ABSTRACT Sentence 1364-17-EP/23 of Constitutional Court and article 233 of the CRE regarding embezzlement seems to be closed. It is stated that both public servants and the ones who do not hold this condition can be authors regardless of their conduct. The resolution is not acceptable as it did not confront whether the content of the constitutional precept was sufficient to comply with the determination required to classify a conduct. The debate cannot be closed without reaching these levels of analysis. The aim of this article is to challenge this decision with arguments that were not considered and can be used to question the conclusions reached. From the explanation of what an intraneus and an extraneus are, other ways of interpreting article 233 are proposed. Among the alternatives, the selected is the one that is believed to be in harmony with the entire system of regulations. Article 233 establishes the need to sanction to non-public and private servants as perpetrators of embezzlement. However, it is not enough to be applied directly. It is the principle of legality that fulfills the mandate of determination. Finally, it is highlighted that the criminal law does contemplate cases where people without the status of public servants may intervene as perpetrators, cases in which there is certainty about the prohibited conduct.

RESUMEN La Sentencia 1364-17-EP/23 de la Corte Constitucional aparentemente cerró la discusión sobre el alcance del art. 233 de la CRE en lo que respecta al peculado. Se afirma serían autores tanto servidores públicos como sujetos que no ostenten esta condición, independientemente de sus conductas. La resolución es insatisfactoria. En la misma no se confrontó si el contenido del precepto constitucional era suficiente para cumplir con la determinación que requiere la tipificación de una conducta. El debate no puede cerrarse sin alcanzar estos niveles de análisis. El objetivo de este artículo es desafiar esta decisión, presentando argumentos que no fueron considerados, y a través de estos, cuestionar las conclusiones alcanzadas. Desde la explicación de lo que es un intraneus y un extraneus, se plantea otras formas de interpretar el art. 233. Entre las alternativas, se selecciona la que se cree que guarda armonía con todo el sistema de normas. El art. 233 fija la necesidad de que en el peculado se sancione como autores a no servidores públicos y a privados, pero no es suficiente para ser aplicado directamente. Es el principio de legalidad el que cumple con el mandato de determinación. Finalmente, se resalta que la norma penal sí contempla supuestos donde pueden intervenir como autores personas sin la calidad de servidores públicos, casos en los que existe certeza sobre la conducta prohibida.

Resumen Este artículo estudia la contribución que Hans Kelsen hace a la Ciencia Política en su libro de 1929 de la Esencia y Valor de la Democracia. El objetivo de este estudio es mostrar que Kelsen es un clásico de la Teoría Política, no solo respecto a la Democracia, sino también de la Libertad. La hipótesis de investigación es que Kelsen sostiene un concepto de Libertad propio en su ensayo sobre Esencia y Valor de la Democracia, a cuyo servicio pone su defensa de la Democracia y el Parlamentarismo. Un concepto que es relevante para el estudio del concepto contemporáneo de Libertad. Respecto a la metodología de trabajo, se hace un estudio textual de la obra, y se consultan otras obras de Kelsen útiles para contextualizar la obra estudiada, así como monografías y artículos académicos escritos a lo largo de los últimos veinte años en España, Italia y Latinoamérica. Los resultados alcanzados: Kelsen sostiene un concepto propio de la Libertad que debe ser tenido en cuenta porque conduce a su defensa de la democracia parlamentaria como medio de alcanzar y mantener una sociedad de ciudadanos libres.

Abstract This article studies the contribution that Hans Kelsen makes to Political Science in his 1929 book On the Essence and Value of Democracy. The objective of this study is to show that Kelsen is a classic of Political Theory, not only with respect to Democracy, but also with respect to Freedom. The research hypothesis is that Kelsen maintains his own concept of Freedom in his essay on Essence and Value of Democracy, at the service of which he puts his defense of Democracy and Parliamentarism. A concept that is relevant to the study of the contemporary concept of Freedom. Regarding the work methodology, a textual study of the work is carried out, and other works by Kelsen useful to contextualize the work studied, as well as monographs and academic articles written over the last twenty years in Spain, Italy and Latin America. The results achieved: Kelsen maintains his own concept of Freedom that must be taken into account because it leads to his defense of parliamentary democracy as a means of achieving and maintaining a society of free citizens.

Resumen El derecho penal contemporáneo cuestiona la posibilidad de la realización de actos comisivos a través de la llamada acción omisiva, o, en otros términos, la comisión por omisión del resultado lesivo. Los autores que la aceptan, de todas formas, insisten en la necesidad de incorporar una cláusula de equivalencia que permita convertir los presuntos tipos penales activos de la parte especial de la ley penal, en tipos omisivos, pues sin ella, se violaría el principio de legalidad. En las páginas que siguen se intenta refutar esa posición, partiendo de que los sostenedores de esa postura conciben una única causalidad: la mecánica o mecanicista, y esto les impide concebir la posibilidad de la omisión como mero accidente del acto humano voluntario, sustancialmente único, que comprende tanto a la acción o acto positivo, como a la omisión o acto negativo.

Abstract Contemporary criminal law questions the possibility of carrying out acts of commission through the so-called omissive action, or in other words, the commission by omission of the harmful result. The authors who accept it, however, insist on the need to incorporate an equivalence clause that allows converting the alleged active criminal types of the special section of the criminal law into omissive types, since without it, the principle of legality would be violated. In the following pages we will try to refute this position, starting from the fact that the supporters of this position conceive only one causality: the mechanical or mechanistic one, and this prevents them from conceiving the possibility of omission as a mere accident of the substantially unique voluntary human act, which includes both the action or positive act, and the omission or negative act.

ABSTRACT On June 7, 2023, the First Environmental Court (1TA) accepted an action for review of agency decisions against the act that approved the Atmospheric Decontamination Plan (PDA) of Calama and its surrounding area, questioning the elimination of a monitoring station. This commentary will analyze how the 1TA implicitly applied the principle of the primacy of reality, a criterion that is supported by previous administrative and judicial jurisprudence. It will examine the possible consequences that this requirement imposed on the administration may entail, especially in relation to the balance between this principle and other mandates that the administration must observe, which could generate tensions in its application.

RESUMEN Con fecha 7 de junio de 2023 el Primer Tribunal Ambiental (1TA) acogió una reclamación interpuesta en contra del acto que aprobó el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Calama y su área circundante, cuestionando la eliminación de una estación de monitoreo. En este comentario se analizará cómo el 1TA aplicó, de manera implícita, el principio de primacía de la realidad, criterio que se encuentra respaldado en jurisprudencia administrativa y judicial previa. Se examinarán las posibles consecuencias que esta exigencia impuesta a la administración puede acarrear, especialmente en relación con el equilibrio entre este principio y otros mandatos que la administración debe observar, lo cual podría generar tensiones en su aplicación.

Resumen: Este artículo trata de una investigación eminentemente jurídica, de tipo analítico, documental, de carácter cualitativo, que se desarrolla a nivel teórico, y que pretende abordar el tratamiento normativo de las infracciones ambientales en el régimen ambiental colombiano. Asimismo, se analizará el alcance del principio de tipicidad de las faltas en materia ambiental según la jurisprudencia constitucional, en especial la posición de la Corte Constitucional de Colombia adoptada en la sentencia C-219 de 2017. Se sostendrá como tesis central que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 desconoce el principio de reserva de ley, de que trata el contenido en el inciso segundo del artículo 29 constitucional, por cuanto creó un tipo sancionatorio administrativo en el que las conductas sancionables no tienen origen legal, sino en conductas sancionables fijadas por la autoridad administrativa con ocasión a las atribuciones legales, de manera que la definición de la conducta sancionable como componente del principio de legalidad se delegó en una autoridad distinta del legislador. Además, dicha norma desconoce el principio de tipicidad y reserva de ley de las infracciones, de que trata el contenido en el inciso segundo del artículo 29 constitucional, pues tipifica como infracción toda acción u omisión que constituya violación a los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente sin delimitar la conducta sancionable, lo cual implica que el tipo administrativo carezca de certeza, claridad y determinación.

Abstract: This article constitutes a primarily legal investigation, of an analytical, documentary, qualitative nature, developed at a theoretical level. It aims to address the normative treatment of environmental offenses in the Colombian environmental regime. Additionally, the scope of the principle of typification of offenses in environmental matters will be analyzed according to constitutional jurisprudence, especially the position adopted by the Constitutional Court of Colombia in Decision C-219 of 2017. The central thesis will argue that Article 5 of Law 1333 of 2009 disregards the principle of legal reserve, as mentioned in the second paragraph of constitutional Article 29. This is because it created an administrative sanctioning type in which punishable actions do not have a legal origin but are based on punishable actions established by the administrative authority in accordance with legal powers. Thus, defining punishable conduct as a component of the principle of legality was delegated to an authority other than the legislator. Furthermore, this norm disregards the principle of typification and legal reserve of offenses, as outlined in the second paragraph of constitutional Article 29. It typifies any action or omission constituting a violation of administrative acts issued by the competent environmental authority without delimiting punishable conduct. This implies that the administrative type lacks certainty, clarity, and determination.

Resumo: Este artigo trata de uma pesquisa eminentemente jurídica, de natureza analítica, documental, qualitativa, desenvolvida teoricamente, que visa abordar o tratamento normativo das infrações ambientais no sistema ambiental colombiano. Além disso, será analisado o alcance do princípio da tipicidade das infrações ambientais de acordo com a jurisprudência constitucional, em particular a posição adotada pela Corte Constitucional da Colômbia na sentença C-219 de 2017. A tese central sustentada é que o artigo 5 da Lei 1333 de 2009 desconhece o princípio da reserva de lei, conforme estabelecido no segundo parágrafo do artigo 29 da Constituição, uma vez que criou um tipo sancionatório administrativo no qual as condutas puníveis não têm origem legal, mas sim em condutas puníveis determinadas pela autoridade administrativa em virtude de suas atribuições legais, de modo que a definição da conduta punível como componente do princípio da legalidade foi delegada a uma autoridade diferente do legislador. Além disso, essa norma desconhece o princípio da tipicidade e da reserva de lei das infrações, conforme estabelecido no segundo parágrafo do artigo 29 da Constituição, pois tipifica como infração qualquer ação ou omissão que constitua violação dos atos administrativos emanados da autoridade ambiental competente, sem delimitar a conduta punível, o que implica que o tipo administrativo carece de certeza, clareza e determinação.

RESUMEN Esta investigación analiza los fundamentos del procesamiento penal y del juicio oral y público por parte del Ministerio Público en contra de la abogada María Esther Roa en base al incumplimiento de las obligaciones impuestas por decretos presidenciales durante la pandemia de la COVID-19. Así también, el trabajo profundiza la fundamentación del Tribunal Penal de Sentencia que sobreseyó definitivamente a la incoada llegando a la conclusión de que la Fiscalía conculcó derechos, principios y garantías relacionados, principalmente, con el principio de legalidad protegido no solo por la Constitución de la República del Paraguay sino por el derecho internacional de los derechos humanos. El diseño metodológico consiste en una investigación documental entre el 2021 y el 2022 que realiza un análisis de jurisprudencia, estableciéndose como unidad de análisis a las resoluciones de primera y segunda instancia en relación con la Causa N° 358/21 “María Esther Roa de Espínola s/ Ley N° 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente”, en las que, se absuelve y confirma, respectivamente, a la Abg. María Esther Roa.

ABSTRACT This research examines the foundations of criminal prosecution and public oral trial by the Public Ministry against lawyer María Esther Roa based on non-compliance with obligations imposed by presidential decrees during the COVID-19 pandemic. Additionally, the study delves into the reasoning of the Penal Sentence Tribunal that definitively dismissed the accused, reaching the conclusion that the Prosecutor's Office violated rights, principles, and guarantees related primarily to the principle of legality protected not only by the Constitution of the Republic of Paraguay but also by international human rights law. The methodological design involves documentary research between 2021 and 2022, analyzing jurisprudence, with the unit of analysis being the resolutions of first and second instance regarding Case No. 358/21 "María Esther Roa de Espínola v/ Law No. 716 sanctioning crimes against the environment," in which lawyer María Esther Roa is acquitted and the decision is confirmed, respectively.

Resumen Es un lugar común señalar que los órganos jurisdiccionales límite son la última barrera de defensa de los derechos fundamentales, el estado de derecho, la división de poderes, y por lo mismo, de la democracia constitucional. No obstante, existen sentencias de última instancia que constituyen ejemplos muy ilustrativos de las prácticas argumentativas que se utilizan para disimular decisiones que pueden estar sistemáticamente politizadas, y por tanto, ser perjudiciales para los derechos electorales fundamentales, para la certeza y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como para la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. La práctica de utilizar la legitimidad democrática de la función judicial para socavar intencionalmente el núcleo de la democracia está poco teorizada. No obstante, es muy posible que hacia el futuro estas formas de ataque se añadan al conjunto de herramientas autoritarias ejercidas por parte de grupos de talante antidemocrático. Esto es, la circunstancia de que sean los tribunales y no los actores políticos los que adopten una medida antidemocrática con la ventaja de la dificultad para su identificación, dada la tradición asignada al poder judicial en el estadio) constitucional democrático de derecho, hace indispensable revisar el uso de la ponderación propia de la representación argumentativa. Esto, para evitar que mediante la interpretación constitucional se erosione la democracia y se tolere la ausencia del consenso social mínimo sobre los argumentos que se propone sostener con relativa estabilidad temporal. Más todavía, cuando se trata de quienes integran la jurisdicción constitucional especializada en materia de elecciones y democracia. En México, el máximo órgano jurisdiccional electoral es el TEPJF. Dicho órgano ha emitido decisiones controversiales y trascendentes para la democracia electoral que permiten un análisis jurídico crítico, el cual sirva de insumo a la actividad legislativa, sobre todo en temas de participación ciudadana como la revocación de mandato y la imposición de sanciones por su difusión por parte de servidores públicos, así como en los casos de violencia política en razón de género (VPG) y la privación del modo honesto de vivir (MHV) como sanción. Asimismo, resulta notorio el tema de las sentencias sobre la modificación o abandono defectuoso de la jurisprudencia en tópicos como la asunción de competencia sobre actos parlamentarios en la integración de los órganos administrativos o de gobierno del Congreso de la Unión, y los mensajes de los legisladores sobre los cuales se ha determinado que no están protegidos por el principio de inviolabilidad parlamentaria.

Abstract It is commonplace to state that the borderline courts are the last obstacle in the defense of fundamental rights, the rule of law, the division of powers, and hence, of constitutional democracy. Nevertheless, there are judgments of last resort which are very illustrative examples of argumentative practices used to conceal decisions that may be systematically politicized, and therefore can be detrimental to fundamental electoral rights, to the certainty and legality of electoral acts and resolutions, as well as to the holding of free, authentic, and periodical elections. The practice of using the democratic legitimacy of the judicial function to intentionally undermine the core of democracy is barely theorized. However, it is highly possible that in the future these types of attack will be part of the authoritarian tools used by groups of an anti-democratic nature. That is to say, the circumstance that the courts and not the political actors are the ones that implement undemocratic measures with the advantage of the difficulty for its identification, given the traditional role assigned to the judiciary in the democratic constitutional state of law, makes it essential to review the use of the weighting of the argumentative representation. This, in order to prevent democracy from being damaged by constitutional interpretation and to avoid the tolerance for the absence of a minimum social consensus on the arguments that it intends to sustain with relative temporary stability. Even more so, when it comes to those who make up the constitutional jurisdiction specialized in elections and democracy. In Mexico, the Superior Court of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary (TEPJF) is the highest electoral court. This body has issued controversial and transcendent decisions for electoral democracy which can be subject to critical legal analysis as an input for legislative activity. This is particularly related to issues concerning citizen participation such as the revocation of mandate and the imposition of sanctions due to its diffusion by public servants, as well as cases of gender-based political violence (VPG, by its acronym in Spanish) and the deprivation of an honest way of living (MHV, by its acronym in Spanish) as a sanction. Another topic worth considering is the rulings on the modification or defective abandonment of the jurisprudence in matters such as the assumption of competence over parliamentary acts in the integration of the administrative or government bodies by the Congress of the Union, and the messages of the legislators, which are not protected by the principle of parliamentary immunity, as has been established.

Resumen A propósito de la República de Texas, en este ensayo se hace un estudio sobre el marco teórico jurídico de la secesión y creación de nuevos Estados, tanto en el derecho internacional del siglo XIX como en el derecho internacional de nuestro tiempo. En el derecho internacional del siglo XIX la secesión era fundamentalmente una cuestión de hecho. Y el aval definitivo era el beneplácito de la comunidad internacional, principalmente de las grandes potencias. Hoy en día es imposible admitir la secesión o anexión cuando interviene un tercer Estado o cuando esta intervención se realiza mediante la fuerza militar. Para que la secesión y anexión de Estados sea válida debe ser en cumplimiento de la legalidad internacional, en donde destaca la aceptación del Estado predecesor, el cumplimiento del principio de integridad territorial, salvo los casos en donde ese Estado vulnere los derechos de una población oprimida, y también se reivindica la garantía plena de los derechos humanos y del derecho humanitario.

Abstract About the Republic of Texas in this essay a study is made on the legal theoretical framework of the succession and creation of new States, both in the international law of the 19th century and in the international law of our time. In the 19th century, secession was fundamentally a matter of fact. And the definitive guarantee was the approval of the international community, mainly of the great powers. In time present it is impossible to admit secession or annexation when a third State intervenes or when this intervention is carried out through military force. For the secession and annexation of States to be valid, it must be in compliance with international legality, which highlights the acceptance of the predecessor State, compliance with the principle of territorial integrity, except in cases where that State violates the rights of an oppressed population, and the full guarantee of human rights and humanitarian law is also claimed.

Résumé Concernant la République du Texas, dans cet essai une étude est faite sur le cadre juridique théorique de la sécession et de la création de nouveaux États, tant dans le droit international du XIXe siècle que dans le droit international de notre temps. Dans le droit international du XIXe siècle, sécession était fondamentalement une question de fait. Et la garantie définitive était l’approbation de la communauté internationale, principalement des grandes puissances. Aujourd’hui, il est impossible d’admettre la sécession ou l’annexion lorsqu’un État tiers intervient dans ce processus, ou lorsque l’intervention se fait par la force militaire. Pour que la sécession et l’annexion d’Etats soient valables, elles doivent résulter du respect de la légalité internationale, qui met en exergue l’acceptation de l’Etat prédécesseur, du respect du principe d’intégrité territoriale, sauf dans les cas où cet Etat viole les droits d’une population opprimée, et la pleine garantie des droits de l’homme et du droit humanitaire est également revendiquée.

Resumen Se ha intentado producir un análisis sobre la reinterpretación judicial dada por el equipo fiscal, dirigido por Robert H. Jackson en el juicio de Núremberg contra los jerarcas nacionalsocialistas en 1946. Para acometer este objetivo, se han identificado tres ideas principales, que responden a la pregunta de investigación planteada sobre los fundamentos ontológicos del principio de la legalidad. La metodología hermenéutica aplicada, sobre la base de la revisión documental del proceso judicial en Núremberg, permitirá realizar un análisis sobre el desarrollo de la legalidad general. Se producirá una explicación pedagógica que permita vislumbrar cómo el equipo fiscal logra reinterpretar la esencia natural de la legalidad y reformule las variables que le definen para la generación de la imputabilidad de los encausados en Núremberg.

Abstract An attempt has been made to produce an analysis of the judicial reinterpretation given by the prosecution team, led by Robert H. Jackson at the Nuremberg trial in 1946 against the National Socialist leaders. To achieve this objective, three main ideas have been identified that answer the research question posed on the ontological foundations of the principle of legality. The hermeneutic methodology applied, on the basis of the documentary review of the judicial process in Nuremberg, will allow an analysis to be carried out on the development of general legality. A pedagogical explanation will be produced that allows us to glimpse how the fiscal team manages to reinterpret the natural essence of legality and reformulate the variables that define it for the generation of the imputability of the defendants in Nuremberg.

Résumé Une tentative a été faite pour produire une analyse de la réinterprétation judiciaire donnée par l’équipe du procureur, dirigée par Robert H. Jackson lors des procès de Nuremberg en 1946 contre les dirigeants nationaux-socialistes. Pour atteindre cet objectif, trois idées principales ont été identifiées qui répondent à la question de recherche posée sur les fondements ontologiques du principe de légalité. La méthodologie herméneutique appliquée, basée sur l’examen documentaire du processus judiciaire à Nuremberg, permettra une analyse du développement de la légalité générale. Une explication pédagogique sera produite qui nous permettra d’entrevoir comment l’équipe de poursuite parvient à réinterpréter l’essence naturelle de la légalité et à reformuler les variables qui la définissent pour la génération de l’imputabilité des personnes poursuivies à Nuremberg.

Resumen Este trabajo pretende precisar la función de la norma general antielusión en la interpretación de la ley tributaria como estrategia para combatir la elusión tributaria, para su correcta aplicación y para revisar su impacto en el principio de legalidad en la materia. Con tal finalidad, se efectúa un examen de carácter dogmático en el cual se analizan los requisitos de las normas generales antielusivas de España, Perú y Chile, utilizando el instrumental conceptual de la teoría general del derecho. El estudio concluye que la aplicación de estas normas implica necesariamente las actividades de interpretación, argumentación y recalificación jurídicas, y que su uso puede ser compatible con el principio de legalidad.

Abstract This paper aims to specify the General Anti-Avoidance Rule (GAAR) function within the tax law interpretation system as a legal tool against tax avoidance. On the one hand, the idea is to enlighten its correct application and, on the other, to review its impact on the rule of law principle. For this purpose, the Spanish, Peruvian, and Chilean GAAR are analysed from a dogmatic perspective. Using the tools of the general theory of law, it is argued that applying a GAAR necessarily involves the activities of legal interpretation, argumentation, and requalification and may be compatible with the rule of law.

Resumo O presente trabalho tem como objetivo determinar a função da norma geral antielisiva na interpretação da lei tributária, como estratégia para combater a elisão tributária, para a sua correta aplicação e para a revisão do seu impacto no princípio de legalidade em matéria tributária. Para isso, efetua-se um exame de carácter dogmático no qual são analisados os requisitos das normas gerais antielisivas da Espanha, do Peru e do Chile, a partir da utilização do instrumental conceitual da teoria geral do Direito. O trabalho conclui que a aplicação de uma norma geral antielisiva implica necessariamente as atividades de interpretação, argumentação e requalificação jurídicas, e que sua utilização pode ser compatível com o princípio de legalidade.

ABSTRACT: The legal regulations of the Precario’s procedure was modified obliquely by Law Nº 21,461 of 2022 in two relevant ways. The first of them is the change in the normative foundation to process the Precario action as summary judgment. The second, meanwhile, is the authorization for the civil judge to apply “as pertinent” the rules of payment procedure for collection of rental income to this actio in rem. This article analyzed the effects of both legislative decisions and the way in which they would affect the place that the Precario´s procedure occupies within the current system of actions in rem.

RESUMEN: La regulación legal del juicio de precario fue modificada de manera oblicua por la Ley Nº 21.461 de 2022 en dos sentidos relevantes. El primero de ellos es el cambio en el fundamento normativo para tramitar la acción de precario como un juicio sumario. El segundo, en tanto, es la autorización para que el juez civil aplique “en lo pertinente” las reglas del procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento a esta acción real. Este artículo analiza los efectos de ambas decisiones legislativas y el modo en que ellas alterarían el lugar que ocupa el juicio de precario dentro del sistema de acciones reales vigente.

Resumen La presente investigación presenta un análisis del derecho a la tutela judicial efectiva en el contencioso administrativo, con especial referencia a la Sentencia N. 447 de fecha 11 de Agosto de 2022, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de Nulidad, contra el Instructivo del Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, de fecha 22 de marzo de 2022, donde con independencia de ser un acto administrativo formal, o una vía de hecho, o cualquier otra forma de actuación de la Administración Pública puede ser objeto de control conforme al derecho a la tutela judicial efectiva, al principio de universalidad de control y al carácter subjetivo del sistema contencioso administrativo. Los resultados evidenciaron un prejuzgamiento, por el órgano jurisdiccional al declarar en limine litis, la inexistencia del acto administrativo, sin diferenciar conforme a la doctrina el acto inexistente e inexistencia del acto administrativo, lo cual constituye una violación de la normativa relativa a la impugnación de los actos administrativos, por vicios de nulidad absoluta que puede presentar un acto administrativo, y a la tutela judicial efectiva.

Abstract This research presents an analysis of the right to effective judicial protection in the administrative litigation, with special reference to Ruling No. 447 dated August 11, 2022, issued by the Political Administrative Chamber of the Supreme Court of Justice, which declared inadmissible the appeal of Nullity, against the Instructions of the Adjustment Process of the Remuneration System of the Public Administration, Collective Bargaining Agreements, Special Tables and Strategic Companies, dated March 22, 2022, where regardless of being a formal administrative act, or a de facto way, or any other form of action of the Public Administration may be subject to control in accordance with the right to effective judicial protection, the principle of universality of control and the subjective nature of the contentious-administrative system. The results evidenced a prejudgment, by the jurisdictional organ when declaring in liminelitis, the non-existence of the administrative act, without differentiating according to the doctrine the non-existent act and the non-existence of the administrative act, which constitutes a violation of the regulations related to the impugnation of the administrative acts, due to absolute nullity defects that an administrative act may present, and to the effective judicial protection.

Abstract The Inter-American Court of Human Rights issued a ruling in 2020, declaring the Chilean State internationally responsible for violating the rights to freedom of thought, expression, due process, and the principle of legality, damaging Judge Daniel Urrutia. Consequently, the Inter-American Court of Human Rights concluded that the State of Chile is responsible for violating Articles 13, 8.1, 8.2, 8.2.b), 8.2.c), and 9 of the American Convention on Human Rights related to Articles 1.1 and 2, to the detriment of Daniel Urrutia. This comment analyzes the international responsibility of the State of Chile.

Resumen La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2020 sentencia, declarando internacionalmente responsable al Estado chileno por violar los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, debido proceso, y principio de legalidad perjudicando al juez Daniel Urrutia. En consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado de Chile es responsable por violar los artículos 13, 8.1, 8.2, 8.2.b), 8.2.c), y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionado con los artículos 1.1 y 2, en perjuicio de Daniel Urrutia. Este comentario analiza la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

RESUMEN El populismo penal se ha transformado, desde la década de 1980, en el paradigma dominante en materia de seguridad pública y control del delito en Occidente. Generalmente, es identificado con discursos reaccionarios y de “mano dura” contra el crimen. Este trabajo, sin embargo, justificará que el populismo penal no solo es compatible con el populismo penal de derecha, sino también con el populismo penal de izquierda o progresista. Se recordará el análisis teórico sobre el populismo de Laclau y, luego, las notas distintivas del populismo penal y el contexto político y social de su emergencia y consolidación. Asimismo, se sostendrá que ciertas características del populismo penal facilitan la vigencia de una práctica acerca de la aplicación del derecho penal: el “interpretativismo” y -su cara más visible- la “doctrina Chavela Vargas de la interpretación”. En esa línea, se recordarán tres sentencias judiciales de altos tribunales argentinos que permiten dar cuenta del fenómeno del populismo penal en sede judicial, vale decir, del uso por parte de los jueces de la “doctrina Chavela Vargas” y los deletéreos efectos que ello trae aparejado para la autoridad del derecho.

ABSTRACT Penal populism has become, since the 1980s, the dominant paradigm for public security and crime control in the West. Generally, it is identified with reactionary speeches and “strong hand” against crime. However, I will justify that penal populism is compatible not only with right-wing penal populism but also with left-wing penal populism. I will remember the theory of populism of Laclau and, then, the particular notes of penal populism and the political and social context of its emergence and consolidation. Likewise, I will hold that certain characteristics of penal populism facilitate the validity of a practice regarding the application of criminal law: “interpretivism” and -its most visible face- the “Chavela Vargas doctrine of interpretation”. Along these lines, I will recall three judicial ruling of high Argentine courts that allow to account for the phenomenon of penal populism in court, namely, the use by judges of the “Chavela Vargas doctrine” and the deleterious effects that this brings rigged for the authority of law.

RESUMO O populismo penal se transformou, a partir da década de 1980, no paradigma dominante em matéria de seguridade pública e controle do delito no Ocidente. Geralmente, é identificado com discursos reacionários e de “mão de dura” contra o crime. Este trabalho, no entanto, justificará que o populismo penal não só é compatível como o populismo penal de direita, mas também com o populismo penal de esquerda ou progressista. Será lembrada a análise teórica sobre o populismo de Laclau e, depois, as notas distintivas do populismo penal e o contexto político e social da sua emergência e consolidação. Igualmente, se sustentará que certas características do populismo penal facilitam a vigência de uma prática sobre a aplicação do direito penal: o “interpretativismo” e - a sua cara mais visível - a “doutrina Chavela Vargas da interpretação”. Nessa linha, será trabalhada três sentenças judiciais de altos tribunais argentinos que permitem dar conta do fenômeno do populismo penal em sede judicial, é bom dizer, sobre o uso de parte dos juízes da “doutrina Chavela Vargas”, e os deletérios que isso traz aparelhado para a autoridade do direito.

Resumen Esta investigación tuvo como objetivo identificar las causas de la baja imposición de multas al tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia, e identificar cuánta responsabilidad tiene al respecto la actual metodología que deben usar las autoridades ambientales colombianas para calcular estas multas (i.e., "Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental"). Para este propósito, se aplicó una encuesta a servidores públicos de las autoridades ambientales colombianas. Los resultados revelaron que estas entidades tienen varias razones para no imponer multas al tráfico ilegal de fauna silvestre. La causa más importante es el hecho de que la metodología referida no sirve para estimar multas en el caso de esta actividad ilícita, ya que su variable "Grado de afectación ambiental" no fue diseñada para ser calculada en fauna. Esta imposibilidad de calcular multas por el tráfico ilegal de fauna silvestre ha provocado dos tipos de conductas en las autoridades ambientales colombianas: 1) algunas se han abstenido de imponer multas a esta actividad ilícita (impidiendo así un efecto disuasorio); y 2) otras han modificado La metodología (vulnerando así el principio de legalidad) para poder calcular las multas en el caso de esta actividad ilícita. Por consiguiente, dado que ninguna de estas dos conductas es adecuada, esta investigación insta al Gobierno de Colombia a promulgar una metodología (nueva o modificada) para el cálculo de multas por infracciones ambientales, que se ajuste a las características y afectaciones ambientales del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Abstract This research aimed to identify the causes of the Low imposition of fines on the illegal trade of wild fauna in Colombia, and to identify how much of the responsibility falls on the current methodology that Colombian environmental authorities must use to calculate these fines (i.e., "Methodology for the Calculation of Fines for Infringement of the Environmental Normative"). For this purpose, a survey was applied to public officials belonging to Colombian environmental authorities. The results revealed that these entities have several reasons for not imposing fines on the illegal trade of wild fauna. The most important cause is the fact that the referred methodology does not serve the purpose of estimating fines on this illicit activity, since its variable "Degree of environmental affectation" was not designed to be calculated on fauna. This impossibility of calculating fines on the illegal trade of wild fauna has generated two types of behaviors in Colombian environmental authorities: 1) some have refrained from imposing fines on this illicit activity (thus impeding a deterrent effect); and 2) others have modified the methodology (thus breaching the principle of legality), in order to be able to the calculate the fines in the case of this illicit activity. Therefore, given that neither of these two behaviors is suitable, this research calls for the Government of Colombia to enact a new or modified methodology to calculate fines for environmental infringements that adjusts to the characteristics and environmental affectations of the illegal trade of wild fauna.