Resumen Este artículo indaga sobre los derechos a la seguridad social reconocidos a las familias de crianza en Colombia a partir de la revisión de la jurisprudencia de las cortes colombianas. Ante la omisión del legislador para regular el tema, la Corte Constitucional ha proferido sentencias de constitucionalidad inhibitorias, al considerar que se encuentra impedida de realizar un control de constitucionalidad. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional mediante acciones de tutela, con base en los principios constitucionales de igualdad, pluriculturalidad y solidaridad ha otorgado prestaciones económicas, con fundamento en los vínculos de afecto. Para realizar la investigación se empleó la metodología cualitativa, bajo un enfoque hermenêutico y se utilizó la técnica documental para rastrear la literatura especializada en bases de datos acadêmicas y científicas.

Abstract The article calls into question the social security rights acknowledged for Foster families in Colombia by reviewing the colombian courts jurisprudence. Because of the lack of regulation by the legislator, the Constitutional Court has proclaimed inhibitory constitutionality sentences, by considering itself impeded to enforce constitutionality control. However, the Supreme Court of Justice, the State Congress, and the Constitutional Court by means of legal action, based on the constitutional principles of equality, pluriculturaly, and solidarity, have rewarded economic benefits on the fundaments of affective bonds. The investigation employed qualitative methodology, under a hermeneutic approach and the documental technique was used to browse the specialized literature on academic and scientific databases.

RESUMEN. Introducción: Los estudios de normatividad comparada se usan como una metodología de análisis jurídico basada en la comparación de las distintas aplicaciones e interpretaciones para casos similares, el interés en el derecho comparado radica en que nutre y ampliar la visión para el entendimiento internacional, que nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, de nuestro interés el concepto del ciudadano andino y el Estatuto migratorio que define que los migrantes trabajadores de Bolivia Colombia Perú y Ecuador tienen derechos, garantías y deberes adicionales a los de su país de nacimiento, estos nuevos derechos sociales son los otorgados desde el 11 de agosto 2021 mediante la decisión 878 estatuto migratorio andino. Al analizar si los trabajadores de salud que atendieron el COVID-19, se les considero en cada uno de sus países la exposición a riesgo ocupacional tipo biológico como de origen laboral, ya que el objetivo de la comunidad es estandarizar y normalizar conceptos y normativas y así permitir inferir si se tiene derecho a las prestaciones asistenciales y económicas objeto de cobertura al trabajador. Enfermedad Laboral en los trabajadores de la salud que atendieron la Pandemia. Material y Método: Se realizó una revisión exhaustiva en los canales oficiales de comunicación de la autoridad sanitaria de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia países miembros de la CAN, filtrando la información sobre cómo desarrollaron en sus normativas internas el COVID-19 como Enfermedad Laboral, identificando garantías y protecciones que brindan los Países a los Trabajadores de la Salud que se han encargado de la atención integral de esta contingencia. Estudio descriptivo que incluyo búsqueda entre abril a diciembre del 2021. Resultado: Posterior a la revisión, se reconoció el COVID-19 como Enfermedad Laboral en trabajadores de la salud, en 3 de los 4 Países, 1 de los Países lo determino como un problema de Salud Pública, así mismo se encontró que cada País, aborda de manera diferente los Riesgos Laborales, traduciéndose en que los Trabajadores de la Salud de la CAN, no tuvieron garantías y protecciones propias del sistema de Riesgos Laborales. Conclusiones: Falta desarrollo por parte de todos los Países que componen la CAN, frente a alinear su normatividad en materia de riesgos laborales, de tal forma que garanticen el acceso al Ciudadano Andino a gozar de las garantías que brinda la seguridad social de acuerdo a la norma supra nacional, Decisión 584 que aprueba un instrumento que establece las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros, quienes no están desarrollado completamente por todos los países miembros, lo que generara una inseguridad jurídica y una incertidumbre en el trabajador migrante.

ABSTRACT Introduction: The studies of comparative law are used as a methodology of legal analysis based on the comparison of different applications and interpretations for similar cases, the interest in comparative law lies in that it nourishes and broadens the vision for international understanding, which makes us understand the rationale of the rules in different states, Of our interest is the concept of the Andean citizen and the migratory statute that defines that migrant workers from Bolivia, Colombia, Peru and Ecuador have additional rights, guarantees and duties to those of their country of birth, these new social rights are those granted since August 11, 2021 by decision 878 of the Andean migratory statute. When analyzing whether the health workers who attended the COVID-19, exposure to occupational biological risk was considered in each of their countries as of occupational origin, since the objective of the community is to standardize and normalize concepts and regulations and thus allow inferring whether they are entitled to the assistance and economic benefits covered to the worker Objective: To compare the legislation issued by the health authorities of the member countries of the Andean Community of Nations on COVID-19, and if this was configured as an Occupational Disease in health workers who attended the Pandemic. Material and Method: An exhaustive review was carried out in the official communication channels of the health authorities of Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia, CAN member countries, filtering the information on how they developed COVID-19 as an Occupational Disease in their internal regulations, identifying guarantees and protections provided by the countries to the health workers who have been in charge of the integral attention of this contingency. Descriptive study that included a search from April to December 2021. Results: After the review, COVID-19 was recognized as an Occupational Disease in health workers, in 3 of the 4 Countries, 1 of the Countries determined it as a Public Health problem, likewise it was found that each Country, approaches Occupational Risks differently, translating into the fact that Health Workers of the CAN, did not have guarantees and protections proper to the Occupational Risks system. Conclusions: There is a lack of development on the part of all the Countries that make up the CAN, with regard to aligning their regulations on labor risks, in such a way that they guarantee access to the Andean Citizen to enjoy the guarantees provided by social security in accordance with the supra-national regulation, Decision 584 which approves an instrument that establishes the fundamental rules on occupational safety and health, as a basis for the gradual and progressive harmonization of the laws and regulations governing the particular situations of the labor activities developed in each of the Member Countries, which are not fully developed by all the member countries, generating legal insecurity and uncertainty for the migrant worker.

RESUMEN. Introducción: Los estudios de normatividad comparada se usan como una metodología de análisis jurídico basada en la comparación de las distintas aplicaciones e interpretaciones para casos similares, el interés en el derecho comparado radica en que nutre y ampliar la visión para el entendimiento internacional, que nos hace comprender la razón de ser de las normas en los distintos estados, de nuestro interés el concepto del ciudadano andino y el Estatuto migratorio que define que los migrantes trabajadores de Bolivia Colombia Perú y Ecuador tienen derechos, garantías y deberes adicionales a los de su país de nacimiento, estos nuevos derechos sociales son los otorgados desde el 11 de agosto 2021 mediante la decisión 878 estatuto migratorio andino. Al analizar si los trabajadores de salud que atendieron el COVID-19, se les considero en cada uno de sus países la exposición a riesgo ocupacional tipo biológico como de origen laboral, ya que el objetivo de la comunidad es estandarizar y normalizar conceptos y normativas y así permitir inferir si se tiene derecho a las prestaciones asistenciales y económicas objeto de cobertura al trabajador. Enfermedad Laboral en los trabajadores de la salud que atendieron la Pandemia. Material y Método: Se realizó una revisión exhaustiva en los canales oficiales de comunicación de la autoridad sanitaria de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia países miembros de la CAN, filtrando la información sobre cómo desarrollaron en sus normativas internas el COVID-19 como Enfermedad Laboral, identificando garantías y protecciones que brindan los Países a los Trabajadores de la Salud que se han encargado de la atención integral de esta contingencia. Estudio descriptivo que incluyo búsqueda entre abril a diciembre del 2021. Resultado: Posterior a la revisión, se reconoció el COVID-19 como Enfermedad Laboral en trabajadores de la salud, en 3 de los 4 Países, 1 de los Países lo determino como un problema de Salud Pública, así mismo se encontró que cada País, aborda de manera diferente los Riesgos Laborales, traduciéndose en que los Trabajadores de la Salud de la CAN, no tuvieron garantías y protecciones propias del sistema de Riesgos Laborales. Conclusiones: Falta desarrollo por parte de todos los Países que componen la CAN, frente a alinear su normatividad en materia de riesgos laborales, de tal forma que garanticen el acceso al Ciudadano Andino a gozar de las garantías que brinda la seguridad social de acuerdo a la norma supra nacional, Decisión 584 que aprueba un instrumento que establece las normas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como base para la gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las situaciones particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros, quienes no están desarrollado completamente por todos los países miembros, lo que generara una inseguridad jurídica y una incertidumbre en el trabajador migrante.

ABSTRACT Introduction: The studies of comparative law are used as a methodology of legal analysis based on the comparison of different applications and interpretations for similar cases, the interest in comparative law lies in that it nourishes and broadens the vision for international understanding, which makes us understand the rationale of the rules in different states, Of our interest is the concept of the Andean citizen and the migratory statute that defines that migrant workers from Bolivia, Colombia, Peru and Ecuador have additional rights, guarantees and duties to those of their country of birth, these new social rights are those granted since August 11, 2021 by decision 878 of the Andean migratory statute. When analyzing whether the health workers who attended the COVID-19, exposure to occupational biological risk was considered in each of their countries as of occupational origin, since the objective of the community is to standardize and normalize concepts and regulations and thus allow inferring whether they are entitled to the assistance and economic benefits covered to the worker Objective: To compare the legislation issued by the health authorities of the member countries of the Andean Community of Nations on COVID-19, and if this was configured as an Occupational Disease in health workers who attended the Pandemic. Material and Method: An exhaustive review was carried out in the official communication channels of the health authorities of Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia, CAN member countries, filtering the information on how they developed COVID-19 as an Occupational Disease in their internal regulations, identifying guarantees and protections provided by the countries to the health workers who have been in charge of the integral attention of this contingency. Descriptive study that included a search from April to December 2021. Results: After the review, COVID-19 was recognized as an Occupational Disease in health workers, in 3 of the 4 Countries, 1 of the Countries determined it as a Public Health problem, likewise it was found that each Country, approaches Occupational Risks differently, translating into the fact that Health Workers of the CAN, did not have guarantees and protections proper to the Occupational Risks system. Conclusions: There is a lack of development on the part of all the Countries that make up the CAN, with regard to aligning their regulations on labor risks, in such a way that they guarantee access to the Andean Citizen to enjoy the guarantees provided by social security in accordance with the supra-national regulation, Decision 584 which approves an instrument that establishes the fundamental rules on occupational safety and health, as a basis for the gradual and progressive harmonization of the laws and regulations governing the particular situations of the labor activities developed in each of the Member Countries, which are not fully developed by all the member countries, generating legal insecurity and uncertainty for the migrant worker.

Resumen: El trabajo sustenta que el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social, es inconstitucional y atentatorio a los derechos humanos, ya que el afiliado y sus deudos deberían recibir sus prestaciones económicas independientemente de que su patrono no haya pagado sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); sin tener que recurrir a acciones de protección en contra del Estado, por vulneración al derecho a la seguridad social, como sucede en muchos de los casos y que han sido materia de estudio. El objetivo del presente artículo es determinar a través del análisis jurídico, la inconstitucionalidad del referido artículo, en la vulneración a la concesión del derecho de montepío para los beneficiarios de los afiliados al IESS.

Abstract: The work sustains that Art. 94 of the Social Security Law is unconstitutional and violates human rights, since the member and their relatives should receive their financial benefits regardless of whether their employer has not paid their contributions to the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS); without having to resort to protective actions against the State, for violation of the right to social security, as happens in many of the cases that have been the subject of study. The objective of this article is to determine, through legal analysis, the unconstitutionality of the aforementioned article, in the violation of the concession of the right of Montepío for the beneficiaries of the members of the IESS.

Resumen El presente artículo se plantea si existe presencia de los daños punitivos en el ordenamiento jurídico español, para ello, se realiza un estudio de una de las fórmulas legislativas que más debate ha suscitado con respecto a dicha forma indemnizatoria: el recargo de las prestaciones del artículo 164 TRLGSS. Primero, se definirá el concepto de daños punitivos, aprovechando para situar los ordenamientos en los que se utiliza dicha fórmula indemnizatoria. Luego, se pormenorizarán algunas de sus más importantes características y funciones, para pasar a clasificarlos por tipos. Finalmente, se expondrán ejemplos extraídos de las legislaciones de ordenamientos de tradición escrita (civil law) con mención especial al artículo 164 TRLGSS, que hará preguntarse si la fórmula del recargo de las prestaciones es el principal precedente de los punitive damages en nuestro derecho.

Abstract The present article considers if punitive damages exist in the Spanish legal system, for which it is made the study of one of the legislative formulas that has aroused the greatest debate in regard to that indemnifying form: the benefits surcharge from the article 164 TRLGSS. First, it is defined the concept of punitive damages, identifying those systems in which such indemnifying formula is used. Then, some of its main functions and characteristics will be detailed, to classifiy them by types. Finally, examples extracted from the legislation of traditional written laws will be presented, with a special mention of the article 164 TRLGSS, which asks whether the formula of the benefits surcharge is the main precedent of punitive damages in our legal system.

RESUMEN Los trabajadores informales que puedan presentar accidentes de trabajo y que por derecho requieran acceder a las prestaciones que ofrece el sistema, deberán superar las barreras que fueron identificadas en dos momentos. El primero está determinado por el proceso de afiliación voluntaria al sistema, en tanto los requisitos exigidos no están pensados desde la realidad de este tipo de trabaja- dores. El segundo momento se presenta cuando el trabajador informal se afilia bajo una figura que no le corresponde. Si se presenta un accidente, la dificultad radicaría en demostrar el nexo causal del hecho dañoso con la actividad laboral, pues la equívoca normatividad frente a la definición de accidente de trabajo descrita por la Ley 1562 del 2012 vincula el accidente de trabajo con una relación de subordinación. Desde la reflexión jurídica nace la intención de evidenciar las dificultades que presentan los trabajadores informales para afiliarse voluntariamente, así como revelar las barreras para el acceso a las prestaciones asistenciales y económicas en caso de presentarse un accidente de trabajo.

ABSTRACT Informal workers that might have a work accident and require access to the benefits offered by the system must overcome the barriers identified during two moments. The first one is determined by the process of voluntary affiliation to the system given that the requirements are not thought from the reality of this kind of worker. The second moment presents itself when the informal worker is affiliated under the wrong figure. If an accident takes place the difficulty would reside in demonstrating the causal nexus of the harmful fact with the work activity, since the ambiguous definition of a work accident given by the 1562 Law of 2012 links the work accident with a subordinate relation. From the judicial reflection point of view is that the intention of making evident the difficulties faced by the informal workers for voluntarily affiliating comes from, as well as revealing the barriers for accessing the welfare and economic benefits in case of a work accident.

RESUMO Os trabalhadores informais que se acidentarem no trabalho e que, por direito, precisarem ter acesso ao auxílio-acidente que o sistema geral de riscos trabalhistas da Colômbia oferece deverão ultrapassar as barreiras que foram identificadas em dois momentos. O primeiro está determinado pelo processo de afiliação voluntária ao sistema, devido a que os requisitos não estão pensados para a realidade desse trabalhador. O segundo momento é apresentado quando o trabalhador informal se afilia sob uma figura que não lhe corresponde. Se um acidente acontecer, a dificuldade estaria em demonstrar o nexo causal do fato danoso com a atividade trabalhista, pois a equívoca regulação sobre a definição de acidente de trabalho descrita na Lei 1.562 de 2012 vincula este a uma relação de subordinação. Com base na reflexão jurídica, nasce a intenção de evidenciar as dificuldades que os trabalhadores informais apresentam para a afiliação voluntária, bem como revelar as barreiras para ter acesso às prestações assistenciais e econômicas em caso de ser apresentado um acidente de trabalho.

Resumen En el contexto generalizado de recursos limitados para financiar las intervenciones sanitarias disponibles para una población, se requieren criterios explícitos que permitan seleccionar el conjunto de prestaciones que aporten el mayor beneficio en salud posible con los recursos existentes. La evaluación económica de intervenciones sanitarias es una herramienta de análisis que compara los costes y los resultados en salud de programas sanitarios alternativos con el fin de informar sobre su eficiencia. El marco tradicional de la evaluación económica presenta algunas limitaciones para la evaluación específica de intervenciones de salud pública, como son los programas de vacunación, especialmente los destinados a la población pediátrica. Entre ellos se destacan los desafíos que presenta evaluar intervenciones donde los efectos en salud ocurren en el largo plazo, sobre poblaciones diferentes a las que se aplica la intervención, con posibles efectos adversos en población sana, con efectos intangibles considerables, con implicaciones relevantes sobre la desigualdad, y que requieren de la medición de resultados en salud en niños y niñas, así como en sus entornos. Entre las principales vías de avance para que las evaluaciones económicas sean capaces de abordar las problemáticas inherentes a los programas de vacunación en población pediátrica destacamos la posibilidad de emplear medidas de resultados capaces de captar beneficios de bienestar social más allá de las mejoras en salud individuales, así como la aplicación de los métodos que caractericen los efectos dinámicos y los altos niveles de incertidumbre cuando estos sean necesarios.

Abstract In the widespread context of limited resources to fund health care interventions available to a population, explicit criteria are required to select the health care package that achieves the maximum population health with existing resources. Economic evaluation of health interventions is an analytical tool that compares the costs and health benefits of alternative health programmes with the aim to inform about their efficiency. The traditional economic evaluation framework has some limitations for the specific evaluation of public health programmes such as vaccine programmes, especially for those targeted to the paediatric population. Among these, we highlight the challenges of evaluating interventions with long-term health effects on different populations to which the intervention is applied, with possible adverse events on healthy individuals, with considerable intangible effects, with relevant implications on inequalities, and that require the quantification of health effects on children as well as their relatives. The main lines of further developments for economic evaluation to address the inherent issues of vaccine programmes for children that we highlight consist in the possibility of using outcomes measures capable of capturing social well-being benefits beyond individual health improvements, as well as the application of methods to characterise dynamic effects and high levels of uncertainty when these are needed.

ABSTRACT Objective To assess the amount of employment generated from the effective development of the Dependency Act in 2012, by evaluating the number of jobs depending on whether in-kind services or cash benefits were applied. Methods The level and total costs of dependency were obtained by using the Survey on Disability, Personal Autonomy and Dependency Situations of 2008. The consumption of dependent households was collected from the Household Budget Survey of 2012 carried out by the Spanish Statistics Institute. The impact on employment was estimated using an extended Input-Output model based on Symmetric Input-Output Tables and labour data from the Spanish National Accounts Base. Results The total estimated costs of dependency in 2012 were 4,545 million Euros for in-kind services and 2,662 for cash benefits. One hundred and ninety-five thousand, six hundred and sixty-eight jobs were generated in 2012 from dependency costs, and132,997 were linked to in-kind services and 62,671 to cash benefits. Every million Euros allocated for dependency by the Government returned 53.33 jobs linked to in-kind services and 46.21 to cash benefits. Furthermore, 341,505 jobs would have been created if dependency benefits had been exclusively offered via in-kind services. Conclusions Dependency benefits were equally distributed between in-kind services and cash benefits in 2012. Given that two out of three job positions generated from dependency benefits are linked to in-kind services, while the remaining third is generated by cash benefits, we conclude that around 146 thousand more jobs would have been generated if benefits had been offered as in-kind services instead of overusing cash benefits.

RESUMEN Objetivo Estimar la creación de empleo generada por la implantación de la Ley de Dependencia en 2012, evaluando el número de puestos de trabajo vinculados a servicios y a prestaciones económicas. Métodos Los grados y los costes totales de la dependencia se han obtenido de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008. El consumo de los hogares dependientes proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012. La creación de empleo se ha estimado con un modelo ampliado input-output basado en las tablas simétricas input-output y en datos de empleo de la Contabilidad Nacional de España. Resultados Los costes totales de dependencia estimados en 2012 fueron de 4545 millones de euros en servicios y 2662 millones de euros en prestaciones económicas. Se generaron 195.668 empleos vinculados a prestaciones de dependencia en 2012, 132.997 asociados a servicios y 62.671 a prestaciones económicas. Cada millón de euros asignados a prestaciones de dependencia por la Administración generó 53,33 empleos vinculados a servicios y 46,21 a prestaciones económicas. Además, se habrían creado 341.505 empleos si las prestaciones de dependencia hubieran sido asignadas únicamente como servicios. Conclusiones Los costes de dependencia se distribuyeron por igual entre servicios y prestaciones económicas en 2012. Dado que dos de cada tres empleos generados por las prestaciones de dependencia están vinculados a servicios, mientras que el tercio restante a prestaciones económicas, se habrían generado 146.000 empleos más si todas las prestaciones hubieran sido asignadas como servicios en lugar de la masiva utilización de prestaciones económicas.

RESUMEN Objetivo Estimar la creación de empleo generada por la implantación de la Ley de Dependencia en 2012, evaluando el número de puestos de trabajo vinculados a servicios y a prestaciones económicas. Métodos Los grados y los costes totales de la dependencia se han obtenido de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008. El consumo de los hogares dependientes proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2012. La creación de empleo se ha estimado con un modelo ampliado input-output basado en las tablas simétricas input-output y en datos de empleo de la Contabilidad Nacional de España. Resultados Los costes totales de dependencia estimados en 2012 fueron de 4545 millones de euros en servicios y 2662 millones de euros en prestaciones económicas. Se generaron 195.668 empleos vinculados a prestaciones de dependencia en 2012, 132.997 asociados a servicios y 62.671 a prestaciones económicas. Cada millón de euros asignados a prestaciones de dependencia por la Administración generó 53,33 empleos vinculados a servicios y 46,21 a prestaciones económicas. Además, se habrían creado 341.505 empleos si las prestaciones de dependencia hubieran sido asignadas únicamente como servicios. Conclusiones Los costes de dependencia se distribuyeron por igual entre servicios y prestaciones económicas en 2012. Dado que dos de cada tres empleos generados por las prestaciones de dependencia están vinculados a servicios, mientras que el tercio restante a prestaciones económicas, se habrían generado 146.000 empleos más si todas las prestaciones hubieran sido asignadas como servicios en lugar de la masiva utilización de prestaciones económicas.

ABSTRACT Objective To assess the amount of employment generated from the effective development of the Dependency Act in 2012, by evaluating the number of jobs depending on whether in-kind services or cash benefits were applied. Methods The level and total costs of dependency were obtained by using the Survey on Disability, Personal Autonomy and Dependency Situations of 2008. The consumption of dependent households was collected from the Household Budget Survey of 2012 carried out by the Spanish Statistics Institute. The impact on employment was estimated using an extended Input-Output model based on Symmetric Input-Output Tables and labour data from the Spanish National Accounts Base. Results The total estimated costs of dependency in 2012 were 4,545 million Euros for in-kind services and 2,662 for cash benefits. One hundred and ninety-five thousand, six hundred and sixty-eight jobs were generated in 2012 from dependency costs, and132,997 were linked to in-kind services and 62,671 to cash benefits. Every million Euros allocated for dependency by the Government returned 53.33 jobs linked to in-kind services and 46.21 to cash benefits. Furthermore, 341,505 jobs would have been created if dependency benefits had been exclusively offered via in-kind services. Conclusions Dependency benefits were equally distributed between in-kind services and cash benefits in 2012. Given that two out of three job positions generated from dependency benefits are linked to in-kind services, while the remaining third is generated by cash benefits, we conclude that around 146 thousand more jobs would have been generated if benefits had been offered as in-kind services instead of overusing cash benefits.

Resumen La Ley 9/2016 del 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, ha conformado un nuevo statu quo en la protección social de la comunidad autónoma. Se plantea su estudio en dos fases concatenadas, en las que se pretende comprobar si la regulación y la gestión en los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Almería, de prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas de alimentación y alojamiento, respetan el espíritu de la Ley aprobada recientemente. En la primera fase, se ha diseñado un sistema de análisis de las prestaciones y, en la segunda, se aplica ese sistema a las prestaciones previamente determinadas.

Resumen Law 9/2016 of 27 December, regulating Social Services in Andalucía, has created a new status quo regarding social protection in the autonomous community. The article studies it in two connected stages, in order to determine whether the regulation and management of Community Social Services in the province of Almería, of economic contributions to cover basic food and housing needs, respect the spirit of the recently approved Law. The first stage presents the design of a system to analyze the contributions, and the second, applies that system to the contributions established beforehand.

Resumo A Lei 9/2016 de 27 de dezembro, de Serviços Sociais de Andaluzia, confirmou um novo statu quo na proteção social da comunidade autônoma. Propõe-se um estudo em duas fases conectadas, nas quais se pretende comprovar se a regulamentação e a gestão nos Serviços Sociais Comunitários da província de Almería, de prestações econômicas para a cobertura de necessidades básicas de alimentação e moradia, respeitam o espírito da Lei aprovada recentemente. Na primeira fase, um sistema de análise das prestações foi desenhado e, na segunda, esse sistema foi aplicado às prestações previamente determinadas.

Introdução: o crescimento sustentado do gasto em saúde observado no nível mundial tem dado lugar à necessidade de atribuir eficientemente os recursos. Para isso, as avaliações económicas constituem uma valiosa ferramenta para a tomada de decisões no setor saúde. Para a sua implementação devem-se estimar os custos das alternativas a ser avaliadas. Entre os estudos de custos encontram-se os que estimam os custos de doenças, os quais permitem identificar, quantificar e valorar todos os recursos económicos compreendidos em uma decisão relativa ao processo de saúde-doença-atenção. Objetivo: propõe-se descrever como as diferentes perspectivas de análise podem modificar a estimação de custos de uma condição de saúde. Material e métodos: se realizou um estudo descritivo com base a uma revisão não sistemática da literatura acerca da perspectiva de análise nos estudos de custos de doenças incluindo trabalhos de investigação no período compreendido entre 1960 e 2015. Resultados: observa-se que as estimulações dos custos associados a uma doença consideram, na maioria das perspectivas, só os custos diretos sanitários derivados das prestações necessárias para a prevenção e tratamentos de doenças. Salvo desde a perspectiva do paciente e a sua família, os custos diretos não sanitários não costumam incluir-se nas valorações económicas da uma doença. Os custos indiretos e intangíveis só estão presentes em forma indireta quando desde a perspectiva do profissional, o Estado ou o terceiro pagador se tomam decisões em função de estudos do tipo custo-utilidade nos que subjaze a qualidade de vida dos pacientes. Discussão: não reconhecer todos os custos que intervém em uma doença pode subestimar o impacto económico da mesma, dando lugar a políticas sanitárias incorretas, ineficiente atribuição de recursos e avaliações parciais dos custos associados a tratamentos ou alternativas disponíveis, o qual poderia enviesar os resultados obtidos em estudos do tipo custo efetividade utilizados para guiar a prática médica e a cobertura de prestações

Introducción: el crecimiento sostenido del gasto en salud observado a nivel mundial ha dado lugar a la necesidad de asignar eficientemente los recursos. Para ello, las evaluaciones económicas constituyen una valiosa herramienta para la toma de decisiones en el sector salud. Para su implementación se deben estimar los costos de las alternativas a ser evaluadas. Entre los estudios de costos se encuentran los que estiman los costos de enfermedades, los cuales permiten identificar, cuantificar y valorar todos los recursos económicos comprendidos en una decisión relativa al proceso de salud-enfermedad-atención. Objetivo: describir cómo las diferentes perspectivas de análisis pueden modificar la estimación de costos de una condición de salud. Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo con base en una revisión no sistemática de la literatura acerca de la perspectiva de análisis en los estudios de costos de enfermedades en el periodo comprendido entre 1960 y 2015. Resultados: se observa que las estimaciones de los costos asociados a una enfermedad consideran, en la mayoría de las perspectivas, solo los costos directos sanitarios derivados de las prestaciones necesarias para la prevención y tratamiento de enfermedades. Salvo desde la perspectiva del paciente y su familia, los costos directos no sanitarios no suelen incluirse en las valoraciones económicas de una enfermedad. Los costos indirectos e intangibles solo están presentes en forma indirecta cuando desde la perspectiva del profesional, el Estado o el tercer pagador se toman decisiones en función de estudios del tipo costo-utilidad en los que subyace la calidad de vida de los pacientes. Discusión: no reconocer todos los costos que intervienen en una enfermedad puede subestimar el impacto económico de la misma dando lugar a políticas sanitarias incorrectas, ineficiente asignación de recursos y evaluaciones parciales de los costos asociados a tratamientos o alternativas disponibles, lo cual podría sesgar los resultados obtenidos en estudios del tipo costo efectividad utilizados para guiar la práctica médica y la cobertura de prestaciones

Introduction: The worldwide sustained growth of health spending leads us to study the efficient resources allocation of the health sector. In this context, economic evaluations constitute a valuable tool for decision making. In order to do so, it is necessary to estimate the costs of the evaluated alternatives. Cost studies include disease costs estimations which identify, quantify and evaluate all the economic resources involved in a health-disease-care process decision. Objective: Describe how the different perspectives of analysis can modify the cost estimations of the same health condition. Materials and methods: Descriptive study based on a non-systematic review of the literature about the analysis' perspective of the studies regarding the costs of the diseases during the period 1960-2015. Results: It is observed that, in most cases, the cost estimates consider the direct health costs derived from the benefits of the prevention and treatment of diseases. The perspective of the patient and his/her family presents an exception. From this perspective direct nonhealth costs are not usually included in the economic valuations of a disease. Indirect and intangible costs are only indirectly taken into account from the perspective of the professional, the state or the third-party payer, when decisions are made based on cost-utility studies that underlie the quality of life of patients. Discussion: Not recognizing all the costs involved in a disease may underestimate the economic impact of the disease leading to incorrect health policies, inefficient allocation of resources and partial assessments of the costs associated with available treatments or alternatives, which could bias the results obtained in cost-effectiveness studies used to guide medical practice and benefit coverage

Resumo Objetivo . Verificar a associação da incapacidade funcional e do número de morbidades com variáveis sócio-demográficas, econômicas e de saúde. Métodos . Trata-se de inquérito domiciliar, de abordagem quantitativa e transversal, realizado com 1 693 idosos em Uberaba-MG no ano de 2012. Utilizou-se o Mini Exame de Estado Mental, Escala de Katz, Escala de Lawton e Brody, Escala de Depressão Geriátrica Abreviada e instrumento semiestruturado para avaliação dos dados sócio-demográficos, econômicos e morbidades. Resultados . A incapacidade funcional para atividades básicas da vida diária esteve associada à maior faixa etária, maior número de morbidades e presença de indicativo de depressão. Em relação às atividades instrumentais de vida diária, a incapacidade funcional relacionou-se à maior idade, menor escolaridade e renda, maior número de morbidades e ter indicativo de depressão. O maior número de morbidades esteve associado ao sexo feminino, maior idade, menor renda e indicativo de depressão. Conclusão . Este estudo evidencia a necessidade de ações em saúde direcionadas aos idosos mais velhos, com menor escolaridade e renda e indicativo de depressão, visando minimizar a dependência para o desempenho da capacidade funcional e impacto sobre as morbidades.

Resumen Objetivos. Investigar la asociación de la incapacidad funcional y el número de morbilidades con variables sociodemográficas, económicas y de salud entre los ancianos. Métodos. Se trata de una encuesta de hogares, de enfoque cuantitativo y transversal, realizado con 1 693 personas mayores en Uberaba-MG en 2012. Se utilizaron los instrumentos: Mini Examen del Estado Mental, Escala de Katz, Escala de Lawton y Brody y la Escala de Depresión Geriátrica Abreviada. También, se recolectó información sobre datos demográficos, económicos y de morbilidad. Resultados. La incapacidad funcional en actividades básicas de la vida diaria se asoció con la edad, el número de comorbilidades y la presencia de depresión. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria, la incapacidad funcional se relaciona con la edad, la educación y los ingresos más bajos, además del mayor número de comorbilidades y de probable depresión. El mayor número de comorbilidades se asoció con el sexo femenino, la edad avanzada, menores ingresos y probable depresión. Conclusión. Este estudio pone de relieve la necesidad de que las acciones de salud dirigidas a los más ancianos, con menos educación e ingresos, e indicativa de la depresión, con el fin de reducir al mínimo la dependencia de las prestaciones de la capacidad funcional y el impacto en la morbilidad.

Abstract Objectives. To investigate the association of functional incapacity and the number of morbidities with sociodemographic, economic and health variables. Methods. This is a household survey, quantitative and transversal approach, conducted with 1,693 elderly in Uberaba-MG in 2012. We used the Mini-Mental State Examination, Katz Scale, Lawton and Brody Scale; Geriatric Depression Scale abbreviated and semi-structured instrument for evaluation of demographic data, economic and morbidities. Results. Functional incapacity in basic activities of daily living was associated with older age, a greater number of morbidities and presence of indicative of depression. Regarding the instrumental activities of daily living, functional incapacity was related to age, lower education and income, the greater number of morbidities and have indicative of depression. The largest number of comorbidities was associated with female sex, older age, lower income and indicative of depression. Conclusion. This study highlights the need for health actions directed to the oldest old, with less education and income, and indicative of depression to minimize the dependency on the performance of functional capacity and impact on morbidities.

Lumbar diseases, psychiatric disorders and breast cancer are the three main cause's long-term medical disability. The long medical disabilities involve above all high costs in "human capital" and costs "health capital" worker serious consequences; it is a public health issue with an enormous impact on the economic system and benefit the public health system and social security benefits. It is urgent the development of a map of Disability in Spain, to meet risk population, risk markers, risk factors and evolution of long-term medical disabilities, and know evolution the protected own risk. If we know the crippling impact of the loss of health in the working population will proceed to better management and adaptation of public resources for care, health promotion, prevention, reintegration and services around the temporary and permanent disability. Among the risks of prolonged medical disabilities are the risk of job loss, increased risk of permanent disability, decreased quality of life, health risks, deterioration of family life and relationship, spending in support of their situation, not public health expenditures and a precarious situation and conflict to return to work. The best prevention is to know why sick and the best social protection knows what we spend. To avoid the problems return to work after a long disability is necessary to know how many factors cause them, as well as personal, labour, social and demographic circumstances that modulate and the evolution of both temporary and permanent disabling situations, beyond spending to really know the status of occupational health at all times and to adopt policies to improve. Conclusions: Measures to prevent or alleviate the problems return to work after long working medical disabilities. Within the long-term sick, those that cause real problems to return to work are those that last more than 6 months or extend up to the maximum period of the year, or which are under extension or permanent disabilities revised. It is urgent the development of a map of the disability in Spain, to meet the population at risk, know not only how much (the cost or number) but the causes of prolonged disability. To shorten the long, first and foremost disabilities, which corresponds to the lower right situation indicated or both at the beginning and at the end, not protected shelter situations they cover. That health care is provided in a timely manner, without waiting lists. Protocoled early care units, especially in mental disorders or musculoskeletal. It is essential for greater communication, coordination and cooperation among health care medical field (provision and health care), the medical field evaluation (economic benefits) and the labor of medicine (care, prevention and monitoring occupational health), creating a flow of information between these three areas, promoting access to medical history and knowledge of the skills required by the job using occupational assessment records for workers in temporary disability. We must promote the adequacy of long medical disability situations and adaptation in the return to work and allow the gradual reintegration of the worker "with" high partial to facilitate re-entry into work and prevent relapses.

Las dolencias lumbares, la patología psiquiátrica y el cáncer de mama son las tres principales causas de incapacidad médica prolongada. Las incapacidades laborales largas suponen ante todo elevados costes en "capital humano" y costes en "capital salud" del trabajador de graves consecuencias; las incapacidades médicas largas son un tema de salud pública con enormes repercusiones en el sistema económico y de prestaciones del sistema público de salud y de prestaciones de la seguridad social. Es urgente la elaboración de un Mapa de la Incapacidad en España, para conocer población de riesgo, marcadores de riesgo, factores de riesgo y evolución de las incapacidades médicas de larga duración, es decir el propio riesgo protegido. Si conocemos el impacto incapacitante de la pérdida de salud en la población trabajadora se procederá a una mejor gestión y adecuación de recursos públicos destinados a la atención, promoción, prevención, reintegración, y prestaciones en torno a la incapacidad temporal y permanente. Entre los riesgos derivados de las incapacidades médicas prolongadas se encuentran el riesgo de pérdida de trabajo, aumento del riesgo de incapacidad permanente, disminución de calidad de vida, riesgos en la salud, deterioro de la vida familiar y de relación, gastos en apoyo a su situación, gastos sanitarios no públicos y una situación de precariedad y conflicto para la vuelta al trabajo. La mejor prevención es conocer por qué enfermamos y la mejor protección social es saber en qué gastamos. Para evitar los problemas a la reincorporación laboral tras larga incapacidad es preciso conocer cuántos factores la causan, así como las circunstancias personales, laborales, sociales y demográficas que la modulan y conocer la evolución de las situaciones incapacitantes tanto temporales como permanentes, más allá del gasto, para conocer realmente el estado de la salud laboral en cada momento y poder adoptar políticas de mejora. Y es preciso adecuación de los procesos de incapacidad, facultar la reincorporación parcial, conocimiento compartido de limitaciones y evolución del proceso y capacidades que requiere el trabajo. Conclusiones: Es urgente la elaboración de un mapa de la incapacidad en España, para conocer la población de riesgo, conocer no sólo el cuánto (el coste o su número) sino las causas de las incapacidades prolongadas. Adopción de medidas para evitar o paliar los problemas al retorno laboral tras incapacidades médicas laborales largas. Dentro de las bajas de larga duración, las que ocasionan de verdad problemas a la reincorporación laboral son las que duran más de 6 meses, o se prolongan hasta el período máximo del año, o las que están en fase de prórroga o a las incapacidades permanentes revisadas. Para acortar las incapacidades largas, primero y principal, que la baja corresponda a situación indicada o adecuada, tanto en el inicio como en su final, que no se amparen situaciones de refugio protegido. Que la atención sanitaria se preste en tiempo y forma, sin listas de espera. Protocolizar unidades de atención temprana, sobre todo en patologías psíquicas o del aparato locomotor. Es imprescindible una mayor comunicación, coordinación y cooperación entre el ámbito médico sanitario (prestación y atención sanitaria), el ámbito médico evaluador (prestaciones económicas) y el ámbito médico laboral (atención, prevención y vigilancia salud laboral), creando un flujo de información entre estas tres áreas, propiciando acceso a la historia clínica y al conocimiento de las capacidades que requiere el trabajo mediante el uso de fichas de valoración ocupacional para trabajadores en incapacidad temporal. Hay que favorecer la adecuación de las situaciones de incapacidad médica larga y la adaptación en el retorno al trabajo, así como posibilitar la reintegración paulatina del trabajador" con "altas parciales" que faciliten el reingreso al trabajo y prevengan recaídas.

El objetivo del presente trabajo es realizar un breve repaso a los aspectos más controvertidos de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que han protagonizado en los últimos años fuertes debates entre el Estado y las comunidades autónomas. Los problemas de financiación surgidos tras una mala planificación inicial, el declive en las aportaciones de la Administración General del Estado en los últimos años, incluyendo la supresión del nivel acordado, y una baja recaudación del usuario mediante copago, han colmado de esfuerzo económico a las comunidades autónomas por mantener dicha política social, en un ambiente gobernado por la falta de transparencia del sistema. Por otro lado, las reformas normativas de mediados de 2012, con la finalidad de aliviar los presupuestos estatales y autonómicos, han supuesto un claro retroceso en el espíritu de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes y sus familias. Todas estas premisas han contribuido a un panorama muy heterogéneo de aplicación territorial de la norma, en el que se observan claras diferencias en las listas de espera, abuso de concesión de prestaciones económicas por parte de algunas regiones y disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones y los servicios.

The aim of this study was to provide a brief overview of the most controversial aspects of the Spanish Act of Promotion of Personal Autonomy and Long-Term Care 39/2006, which, in the last few years, has led to heated debates between the state and the autonomous regions. Because of the funding problems due to initial poor planning, the decline of contributions from the Spanish Government in the last few years, including the suppression of the agreed level, and low cash collection from the user through copayment, the autonomous regions have had to provide significant economic resources to maintain this social policy in an environment characterised by a lack of transparency of the system. In addition, the regulatory reforms of mid-2012 to ease the burden on state and autonomous budgets have represented a clear setback to the spirit of the act and a loss of welfare to dependent individuals and their families. All these circumstances have contributed to a widely heterogeneous picture in the territorial implementation of the act, with clear differences in waiting lists, abuse in the granting of cash benefits in some regions, and differences in the number of applications for benefits and services.

The aim of this study was to provide a brief overview of the most controversial aspects of the Spanish Act of Promotion of Personal Autonomy and Long-Term Care 39/2006, which, in the last few years, has led to heated debates between the state and the autonomous regions. Because of the funding problems due to initial poor planning, the decline of contributions from the Spanish Government in the last few years, including the suppression of the agreed level, and low cash collection from the user through copayment, the autonomous regions have had to provide significant economic resources to maintain this social policy in an environment characterised by a lack of transparency of the system. In addition, the regulatory reforms of mid-2012 to ease the burden on state and autonomous budgets have represented a clear setback to the spirit of the act and a loss of welfare to dependent individuals and their families. All these circumstances have contributed to a widely heterogeneous picture in the territorial implementation of the act, with clear differences in waiting lists, abuse in the granting of cash benefits in some regions, and differences in the number of applications for benefits and services.

El objetivo del presente trabajo es realizar un breve repaso a los aspectos más controvertidos de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que han protagonizado en los últimos años fuertes debates entre el Estado y las comunidades autónomas. Los problemas de financiación surgidos tras una mala planificación inicial, el declive en las aportaciones de la Administración General del Estado en los últimos años, incluyendo la supresión del nivel acordado, y una baja recaudación del usuario mediante copago, han colmado de esfuerzo económico a las comunidades autónomas por mantener dicha política social, en un ambiente gobernado por la falta de transparencia del sistema. Por otro lado, las reformas normativas de mediados de 2012, con la finalidad de aliviar los presupuestos estatales y autonómicos, han supuesto un claro retroceso en el espíritu de la ley y una pérdida de bienestar de los dependientes y sus familias. Todas estas premisas han contribuido a un panorama muy heterogéneo de aplicación territorial de la norma, en el que se observan claras diferencias en las listas de espera, abuso de concesión de prestaciones económicas por parte de algunas regiones y disparidades en el número de solicitudes de acceso a las prestaciones y los servicios.