RESUMEN. Introducción: Los estudios de normatividad comparada se usan como una metodología de análisis jurídico basada en la comparación de las distintas aplicaciones e interpretaciones para casos similares, el interés en el derecho comparado radica en que nutre y ampliar la visión para el entendimiento internacional, que nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, de nuestro interés el concepto del ciudadano andino y el Estatuto migratorio que define que los migrantes trabajadores de Bolivia Colombia Perú y Ecuador tienen derechos, garantías y deberes adicionales a los de su país de nacimiento, estos nuevos derechos sociales son los otorgados desde el 11 de agosto 2021 mediante la decisión 878 estatuto migratorio andino. Al analizar si los trabajadores de salud que atendieron el COVID-19, se les considero en cada uno de sus países la exposición a riesgo ocupacional tipo biológico como de origen laboral, ya que el objetivo de la comunidad es estandarizar y normalizar conceptos y normativas y así permitir inferir si se tiene derecho a las prestaciones asistenciales y económicas objeto de cobertura al trabajador. Enfermedad Laboral en los trabajadores de la salud que atendieron la Pandemia. Material y Método: Se realizó una revisión exhaustiva en los canales oficiales de comunicación de la autoridad sanitaria de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia países miembros de la CAN, filtrando la información sobre cómo desarrollaron en sus normativas internas el COVID-19 como Enfermedad Laboral, identificando garantías y protecciones que brindan los Países a los Trabajadores de la Salud que se han encargado de la atención integral de esta contingencia. Estudio descriptivo que incluyo búsqueda entre abril a diciembre del 2021. Resultado: Posterior a la revisión, se reconoció el COVID-19 como Enfermedad Laboral en trabajadores de la salud, en 3 de los 4 Países, 1 de los Países lo determino como un problema de Salud Pública, así mismo se encontró que cada País, aborda de manera diferente los Riesgos Laborales, traduciéndose en que los Trabajadores de la Salud de la CAN, no tuvieron garantías y protecciones propias del sistema de Riesgos Laborales. Conclusiones: Falta desarrollo por parte de todos los Países que componen la CAN, frente a alinear su normatividad en materia de riesgos laborales, de tal forma que garanticen el acceso al Ciudadano Andino a gozar de las garantías que brinda la seguridad social de acuerdo a la norma supra nacional, Decisión 584 que aprueba un instrumento que establece las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros, quienes no están desarrollado completamente por todos los países miembros, lo que generara una inseguridad jurídica y una incertidumbre en el trabajador migrante.

ABSTRACT Introduction: The studies of comparative law are used as a methodology of legal analysis based on the comparison of different applications and interpretations for similar cases, the interest in comparative law lies in that it nourishes and broadens the vision for international understanding, which makes us understand the rationale of the rules in different states, Of our interest is the concept of the Andean citizen and the migratory statute that defines that migrant workers from Bolivia, Colombia, Peru and Ecuador have additional rights, guarantees and duties to those of their country of birth, these new social rights are those granted since August 11, 2021 by decision 878 of the Andean migratory statute. When analyzing whether the health workers who attended the COVID-19, exposure to occupational biological risk was considered in each of their countries as of occupational origin, since the objective of the community is to standardize and normalize concepts and regulations and thus allow inferring whether they are entitled to the assistance and economic benefits covered to the worker Objective: To compare the legislation issued by the health authorities of the member countries of the Andean Community of Nations on COVID-19, and if this was configured as an Occupational Disease in health workers who attended the Pandemic. Material and Method: An exhaustive review was carried out in the official communication channels of the health authorities of Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia, CAN member countries, filtering the information on how they developed COVID-19 as an Occupational Disease in their internal regulations, identifying guarantees and protections provided by the countries to the health workers who have been in charge of the integral attention of this contingency. Descriptive study that included a search from April to December 2021. Results: After the review, COVID-19 was recognized as an Occupational Disease in health workers, in 3 of the 4 Countries, 1 of the Countries determined it as a Public Health problem, likewise it was found that each Country, approaches Occupational Risks differently, translating into the fact that Health Workers of the CAN, did not have guarantees and protections proper to the Occupational Risks system. Conclusions: There is a lack of development on the part of all the Countries that make up the CAN, with regard to aligning their regulations on labor risks, in such a way that they guarantee access to the Andean Citizen to enjoy the guarantees provided by social security in accordance with the supra-national regulation, Decision 584 which approves an instrument that establishes the fundamental rules on occupational safety and health, as a basis for the gradual and progressive harmonization of the laws and regulations governing the particular situations of the labor activities developed in each of the Member Countries, which are not fully developed by all the member countries, generating legal insecurity and uncertainty for the migrant worker.

RESUMEN. Introducción: Los estudios de normatividad comparada se usan como una metodología de análisis jurídico basada en la comparación de las distintas aplicaciones e interpretaciones para casos similares, el interés en el derecho comparado radica en que nutre y ampliar la visión para el entendimiento internacional, que nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, de nuestro interés el concepto del ciudadano andino y el Estatuto migratorio que define que los migrantes trabajadores de Bolivia Colombia Perú y Ecuador tienen derechos, garantías y deberes adicionales a los de su país de nacimiento, estos nuevos derechos sociales son los otorgados desde el 11 de agosto 2021 mediante la decisión 878 estatuto migratorio andino. Al analizar si los trabajadores de salud que atendieron el COVID-19, se les considero en cada uno de sus países la exposición a riesgo ocupacional tipo biológico como de origen laboral, ya que el objetivo de la comunidad es estandarizar y normalizar conceptos y normativas y así permitir inferir si se tiene derecho a las prestaciones asistenciales y económicas objeto de cobertura al trabajador. Enfermedad Laboral en los trabajadores de la salud que atendieron la Pandemia. Material y Método: Se realizó una revisión exhaustiva en los canales oficiales de comunicación de la autoridad sanitaria de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia países miembros de la CAN, filtrando la información sobre cómo desarrollaron en sus normativas internas el COVID-19 como Enfermedad Laboral, identificando garantías y protecciones que brindan los Países a los Trabajadores de la Salud que se han encargado de la atención integral de esta contingencia. Estudio descriptivo que incluyo búsqueda entre abril a diciembre del 2021. Resultado: Posterior a la revisión, se reconoció el COVID-19 como Enfermedad Laboral en trabajadores de la salud, en 3 de los 4 Países, 1 de los Países lo determino como un problema de Salud Pública, así mismo se encontró que cada País, aborda de manera diferente los Riesgos Laborales, traduciéndose en que los Trabajadores de la Salud de la CAN, no tuvieron garantías y protecciones propias del sistema de Riesgos Laborales. Conclusiones: Falta desarrollo por parte de todos los Países que componen la CAN, frente a alinear su normatividad en materia de riesgos laborales, de tal forma que garanticen el acceso al Ciudadano Andino a gozar de las garantías que brinda la seguridad social de acuerdo a la norma supra nacional, Decisión 584 que aprueba un instrumento que establece las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros, quienes no están desarrollado completamente por todos los países miembros, lo que generara una inseguridad jurídica y una incertidumbre en el trabajador migrante.

ABSTRACT Introduction: The studies of comparative law are used as a methodology of legal analysis based on the comparison of different applications and interpretations for similar cases, the interest in comparative law lies in that it nourishes and broadens the vision for international understanding, which makes us understand the rationale of the rules in different states, Of our interest is the concept of the Andean citizen and the migratory statute that defines that migrant workers from Bolivia, Colombia, Peru and Ecuador have additional rights, guarantees and duties to those of their country of birth, these new social rights are those granted since August 11, 2021 by decision 878 of the Andean migratory statute. When analyzing whether the health workers who attended the COVID-19, exposure to occupational biological risk was considered in each of their countries as of occupational origin, since the objective of the community is to standardize and normalize concepts and regulations and thus allow inferring whether they are entitled to the assistance and economic benefits covered to the worker Objective: To compare the legislation issued by the health authorities of the member countries of the Andean Community of Nations on COVID-19, and if this was configured as an Occupational Disease in health workers who attended the Pandemic. Material and Method: An exhaustive review was carried out in the official communication channels of the health authorities of Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia, CAN member countries, filtering the information on how they developed COVID-19 as an Occupational Disease in their internal regulations, identifying guarantees and protections provided by the countries to the health workers who have been in charge of the integral attention of this contingency. Descriptive study that included a search from April to December 2021. Results: After the review, COVID-19 was recognized as an Occupational Disease in health workers, in 3 of the 4 Countries, 1 of the Countries determined it as a Public Health problem, likewise it was found that each Country, approaches Occupational Risks differently, translating into the fact that Health Workers of the CAN, did not have guarantees and protections proper to the Occupational Risks system. Conclusions: There is a lack of development on the part of all the Countries that make up the CAN, with regard to aligning their regulations on labor risks, in such a way that they guarantee access to the Andean Citizen to enjoy the guarantees provided by social security in accordance with the supra-national regulation, Decision 584 which approves an instrument that establishes the fundamental rules on occupational safety and health, as a basis for the gradual and progressive harmonization of the laws and regulations governing the particular situations of the labor activities developed in each of the Member Countries, which are not fully developed by all the member countries, generating legal insecurity and uncertainty for the migrant worker.

Abstract: The work sustains that Art. 94 of the Social Security Law is unconstitutional and violates human rights, since the member and their relatives should receive their financial benefits regardless of whether their employer has not paid their contributions to the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS); without having to resort to protective actions against the State, for violation of the right to social security, as happens in many of the cases that have been the subject of study. The objective of this article is to determine, through legal analysis, the unconstitutionality of the aforementioned article, in the violation of the concession of the right of Montepío for the beneficiaries of the members of the IESS.

Resumen: El trabajo sustenta que el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social, es inconstitucional y atentatorio a los derechos humanos, ya que el afiliado y sus deudos deberían recibir sus prestaciones económicas independientemente de que su patrono no haya pagado sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); sin tener que recurrir a acciones de protección en contra del Estado, por vulneración al derecho a la seguridad social, como sucede en muchos de los casos y que han sido materia de estudio. El objetivo del presente artículo es determinar a través del análisis jurídico, la inconstitucionalidad del referido artículo, en la vulneración a la concesión del derecho de montepío para los beneficiarios de los afiliados al IESS.

Resumen El presente artículo se plantea si existe presencia de los daños punitivos en el ordenamiento jurídico español, para ello, se realiza un estudio de una de las fórmulas legislativas que más debate ha suscitado con respecto a dicha forma indemnizatoria: el recargo de las prestaciones del artículo 164 TRLGSS. Primero, se definirá el concepto de daños punitivos, aprovechando para situar los ordenamientos en los que se utiliza dicha fórmula indemnizatoria. Luego, se pormenorizarán algunas de sus más importantes características y funciones, para pasar a clasificarlos por tipos. Finalmente, se expondrán ejemplos extraídos de las legislaciones de ordenamientos de tradición escrita (civil law) con mención especial al artículo 164 TRLGSS, que hará preguntarse si la fórmula del recargo de las prestaciones es el principal precedente de los punitive damages en nuestro derecho.

Abstract The present article considers if punitive damages exist in the Spanish legal system, for which it is made the study of one of the legislative formulas that has aroused the greatest debate in regard to that indemnifying form: the benefits surcharge from the article 164 TRLGSS. First, it is defined the concept of punitive damages, identifying those systems in which such indemnifying formula is used. Then, some of its main functions and characteristics will be detailed, to classifiy them by types. Finally, examples extracted from the legislation of traditional written laws will be presented, with a special mention of the article 164 TRLGSS, which asks whether the formula of the benefits surcharge is the main precedent of punitive damages in our legal system.

RESUMEN Los trabajadores informales que puedan presentar accidentes de trabajo y que por derecho requieran acceder a las prestaciones que ofrece el sistema, deberán superar las barreras que fueron identificadas en dos momentos. El primero está determinado por el proceso de afiliación voluntaria al sistema, en tanto los requisitos exigidos no están pensados desde la realidad de este tipo de trabaja- dores. El segundo momento se presenta cuando el trabajador informal se afilia bajo una figura que no le corresponde. Si se presenta un accidente, la dificultad radicaría en demostrar el nexo causal del hecho dañoso con la actividad laboral, pues la equívoca normatividad frente a la definición de accidente de trabajo descrita por la Ley 1562 del 2012 vincula el accidente de trabajo con una relación de subordinación. Desde la reflexión jurídica nace la intención de evidenciar las dificultades que presentan los trabajadores informales para afiliarse voluntariamente, así como revelar las barreras para el acceso a las prestaciones asistenciales y económicas en caso de presentarse un accidente de trabajo.

ABSTRACT Informal workers that might have a work accident and require access to the benefits offered by the system must overcome the barriers identified during two moments. The first one is determined by the process of voluntary affiliation to the system given that the requirements are not thought from the reality of this kind of worker. The second moment presents itself when the informal worker is affiliated under the wrong figure. If an accident takes place the difficulty would reside in demonstrating the causal nexus of the harmful fact with the work activity, since the ambiguous definition of a work accident given by the 1562 Law of 2012 links the work accident with a subordinate relation. From the judicial reflection point of view is that the intention of making evident the difficulties faced by the informal workers for voluntarily affiliating comes from, as well as revealing the barriers for accessing the welfare and economic benefits in case of a work accident.

RESUMO Os trabalhadores informais que se acidentarem no trabalho e que, por direito, precisarem ter acesso ao auxílio-acidente que o sistema geral de riscos trabalhistas da Colômbia oferece deverão ultrapassar as barreiras que foram identificadas em dois momentos. O primeiro está determinado pelo processo de afiliação voluntária ao sistema, devido a que os requisitos não estão pensados para a realidade desse trabalhador. O segundo momento é apresentado quando o trabalhador informal se afilia sob uma figura que não lhe corresponde. Se um acidente acontecer, a dificuldade estaria em demonstrar o nexo causal do fato danoso com a atividade trabalhista, pois a equívoca regulação sobre a definição de acidente de trabalho descrita na Lei 1.562 de 2012 vincula este a uma relação de subordinação. Com base na reflexão jurídica, nasce a intenção de evidenciar as dificuldades que os trabalhadores informais apresentam para a afiliação voluntária, bem como revelar as barreiras para ter acesso às prestações assistenciais e econômicas em caso de ser apresentado um acidente de trabalho.

Abstract In the widespread context of limited resources to fund health care interventions available to a population, explicit criteria are required to select the health care package that achieves the maximum population health with existing resources. Economic evaluation of health interventions is an analytical tool that compares the costs and health benefits of alternative health programmes with the aim to inform about their efficiency. The traditional economic evaluation framework has some limitations for the specific evaluation of public health programmes such as vaccine programmes, especially for those targeted to the paediatric population. Among these, we highlight the challenges of evaluating interventions with long-term health effects on different populations to which the intervention is applied, with possible adverse events on healthy individuals, with considerable intangible effects, with relevant implications on inequalities, and that require the quantification of health effects on children as well as their relatives. The main lines of further developments for economic evaluation to address the inherent issues of vaccine programmes for children that we highlight consist in the possibility of using outcomes measures capable of capturing social well-being benefits beyond individual health improvements, as well as the application of methods to characterise dynamic effects and high levels of uncertainty when these are needed.

Resumen En el contexto generalizado de recursos limitados para financiar las intervenciones sanitarias disponibles para una población, se requieren criterios explícitos que permitan seleccionar el conjunto de prestaciones que aporten el mayor beneficio en salud posible con los recursos existentes. La evaluación económica de intervenciones sanitarias es una herramienta de análisis que compara los costes y los resultados en salud de programas sanitarios alternativos con el fin de informar sobre su eficiencia. El marco tradicional de la evaluación económica presenta algunas limitaciones para la evaluación específica de intervenciones de salud pública, como son los programas de vacunación, especialmente los destinados a la población pediátrica. Entre ellos se destacan los desafíos que presenta evaluar intervenciones donde los efectos en salud ocurren en el largo plazo, sobre poblaciones diferentes a las que se aplica la intervención, con posibles efectos adversos en población sana, con efectos intangibles considerables, con implicaciones relevantes sobre la desigualdad, y que requieren de la medición de resultados en salud en niños y niñas, así como en sus entornos. Entre las principales vías de avance para que las evaluaciones económicas sean capaces de abordar las problemáticas inherentes a los programas de vacunación en población pediátrica destacamos la posibilidad de emplear medidas de resultados capaces de captar beneficios de bienestar social más allá de las mejoras en salud individuales, así como la aplicación de los métodos que caractericen los efectos dinámicos y los altos niveles de incertidumbre cuando estos sean necesarios.

ABSTRACT Objective To assess the amount of employment generated from the effective development of the Dependency Act in 2012, by evaluating the number of jobs depending on whether in-kind services or cash benefits were applied. Methods The level and total costs of dependency were obtained by using the Survey on Disability, Personal Autonomy and Dependency Situations of 2008. The consumption of dependent households was collected from the Household Budget Survey of 2012 carried out by the Spanish Statistics Institute. The impact on employment was estimated using an extended Input-Output model based on Symmetric Input-Output Tables and labour data from the Spanish National Accounts Base. Results The total estimated costs of dependency in 2012 were 4,545 million Euros for in-kind services and 2,662 for cash benefits. One hundred and ninety-five thousand, six hundred and sixty-eight jobs were generated in 2012 from dependency costs, and132,997 were linked to in-kind services and 62,671 to cash benefits. Every million Euros allocated for dependency by the Government returned 53.33 jobs linked to in-kind services and 46.21 to cash benefits. Furthermore, 341,505 jobs would have been created if dependency benefits had been exclusively offered via in-kind services. Conclusions Dependency benefits were equally distributed between in-kind services and cash benefits in 2012. Given that two out of three job positions generated from dependency benefits are linked to in-kind services, while the remaining third is generated by cash benefits, we conclude that around 146 thousand more jobs would have been generated if benefits had been offered as in-kind services instead of overusing cash benefits.

RESUMEN Objetivo Estimar la creación de empleo generada por la implantación de la Ley de Dependencia en 2012, evaluando el número de puestos de trabajo vinculados a servicios y a prestaciones económicas. Métodos Los grados y los costes totales de la dependencia se han obtenido de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008. El consumo de los hogares dependientes proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012. La creación de empleo se ha estimado con un modelo ampliado input-output basado en las tablas simétricas input-output y en datos de empleo de la Contabilidad Nacional de España. Resultados Los costes totales de dependencia estimados en 2012 fueron de 4545 millones de euros en servicios y 2662 millones de euros en prestaciones económicas. Se generaron 195.668 empleos vinculados a prestaciones de dependencia en 2012, 132.997 asociados a servicios y 62.671 a prestaciones económicas. Cada millón de euros asignados a prestaciones de dependencia por la Administración generó 53,33 empleos vinculados a servicios y 46,21 a prestaciones económicas. Además, se habrían creado 341.505 empleos si las prestaciones de dependencia hubieran sido asignadas únicamente como servicios. Conclusiones Los costes de dependencia se distribuyeron por igual entre servicios y prestaciones económicas en 2012. Dado que dos de cada tres empleos generados por las prestaciones de dependencia están vinculados a servicios, mientras que el tercio restante a prestaciones económicas, se habrían generado 146.000 empleos más si todas las prestaciones hubieran sido asignadas como servicios en lugar de la masiva utilización de prestaciones económicas.

ABSTRACT Objective To assess the amount of employment generated from the effective development of the Dependency Act in 2012, by evaluating the number of jobs depending on whether in-kind services or cash benefits were applied. Methods The level and total costs of dependency were obtained by using the Survey on Disability, Personal Autonomy and Dependency Situations of 2008. The consumption of dependent households was collected from the Household Budget Survey of 2012 carried out by the Spanish Statistics Institute. The impact on employment was estimated using an extended Input-Output model based on Symmetric Input-Output Tables and labour data from the Spanish National Accounts Base. Results The total estimated costs of dependency in 2012 were 4,545 million Euros for in-kind services and 2,662 for cash benefits. One hundred and ninety-five thousand, six hundred and sixty-eight jobs were generated in 2012 from dependency costs, and132,997 were linked to in-kind services and 62,671 to cash benefits. Every million Euros allocated for dependency by the Government returned 53.33 jobs linked to in-kind services and 46.21 to cash benefits. Furthermore, 341,505 jobs would have been created if dependency benefits had been exclusively offered via in-kind services. Conclusions Dependency benefits were equally distributed between in-kind services and cash benefits in 2012. Given that two out of three job positions generated from dependency benefits are linked to in-kind services, while the remaining third is generated by cash benefits, we conclude that around 146 thousand more jobs would have been generated if benefits had been offered as in-kind services instead of overusing cash benefits.

RESUMEN Objetivo Estimar la creación de empleo generada por la implantación de la Ley de Dependencia en 2012, evaluando el número de puestos de trabajo vinculados a servicios y a prestaciones económicas. Métodos Los grados y los costes totales de la dependencia se han obtenido de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008. El consumo de los hogares dependientes proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012. La creación de empleo se ha estimado con un modelo ampliado input-output basado en las tablas simétricas input-output y en datos de empleo de la Contabilidad Nacional de España. Resultados Los costes totales de dependencia estimados en 2012 fueron de 4545 millones de euros en servicios y 2662 millones de euros en prestaciones económicas. Se generaron 195.668 empleos vinculados a prestaciones de dependencia en 2012, 132.997 asociados a servicios y 62.671 a prestaciones económicas. Cada millón de euros asignados a prestaciones de dependencia por la Administración generó 53,33 empleos vinculados a servicios y 46,21 a prestaciones económicas. Además, se habrían creado 341.505 empleos si las prestaciones de dependencia hubieran sido asignadas únicamente como servicios. Conclusiones Los costes de dependencia se distribuyeron por igual entre servicios y prestaciones económicas en 2012. Dado que dos de cada tres empleos generados por las prestaciones de dependencia están vinculados a servicios, mientras que el tercio restante a prestaciones económicas, se habrían generado 146.000 empleos más si todas las prestaciones hubieran sido asignadas como servicios en lugar de la masiva utilización de prestaciones económicas.

Resumen La Ley 9/2016 del 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, ha conformado un nuevo statu quo en la protección social de la comunidad autónoma. Se plantea su estudio en dos fases concatenadas, en las que se pretende comprobar si la regulación y la gestión en los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Almería, de prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas de alimentación y alojamiento, respetan el espíritu de la Ley aprobada recientemente. En la primera fase, se ha diseñado un sistema de análisis de las prestaciones y, en la segunda, se aplica ese sistema a las prestaciones previamente determinadas.

Resumen Law 9/2016 of 27 December, regulating Social Services in Andalucía, has created a new status quo regarding social protection in the autonomous community. The article studies it in two connected stages, in order to determine whether the regulation and management of Community Social Services in the province of Almería, of economic contributions to cover basic food and housing needs, respect the spirit of the recently approved Law. The first stage presents the design of a system to analyze the contributions, and the second, applies that system to the contributions established beforehand.

Resumo A Lei 9/2016 de 27 de dezembro, de Serviços Sociais de Andaluzia, confirmou um novo statu quo na proteção social da comunidade autônoma. Propõe-se um estudo em duas fases conectadas, nas quais se pretende comprovar se a regulamentação e a gestão nos Serviços Sociais Comunitários da província de Almería, de prestações econômicas para a cobertura de necessidades básicas de alimentação e moradia, respeitam o espírito da Lei aprovada recentemente. Na primeira fase, um sistema de análise das prestações foi desenhado e, na segunda, esse sistema foi aplicado às prestações previamente determinadas.

Introducción: el crecimiento sostenido del gasto en salud observado a nivel mundial ha dado lugar a la necesidad de asignar eficientemente los recursos. Para ello, las evaluaciones económicas constituyen una valiosa herramienta para la toma de decisiones en el sector salud. Para su implementación se deben estimar los costos de las alternativas a ser evaluadas. Entre los estudios de costos se encuentran los que estiman los costos de enfermedades, los cuales permiten identificar, cuantificar y valorar todos los recursos económicos comprendidos en una decisión relativa al proceso de salud-enfermedad-atención. Objetivo: describir cómo las diferentes perspectivas de análisis pueden modificar la estimación de costos de una condición de salud. Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo con base en una revisión no sistemática de la literatura acerca de la perspectiva de análisis en los estudios de costos de enfermedades en el periodo comprendido entre 1960 y 2015. Resultados: se observa que las estimaciones de los costos asociados a una enfermedad consideran, en la mayoría de las perspectivas, solo los costos directos sanitarios derivados de las prestaciones necesarias para la prevención y tratamiento de enfermedades. Salvo desde la perspectiva del paciente y su familia, los costos directos no sanitarios no suelen incluirse en las valoraciones económicas de una enfermedad. Los costos indirectos e intangibles solo están presentes en forma indirecta cuando desde la perspectiva del profesional, el Estado o el tercer pagador se toman decisiones en función de estudios del tipo costo-utilidad en los que subyace la calidad de vida de los pacientes. Discusión: no reconocer todos los costos que intervienen en una enfermedad puede subestimar el impacto económico de la misma dando lugar a políticas sanitarias incorrectas, ineficiente asignación de recursos y evaluaciones parciales de los costos asociados a tratamientos o alternativas disponibles, lo cual podría sesgar los resultados obtenidos en estudios del tipo costo efectividad utilizados para guiar la práctica médica y la cobertura de prestaciones

Introduction: The worldwide sustained growth of health spending leads us to study the efficient resources allocation of the health sector. In this context, economic evaluations constitute a valuable tool for decision making. In order to do so, it is necessary to estimate the costs of the evaluated alternatives. Cost studies include disease costs estimations which identify, quantify and evaluate all the economic resources involved in a health-disease-care process decision. Objective: Describe how the different perspectives of analysis can modify the cost estimations of the same health condition. Materials and methods: Descriptive study based on a non-systematic review of the literature about the analysis' perspective of the studies regarding the costs of the diseases during the period 1960-2015. Results: It is observed that, in most cases, the cost estimates consider the direct health costs derived from the benefits of the prevention and treatment of diseases. The perspective of the patient and his/her family presents an exception. From this perspective direct nonhealth costs are not usually included in the economic valuations of a disease. Indirect and intangible costs are only indirectly taken into account from the perspective of the professional, the state or the third-party payer, when decisions are made based on cost-utility studies that underlie the quality of life of patients. Discussion: Not recognizing all the costs involved in a disease may underestimate the economic impact of the disease leading to incorrect health policies, inefficient allocation of resources and partial assessments of the costs associated with available treatments or alternatives, which could bias the results obtained in cost-effectiveness studies used to guide medical practice and benefit coverage

Introdução: o crescimento sustentado do gasto em saúde observado no nível mundial tem dado lugar à necessidade de atribuir eficientemente os recursos. Para isso, as avaliações económicas constituem uma valiosa ferramenta para a tomada de decisões no setor saúde. Para a sua implementação devem-se estimar os custos das alternativas a ser avaliadas. Entre os estudos de custos encontram-se os que estimam os custos de doenças, os quais permitem identificar, quantificar e valorar todos os recursos económicos compreendidos em uma decisão relativa ao processo de saúde-doença-atenção. Objetivo: propõe-se descrever como as diferentes perspectivas de análise podem modificar a estimação de custos de uma condição de saúde. Material e métodos: se realizou um estudo descritivo com base a uma revisão não sistemática da literatura acerca da perspectiva de análise nos estudos de custos de doenças incluindo trabalhos de investigação no período compreendido entre 1960 e 2015. Resultados: observa-se que as estimulações dos custos associados a uma doença consideram, na maioria das perspectivas, só os custos diretos sanitários derivados das prestações necessárias para a prevenção e tratamentos de doenças. Salvo desde a perspectiva do paciente e a sua família, os custos diretos não sanitários não costumam incluir-se nas valorações económicas da uma doença. Os custos indiretos e intangíveis só estão presentes em forma indireta quando desde a perspectiva do profissional, o Estado ou o terceiro pagador se tomam decisões em função de estudos do tipo custo-utilidade nos que subjaze a qualidade de vida dos pacientes. Discussão: não reconhecer todos os custos que intervém em uma doença pode subestimar o impacto económico da mesma, dando lugar a políticas sanitárias incorretas, ineficiente atribuição de recursos e avaliações parciais dos custos associados a tratamentos ou alternativas disponíveis, o qual poderia enviesar os resultados obtidos em estudos do tipo custo efetividade utilizados para guiar a prática médica e a cobertura de prestações

Resumen Objetivos. Investigar la asociación de la incapacidad funcional y el número de morbilidades con variables sociodemográficas, económicas y de salud entre los ancianos. Métodos. Se trata de una encuesta de hogares, de enfoque cuantitativo y transversal, realizado con 1 693 personas mayores en Uberaba-MG en 2012. Se utilizaron los instrumentos: Mini Examen del Estado Mental, Escala de Katz, Escala de Lawton y Brody y la Escala de Depresión Geriátrica Abreviada. También, se recolectó información sobre datos demográficos, económicos y de morbilidad. Resultados. La incapacidad funcional en actividades básicas de la vida diaria se asoció con la edad, el número de comorbilidades y la presencia de depresión. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria, la incapacidad funcional se relaciona con la edad, la educación y los ingresos más bajos, además del mayor número de comorbilidades y de probable depresión. El mayor número de comorbilidades se asoció con el sexo femenino, la edad avanzada, menores ingresos y probable depresión. Conclusión. Este estudio pone de relieve la necesidad de que las acciones de salud dirigidas a los más ancianos, con menos educación e ingresos, e indicativa de la depresión, con el fin de reducir al mínimo la dependencia de las prestaciones de la capacidad funcional y el impacto en la morbilidad.

Abstract Objectives. To investigate the association of functional incapacity and the number of morbidities with sociodemographic, economic and health variables. Methods. This is a household survey, quantitative and transversal approach, conducted with 1,693 elderly in Uberaba-MG in 2012. We used the Mini-Mental State Examination, Katz Scale, Lawton and Brody Scale; Geriatric Depression Scale abbreviated and semi-structured instrument for evaluation of demographic data, economic and morbidities. Results. Functional incapacity in basic activities of daily living was associated with older age, a greater number of morbidities and presence of indicative of depression. Regarding the instrumental activities of daily living, functional incapacity was related to age, lower education and income, the greater number of morbidities and have indicative of depression. The largest number of comorbidities was associated with female sex, older age, lower income and indicative of depression. Conclusion. This study highlights the need for health actions directed to the oldest old, with less education and income, and indicative of depression to minimize the dependency on the performance of functional capacity and impact on morbidities.

Resumo Objetivo . Verificar a associação da incapacidade funcional e do número de morbidades com variáveis sócio-demográficas, econômicas e de saúde. Métodos . Trata-se de inquérito domiciliar, de abordagem quantitativa e transversal, realizado com 1 693 idosos em Uberaba-MG no ano de 2012. Utilizou-se o Mini Exame de Estado Mental, Escala de Katz, Escala de Lawton e Brody, Escala de Depressão Geriátrica Abreviada e instrumento semiestruturado para avaliação dos dados sócio-demográficos, econômicos e morbidades. Resultados . A incapacidade funcional para atividades básicas da vida diária esteve associada à maior faixa etária, maior número de morbidades e presença de indicativo de depressão. Em relação às atividades instrumentais de vida diária, a incapacidade funcional relacionou-se à maior idade, menor escolaridade e renda, maior número de morbidades e ter indicativo de depressão. O maior número de morbidades esteve associado ao sexo feminino, maior idade, menor renda e indicativo de depressão. Conclusão . Este estudo evidencia a necessidade de ações em saúde direcionadas aos idosos mais velhos, com menor escolaridade e renda e indicativo de depressão, visando minimizar a dependência para o desempenho da capacidade funcional e impacto sobre as morbidades.

The aim of this study was to provide a brief overview of the most controversial aspects of the Spanish Act of Promotion of Personal Autonomy and Long-Term Care 39/2006, which, in the last few years, has led to heated debates between the state and the autonomous regions. Because of the funding problems due to initial poor planning, the decline of contributions from the Spanish Government in the last few years, including the suppression of the agreed level, and low cash collection from the user through copayment, the autonomous regions have had to provide significant economic resources to maintain this social policy in an environment characterised by a lack of transparency of the system. In addition, the regulatory reforms of mid-2012 to ease the burden on state and autonomous budgets have represented a clear setback to the spirit of the act and a loss of welfare to dependent individuals and their families. All these circumstances have contributed to a widely heterogeneous picture in the territorial implementation of the act, with clear differences in waiting lists, abuse in the granting of cash benefits in some regions, and differences in the number of applications for benefits and services.

El objetivo del presente trabajo es realizar un breve repaso a los aspectos más controvertidos de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que han protagonizado en los últimos años fuertes debates entre el Estado y las comunidades autónomas. Los problemas de financiación surgidos tras una mala planificación inicial, el declive en las aportaciones de la Administración General del Estado en los últimos años, incluyendo la supresión del nivel acordado, y una baja recaudación del usuario mediante copago, han colmado de esfuerzo económico a las comunidades autónomas por mantener dicha política social, en un ambiente gobernado por la falta de transparencia del sistema. Por otro lado, las reformas normativas de mediados de 2012, con la finalidad de aliviar los presupuestos estatales y autonómicos, han supuesto un claro retroceso en el espíritu de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes y sus familias. Todas estas premisas han contribuido a un panorama muy heterogéneo de aplicación territorial de la norma, en el que se observan claras diferencias en las listas de espera, abuso de concesión de prestaciones económicas por parte de algunas regiones y disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones y los servicios.

The aim of this study was to provide a brief overview of the most controversial aspects of the Spanish Act of Promotion of Personal Autonomy and Long-Term Care 39/2006, which, in the last few years, has led to heated debates between the state and the autonomous regions. Because of the funding problems due to initial poor planning, the decline of contributions from the Spanish Government in the last few years, including the suppression of the agreed level, and low cash collection from the user through copayment, the autonomous regions have had to provide significant economic resources to maintain this social policy in an environment characterised by a lack of transparency of the system. In addition, the regulatory reforms of mid-2012 to ease the burden on state and autonomous budgets have represented a clear setback to the spirit of the act and a loss of welfare to dependent individuals and their families. All these circumstances have contributed to a widely heterogeneous picture in the territorial implementation of the act, with clear differences in waiting lists, abuse in the granting of cash benefits in some regions, and differences in the number of applications for benefits and services.

El objetivo del presente trabajo es realizar un breve repaso a los aspectos más controvertidos de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que han protagonizado en los últimos años fuertes debates entre el Estado y las comunidades autónomas. Los problemas de financiación surgidos tras una mala planificación inicial, el declive en las aportaciones de la Administración General del Estado en los últimos años, incluyendo la supresión del nivel acordado, y una baja recaudación del usuario mediante copago, han colmado de esfuerzo económico a las comunidades autónomas por mantener dicha política social, en un ambiente gobernado por la falta de transparencia del sistema. Por otro lado, las reformas normativas de mediados de 2012, con la finalidad de aliviar los presupuestos estatales y autonómicos, han supuesto un claro retroceso en el espíritu de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes y sus familias. Todas estas premisas han contribuido a un panorama muy heterogéneo de aplicación territorial de la norma, en el que se observan claras diferencias en las listas de espera, abuso de concesión de prestaciones económicas por parte de algunas regiones y disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones y los servicios.

The National Institute of Social Security (INSS) is the managing body of the Spanish social security, with legal personality, which is entrusted with the management and administration of the economic benefits of the social security system. The protective action of the Social Security System includes, among others, the economic benefits for temporary disability and permanent disability. The classic indicators of temporary disability benefit incidence, prevalence and mean duration of the procedures are provided on the website of social security: http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/Incapacidadtemporal2015/index.htm. Epidemiological data on disability pensions complete the reviews that the National Institute of Social Security has built-in electronic headquarters of social security through a computer application called ESTADISS, which provides data statistics Pension Security Conclusions: Different frequency data in temporary disability benefit, allow us to analyze the different processes with the greatest impact on temporary disability, being able to say that the low back pain (724.2 ICD-9) is the most common in the processes of temporary disability initial specific diagnosis. Likewise, the most common diagnosis group is osteomioarticular system diseases and connective tissue. The group of diagnoses are greater average length neoplasms. Following the National Classification of Occupations and surpassed the 365 -day temporary disability is the group of service workers, restoration, personal, security and sellers trade, which has the greatest number of temporary disability processes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es la entidad gestora de la seguridad social española, dotada de personalidad jurídica, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social. La acción protectora del Sistema de Seguridad Social comprende, entre otras, las prestaciones económicas por incapacidad temporal y por incapacidad laboral permanente. Los indicadores clásicos de la prestación de incapacidad temporal de incidencia, prevalencia y duración media de los procesos se ofrecen en la página web de la seguridad social: http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/Incapacidadtemporal2015/index.htm. Otros datos epidemiológicos sobre pensiones de incapacidad completan las reseñas que el INSS ha incorporado en la sede electrónica de la seguridad social a través de la aplicación informática denominada ESTADISS, que permite obtener datos de las estadísticas de pensiones del Sistema de Seguridad Social. Conclusiones: Diversos datos de frecuencia en la prestación de incapacidad temporal, permiten analizar los diferentes procesos con mayor incidencia en la incapacidad temporal, pudiéndose afirmar que el lumbago (724.2 CIE 9) es el diagnóstico específico inicial más frecuente en los procesos de incapacidad temporal. Así mismo el grupo diagnóstico más frecuente es el de enfermedades del sistema osteomioarticular y del tejido conectivo. El grupo de diagnósticos de mayor duración media son las neoplasias. Siguiendo la Clasificación Nacional de Ocupaciones y superados los 365 días de duración de incapacidad temporal es el grupo de trabajadores de servicios, restauración, personales, protección y vendedores de comercio, el que acumula mayor número de procesos de incapacidad temporal.

La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en Colombia sigue la tendencia de globalización y armonización de la información contable que permitirá que los estados financieros sean comparables entre países. Dicha comparabilidad es importante, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero a las empresas, en cuanto a conversión de estados financieros se refiere. Dentro de las partidas que van a sufrir un cambio importante se encuentra la partida de inventarios. La valuación, costo y presentación de los inventarios se modifican, lo cual tendrá un efecto en los estados financieros, sus indicadores y la determinación de los impuestos de las compañías colombianas. Bajo la nueva normativa contable, no se puede llevar como un mayor valor de inventario los intereses de financiación de los mismos. Esto tiene repercusiones en el Estado de Resultados de las empresas, que deberán llevar como gasto financiero estos rubros pagados, disminuyendo las utilidades de las mismas. Adicionalmente, los inventarios deberán reflejar su valor de mercado. Cuando los inventarios sean superiores al valor de este, se ajustarán reflejando un gasto en el Estado de Resultados, disminuyendo así las utilidades de los entes económicos, y generando incluso quiebras en los casos donde la partida del inventario sea muy significativa y su valor de mercado sea inferior al valor en libros. Los nuevos estándares de contabilidad no permiten la valuación del inventario utilizando el método "últimas en entrar, primeras en salir" (UEPS). Esto tiene como fin el hecho de que no se puedan manipular las utilidades al registrar mayores valores como costo, disminuyendo así las ganancias. Las empresas cuyos inventarios son perecederos deberán tener una optimización de la rotación de inventario para adaptarse a la NIC 2. Ya que la valuación de los inventarios bajo la NIC 2 tendrá efectos importantes sobre las utilidades de las empresas y sus activos, los impuestos que deberán pagarse por esas utilidades y la determinación de la renta presuntiva también se verán afectados a partir de la convergencia. Finalmente, las empresas prestadoras de servicios deberán registrar el valor de la mano de obra y de las prestaciones sociales directamente relacionadas con el servicio como inventarios intangibles. Dicho concepto es totalmente nuevo en el ámbito nacional, ya que el artículo 63 de las antiguas normas colombianas (Decreto 2649/93) definía el inventario como bienes corporales destinados a la venta. La capitalización de dichos costos tendrá una incidencia en los indicadores financieros de las empresas de servicios, ya que aumentará su activo corriente y, adicionalmente, aumentarán sus utilidades si hay inventarios que no se llevaron al costo de ventas.

A implementação das normas internacionais de informação financeira (NIIF) na Colômbia segue a tendência de globalização e da harmonização da informação contábil que permitirá que as demonstrações financeiras sejam comparáveis entre países. Esta comparabilidade é importante porque economiza tempo e dinheiro para as empresas quanto à conversão das demonstrações financeiras. Entre os registros que vão sofrer uma mudança importante encontra-se o registro de estoque. A avaliação, o custo e os relatórios dos estoques modificam-se, o qual terá um efeito nas demonstrações financeiras, em seus indicadores e na determinação dos impostos das empresas colombianas. Sob o novo regulamento contábil os jurosde fi nanciam ent o não podem ser usados como um maior valor de estoque. Isso tem um impacto na Demonstração de Resultados das empresas, que deverão ter esses itens como gasto financeiro, reduzindo os lucros destas. Além disso, os estoques deverão refletir seu valor de mercado. Quando os estoques são superiores ao valor de mercado, estes se ajustarão para refletir um gasto na Demonstração de Resultados, reduzindo assim os lucros das entidades econômicas e gerando inclusive falências nos casos em que o item do estoque é muito significativo e seu valor de mercado é inferior ao valor contábil. Os novos padrões de contabilidade não permitem a avaliação do estoque utilizando o método "último a entrar, primeiro; possam manipular os lucros ao registrar maiores valores como custo, diminuindo assim os lucros. As empresas, cujos estoques são perecíveis, deverão ter uma otimização da rotação de estoque para se adaptar a IAS 2. Uma vez que a avaliação dos estoques segundo a IAS 2 terá um impacto importante sobre os lucros das empresas e seus ativos, os impostos a serem pagos por esses lucros e a determinação da renda presuntiva também serão afetados a partir da convergência. Finalmente, as empresas prestadoras de serviços deverão registrar o valor da mão de obra e das prestações sociais diretamente relacionadas com o serviço como estoques intangíveis. Este conceito é totalmente novo no âmbito nacional, porque o artigo 63 das antigas normas colombianas (Decreto 2649/93) definia o estoque como bens corporais destinados à venda. A capitalização destes custos terá um impacto nos indicadores financeiros das empresas de serviços já que aumentará os seus ativos correntes e, adicionalmente, aumentará seus lucros se há estoques que não se levaram ao custo de vendas.

The implementation of international financial reporting standards (IFRS) in Colombia follows the trend of globalization and harmonization of accounting information that will allow the comparison of financial statemens among countries. Such comparability is important, since it allows companies to save time and money in relation to the conversion of financial statements. Among the items that will be significantly affected is the item of inventories. The valuation, cost and presentation of inventories are modified, and this will have an impact on the financial statements, its indicators and the determination of taxes for Colombian companies. Under the new accounting regulations, it is not possible to register financing interests as a greater value for inventories, such an issue has direct repercussions in the Income State of firms, which must reflect these payments as financial expenses, decreasing their profits. Additionally, these inventories should reflect their market value. When the inventories are superior to the value of the company, they will be adjusted so that they show an expense in the Income State, reducing in this way the profits of economic entities and generating even bankruptcy in the cases when the inventory item is very significant and its market value is lower than the one in books. The new accounting standards do not accept the valuation of inventory using the method "last in, first out" (LIFO). The intention of this is to avoid the alteration of profits when registering bigger values as cost, reducing profits. The companies whose inventories are perishable must have an optimization of the inventory turnover to suit IAS 2. Since the valuation of inventories under IAS 2 will have a significant impact on companies' profits and assets, the taxes to be paid for those profits and the determination of the presumptive income will also be affected by the convergence. Finally, service providers must record the value of labor and social benefits directly related to the service as intangible inventories. Such concept is completely new in the country, since Article 63 of the former Colombian regulations (Decree 2649/93; defined an inventory as tangible property for sale. The capitalization of such costs will affect the financial indicators of services providers, as it will increase their current assets and additionally increase their profits.

La mise en œuvre des normes internationales d'information financière (IFRS) en Colombie suit la tendance de la mondialisation et de l'harmonisation de l'information comptable qui permettra que les états financiers soient comparables entre pays. Une telle comparabilité est importante, car elle permet aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent en ce qui concerne la conversion des états financiers. Parmi les éléments qui vont subir un changement majeur est la rubrique des stocks. L'évaluation, le coût et la présentation des stocks ont changé, ce qui aura un effet sur les états financiers, leurs indicateurs et l’estimation des impôts des sociétés colombiennes. En vertu des nouvelles normes comptables, les intérêts de financement ne peuvent pas être considérés comn impact sur l'état des résultats des so comme dépense financière, en réduis refléter leur valeur de marché. Lorsqu ciétés ement a a un ayées evront valeur, ils seront ajustés pour refléter une dépense dans l'état des résultats, ce qui diminuera les profits des entités économiques, et même générera des faillites dans les cas où l'élément des stocks soit très important, et leur valeur de marché inférieure à la valeur comptable. Les nouvelles normes comptables ne permettent pas l'évaluation des stocks selon la méthode du «dernier entré, premut que les profits ne puissent pas être manipulés au moyen d'enregistrer comme coût des valeurs plus élevées, en réduisant ainsi les bénéfices. Les sociétés dont les stocks soient périssables devront mettre en œuvre une optimisation de la rotation des stocks pour répondre à la norme IAS 2. Comme l'évaluation des stocks selon IAS 2 a des effets importants sur les bénéfices des sociétés et leurs actifs, les impôts à payer sur ces bénéfices et la détermination du revenu présomptif seront également touchés comme par la convergence. Enfin, les fournisseurs de services devront enregistrer la valeur de la main d'œuvre et des prestations sociales directement liées au service comme des stocks intangibles. Ce concept est totalement nouveau dans le cadre national, puisque l'article 63 de l'ancienne réglementation colombienne (le Décret 2649/93) définissait les stocks comme des biens corporels destinés à la vente. La capitalisation de ces coûts aura un impact sur les indicateurs financiers des sociétés de services, car il augmentera leurs actifs courants et, en plus, leurs profits, s'il y a des stocks qui ne furent pas rapportés au coût des ventes.