RESUMEN Este artículo aborda el estudio del abuso económico en el contexto de las parejas heterosexuales como una forma de violencia en contra de las mujeres. En particular, analiza la manera en que el contrato simulado ha sido utilizado como una herramienta para este fin. Así, esta investigación contribuye a la determinación de la intersección entre derecho privado de contratos y violencia de género. Su metodología se basa en el análisis de jurisprudencia pertinente de la Corte Suprema de Justicia colombiana. Este examen permite concluir que el negocio simulado puede ser una de tantas estrategias para abusar de los derechos patrimoniales de las mujeres. En este sentido, la maniobra simulatoria ha sido un expediente para mantener vigente de facto la dimensión patrimonial de la potestad marital que fuera derogada hace casi un siglo en el país.

ABSTRACT This article addresses the study of economic abuse in the context of intimate heterosexual partnerships as a form of violence against women. In particular, it analyzes how the simulated contract has been used as a tool for this purpose. Thus, this research contributes to the determination of the interface between contract law and gender violence. Its methodology is based on the analysis of relevant jurisprudence of the Colombian Supreme Court of Justice. This examination allows the conclusion that the simulated contract could be one of many strategies to abuse women's property rights. In this sense, the simulation scheme has been an instrument to keep in force de facto the property-related dimensions of the marital power institution that was abolished almost a century ago in the country.

RESUMEN. La Ley 1258 de 2008 consagra los abusos de voto de mayoría, paridad y minoría, permitiendo demandar la nulidad de decisiones sociales y solicitar perjuicios. Esta norma ha generado una amplia jurisprudencia. Con todo, las victorias de los accionistas oprimidos han sido pírricas, ya que, si bien obtienen la nulidad de ciertas decisiones sociales y una condena monetaria a favor, siguen presos en la compañía e inermes frente a nuevas conductas abusivas. Para que la acción por abuso del derecho al voto sea eficaz, se propone suspender votos del accionista que abusa de ellos u otorgarlos a su víctima.

ABSTRACT. Article 43 of Law 1258, 2008 refers to the abuse of the rights of majority, parity, and minority, allowing to sue requesting both the nullification of corporate decisions and damages. Such a rule has triggered a voluminous case law. Nonetheless, such success has been pyrrhic, since while claimants obtain a judgment annulling some decisions and granting damages, they continue as prisoners in the company and defenseless against new oppressions. For the action for abuse of voting rights to be effective, this text proposes suspending some voting rights of the abusing shareholder or granting them to the shareholder suffering the oppression.

Abstract The article explains how the affirmative consent reform expanded the concept of sexual violence in an unprecedented way compared to previous regulatory models. This expansive effect was concentrated in the new basic concept of sexual assault, which equated violent and abusive forms of commission. In this way, the aim was to overcome the protection deficit that sexual offences presented in comparison with other areas of the special part of criminal law and primarily with domestic violence, an area into which the broad concept of gender violence had penetrated. The necessary adjustments to maintain proportionality in the system, especially the lowering of the penal frameworks, brought about a crisis in the system due to the retroactive application of the most favourable criminal law. The urgent counter-reform of LO 4/2023 reinstated part of the original structure of sexual offences in the Penal Code. Through the panoramic exposition of the changes in the type of sexual assault, the effectiveness and performance of the resulting regulatory model is evaluated, concluding that the problems of legal qualification and graduation of the borderline situations of violence and its equivalent forms are not overcome.

Resumen El artículo expone cómo la reforma del consentimiento afirmativo en el Código Penal español amplió el concepto de violencia típica sexual de forma inusitada respecto de los modelos regulatorios anteriores. Este efecto expansivo se concentró en la nueva figura básica de agresión sexual que equiparó las formas de comisión violentas y abusivas. De este modo, se quiso superar el déficit proteccional que los delitos sexuales presentaban frente a otras áreas de la parte especial y frente a la violencia doméstica, ámbito en el que había penetrado el concepto amplio de violencia de género. Los ajustes necesarios para mantener la proporcionalidad en el sistema, sobre todo la rebaja en los marcos penales, trajo consigo una crisis del sistema por la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable. La urgente contrareforma de la LO 4/2023 restableció parte de la estructura original de los delitos sexuales del Código penal de 1995. A través de la exposición panorámica de los cambios en el tipo de agresión sexual, se evalúa la eficacia y rendimiento del modelo regulatorio resultante, concluyendo que no se superan los problemas de calificación jurídica y graduación de las situaciones fronterizas de la conducta violenta y sus formas equiparadas.

ABSTRACT The aim of this article is to propose a public policy intended to ensure an appropriate use of precautionary measures, pre-trial service units. These administrative structures, on the one hand, enhance the application of alternative exits from pretrial detention and, on the other, ensure that their implementation is not synonymous with impunity and insecurity. Specifically, this strategy addresses two central problems of traditional justice: the absence of an adequate diagnosis to choose the most suitable preventive option and the monitoring of the imposed regimen. It specifically focuses on providing verified information about social ties. The practical advantage is that this proposal is based on a methodology proven in the international context, in Ecuador, and recommended as a best practice by the Inter-American Commission on Human Rights. In fact, in Latin America, various experiences, whose results were measured, reveal that the application of this strategy at different times achieved an unprecedented effectiveness in enhancing substitute measures and ensuring the appearance of individuals at trial. Even at a time when the press and the public exert pressure to increase provisional incarceration, they are a valid response, as the issued report transparently elucidates the reasons behind the adopted judicial resolution.

RESUMEN El objetivo de este artículo es plantear una política pública destinada a garantizar un uso adecuado de las medidas cautelares, las unidades de servicios previos al juicio. Estas estructuras administrativas, por un lado, potencian la aplicación de las salidas alternativas a la prisión preventiva, así como, por otro, se ocupan de que su aplicación no sea sinónimo de impunidad e inseguridad. Esta estrategia enfrenta dos problemas centrales de la justicia tradicional, la ausencia de un diagnóstico adecuado para escoger la opción cautelar más adecuada, datos del arraigo social, y el seguimiento al régimen impuesto. La ventaja práctica es que esta propuesta se fundamenta en una metodología probada en el contexto internacional, en el Ecuador y recomendada como una buena práctica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en Latinoamérica las distintas experiencias cuyos resultados fueron medidos revelan que la aplicación de esta estrategia en diversos momentos alcanzó una efectividad sin precedentes para potenciar medidas sustitutivas y para conseguir la presentación de las personas al juicio. Inclusive, en un momento en el que la prensa y la ciudadanía ejercen presiones para aumentar el encarcelamiento provisional son una respuesta válida, pues el informe emitido transparenta las causas de la resolución judicial adoptada.

Abstract The article analyzes a parking ban event and discusses the consistency of the violation with traffic law purposes. From there, it establishes the inconsistency of this infraction with the constitutional right to free movement, as well as with the right to park, regarding which it maintains is a necessary derivation of the fundamental right of locomotion. The study debates and argues about the objectives of the law, the absence of material unlawfulness, the justness of the infringement and other aspects, to demonstrate that there is a violation of the constitutional right to free movement and a case of abuse of power.

Resumen El artículo analiza un evento de prohibición de estacionamiento y discute la coherencia de la infracción con los propósitos de la ley de tránsito. Desde allí, establece la discordancia de esa infracción con el derecho constitucional a la libre circulación, al igual que con el derecho a estacionarse, respecto del cual sostiene es una derivación necesaria del derecho fundamental de locomoción. El estudio debate y argumenta sobre los objetivos de la ley, la ausencia de antijuridicidad material, la justedad de la infracción y otros aspectos, para demostrar que existe una vulneración al derecho constitucional a la libre circulación y un caso de abuso de poder.

Resumen El uso y abuso del estado de sitio en Colombia fue una constante durante los siglos XIX y XX. Por ello, el Constituyente de 1991 fue tan cuidadoso a la hora de regular los estados de excepción estableciendo un sistema de exigentes límites y controles. El objetivo de este escrito es evidenciar que ahora el Presidente colombiano, en épocas de crisis, preferirá usar competencias de rango legal como lo son la emergencia sanitaria y la asistencia militar para limitar derechos humanos en vez de acudir a competencias constitucionales como los estados de excepción. A las diferentes formas de elusión constitucional propuestas por Manuel Quinche Ramírez en su texto "La elusión constitucional: una política de evasión del control constitucional en Colombia" tendríamos que agregar una nueva y es aquella realizada por el Presidente en épocas de crisis, al usar actos administrativos para enfrentar situaciones que requieren normas con fuerza de ley. Lo anterior, pues los controles para los decretos de estados de excepción son más exigentes y eficaces que los existentes para los actos administrativos. Con esto se configura un presidencialismo elusivo del control idóneo de constitucionalidad.

Abstract The use and abuse of the state of siege in Colombia was a constant during the 19th and 20th centuries. Consequently, the 1991 Constituent Assembly was careful when regulating martial law, establishing a demanding limit and control system. This paper aims to show that in times of crisis, the Colombian president prefers to use legal powers such as health emergency and military assistance to limit human rights instead of resorting to constitutional powers such as martial law. To the various forms of constitutional avoidance proposed by Manuel Quinche Ramírez in his work "Constitutional Avoidance: A Policy of Evasion of Constitutional Control in Colombia", we would have to add the president using administrative actions in times of crisis to tackle situations that require regulations with the power of law because the controls for martial law decrees are more severe and effective than those for administrative actions, thus giving rise to a presidential rule that avoids the ideal control of constitutionality.

Abstract Due to the special subordination relationship that exist between public officials and the State administration, it can be argued that their fundamental rights could be limited in order to fulfill their public function, including among them their freedom of speech. The importance of controlling the exercise of this right arises from the participation of these officials on social media platforms, through which they can publish or comment on content that may affect the administration, either by damaging its reputation, reporting on its activities, or demonstrating compliance or non-compliance with their official duties. If it’s possible to control the social life of the official based on these duties, their virtual presence, as an extension of their social life, can also be subject to control and the imposition of administrative liability. However, responsibilities that arise from the abuse of freedom of speech must be established through a qualified majority law and without affecting the core essence of the fundamental right being limited, requirements that are not met in the situation presented.

Resumen En virtud de la relación de especial sujeción que une al funcionario público con la Administración del Estado se podría justificar la limitación de sus derechos fundamentales con el fin de dar cumplimiento a la función pública. Entre estos derechos se encuentra la libertad de expresión. La importancia de controlar el ejercicio de este derecho surge de la participación que estos funcionarios tienen en plataformas de redes sociales, a través de las cuales pueden publicar o comentar contenidos que se refieran a la Administración, sea afectando su prestigio, informando de sus actividades o demostrando el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones funcionarias. Si en virtud de estas últimas es posible controlar la vida social del funcionario, su presencia virtual, como extensión de su vida social, también puede ser objeto de control y de la procedencia de responsabilidad administrativa. Sin embargo, las responsabilidades que surjan del abuso de la libertad de expresión deben ser establecidas a través de ley de quórum calificado y sin afectar el núcleo esencial del derecho fundamental que se limita, requisitos que no se cumplen en la situación planteada.

Resumen El tráfico y el consumo de drogas es un desafío global que afecta a todas las sociedades en diferentes formas y dimensiones; su carácter multidimensional tiene un alto impacto en la salud de las poblaciones y en la economía de los países. Tan solo en 2021, se estimó que 296 millones de personas q q q consumieron drogas. Durante años, la política mundial de salud en materia de drogas estuvo centrada en la prohibición; sin embargo, en la actualidad se sabe que un enfoque de reducción de riesgos y daños, lejos de rechazar la abstinencia, reduce los efectos negativos del consumo de sustancias legales e ilegales, incluidas las muertes por sobredosis, lo cual trae grandes beneficios a la salud y al funcionamiento social de quienes las consumen. Este artículo brinda una comprensión integral del consumo de opioides, específicamente fentanilo, y recalca la necesidad de abordarlo a través de un enfoque integral que combine estrategias basadas en la evidencia, bajo el reconocimiento de que la salud es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para el desarrollo.

Abstract Drug trafficking and use is a global challenge that affects all societies in different forms and dimensions. Its multidimensional nature has a high impact on the health of populations and the economies of countries. In 2021, it was estimated that 296 million people used drugs. For years, global health policy on drugs was focused on prohibition, however, we now know that a harm reduction approach, far from rejecting abstinence, reduces the negative effects of legal and illegal substance use, including overdose-related deaths. Harm reduction brings great health benefits and improves social functioning of those engaged in substance use. This article provides a comprehensive understanding of opioid use, specifically fentanyl, and emphasizes the need to address it through a comprehensive approach that combines evidence-based strategies, recognizing that health is a fundamental human right and an essential condition for development.

Resumen El equilibrio de poderes no es el resultado de la simple distribución de competencias legislativas, ejecutivas y judiciales entre las autoridades que conforman las ramas del poder público, sino que es el resultado de la correcta distribución de competencias que permiten el control reciproco entre estas autoridades. Así, los excesos de una de las autoridades del Estado pueden ser equilibrados si las otras autoridades tienen las competencias suficientes que les permitan oponerse. Sin embargo, si se hace un análisis teórico estricto en derecho de la constitución colombiana, se observa que el congreso no tiene las competencias suficientes para controlar al gobierno, porque no tiene la capacidad para controlar el gasto público.

Abstract The balance of powers is not the result of the simple distribution of legislative, executive and judicial powers among the authorities that make up the branches of public power, but is the result of the correct distribution of powers that allow for reciprocal control among these authorities. Thus, the excesses of one of the authorities of the State can be balanced, if the other authorities have sufficient powers to allow them to oppose them. However, if a strict theoretical analysis is made in law of the Colombian constitution, it is observed that the congress does not have sufficient powers to control the government, because it does not have the capacity to control budget.

Abstract This contribution analyzes the role of norms contained in individual administrative acts to determining the content of criminal wrongdoing. The reference to administrative acts raises a series of questions regarding the role of these norms in the configuration of the criminal offense and the extent to which the criminal norm can be determined by the content of said administrative act. This problem cannot be adequately addressed without a reflection on the way in which criminal law interacts with norms and evaluations from other areas of the legal system. Based on a critical analysis of these arguments, this paper provides an alternative explanation regarding the basis and scope of this relationship.

Resumen Esta contribución analiza los efectos de las normas contenidas en actos administrativos individuales en la determinación del injusto penal. La remisión a actos administrativos presenta una serie de preguntas respecto de la función que cumplen estas normas en la configuración del injusto penal y la medida en que la norma penal puede ser determinada por el contenido de dicho acto. Este problema no puede abordarse adecuadamente prescindiendo de una reflexión sobre en la forma que el Derecho penal interactúa con normas y valoraciones provenientes de otras áreas del ordenamiento jurídico. Sobre la base de un análisis crítico de estas consideraciones, se presentará una explicación respecto del fundamento y el alcance de esta relación.

ABSTRACT This article is dedicated to the study of crimes against the sexual integrity of minors, using the examples of Kyrgyzstan and Kazakhstan. Legal mechanisms and statistical data are presented, along with theoretical-methodological approaches and recommendations for preventing the sexual abuse of minors.

RESUMEN Este artículo está dedicado al estudio de los delitos contra la integridad sexual de menores, utilizando los ejemplos de Kirguistán y Kazajstán. Se presentan mecanismos legales y datos estadísticos, junto con enfoques teórico-metodológicos y recomendaciones para la prevención del abuso sexual de menores.

Resumen: La exposición de menores en redes sociales por parte de madres y padres influencers se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual, especialmente en Instagram. El sharenting (share+ parenting) entendido como compartición de información y fotos de los hijos en las redes sociales plantea numerosos interrogantes en el plano ético, legal y también publicitario. La huella digital de menores y sus posibles efectos se unen a la práctica de progenitores influencers que emplean la imagen de sus hijos para promocionar marcas de productos y servicios. El objetivo de este estudio es contribuir a la investigación del sharenting en conexión con el marketing de influencers, de madres y padres que utilizan a sus hijos para elaborar contenidos publicitarios. Se busca comprobar la presencia de marcas dirigidas a menores en las publicaciones de sus padres, analizar el uso del derecho a la imagen e intimidad de los menores por sus progenitores y probar si se enmarca en la legalidad jurídico publicitaria española. Se analiza mediante análisis de contenido la presencia de menores y marcas en una muestra de 89 madres y padres influencers en Instagram (363 post del 20/08 al 20/09 de 2023 y 295 stories). Los resultados apuntan a una elevadísima presencia de menores en post de madres y padres influencers, convirtiéndose además en vehículos de marcas (con un 96,71% de marcas en posts de madres), aunque menos del 15% de éstas son identificadas como publicidad. Las conclusiones plantean el abuso de la imagen y la intimidad de los menores en Instagram por sus madres y padres influencers como reclamo publicitario.

Abstract: The exposure of minors on social media by influencer mothers and fathers is becoming an increasingly common practice, especially on Instagram. Sharenting (a combination of “share” and “parenting”), understood as the sharing of information and photos of children on social media, raises numerous ethical, legal, and advertising-related questions. The digital footprint of minors and its potential effects are intertwined with the practice of influencer parents who use their children’s images to promote brands and products. The objective of this study is to contribute to the research on sharenting in connection with influencer marketing, specifically focusing on mothers and fathers who use their children to create advertising content. The study aims to verify the presence of brands targeting minors in their parents’ posts, analyze the use of minors’ rights to image and privacy by their parents, and determine whether it complies with legal spanish advertising regulations. The presence of minors and brands in a sample of 89 influencer mothers and fathers on Instagram is analyzed through content analysis (363 posts from August 20th to September 20th, 2023, and 295 stories). The results indicate an extremely high presence of minors in posts by influencer mothers and fathers, and they often serve as vehicles for brands (with 96.71% of mothers’ posts featuring brands), although fewer than 15% of these are identified as advertisements. The conclusions highlight the misuse of minors’ images and privacy on Instagram by their influencer parents for advertising purposes.

RESUMEN Fundamentos: Las políticas y programas de atención en salud a las personas que viven con VIH han obedecido a las políticas económicas vigentes, basadas en el modelo de desarrollo neoliberal y que configuran el actual sistema de salud. El objetivo de este trabajo fue analizar la influencia del sistema de salud colombiano en la atención de las personas que vivían con VIH afiliadas a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio del Régimen Subsidiado, atendidos en Neiva (Colombia). Métodos: Se realizó un estudio cualitativo, enmarcado en el Análisis Crítico del Discurso. Participaron diecinueve personas entre pacientes con VIH, cuidadores no formales y personal de salud, captados de dos Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la ciudad de Neiva, a quienes se les aplicó entrevistas en profundidad. Los datos fueron codificados, categorizados y organizados en Excel para su análisis. Resultados: La relación interpersonal y el funcionamiento del sistema de salud fueron dos fenómenos que interfirieron en la atención de las personas con VIH, en cuanto a que favoreció o impuso barreras a las prácticas. Se encontraron fallos en el proceso informativo/educativo desde el momento del diagnóstico, estigma y discriminación, profundizado en las instituciones de salud no especializadas en VIH, así como múltiples barreras de acceso a los servicios de salud. El 55,5% de los pacientes expresó haber sido discriminados por el personal de salud en algún momento desde su diagnóstico. El 100% de pacientes entrevistados identificó barreras de diferente tipo para los servicios de salud, contextualizados en trato indebido, inoportunidad en la atención y abuso del poder; solo el 22,2% recurrió a la interposición de quejas, derechos de petición o tutelas para reclamar su derecho a la salud. Conclusiones: La praxis de atención se realiza al margen de la situación de contexto de los pacientes, olvidando que son precisamente los ubicados en un nivel socioeconómico más bajo, quienes tienen mayor vulnerabilidad estructural relacionada con la pobreza, por lo que la falta de atención de salud exacerba las inequidades sanitarias.

ABSTRACT Background: Health policies and programs for people living with HIV have been subordinated to current economic policies based on the neoliberal development model that shapes the current healthcare system. The study's objective was to analyze the influence of the Colombian health system on the care of people who lived with HIV enrolled in the Subsidized Regime through Benefit Plan Administrating Entities and treated in Neiva (Colombia). Methods: This descriptive study was based on computerized clinical records of women in the 28 centers dependent on the ICS Results: The interpersonal relationship and the health system functioning were two phenomena that interfered with caring for people with HIV by favoring or imposing barriers to practices. Failures were found in the informative-educational process from the moment of diagnosis, stigmatization, and discrimination, particularly in non-HIV-specialized health institutions, and multiple barriers to access to health services. 55.5% of the patients expressed having been discriminated against by health personnel at some point since their diagnosis. 100% of the patients interviewed identified different types of barriers to health services, contextualized in improper treatment, untimely care and abuse of power; only 22.2% resorted to the filing of complaints, petition rights or guardianships to claim their right to health. Conclusions: Health care praxis is carried out regardless of patients' situation, forgetting that those from a lower socioeconomic level have greater structural vulnerability related to poverty. The lack of healthcare exacerbates health inequalities.

Abstract The Spanish Criminal Code has been amended to include a number of new criminal offenses that are specifically related to information and communication technologies (ICT). The public dissemination of messages with the specific intent to induce suicide, self-harm, or cause eating disorders in minors and vulnerable people is prohibited, as well as messages that promote pedophilia. These offences are presented as a novel development in the field of comparative law, where similar efforts are being made in this same direction. The relevance of these behaviors and the effectiveness that can be expected from their practical application are raised.

Resumen Se han incorporado al Código penal español nuevas figuras delictivas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Se prohíbe la difusión pública de mensajes específicamente destinados a inducir al suicidio, la autolesión o a provocar trastornos alimentarios en menores y personas vulnerables, así como los mensajes que hacen apología de la pederastia. Dichos delitos se presentan como una novedad en el propio Derecho comparado, en el que se dan pasos en el mismo sentido. Se plantea la relevancia de estas conductas y la eficacia que cabe esperar de su aplicación práctica.

Abstract The Spanish Organic Law 10/2022 enacted on 6th September, of integral guarantee of the sexual freedom (the law about “yes means yes”) attempts to include the gender perspective in the legal response to sexual violence. This law was enacted after the reaction and social debate that provoked the gang rape of the Manada case in 2016 and the first sentences that condemned them for sexual abuse instead of rape in 2018. The Law “Yes means yes” aims to protect the fundamental rights of the victims of sexual violence and to guarantee an integral reparation of these victims. Measures such as the shift in the legal approach to sexual consent, the elimination of the sexual abuse, the broad definition of sexual violence, tools to avoid revictimization and other obligations under the Istanbul Convention have been overshadowed by the controversy on how to interpretate the principle of retroactivity of the favorable laws for the sentenced person.

Resumen La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (la ley del “si es sí”) ha supuesto en España un intento de incluir la perspectiva de género en la respuesta legal a la violencia sexual. Esta ley nació tras el debate y reacción social que produjo la violación grupal del caso de la Manada en 2016 y las primeras sentencias que condenaron por abuso sexual y no violación en 2018. La ley del “sí es sí” aspira a proteger los derechos fundamentales de las víctimas de violencia sexual y a garantizar un derecho a la reparación integral de estas víctimas. La reforma penal ha sido uno de sus elementos, aunque no el principal, pero ha ocupado toda la atención del debate doctrinal, político y público. El cambio de abordaje del consentimiento, la desaparición del abuso sexual, la definición amplia de la violencia sexual, las medidas para evitar la revictimización y otras obligaciones legales bajo el Convenio de Estambul han quedado eclipsadas por la controversia sobre la interpretación del principio de retroactividad de las leyes favorables al reo y acusaciones de feminismo punitivo.