it from other offenses that public officials may commit. Finally, we delve into the implications of the criminal policy that stem from the advocated theory, particularly the guidelines that should guide penal legislation regarding passive bribery.

Resumen: El trabajo presenta una defensa de la teoría del cohecho pasivo como deslealtad del funcionario público. Previamente, se examinan dos puntos de vista diferentes sobre el problema, desarrollados en el ámbito continental europeo; en comparación con estas propuestas, la teoría de la deslealtad no solo permite comprender acabadamente la razón por la cual el cohecho pasivo constituye un comportamiento especialmente desvalioso, sino también proporcionar parámetros para diferenciarlo de otros delitos que pueden cometer los funcionarios públicos. Por último, se analizan las consecuencias de la política criminal que se derivan de la teoría defendida, en particular los lineamientos que debería seguir la legislación penal sobre el cohecho.

ABSTRACT The general objective of the research was to legally analyze the violation of sexual and reproductive integrity. Case: Shuar Community, Ecuador. The study was based on a positivist paradigm, from a quantitative and descriptive perspective, complemented with a documentary design. For this purpose, norms, laws, refereed articles and theses were analyzed, which contributed to the formulation of the theoretical body and conclusions related to the proposed topic. It is concluded that, where the research was conducted, unfortunately the constitutional guarantees, the internal criminal legal system itself, and international treaties, simply do not exist for those who are vulnerable within the Shuar population.

RESUMEN El objetivo general de la investigación fue analizar jurídicamente la vulneración de la integridad sexual y reproductiva. Caso: Comunidad Shuar, Ecuador. El estudio se basó en un paradigma positivista, desde una perspectiva cuantitativa y descriptiva, complementado con un diseño documental. Para ello se analizaron normas, leyes, artículos arbitrados y tesis, lo que contribuyó a la formulación del cuerpo teórico y las conclusiones relacionados con el tema propuesto. Se concluye que, en donde se situó la investigación, lamentablemente las garantías constitucionales, el propio ordenamiento jurídico penal interno, y los tratados internacionales, sencillamente no existe para quienes son vulnerables dentro de la población Shuar.

Resumen Las tensiones que ocurrieron en la década de 2010 entre varios gobiernos africanos y la Corte Penal Internacional llevaron a la creación del Protocolo de Malabo, una entidad internacional propia a la Unión Africana. El presente artículo busca analizar los elementos procesales observados en el Protocolo de Malabo, cómo se parecen o se diferencian a previas entidades internacionales de Derecho Internacional Penal, y que elementos se pueden resaltar con relación a sus vínculos con la Corte Penal Internacional, las entidades nacionales, y la posibilidad de cooperar con estos para reducir la “brecha de impunidad”. Un análisis cuantitativo-interpretativo de las diferentes normas que constituyen el Protocolo permite llegar a la conclusión que esta entidad tiene poderes mucho más limitados que los prometidos por sus naciones ponentes, y que precisaría de un amplio régimen de cooperación con la Corte Penal Internacional, régimen que no existe y no es parte de la raison d’etre de la entidad, para evitar el crecimiento de la impunidad.

Abstract Tensions between various African governments and the International Criminal Court led, in the 2010s, to the drafting of the Malabo Protocol, an international entity that would replace it and belong to the African Union. This article seeks to analyze the observed procedural elements of International Criminal Law present in this Protocol. It also seeks to clear out which elements of international cooperation – both with the International Criminal Court and with national governments – exist, in order to reduce the impunity gap in situations of grave international and transnational crimes. A quantitative-interpretative analysis of the different norms that constitute the Protocol lead to an inevitable assessment: the Protocol has very limited Powers regarding cooperation and independent investigation, and requires an ample cooperations regime with the ICC and national jurisdictions to work. Unfortunately, said regime does not exist and goes against the very raison d’etre of the proposed tribunal.

Resumen El objetivo de este artículo es indagar sobre la gestión de Roberto Pettinato de las cárceles bonaerenses, entre junio y agosto de 1973, en un contexto de transformaciones y radicalización política. En primer lugar, reconstruimos los años de exilio de Pettinato (Director General de Institutos Penales durante el peronismo), desde su refugio en la Embajada de Ecuador en septiembre de 1955 hasta su estadía en distintos países de la región. En segundo lugar, analizaremos la gestión de Pettinato al frente de la Dirección General de Establecimientos Penales de la provincia de Buenos Aires en el período junio-agosto de 1973. Su gestión estuvo atravesada por numerosas situaciones complejas que provocaron su rápida salida.

Abstract The objective of this article is to investigate Roberto Pettinato's management of the prisons of Roberto Pettinato's management of the Buenos Aires prisons, between June and August of 1973, in a context of transformations and political radicalization. In the first place, we reconstruct the years of exile of Pettinato (Gerenal Director of Penal Institutes during Peronist govrenmet) from his refuge in the Ecuadorian Embassy in September 1955 to his stay in different countries of the region. Secondly, we analyse Pettinato's management of the General Directorate of Penal Establishments of the province of Buenos Aires in the period June-August 1973. His administration was marked by a number of complex situations that led to his rapid departure.

RESUMEN El marco normativo internacional sobre el derecho de la educación del adolescente privado de la libertad establece garantías para su cumplimiento. El artículo analiza las principales tendencias investigativas en relación con los procesos pedagógicos y legislativos en educación, referidos a los sistemas penales juveniles en países de América Latina, España y Estados Unidos. Se examinan textos producidos entre 2018 y 2022, 50 artículos resultados de investigaciones y presentes en las bases de datos Scopus, ScienceDirect, Ebsco y ProQuest. Esas investigaciones se enfocan en conceptos jurídicos y educativos enmarcados en cuestionamientos sobre el lenguaje y mediante categorías totalizantes y discriminatorias. Las investigaciones abogan por desarrollar líneas de acción enfocadas en el proceso restaurativo, por lo tanto, a pesar del gran avance en la defensa de los derechos humanos dentro de las unidades de atención socioeducativa para adolescentes judicializados, aún se presentan prácticas de violencia. Por lo tanto, se considera oportuno realizar intervenciones no solo con los jóvenes, sino con los demás implicados: sociedad, Estado, familia y otros, en aras de orientar las prácticas y el trabajo educativo.

ABSTRACT The international regulatory framework on the right to education of adolescents deprived of freedom establishes guarantees for its compliance. This paper aims to analyze the main research trends in relation to pedagogical and legislative processes in education, referred to juvenile penal systems in Latin American countries, Spain, and the United States. To that end, Texts produced between 2018 and 2022 were examined. 50 articles attestable in the Scopus, ScienceDirect, Ebsco, and ProQuest databases were also explored. These sources focus on legal and educational concepts framed within reconsiderations about language, and through totalizing and discriminatory categories. The sources advocate developing lines of action focused on the restorative process. Despite the great progress in the defense of human rights within the socio-educational care units for judicialized adolescents, violent practices are still perceivable. In consequence, interventions not only with youngsters but with the others involved are to be carried out, namely: society, State, family, and others, in order to guide educational practices and work.

Abstract Objectives: Good communication is essential for resolving social conflicts, especially in closed communities such as prisons. When communication is interrupted by factors such as hearing loss or difficulties in coordination, voice, language, fluency, or disruption of any of the biological systems required to communicate, Human Communication Disorders can appear. This review aimed to identify the most prevalent communication disorders amongst prison inmates. Material and method: Systematic review through databases of studies that analyze individual inmates with communication disorders over the last 38 years. After reading the titles and abstracts and applying the eligibility criteria, 25 articles were selected and included in the final review. Results: A sample of 2,188 individuals was evaluated, two studies were conducted with a female population only, while twelve studied exclusively males, and 11 articles had a mixed population. All the studies included evaluated language and communication disorders in general, with language impairment being more prevalent There are no English language studies evaluating language and communication disorders in incarcerated individuals from African countries, Latin America or Asia. Discussion: Inmates have a high prevalence of language and communication disorders, and thus end up being more vulnerable within the prison system. Speech therapists are important members of the legal workforce and improve the health, well-being and participation of people in contact with or at risk of contact with the judicial system through the prevention, early detection, assessment and treatment of communication disorders.

Resumen Objetivos: La buena comunicación es fundamental para la resolución de los conflictos sociales, especialmente en una comunidad cerrada, como es el caso de las cárceles. Cuando la comunicación se interrumpe a causa de situaciones como pérdidas de audición o dificultades de coordinación, de voz, de lenguaje, de fluidez o la alteración de alguno de los diversos sistemas biológicos, la causa puede ser los denominados trastornos de la comunicación humana. Esta revisión tuvo como objetivo identificar los trastornos de comunicación más comunes entre personas privadas de libertad. Material y método: Revisión sistemática a través de bases de datos de aquellos estudios que analizan reclusos con trastornos de la comunicación en los últimos 38 años. Después de leer sus títulos y resúmenes y aplicar los criterios de elegibilidad, 25 artículos fueron seleccionados e incluidos en la revisión final. Resultados: Se evaluó una muestra de 2.188 individuos. Dos estudios se realizaron solo con poblaciones femeninas, mientras que 12 usaron muestras masculinas, y 11 artículos tuvieron una población mixta. Todos los estudios incluidos evaluaron los trastornos del lenguaje y la comunicación en general, siendo más frecuente las dificultades con el lenguaje. No hay estudios en inglés que evalúen los trastornos del lenguaje y la comunicación en personas encarceladas de países africanos, latinoamericanos o asiáticos. Discusión: Las personas privadas de libertad presentan una alta frecuencia de trastornos del lenguaje y la comunicación, por lo que terminan siendo más vulnerables dentro del sistema penitenciario. Los logopedas son miembros importantes del personal judicial, y mejoran la salud, el bienestar y la participación de las personas en contacto o en riesgo de contacto con el sistema judicial a través de la prevención, la detección temprana, la evaluación y el tratamiento de los trastornos de la comunicación.

Abstract The Chilean justice system has incorporated a normative trend consisting of creating special criminal offenses that punish gender-based violence. However, there are still many situations in which women suffer from structural discrimination based on their gender, and our legislator has not adequately addressed them. This article provides a general perspective on the special laws created in the Chilean legislation to combat discrimination against women, the situations in which women continue to suffer discrimination based on their gender, and determines whether the current regulation is sufficient to guarantee material equality between men and women. It concludes that incorporating a gender perspective in the criminal process is fundamental to achieve this objective.

Resumen En el ordenamiento jurídico chileno se ha incorporado la tendencia normativa consistente en la creación de figuras delictivas especiales que sancionan la violencia de género. Sin embargo, existen todavía muchas situaciones en que las mujeres siguen sufriendo discriminación estructural en razón de su género y que no han sido atendidas correctamente por nuestro legislador. El presente trabajo se encarga de otorgar una perspectiva general de las leyes especiales de lucha contra la discriminación de las mujeres creadas en el ordenamiento jurídico chileno, de las situaciones en que las mujeres continúan sufriendo discriminación en razón de su género y de determinar si la regulación actual es suficiente para garantizar la igualdad material entre hombres y mujeres, concluyendo que la incorporación de la perspectiva de género en el proceso penal es fundamental para lograr este objetivo.

Abstract Foreign trade in conventional arms and dual-use material is an activity regulated and controlled by the State, which is essential to prevent undesired diversions and avoid misuse by the recipient of the arms. For this reason, in view of the potential danger involved in the export of arms, States adopt the system of prior licensing to authorize their export. This paper explores the general problems of arms exports, highlighting the implications of this activity for peace, security and the prevention of serious human rights violations, and then examines the normative limits that supranational legislation has imposed on States, specifically the Arms Trade Treaty of 2 April 2013 and the European Union Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment. It will also analyze the arms export regime in Spain, the problem of the secrecy of the export file and the implications that this regulation may have for Spanish criminal law, especially for the crime of smuggling or administrative malfeasance of officials. Additionally, the paper raises the need to assess, de lege ferenda, the inclusion of new criminal offenses in the field of ex post control and monitoring once the weapons have arrived at their destination. The avoidance of undesired diversion to criminal groups and the verification of the final use of the weapons are essential duties of the States and the companies of the sector, taking into account the potentially harmful effects of armament on social coexistence and human rights.

Resumen El comercio exterior de armas convencionales y material de doble uso es una actividad regulada y controlada por el Estado, imprescindible para prevenir desvíos indeseados y evitar un uso indebido por parte del destinatario de las armas. Por esta razón, atendiendo a la peligrosidad potencial que comporta la exportación de armamento, los Estados adoptan el sistema de licencia previa para autorizar su exportación. En el presente trabajo se explora la problemática general de la exportación de armas, subrayando las implicaciones que esta actividad comporta para la paz, la seguridad y la prevención de violaciones graves de los derechos humanos, para seguidamente examinar los límites normativos que la legislación supranacional ha impuesto a los Estados, muy en concreto el Tratado de Comercio de Armas, de 2 de abril de 2013, y la Posición Común de la Unión Europea 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Asimismo, se analizará el régimen de exportación de armas en España, el problema del secreto del expediente de exportación y las implicaciones que esta regulación puede tener para el Derecho Penal español, especialmente para el delito de contrabando o la prevaricación administrativa de funcionarios. Adicionalmente, el trabajo plantea la necesidad de valorar, de lege ferenda, la inclusión de nuevos tipos penales en el ámbito del control y seguimiento ex post una vez las armas han llegado al lugar de destino. La evitación del desvío indeseado hacia grupos criminales y la comprobación del uso final de las armas son deberes irrenunciables de los Estados y de las empresas del sector, teniendo en cuenta el potencial lesivo del armamento en la convivencia social y en los derechos humanos.

Abstract This paper presents a comparative study on Chilean insolvency offenses in light of criminal insolvency legislation in the US, Germany, and Spain. The objective of this article is to determine the Chilean criminal policy behind the reform of the crimes defined between articles 463 and 466 of the Chilean penal code and to analyze some of the main changes in the matter and the repercussions that they will have in terms of criminal prosecution. For this, a qualitative and quantitative analysis is used using a dogmatic methodology together with a set of graphic background in order to have a vision of the numerical reality of bankruptcies of individuals and companies in the indicated countries. This information will allow us to have elements to assess in order to analyze the regulation and the criminal response of the legislator with special emphasis on the new Chilean legal-criminal regulation regarding the 2014 reforms and regarding the 2023 economic crime bill.

Resumen El presente trabajo presenta un estudio comparado en materia de delitos de insolvencia punible chileno a la luz de la legislación penal de la insolvencia en los EE. UU., Alemania y España. El objetivo del presente artículo es determinar la política criminal chilena detrás de la reforma de los delitos tipificados entre los artículos 463 y 466 del código penal chileno y analizar algunos de los principales cambios en la materia y las repercusiones que tendrá en materia de persecución penal. Para ello, se recurre a un análisis cualitativo y cuantitativo utilizando una metodología dogmática junto con un conjunto de antecedentes gráficos a fin de tener una visión de la realidad numérica de los concursos de personas y de empresas en los países señalados. Esta información permitirá tener elementos a valorar para analizar la regulación y la respuesta penal del legislador con especial énfasis de la nueva regulación jurídico-penal chilena respecto a las reformas de 2014 y respecto al proyecto de delitos económicos de 2023.

Zusammenfassung In diesem Artikel wird eine vergleichende Studie zu chilenischen Insolvenzdelikten innerhalb der Insolvenzstrafgesetzgebung in den USA, Deutschland und Spanien vorgestellt. Das Ziel dieses Artikels besteht darin, die chilenische Kriminalpolitik hinter der Reform der in den Artikeln 463 und 466 des chilenischen Strafgesetzbuchs definierten Straftaten zu bestimmen und einige der wichtigsten Änderungen in dieser Angelegenheit und die Auswirkungen, die sie in Bezug auf diese haben, zu analysieren Strafverfolgung. Hierzu wird eine qualitative und quantitative Analyse unter Verwendung einer dogmatischen Methodik zusammen mit einer Reihe grafischer Hintergründe verwendet, um eine Vorstellung von der zahlenmäßigen Realität der Insolvenzen von Einteilungen und Unternehmen in den angegebenen zu Ländern zu erhalten. Diese Informationen werden es uns ermöglichen, Elemente zu bewerten, um die Regulierung und die strafrechtliche Reaktion des Gesetzgebers zu analysieren, mit besonderem Schwerpunkt auf der neuen chilenischen Rechts- und Strafgesetzgebung im Hinblick auf die Reformen von 2014 und im Hinblick auf das Wirtschaftskriminalitätsgesetz von 2023.

Abstract: The article explores the “luck-sensitivity” exhibited by penal imputation. Upon a general characterization of the phenomenon of moral luck and the challenge it may pose to a culpability-based model of criminal law, both the ordinary and the legal notion of chance are examined. This provides the basis for reconstructing Binding’s analysis of the concept of “random event” (Zufall) as contradictorily opposed to the concept of action, whereas “action” is understood as a legally imputable deed. Then, I clarify how the relevant control condition, on the satisfaction of which the legitimacy of an attribution of criminal responsibility depends, ought to be redefined. This last issue is analyzed in direct reference to the problem posed by consequential luck.

Resumen: El artículo examina la “sensibilidad a la suerte” que exhibe la imputación jurídico-penal. A partir de una caracterización general del fenómeno de la suerte moral y del desafío que este aparentemente representa para un modelo culpabilístico de derecho penal, se ofrece una reseña de las nociones “popular” y jurídica de azar. Esto sienta las bases para una reconstrucción del análisis que Binding brindara del concepto de “acaso” (Zufall) como contradictoriamente opuesto al concepto de acción, entendiendo por “acción” un hecho jurídicamente imputable. Ello hace posible esclarecer cómo ha de ser redefinida la condición de control de cuya satisfacción depende la legitimidad de una atribución de responsabilidad jurídico-penal. Esto último es analizado en referencia directa al problema de la suerte consecuencial.

Resumen: En 1993 se instauró el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugolsavia (TPIY). Su mandato se extendió hasta 2017. La labor del Tribunal constituía en esclarecer lo sucedido en el conflicto yugoslavo (1992-1995) y enjuiciar y condenar a los sindicados de crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El presente trabajo está motivado por la finalización del mandato del TPIY. En él se presenta un balance del aporte de la arqueología y la antropología forense a las investigaciones del Tribunal. Se argumenta que la labor de dichos profesionales entregó evidencia del ataque sistemático en el que se asesinó población civil como parte de una política estatal de exterminio contra los grupos étnicos y religiosos de la región. Por demás, se señala tanto la importancia del involucramiento de profesionales latinoamericanos en esta investigación, como lo mucho que esta experiencia luego enriqueció a procesos investigativos en América Latina. Este trabajo fue realizado a partir de una búsqueda bibliográfica sistemática, que incluye, entre otros documentos, archivos que en su momento fueron reservados, pero que hoy se encuentran abiertos al público. Asimismo, se basa en información propia, obtenida desde la participación de los autores como parte de las operaciones forenses realizadas entre 1999 y 2001, tanto en campo, como en morgue.

Abstract: The International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) was established in 1993. Intended to shed light on the events that occurred during the Yugoslav conflict (1992-1995) and to prosecute and convict those accused of crimes against human rights and international humanitarian law, it’s mandate lasted until 2017. This paper was prompted precisely by this end. It takes stock of the contributions of archaeology and forensic anthropology to the Tribunal’s investigations and argues that the work of these professionals provided evidence of the systematic attack in which civilians were killed as part of a state policy of extermination against ethnic and religious groups in the region. The authors also point out the importance of the involvement of Latin American professionals in this research, as well as how much this experience enriched research processes in Latin America itself. This work is based on a systematic bibliographic search, which includes, among other documents, archives that were reserved at the time, but are now open to the public. It also draws on information obtained from the authors’ participation in the forensic operations conducted between 1999 and 2001, both in the field and in the morgue.

Resumo: Em 1993, foi instaurado o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII). Seu mandato se estendeu até 2017. O trabalho do Tribunal consistiu em esclarecer o que ocorreu no conflito iugoslavo (1992-1995), julgar e condenar os sindicados de crimes contra os direitos humanos e o direito internacional humanitário. Este trabalho está motivado pelo término do mandato do TPII. No texto, é apresentado um balanço da contribuição da arqueologia e da antropologia forense às investigações do Tribunal. Argumenta-se que o trabalho desses profissionais contribui com evidência sobre o ataque sistemático no qual uma população civil foi assassinada como parte de uma política estatal de extermínio contra os grupos étnicos e religiosos da região. Além disso, são indicados tanto a importância do envolvimento de profissionais latino-americanos nessa investigação quanto o muito que essa experiência enriqueceu os processos investigativos na América Latina. Este trabalho foi realizado a partir da busca bibliográfica sistemática que incluiu, entre outros documentos, arquivos que, em seu momento, foram reservados, mas que hoje se encontram disponíveis ao público. Ainda, está baseado em informações próprias, obtidas a partir da participação dos autores como parte das operações forenses realizadas entre 1999 e 2001, tanto no campo quanto no necrotério.

Abstract: «Conformidad» is a very old institution in the Spanish criminal procedure system, since it dates back to the 19th century. In recent decades it has experienced a notable increase in its application as a negotiated criminal justice mechanism, as a result of several modifications in the Law of Criminal Procedure that have sought to introduce more space for negotiation in said figure and encourage its use. However, as an unwanted effect, such modifications have made the already convoluted regulation of said institute more complex, which makes it difficult to understand its physiognomy. This paper examines the current state of «conformidad» in the Spanish Criminal Procedure Law. Its scope of application, its requirements, its content, its processing and its effects are reviewed in the ordinary procedure, in the abbreviated procedure and in the fast procedure. A critical analysis of «conformidad» is also carried out from considerations made by the Spanish doctrine based on the complex normative reality and the not always consistent practice of the system, highlighting the fact that said institution generates certain risks for the accused, for the victim and for society. The work ends with some brief conclusions.

Resumen: La conformidad es una institución muy antigua en el sistema procesal penal español, pues proviene del siglo XIX. En las últimas décadas ha experimentado un notable incremento en su aplicación como mecanismo de justicia penal negociada a raíz de varias modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se han realizado con la finalidad de introducir en dicha figura más espacio para la negociación e incentivar su utilización. Sin embargo, como efecto no deseado, tales modificaciones han complejizado la ya enrevesada regulación de dicho instituto, lo que dificulta la comprensión de su fisonomía. En este trabajo se examina el estado actual de la conformidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. Se revisa su ámbito de aplicación, sus requisitos, su contenido, su tramitación y sus efectos en el procedimiento ordinario, en el procedimiento abreviado y en el enjuiciamiento rápido. Se realiza también un análisis crítico de la conformidad con base en consideraciones efectuadas por la doctrina española a partir de la compleja realidad normativa y de la no siempre consistente práctica del sistema, poniendo de relieve el hecho de que dicha institución genera ciertos riesgos para el imputado, para la víctima y para la sociedad. El trabajo finaliza con unas breves conclusiones.

Abstract: The Constitution and the Code of Criminal Procedure, as well as international treaties ratified by Chile, oblige the state to offer free legal assistance to those who require it, which is especially relevant in the criminal sphere. On the riots or social unrest that occurred in Chile in the last quarter of 2019 and early 2020, the Public Criminal Defense Office adopted a set of measures to offer legal defense to those who were detained or indicted by the criminal prosecution bodies. This research compares crime behavior in the country between 2017 and 2021 and identifies the social unrest crimes. These are a group of crimes whose frequency increased considerably during the turbulent months: 1) burglary, 2) public disorder, 3) disturbances to public order, and 4) attacks and threats against authorities. The volume and specificities of the social unrest crimes challenged the entire justice sector and, in doing so, made it possible to generate beliefs about the legitimacy of the criminal justice system. In contexts of social unrest, the generation of such beliefs seems especially important, because they can increase perceptions of injustice, enhancing the motivations that give rise to such unrest. Therefore, the operational reactions deployed in the Public Criminal Defense Office to ensure timely criminal defense services are explained. Good practices of the Public Criminal Defense Office that could be strengthened institutionally and normatively so that the justice sector is better prepared to face complex or unusual criminological phenomena, such as those that occurred during the social outburst, are also highlighted.

Resumen: La Constitución y el Código Procesal Penal, además de los tratados internacionales ratificados por Chile, obligan al Estado a ofrecer asistencia jurídica gratuita a quienes lo requieran, lo cual es especialmente relevante en el ámbito penal. Con ocasión de la revuelta o el estallido social ocurrido en Chile entre el último trimestre de 2019 y comienzos de 2020, la Defensoría Penal Pública adoptó un conjunto de medidas para ofrecer defensa jurídica a quienes eran detenidos o formalizados por los órganos de persecución penal. En esta investigación se compara el comportamiento delictual en el país entre los años 2017 y 2021, y se identifican los delitos del estallido social. Se trata de un conjunto de delitos cuyas frecuencias aumentaron considerablemente en los meses convulsionados: a) robos en lugar no habitado, b) desórdenes públicos, c) alteraciones al orden público, y d) atentados y amenazas contra la autoridad. El volumen y las especificidades de los delitos del estallido social pusieron a prueba a todo el sector justicia y, al hacerlo, posibilitaron la generación de creencias sobre la legitimidad del sistema de justicia penal. En contextos de disturbios sociales, el surgimiento de dichas creencias parece especialmente importante porque puede incrementar la percepción de injusticia, potenciando el malestar social que da origen a dichos disturbios. Por ello, se explican las reacciones operativas desplegadas en la Defensoría para asegurar servicios oportunos de defensa penal. También se destacan aquellas buenas prácticas de la Defensoría que podrían robustecerse institucional y normativamente para que el sector justicia esté mejor preparado para enfrentar fenómenos criminológicos complejos o no habituales, como los ocurridos durante el estallido social.