ABSTRACT: This article analyzes the applicability of the sources of international law and the principles of law in international investment arbitration, through the notorious change in point of view of the ICSID foreign investment panels, in matters of applicable law, with a special period of change between 2000 and 2010 between the Wena Hotels (2000-2002) and Total (2010) awards, a trend which extends to the present , in which ICSID arbitral proceedings have increasingly decided to apply to investor-State disputes the different sources of public international law and the general principles of law, both in original proceedings and in annulment proceedings, despite the private instrument. The article analyzes the possibility of applying international law as the main controlling rule in ICSID proceedings, the application by ICSID arbitral tribunals of both international customary law regarding international responsibility of the State, the application of international law principles to give content to the substantive protections to investors and to the reparations granted by the awards.

RESUMEN: El presente artículo analiza la aplicabilidad de las fuentes del derecho internacional y los principios de derecho en el arbitraje de inversiones, por medio del notorio vuelco de los tribunales arbitrales de inversión extranjera en el CIADI, en materia de derecho aplicable, con especial atención a un período de cambio entre 2000 y 2010 entre los laudos Wena Hotels (2000-2002) y Total (2010) cuya tendencia se extiende hasta la actualidad en el CIADI, donde los tribunales cada vez más deciden aplicar a las controversias entre inversionista y Estado las distintas fuentes de derecho internacional público y los principios generales del derecho, más allá de los instrumentos privados, tanto en procedimientos originarios como en procedimientos de anulación. El artículo analiza la posibilidad de aplicar el derecho internacional como norma principal en los procedimientos ante el CIADI, la aplicación por parte de los tribunales del CIADI tanto de costumbres internacionales en materia de responsabilidad internacional del Estado, de principios internacionales para darle contenido a las garantías sustantivas y a las protecciones a los inversionistas y a las reparaciones concedidas por los laudos.

RESUMEN En los últimos años, el régimen de inversión extranjera ha sido objeto de un creciente número de críticas del público. Las sumas significativas de dinero en juego y el posible impacto de los laudos en los poderes regulatorios del Estado han puesto al actual Sistema de Resolución de Controversias entre Inversores y el Estado bajo la lupa. En respuesta a ello, la Unión Europea ha propuesto una reforma de gran alcance mediante la introducción de un Sistema de Corte de Inversiones (SCI). El nuevo sistema constituye un mecanismo innovador de resolución de controversias internacionales destinado a remediar los problemas centrales que acarrea el sistema actual, mediante la combinación de elementos tradicionales del arbitraje con rasgos judiciales. En este contexto, el presente escrito pretende analizar si el nuevo enfoque de la Unión Europea constituye una mejora efectiva del actual mecanismo de resolución de controversias de inversiones y del futuro del régimen de inversión internacional. Para dicho propósito, el artículo comienza con una descripción general del actual Sistema de Resolución de Controversias entre Inversores y el Estado; seguido de una sinopsis de sus principales críticas; continúa con un resumen de las principales características del Sistema de Corte de Inversiones, así como de su inclusión en la nueva generación de acuerdos internacionales de inversión en negociación por la Unión Europea; y, finalmente, hace una referencia a las principales críticas y posibles obstáculos que afrontará la introducción del nuevo Sistema de Corte de Inversiones.

ABSTRACT In recent years, the foreign investment regime has been subject to an increasing volume of criticism from the public. The significant sums of money at stake and the potential impact of the awards on State's regulatory powers have placed the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) under the spotlight. In response to this, the European Union has proposed a far-reaching reform which introduces an Investment Court System (ICS). This model constitutes an innovative dispute settlement mechanism intended to address most of the core issues of the ISDS by combining elements of the traditional ISDS with judicial features. Overall, this paper aims at analysing whether the EU's new approach constitutes an effective improvement to the traditional ISDS and the future of the international investment regime. To achieve this, the study begins with an overview of the current ISDS; followed by a synopsis of the main criticisms to the traditional ISDS; proceeded by a review of the core features of the EU's proposed ICS and its inclusion in the new generation of HAS in negotiation by the EU; and finally, provides a commentary of the main criticisms and obstacles that the introduction of the ICS is likely to encounter.

ABSTRACT: Chilean law has been supportive of arbitration as a dispute resolution mechanism. Law No. 19,971 of 2004 extended such support to international arbitration and introduced a clear pro-enforcement bias in favour of foreign arbitral awards. However, court decisions remain rooted in requirements and analysis that are inconsistent with Law No. 19,971 of 2004 and applicable international treaties, which may affect the Chilean pro-arbitration profile.

RESUMEN: La ley chilena ha sido favorable al arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos. Ese apoyo fue extendido al arbitraje internacional mediante la Ley 19.971 y, en particular, con la clara parcialidad a favor de la ejecución de laudos extranjeros. Sin embargo, las decisiones judiciales se mantienen ancladas en requisitos y análisis que son inconsistentes con la Ley 19.971 y con los tratados internacionales aplicables, lo cual puede afectar el perfil pro arbitraje de Chile.

Resumo: O MERCOSUL, com o intuito de majorar a sua integração, criou o Tribunal Permanente de Revisão, para poder solucionar controvérsias pacificamente. Assim, este artigo científico tem o objetivo de trazer a discussão acerca do modo de incorporação a que os laudos arbitrais, oriundos do TPR, devem adotar no Direito brasileiro. A metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa (Direito Internacional e Direito Constitucional). As fontes de pesquisa foram: bibliografia especializada, a Constituição da República Federativa do Brasil; a análise de tratados e protocolos internacionais e jurisprudências, referentes ao tema - sempre, por meio do método dedutivo. Ficou verificado que esses laudos não devem seguir o caminho dos tratados internacionais, devido à distinção de suas naturezas jurídicas, como também não devem seguir o caminho das sentenças estrangeiras, pois essas vêm do Direito estrangeiro. Portanto, seguindo o princípio pacta sunt servanda, os laudos arbitrais, resultantes de uma corte ou de um tribunal arbitral internacional, como o TPR, devem ter um caminho próprio para incorporação que dê executividade e eficácia a eles, o que deve ser, a posteriori, discutido pelas autoridades competentes, pelas comunidades jurídica e acadêmica.

Resumen: El MERCOSUR, con la finalidad de desarrollar su integración, creó el Tribunal Permanente de Revisión, con el fin de resolver los conflictos pacíficamente. Así, la presente investigación tiene como objetivo llevar el debate sobre la incorporación de manera que los laudos arbitrales derivados del TPR, deben adoptar en la legislación brasileña. La metodología fue cualitativa (Derecho Internacional y Derecho Constitucional). Fuentes de la investigación han sido: la literatura profesional, la Constitución de la República Federativa del Brasil; el análisis de los tratados y protocolos internacionales y la jurisprudencia, en relación con el tema - a través del método deductivo. Ha sido encontrado que estos dictámenes no deben seguir el camino de los tratados internacionales, debido a la particularidad de su naturaleza jurídica, sino que además no deben seguir el camino de las sentencias extranjeras porque éstos provienen de la ley extranjera. Por lo tanto, siguiendo el principio pacta sunt servanda, los laudos arbitrales, como resultado de una corte o un tribunal internacional como TPR, deben tener su propia manera de incorporar eso da aplicabilidad y eficacia a ellos, que debe ser a posteriori discutido por las autoridades competentes, las comunidades legales y académicas.

In 2012, the government of Argentina expropriated 51% of the shares of the oil company YPF belonging to the spanish corporation Repsol. The measure, according to the government of then President Cristina Fernández, sought to resume State control over the oil and gas company as a way to guarantee the country's energy self-sufficiency. Months earlier, Repsol had discovered enormous reserves of shale gas and oil in Vaca Muerta, which would now be exploited by the State. However, the reaction of the international community and potential new investors in light of the discriminatory nature of the expropriation obstructed the arrival of fresh capital. Given Argentina's own lack of resources and technology to exploit Vaca Muerta, the government reverted new controls on foreign investment, paid compensations due from earlier arbitral judgments, agreed on compensation for Repsol bypassing its own legislation and offered generous concessions to seal a contract with U.S.-based Chevron Corporation to invest in the new fields.

En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

Este artículo analiza el enigma de la ausencia de fallos proferidos por jueces o árbitros colombianos en los que se aplique la CISG, el cual luce todavía más desconcertante al tener en cuenta que esta Convención es mencionada como un caso de éxito en los intentos de unificación del derecho privado. Luego de explicar este enigma y de mostrar cómo sí hay significativajurisprudencia sobre CISG en otros países, este artículo indaga las razones que pueden motivar la ausencia de casos en nuestro país. Algunas de estas hipótesis no son creíbles, como (i) una supuesta ausencia de transacciones internacionales en las que una parte sea una empresa colombiana, (ii) la falta de conocimiento acerca de esta Convención, o (iii) el que los contratos de compraventa internacional en los que una de las partes es colombiana no generan controversias. Otras hipótesis podrían ser al menos parcialmente verídicas, como (i) la posible exclusión de la CISG como ley sustancial de contratos de compraventa internacional de mercaderías con partes colombianas, (ii) el que tal Convención sí sea aplicable pero que las empresas, sus abogados y los jueces y árbitros que resuelven las controversias ignoren su existencia, o (iii) el que sí surjan controversias para las cuales la CISG sí sea la ley sustancial aplicable pero que estas sean dirimidas por tribunales de arbitramento con sede fuera de Colombiay cuyos laudos, por razones de confidencialidad, no se reportan en las bases de datos jurídicas. Luego de la explicación de estas razones, este artículo concluye y plantea bases para futuras investigaciones empíricas que puedan dilucidar definitivamente el enigma planteado.

This paper analyzes the puzzle of the lack of case law on CISG in Colombia; an enigma that is even more perplexing taking into account that this Convention is regarded as a success case in the attempts of unification of international private law and that there is an important amount of case law in other countries. After explaining this puzzle and mentioning that there is case law applying the CISG in countries other than Colombia, this paper studies the reasons that might explain the lack of case law in Colombia. Some of the hypotheses are not feasible, such as (i) a lack of international transactions in contracts for sale of goods where either the seller or the buyer is from Colombia, (ii) the lack of knowledge about the CISG among Colombian companies, or (iii) the fact that international contracts where one of the parties has its establishment in Colombia does not trigger any disputes. Other hypotheses might be partially true, such as (i) the exclusion of the CISG as the governing law of international contracts where one of the parties has its domicile in Colombia, (ii) the CISG is the governing law of international contracts where one of the parties is from Colombia, but the companies, their attorneys at-law and, more importantly, the judges and arbitrators who settle the disputes arising out of such contracts, are unaware about the existence of this Convention, or (iii) that international arbitral tribunals whose venue is a place outside Colombia, involving neither Colombian judges nor arbitrators whose venue is in Colombia, settle the disputes concerning a sale of goods between a Colombian party and a company from other country in confidential awards that, therefore, are not reported in international legal databases. After explaining these hypotheses, this paper concludes and presents the guidelines for future empirical research that might solve the enigma of the lack of cases on CISG in Colombia at a more detailed level.

Este artículo analiza el enigma de la ausencia de fallos proferidos por jueces o árbitros colombianos en los que se aplique la CISG, el cual luce todavía más desconcertante al tener en cuenta que esta Convención es mencionada como un caso de éxito en los intentos de unificación del derecho privado. Luego de explicar este enigma y de mostrar cómo sí hay significativa jurisprudencia sobre CISG en otros países, este artículo indaga las razones que pueden motivar la ausencia de casos en nuestro país. Algunas de estas hipótesis no son creíbles, como (i) una supuesta ausencia de transacciones internacionales en las que una parte sea una empresa colombiana, (ii) la falta de conocimiento acerca de esta Convención, o (iii) el que los contratos de compraventa internacional en los que una de las partes es colombiana no generan controversias. Otras hipótesis podrían ser al menos parcialmente verídicas, como (i) la posible exclusión de la CISG como ley sustancial de contratos de compraventa internacional de mercaderías con partes colombianas, (ii) el que tal Convención sí sea aplicable pero que las empresas, sus abogados y los jueces y árbitros que resuelven las controversias ignoren su existencia, o (iii) el que sí surjan controversias para las cuales la CISG sí sea la ley sustancial aplicable pero que estas sean dirimidas por tribunales de arbitramento con sede fuera de Colombia y cuyos laudos, por razones de confidencialidad, no se reportan en las bases de datos jurídicas. Luego de la explicación de estas razones, este artículo concluye y plantea bases para futuras investigaciones empíricas que puedan dilucidar definitivamente el enigma planteado.

This paper analyzes the puzzle of the lack of case law on CISG in Colombia, an enigma that is even more perplexing taking into account that this Convention is regarded as a success case in the attempts ofunification of internationalprivate law and that there are an important number of case law in other countries. After explaining this puzzle and mentioning that there is case law applying the CISG in countries other than Colombia, this paper studies the reasons that might explain the lack of case law in Colombia. Some of the hypotheses are not feasible, such as (i) a lack of international transactions in contracts for sale of goods where either the seller or the buyer is from Colombia, (ii) the lack of knowledge about the CISG among Colombian companies, or (iii) the fact that international contracts where one of the parties has its establishment in Colombia do not trigger any disputes. Other hypotheses might be partially true, such as (i) the exclusion of the CISG as the governing law of international contracts where one oftheparty has its domicile in Colombia, (ii) that the CISG is the governing law of international contracts where one of the parties is from Colombia but the companies, their attorneys at-law and, more important, the judges and arbitrators who settle the disputes arising out of such contracts are unaware about the existence ofthis Convention, or(iii) that international arbitral tribunals whose venue is aplace outside Colombia but neither Colombian judges nor arbitrators whose venue is in Colombia settles the disputes concerning a sale of goods between a Colombian party and a company from other country in confidential awards that, therefore, are not reported in international legal databases. After explaining these hypotheses, this paper concludes andpresents the guidelines of future empirical researches that might solve the enigma of the lack of cases on CISG in Colombia at a more detailed level.