Abstract In the context of the international political economy, the human rights protection regime and the foreign investor regime are in tension because of a legal architecture that privileges freedom of capital. A content analysis of the Escazú Agreement would reveal, with respect to access to justice in environmental matters, that individuals and civil society have access to judicial and administrative instances contemplated in national legislation, while foreign investors under bilateral investment treaties (BITs) and free trade agreements (FTAs) have access to justice through international arbitration tribunals that are not always independent, impartial and that privilege the interests of the market. This legal architecture conditions the actions of States in relation to society and its rights. The conclusions point out that the Escazú Agreement faces legal challenges in terms of the investor protection regime, where economic guarantees limit concrete actions to address the climate crisis, protect the environment or enforce human rights.

Resumen En el contexto de la economía política internacional, el régimen de protección de derechos humanos y el régimen de inversores extranjeros atraviesan tensiones como resultado de una arquitectura jurídica que privilegia la libertad de capitales. Un análisis de contenido del Acuerdo de Escazú revelaría, respecto al acceso a la justicia en temas ambientales, que las personas y la sociedad civil acceden a instancias judiciales y administrativas contempladas en la legislación nacional de cada país, mientras que los inversores extranjeros, bajo la figura de los tratados bilaterales de inversión (TBI) y libre comercio (TLC), recurren a la justicia mediante tribunales de arbitraje internacional que no siempre son independientes, imparciales y que privilegian los intereses del mercado. Esta arquitectura jurídica condiciona el accionar de los Estados frente a la sociedad civil y sus derechos. El Acuerdo de Escazú atraviesa desafíos jurídicos frente al régimen de protección a los inversores, en el cual las garantías económicas limitan las acciones concretas para abordar la crisis climática, proteger el medioambiente o hacer efectivos los derechos humanos.

Resumen El presente artículo analiza uno de los temas trascendentales que todo país que aspira seguir la senda del desarrollo económico debe enfrentar, este es, el relativo a la seguridad, celeridad y eficiencia que el sistema registral respectivo otorga al tráfico jurídico inmobiliario. En efecto, el actual dinamismo económico exige una libre circulación de la riqueza en todo ámbito; es decir, en lo que atañe a esta investigación, que las operaciones inmobiliarias sean expeditas y que el Derecho Registral Inmobiliario otorgue una adecuada seguridad jurídica a los agentes que intervienen en ellas. En este sentido, la presente investigación tiene por objeto determinar si el sistema registral chileno otorga la debida seguridad jurídica al tráfico inmobiliario en su respectivo registro de propiedad y en la calificación registral. Para cumplir con ese objetivo, se exponen algunas particularidades presentes en nuestro sistema, considerando la normas legales y reglamentarias actualmente vigentes en cuanto al catastro inmobiliario.

Abstract The article analyses one of the transcendental issues that every country that aspires to follow the path of economic development must face, that is, the security, speed, and efficiency that the respective registry system grants to the real estate legal traffic. In fact, the current economic dynamism demands a free circulation of wealth in all areas as far as this research is concerned, that real estate transactions be expeditious and that the Real Estate Registry Law grants an adequate legal security to the agents involved in them. In this sense, the purpose of this research is to determine whether the Chilean registry system provides adequate legal certainty to the real estate traffic in its respective property registry and in the registry qualification. To meet this objective, some particularities present in our system are presented, considering the legal and regulatory norms currently in force regarding the real estate cadaster.

Abstract This paper investigates the positionings and discursive struggles between the key political actors around the expropriation project of Vicentin conglomerate, during the government of Alberto Fernández. As a result of the research work, we found an intense hegemonic struggle around the project. On the one hand, we found a package of discourses that expressed itself in favor of the measure and was condensed in the defense of food sovereignty, the rescue of a strategic company to control prices in the domestic market, regulate the foreign exchange and avoid abrupt devaluations, preserve jobs and guarantee payment to their creditors. In addition, it affirmed that it was an exceptional measure, stressed that Vicentin was bankrupt and accused of fraudulent maneuvers. On the other, we found a discursive package contrary to the project, which invoked as arguments the unconstitutionality of the measure and its negative effects on legal certainty and confidence necessary to attract investment. In addition, it maintained that all Argentines were going to take over the debt of a private company, classified the defense of food sovereignty as an ‘excuse’ or considered that Argentina was on the way to a ‘chavista’ model. Finally, we address the hegemonic impact at the institutional and social level, which generated social protests and a judicialization of politics and ended in the blocking of the project.

Resumen Este trabajo investiga los posicionamientos y disputas discursivas entre los actores políticos clave en torno al proyecto de expropiación del conglomerado Vicentin, durante el gobierno de Alberto Fernández (junio-julio de 2020). Como resultado del análisis empírico-discursivo, encontramos una intensa lucha hegemónica en torno al proyecto. Por un lado, hallamos un paquete de discursos que se expresaba a favor de la medida y se condensaba en la defensa de la soberanía alimentaria, el rescate de una empresa estratégica para regular los precios del mercado interno, controlar las divisas y evitar devaluaciones bruscas, preservar los puestos de trabajo y garantizar el pago a sus acreedores. Además, afirmaba que se trataba de una medida excepcional, destacaba que Vicentin se hallaba en quiebra y acusada de maniobras fraudulentas. Por el otro, encontramos un paquete discursivo contrario al proyecto, que invocaba como argumentos la inconstitucionalidad de la medida y sus efectos negativos sobre la seguridad jurídica y la confianza necesaria para atraer inversiones. Además, sostenía que todos los argentinos tendrían que hacerse cargo de la deuda de una empresa privada, catalogaban como una “excusa” la defensa de la soberanía alimentaria y consideraban que Argentina iba camino a un modelo “chavista”. En la última parte del artículo, abordamos el impacto hegemónico de la medida a nivel institucional y social, que derivó en protestas sociales y una judicialización de la política y concluyó en el bloqueo del proyecto.

Resumo Este artigo está inserido no campo do direito agrário e ambiental e tem como objetivo saber se e em que medida a política de regularização fundiária na Amazônia tem sido capaz de alcançar seu propósito de cumprir a função social da propriedade. Para tanto, o artigo, inicialmente, aborda toda a disciplina normativa da regularização fundiária federal, a partir da Constituição Federal de 1988. Em seguida, enfrenta os efeitos dessa política na prática, a partir de um recorte amostral na região do Vale do Jamanxim, no sudoeste paraense. Nesse contexto, analisa o cenário da ocupação das terras federais, os destinatários efetivos da regularização fundiária, a dimensão das áreas regularizáveis, a dinâmica do desmatamento, os preços pagos pelas terras e o tema da segurança jurídica diante dos “títulos” expedidos. Os resultados encontrados militam no sentido de que a política de regularização fundiária tem fomentado a reconcentração fundiária e o desmatamento, uma vez que é voltada, na prática, para atender majoritariamente, em termos de áreas, grandes e médias propriedades; além disso, a permanente expectativa da regularização incentiva a continuidade do uso das terras e a supressão de sua cobertura florestal. Conclui-se, assim, que a política de regularização fundiária de terras públicas na Amazônia se degenerou a ponto de servir ao avesso do atendimento à função social da propriedade, estimulando a grilagem, a degradação ambiental e os conflitos inerentes a elas. propriedade tanto inicialmente federal 1988 seguida prática Jamanxim paraense contexto federais regularizáveis desmatamento títulos “títulos expedidos voltada majoritariamente propriedades disso florestal Concluise, Concluise Conclui se, Conclui-se assim grilagem elas 198 19 1

Resumen Este artículo está inserto en el campo del Derecho Agrario y Ambiental, y su objetivo es conocer si y en qué medida la política de regularización de tierras en la Amazonía ha logrado su propósito de cumplir la función social de la propiedad. Con ese fin, el trabajo aborda primero toda la disciplina normativa de la regularización federal de tierras, a partir de la Constitución Federal brasileña de 1988. Luego, enfrenta los efectos de esa política en la práctica, a partir de un corte de muestra en la región del Vale do Jamanxim, en el sudoeste de Pará. En ese contexto, analiza el escenario de ocupación de tierras federales, los destinatarios efectivos de la regularización de tierras, el tamaño de las áreas sujetas a regularización, la dinámica de la deforestación, los precios pagados por la tierra y el tema de la seguridad jurídica en relación con los “títulos” emitidos. Los resultados encontrados militan en el sentido de que la política de regularización de tierras ha favorecido la reconcentración de tierras y la deforestación, ya que está orientada, en la práctica, a atender mayoritariamente, en términos de superficie, a las grandes y medianas propiedades, así como a la expectativa permanente de la regularización favorece la continuidad del uso del suelo y la supresión de su cubierta forestal. Concluye, por lo tanto, que la política de regularización de la tenencia de tierras públicas en la Amazonía ha degenerado al punto de cumplir lo contrario de cumplir la función social de la propiedad, fomentando el acaparamiento de tierras, la degradación ambiental y los conflictos inherentes a ellas. Ambiental propiedad fin 1988 Luego práctica Jamanxim Pará contexto federales deforestación títulos “títulos emitidos orientada mayoritariamente superficie propiedades forestal Concluye tanto ellas 198 19 1

Abstract This is a paper on Agrarian and Environmental Law and aims to understand if the land regularization policy in the Amazon has been able to achieve its purpose of fulfilling the social function of property. The work, first, addresses the entire discipline of federal land regularization, since the 1988 Brazilian Federal Constitution. Then, it faces the effects of this policy in practice, from a sample cut in the region of the Jamanxim Valley, in the State of Pará. In this context, it analyses the scenario of federal lands occupation, the numbers concerning who tend to be the effective recipients the policy, the dimension of the areas that can be regularized, the dynamics of deforestation, the prices paid for the lands and the issue of legal certainty concerning the “titles” issued. The results found show that land regularization has fostered land reconcentration and deforestation, since it is aimed, in practice, at serving, mostly, large and medium-sized properties, as well as the permanent expectation of regularization encourages the continuity of land grab. It concludes, therefore, that the land regularization policy in the Amazon has degenerated to the point of serving the opposite of the social function of property, encouraging land grabbing, environmental degradation and the conflicts concerning to them. property work first 198 Constitution Then practice Valley Pará context occupation regularized deforestation titles “titles issued aimed mostly mediumsized medium sized properties grab concludes therefore grabbing them 19 1

Resumen: A partir de una visión wittgensteiniana del significado de las palabras se analizan la legislación y la jurisprudencia mexicanas para determinar el concepto del discurso de odio en el derecho de México. Se encuentra que el discurso de odio puede considerarse una manifestación de ideas e información que, al mismo tiempo, constituye el despliegue de una o más acciones reprobables. Sin embargo, las inconsistencias en las decisiones de los tribunales no permiten establecer que tal discurso sea sancionable. Este rasgo debería inferirse del sistema jurídico. Su indeterminación implica no solo la falta de claridad conceptual, sino la inseguridad jurídica del sistema.

Abstract: From a Wittgensteinian perspective on the meaning of words, Mexican legislation and jurisprudence are analyzed to determine the concept of hate speech in Mexican law. It is found that hate speech can be considered a manifestation of ideas and information that simultaneously constitutes the execution of one or more reprehensible actions. However, inconsistencies in court decisions do not allow for the establishment that such speech is punishable. This characteristic should be inferred from the legal system. Its indeterminacy implies not only a lack of conceptual clarity but also legal uncertainty within the system.

Resumo: A partir de uma visão wittgensteiniana do significado das palavras, são analisadas a legislação e a jurisprudência mexicanas para determinar o conceito de discurso de ódio no Direito mexicano. Verifica-se que o discurso de ódio pode ser considerado uma manifestação de ideias e informações que, ao mesmo tempo, constitui o desdobramento de uma ou mais ações reprováveis. No entanto, as inconsistências nas decisões judiciais não permitem estabelecer que tal discurso seja sancionável. Esta característica deveria ser inferida do sistema jurídico. A sua indeterminação implica não só a falta de clareza conceptual, mas também a insegurança jurídica do sistema.

RESUMEN: La legislación chilena optó por preferir la aplicación de la norma especial antielusiva por sobre la aplicación de una norma general antielusiva. Este trabajo analiza cuatro diferencias de combatir la elusión mediante una u otra norma en el sistema tributario chileno. Además, se identifican y analizan tres situaciones complejas en las que no es claro si es aplicable una norma general antielusiva, proponiendo una solución en cada caso. El estudio concluye destacando que estos temas son esenciales para la certeza jurídica de los contribuyentes y el correcto funcionamiento del sistema tributario.

ABSTRACT: Chilean law opted to prefer the application of the Special Anti-Avoidance Rule over the application of a General Anti-Avoidance Rule. This paper analyzes four differences of combating avoidance through a general anti-avoidance rule and a special anti-avoidance rule in the Chilean tax system. In addition, three difficult situations in which it is not clear whether a general anti-avoidance rule is applicable are identified and analyzed, proposing a solution in each case. The paper concludes by stressing that these issues are essential for the legal certainty of taxpayers and the proper functioning of the tax system.

RESUMEN: El trabajo analiza críticamente la técnica legislativa de los tipos falsarios establecidos en el Parágrafo 1° del Título XVII de la Ley Nº 18.290. Este estudio tiene como fundamento la existencia de ciertos principios formulados por la doctrina especializada en Ciencia de la Legislación. Entre ellos, existen algunos que se consideran más significativamente afectados por la regulación penal objeto de examen. En especial, a partir de tres características de la normativa falsaria de la Ley de Tránsito (casuismo, uso de remisiones y regulación en una ley especial descodificada) se estima que ella podría originar problemas relacionados con los requerimientos impuestos por los principios de capacidad comunicativa, economía legislativa, sistematicidad y seguridad jurídica.

ABSTRACT: The paper analyzes critically the legislative drafting of the forgery cases established in Paragraph 1 of Title XVII of Law No. 18,290. This study is based on the existence of a set of principles formulated by the specialized doctrine in the Science of Legislation. Among them, there are some that are considered more significantly violated by the criminal regulation under examination. In particular, based on three characteristics of the forgery regulation of the Traffic Law (casuism, use of referrals and regulation in a special decoded law), it is estimated that it could cause problems related to the requirements imposed by the principles of communicative capacity, legislative economy, systematicity and legal certainty.

The emergency status is a critical factor in handling disasters in Indonesia, particularly for coronavirus disease 2019 (COVID-19). It provides adequate access for the Government to reduce legal bureaucracy and facilitate expenditure. However, it has faced difficulties in its application as it does not have an explicit reference to existing emergency-related disaster laws. This article investigates this discrepancy in terms of the meaning of emergency status within the legal framework in Indonesia. This study uses the doctrinal method to explore six various laws related to disaster emergencies and analyse their discrepancies that have adversely impacted the management of COVID-19. The article finds that the term 'disaster emergencies' in the Indonesian legal system has different legal interpretations and a lack of standardisation, making their execution difficult. CONTRIBUTION: This article significantly highlights the normative issues of determining disaster emergencies and their status in six different disaster-related laws. It provides an alternative approach to mainstream thinking by proposing amendments to the Infectious Disease Outbreak Law as an integrated law to ensure legal certainty, benefit, and fairness for the people in handling potential pandemics in Indonesia in the years to come

RESUMEN En el presente artículo se analiza la actual inclinación del legislador ecuatoriano, de identificar al dolo como una situación interna del autor del injusto penal, mediante la definición expresa del conocimiento y la voluntad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta definición expresa ha generado dos consecuencias opuestas: por una parte, el retroceso en el avance del dolo al actual tráfico social (negativa), y por otra, la seguridad jurídica que se le brinda al autor del injusto penal (positiva). Del análisis de estas dos consecuencias se reconoce que el derecho penal ecuatoriano opta por la seguridad jurídica, en detrimento del avance del dolo y del derecho penal. Al respecto, se invita a la reflexión sobre este particular con el objetivo de encontrar una forma de legitimar este avance del dolo en el tráfico social, sin violentar derechos constitucionales. Para lograr esto, como primer paso, se debe cambiar la actual inclinación del legislador, mediante la normativización del dolo. Así, mediante el empleo de una metodología inductiva y hermenéutica, se emprende una labor de legitimación de esta normativización en el derecho penal ecuatoriano, llegando finalmente a concluir en su viabilidad. Esto se lo hace sin reconocer una normativización plenamente estandarizada, sino también tomando en cuenta criterios que respeten la dignidad humana, mediante la evitabilidad individual.

ABSTRACT This article analyzes the current inclination of the ecuadorian legislator, to identify mens rea as an internal situation of the perpetrator, through the definition of knowledge and will in the Código Orgánico Integral Penal (COIP). This definition has generated two opposite consequences, on the one hand, the regression in the advance of mens rea to the current social traffic (negative), and on the other, the legal certainty afforded to the perpetrator (positive). From the analysis of these two consequences, it is recognized that ecuadorian criminal law opts for legal certainty. In this regard, a reflection on this particular issue is invited, with the aim of finding a way to legitimize this advance of mens rea in social traffic, without violating constitutional rights. To achieve this, as a first step, mens rea must be changed, through its normativization. Thus, through the use of an inductive and hermeneutic methodology, a work of legitimization of this normativization is undertaken, finally concluding in its viability. This is done without recognizing a fully standardized normativization, but also taking into account criteria that respect human dignity, through individual avoidability.

Resumen. La existencia del fenómeno de corrupción en México es innegable y tiene consecuencias negativas para todos los ciudadanos, como una estrategia para evitar los actos de corrupción surge la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Como sustento jurídico, en 2002 se aprueba la primera Ley de Transparencia y posteriormente su homologación estatal. Sin embargo, el índice de percepción de la corrupción publicado en 2022 ubica a México en el lugar 124 de 180 países. En la realización de esta investigación se revisaron leyes, libros, artículos, portales de transparencia y demás información de los municipios sujetos de estudio, se eligió el enfoque cualitativo. La investigación tiene por objetivo, analizar las Obligaciones de Transparencia de la Información de los Municipios de Sonora, identificar su grado de incumplimiento y las sanciones de los servidores públicos. Dentro de los hallazgos se pueden señalar que se ha avanzado en el marco legal, para dar certidumbre al ciudadano para tener acceso a la información que requiera sobre el quehacer del gobierno. Se analizan las sanciones impuestas en el ámbito municipal en el Estado de Sonora, el cual se integra por 72 municipios, de los cuales 16 obtuvieron un cumplimiento total de 100 puntos, 49 municipios cumplieron parcialmente y 9 municipios muestran incumplimiento total.

Abstract. The existence of the corruption phenomenon in Mexico is undeniable and has negative consequences for all citizens, as a strategy to prevent acts of corruption arises Transparency and Access to Public Information. As legal support, in 2022 the first Transparency Law is approved and subsequently its state approval. However, the corruption perception index published in 2002 places Mexico in 124th place out of 180 countries. In conducting this research, laws, books, articles, transparency portals and other information of the municipalities under study were reviewed, and a qualitative approach was chosen. The objective of the investigation is to analyze the Information Transparency Obligations of the Municipalities of Sonora, to identify the degree of non-compliance and the sanctions of public servants. Among the findings, it can be pointed out that progress has been made in the legal framework, to give certainty to the citizen to have access to the information they require about the government's activities. The sanctions imposed at the municipal level in the State of Sonora are analyzed, which is made up of 72 municipalities, of which 16 obtained a total compliance of 100 points, 49 municipalities partially complied, and 9 municipalities showed total non-compliance.

Resumen Es un lugar común señalar que los órganos jurisdiccionales límite son la última barrera de defensa de los derechos fundamentales, el estado de derecho, la división de poderes, y por lo mismo, de la democracia constitucional. No obstante, existen sentencias de última instancia que constituyen ejemplos muy ilustrativos de las prácticas argumentativas que se utilizan para disimular decisiones que pueden estar sistemáticamente politizadas, y por tanto, ser perjudiciales para los derechos electorales fundamentales, para la certeza y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como para la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. La práctica de utilizar la legitimidad democrática de la función judicial para socavar intencionalmente el núcleo de la democracia está poco teorizada. No obstante, es muy posible que hacia el futuro estas formas de ataque se añadan al conjunto de herramientas autoritarias ejercidas por parte de grupos de talante antidemocrático. Esto es, la circunstancia de que sean los tribunales y no los actores políticos los que adopten una medida antidemocrática con la ventaja de la dificultad para su identificación, dada la tradición asignada al poder judicial en el estadio) constitucional democrático de derecho, hace indispensable revisar el uso de la ponderación propia de la representación argumentativa. Esto, para evitar que mediante la interpretación constitucional se erosione la democracia y se tolere la ausencia del consenso social mínimo sobre los argumentos que se propone sostener con relativa estabilidad temporal. Más todavía, cuando se trata de quienes integran la jurisdicción constitucional especializada en materia de elecciones y democracia. En México, el máximo órgano jurisdiccional electoral es el TEPJF. Dicho órgano ha emitido decisiones controversiales y trascendentes para la democracia electoral que permiten un análisis jurídico crítico, el cual sirva de insumo a la actividad legislativa, sobre todo en temas de participación ciudadana como la revocación de mandato y la imposición de sanciones por su difusión por parte de servidores públicos, así como en los casos de violencia política en razón de género (VPG) y la privación del modo honesto de vivir (MHV) como sanción. Asimismo, resulta notorio el tema de las sentencias sobre la modificación o abandono defectuoso de la jurisprudencia en tópicos como la asunción de competencia sobre actos parlamentarios en la integración de los órganos administrativos o de gobierno del Congreso de la Unión, y los mensajes de los legisladores sobre los cuales se ha determinado que no están protegidos por el principio de inviolabilidad parlamentaria.

Abstract It is commonplace to state that the borderline courts are the last obstacle in the defense of fundamental rights, the rule of law, the division of powers, and hence, of constitutional democracy. Nevertheless, there are judgments of last resort which are very illustrative examples of argumentative practices used to conceal decisions that may be systematically politicized, and therefore can be detrimental to fundamental electoral rights, to the certainty and legality of electoral acts and resolutions, as well as to the holding of free, authentic, and periodical elections. The practice of using the democratic legitimacy of the judicial function to intentionally undermine the core of democracy is barely theorized. However, it is highly possible that in the future these types of attack will be part of the authoritarian tools used by groups of an anti-democratic nature. That is to say, the circumstance that the courts and not the political actors are the ones that implement undemocratic measures with the advantage of the difficulty for its identification, given the traditional role assigned to the judiciary in the democratic constitutional state of law, makes it essential to review the use of the weighting of the argumentative representation. This, in order to prevent democracy from being damaged by constitutional interpretation and to avoid the tolerance for the absence of a minimum social consensus on the arguments that it intends to sustain with relative temporary stability. Even more so, when it comes to those who make up the constitutional jurisdiction specialized in elections and democracy. In Mexico, the Superior Court of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary (TEPJF) is the highest electoral court. This body has issued controversial and transcendent decisions for electoral democracy which can be subject to critical legal analysis as an input for legislative activity. This is particularly related to issues concerning citizen participation such as the revocation of mandate and the imposition of sanctions due to its diffusion by public servants, as well as cases of gender-based political violence (VPG, by its acronym in Spanish) and the deprivation of an honest way of living (MHV, by its acronym in Spanish) as a sanction. Another topic worth considering is the rulings on the modification or defective abandonment of the jurisprudence in matters such as the assumption of competence over parliamentary acts in the integration of the administrative or government bodies by the Congress of the Union, and the messages of the legislators, which are not protected by the principle of parliamentary immunity, as has been established.

ABSTRACT The Property Registry is the body in charge of collecting inscriptions that attend to the characteristics of real estate and ownership. Likewise, it discusses the fundamental premises of legal certainty and how real estate registration law contributes to its compliance. The objective of this study is to identify the main challenges and obstacles faced by users of the Property Registry in the face of a refusal to register and the guarantees of legal certainty. For the study, the systematic, analytical, critical, reflective, and deductive methods were used, with a mixed-type bibliographic design. Recommendations are proposed to improve the efficiency and transparency of the registration process. In this sense, it is concluded that collaboration between universities and public entities can be essential for the design and implementation of public policies and training programs that strengthen access to justice and legal security for citizens.

RESUMEN El Registro de la Propiedad es el organismo encargado de la recolección de inscripciones que atiende las características de los bienes inmuebles y la titularidad. Asimismo, discute sobre las premisas fundamentales de la seguridad jurídica y cómo el derecho registral inmobiliario contribuye a su cumplimiento. El presente estudio tiene como objetivo identificar los principales retos y obstáculos que enfrentan los usuarios del Registro de la Propiedad ante una negativa de inscripción y las garantías de la seguridad jurídica. Para el estudio se utilizaron los métodos sistemático, analítico, crítico, reflexivo y deductivo, con un diseño bibliográfico de tipo mixto. Se proponen recomendaciones para mejorar la eficiencia y transparencia del proceso registral. En este sentido, se concluye que la colaboración entre universidades y entidades públicas puede ser fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas y programas de capacitación que fortalezcan el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de la ciudadanía.

Resumen: Dentro de los fines perseguidos por el derecho se encuentran la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en tanto fin del derecho también constituye un valor de este y forma parte de su concepto. La aproximación a su definición abre sendas en distintos sentidos que deben ser aprehendidos. Este artículo analizar las diversas acepciones que emanan de sus divisiones fundamentales, sus principales manifestaciones en el ordenamiento jurídico chileno y sus problemas esenciales.

Abstract: Among the goals pursued by the law are justice, the common good, and legal certainty. Legal security, as the purpose of law, is also a core value and an integral part of its concept. The exploration of its definition opens pathways in different directions that need to be grasped. This article analyzes the various connotations arising from its fundamental divisions, its main manifestations in the Chilean legal system, and its essential problems.

Resumo: Entre os fins perseguidos pelo Direito estão a justiça, o bem comum e a segurança jurídica. A segurança jurídica como fim do Direito, também constitui um valor, e faz parte de seu conceito. A abordagem ao seu conceito abre caminhos em várias direções que devem ser apreendidas. Este artigo analisa os diversos significados, que emanam de suas divisões fundamentais, suas principais manifestações no ordenamento jurídico chileno y seus problemas essenciais.

ABSTRACT: This paper critically examines the dogmatic discourses regarding tax typicality. In particular, it examines the relationship of these discourses both with the tools available to combat tax avoidance, and legal certainty. To achieve the above, I reconstruct both, the proposals that prioritize tax avoidance control, abandoning the pretensions of tax typicality; and the currently predominant proposals that uphold the necessity of maintaining or reinforcing tax typicality, even if this means tolerating tax avoidance. I propose that to determine the level of strictness of tax typicality we need to examine its relationship to legal certainty.

RESUMEN: El artículo examina críticamente los discursos dogmáticos respecto de la tipicidad tributaria. En particular, estudia la relación de estos discursos con las herramientas disponibles para combatir la elusión y la seguridad jurídica. Para lograr lo anterior, se reconstruyen las propuestas tendientes a priorizar el control de la elusión, aunque renunciando a la tipicidad tributaria; y aquellas, actualmente dominantes, que sostienen la necesidad de mantener o reforzar la tipicidad, aunque ello implique aceptar o tolerar la elusión. Se propone que, para superar este aparente dilema y establecer el grado de exigencia de la tipicidad tributaria es necesario examinar la vinculación de tal exigencia con la seguridad jurídica.