ABSTRACT This research article focuses its efforts on understanding the adverse effect of corruption within state procurement. This situation is becoming a nuisance for civil society because it has a negative impact on the progress of the nation. Legal and documentary hermeneutics is used as a tool to interpret with a critical basis the norms that regulate the conduct of free competition and the defense of collective rights promulgated in the Political Constitution of 1991, when reviewing the foundations of Law 80 of 1993 and the other regulations that delimit state contraction, sanctions for corruption and the SECOP disclosure system necessary to monitor it. Concluding in the need to maintain an assertive criterion among public officials when selecting a contractor, since the State has great difficulties monitoring each contract's progress in the country.

RESUMEN El presente artículo de investigación centra sus esfuerzos en comprender el efecto adverso de la corrupción dentro de la contratación estatal, situación que se está convirtiendo en una molestia para sociedad civil puesto que, repercute negativamente en el progreso de la nación. Se emplea la hermenéutica jurídica y documental como herramienta para interpretar con un sustento crítico las normas que regulan el proceder de la libre competencia y la defensa de los derechos colectivos promulgado en la Constitución Política de 1991, al revisar los fundamentos de la ley 80 de 1993 y las demás normas que delimitan la contracción estatal, las sanciones al corrupto y el sistema de divulgación SECOP necesario para darle seguimiento. Concluyendo en la necesidad de mantener un criterio asertivo entre los funcionarios públicos al momento de seleccionar un contratista, ya que el Estado posee grandes dificultades para estar vigilando el progreso de cada contrato en el país.

Abstract The French law of extinctive prescription, since 2008, establishes a double limitation system based on a subjective delay, starting with the beneficiary’s knowledge, plus a time limit. The application of this system to the remedies for breach of contract is not an easy task. One could say that the knowledge of a breach –or at least the possibility of such knowledge– fixes the starting point but this cannot be satisfactory from the point the view of the elements of each remedy. The same can be said regarding the maximum time limit.

Resumen El derecho francés de la prescripción extintiva establecido por la ley de 2008 consagró un cómputo del plazo subjetivo sobre la base del conocimiento sumado a un límite de caducidad, lo que configura un sistema de doble plazo. La aplicación de este sistema a las sanciones al incumplimiento contractual no resulta sencilla, si bien podría entenderse que se fija el momento con el conocimiento o posibilidad de conocimiento del incumplimiento, esto no es satisfactorio según la comprensión de los elementos propios a cada sanción al incumplimiento contractual. A esto se agrega la dificultad de comprensión del plazo tope, respecto del cual también cabe tener presente las particularidades de las sanciones al incumplimiento del contrato.

Resumen Este estudio examina cómo se trata en TikTok la “Ley del sí es sí” que enfatiza el consentimiento sexual en España, tomando los datos entre junio y julio de 2022. Siguiendo las recomendaciones algorítmicas de TikTok, investigamos la transformación de discursos anti-consentimiento en memes. Identificamos cuatro categorías básicas sobre el fake de la existencia de un “contrato sexual” real: los videos que plantean la burocratización del sexo; los que perpetúan el mito de la “mujer mala”; los que señalan la “miseria sexual” de los hombres, y los que comparan los contratos de fútbol con los de consentimiento. Nuestra conclusión destaca las limitaciones de la verificación de hechos en una era de posverdad antifeminista, donde los discursos se basan más en las emociones que en hechos comprobables.

Resumo Este estudo examina o modo como a “Lei do Sim é Sim” (que enfatiza o consentimento sexual em Espanha) é tratada no TikTok, com base em dados recolhidos entre junho e julho de 2022. Seguindo as recomendações algorítmicas do TikTok, investigámos a transformação dos discursos anti-consentimento em memes. Identificámos quatro categorias básicas relativas ao fake da existência de um “contrato sexual” real: vídeos que sugerem a burocratização do sexo; os que perpetuam o mito da “mulher má”; os que apontam para a “miséria sexual” dos homens; e os que comparam os contratos de futebol com os de consentimento. A conclusão destaca os desafios da verificação de factos numa era de pós-verdade antifeminista, em que os discursos são baseados mais em emoções do que em factos verificáveis.

Abstract This paper examines how the controversial “Yes means Yes Law” - emphasizing sexual consent in Spain - is approached on TikTok, based on data collected between June and July of 2022. We have investigated the transformation of anti-consent discourse into memes, based on TikTok’s algorithmic recommendations. We have identified four basic categories pertaining to the falsification of the existence of a “sexual contract”: videos that satirize the bureaucracy of sex; those perpetuating the myth of “the bad woman”; those highlighting the perceived “sexual misery” of men; and those comparing consent contracts with sports contracts. Our conclusions underscore the limitations of fact-checking in an anti-feminist, post-truth era.

Abstract There are several reasons that may explain why consumers may not understand an adhesion contract. These reasons may be the lack of relevant information in them, having misspellings, not being written in Spanish or being in highly technical language, between other reasons. If “not understandable” is considered synonymous with “illegible”, the control mechanism to be used is the formal control of the article 17 of the consumer protection law. If it is considered that they are not synonymous, then letter g) of the article 16 of said law, can be presented as an efficient control mechanism for not understandable terms.

Resumen Existen varios motivos que pueden explicar porque los consumidores podrían no entender un contrato de adhesión. Estos motivos pueden ser la falta de información relevante en ellos, tener faltas de ortografía, no estar escritos en castellano o estarlo en un lenguaje altamente técnico, entre otros motivos. Si se considera que “inentendible” es sinónimo de “ilegible”, el mecanismo de control que debe utilizarse es el control formal del artículo 17 de la ley de protección del consumidor. Si se considera que no son sinónimos, entonces la letra g) del artículo 16 de dicha ley, puede presentarse como un mecanismo eficiente de control para clausulas inentendibles.

Resumen Según el ordenamiento jurídico colombiano, los trabajadores en situación de vulnerabilidad por razones de salud, están amparados por fuero constitucional de estabilidad laboral reforzada, por ende, para dar por terminado el contrato, el empleador requiere de una autorización previa del Ministerio del Trabajo, argumentando la existencia de una justa causa, una causal legal o demostrando que su condición de discapacidad hace imposible el reintegro, por ello, este organismo expidió la circular interna N. 049 de 2019, en la que fija los lineamientos que debe seguir el inspector del trabajo para expedir dicha autorización; razón por la cual, aplicando el método analítico con enfoque teórico - práctico, este escrito, está encaminado a establecer si los lineamientos del Ministerio de Trabajo fijados en la mencionada circular se ajustan o se contraponen a los criterios establecidos sobre el tema en la constitución, la ley y la jurisprudencia proferida entre los años 2008 y 2020, y como conclusión se plantea una propuesta de procedimiento para la terminación eficaz de la relación laboral.

Abstract According to the Colombian legal system, workers who are vulnerable for health reasons are covered by constitutional jurisdiction of enhanced labor stability, therefore, in order to terminate the contract, the employer requires prior authorization from the Ministry of Labor, arguing for the existence of a fair cause and legal cause, or demonstrating that their disability status makes it impossible to reintegration, therefore, that body issued internal circular No. 049 of 2019 laying down the guidelines to be followed by the labor inspector in order to issue such authorization; which is why, applying the analytical method with a theoretical - practical approach, this article is aimed at establishing whether the guidelines of the Ministry of Labor set out in that circular are adjusted or contrasted to the criteria established on the subject in the Constitution, the Law, and the Jurisprudence issued between 2008 and 2020, and as a conclusion a proposal for a procedure for the effective termination of the employment relationship is proposed.

Resumen La sociedad conyugal es un elemento de la naturaleza del contrato matrimonial que queda latente y suspendido en el tiempo, para conformarse solo en el momento de su propia disolución y/o del matrimonio. En este último caso, quienes estuvieron casados dejan de ser cónyuges, recuperan su estado civil de solteros y aunque pudieron nunca o pocas veces compartir la administración de los bienes y deudas que adquirieron durante el matrimonio, la Ley consagra la ficción de una "sociedad" entre ellos, llamada conyugal. Cuando se entra en el proceso de liquidación, partición y adjudicación del patrimonio de esta, los acreedores de uno u otro puede cobrar en forma solidaria a uno cualquiera de los socios de esta forma escogen libremente cuál de ellos debe pagar la obligación o deuda, aunque no haya sido quien la adquirió. Lo anterior implica una serie de "apuesta aleatoria" en que el resultado del comportamiento financiero, ético y económico de los cónyuges en conjunto o por separado, determinará el balance de ganancias y pérdidas que impactará al final sus patrimonios personales, dejándolos en iguales, mejores o peores condiciones económicas de las que se encontraban al suscribir el contrato matrimonial.

Abstract The marital partnership is an element of the of the marriage contract nature, that remains latent and suspended in time to be established only at the time of its own dissolution or the dissolution of the marriage. In the latter case, those who were married cease to be spouses, recover the civil status of being single and although they never or few times, were be able to share the administration of the assets and debts than they acquired during the marriage, the Law establishes the fiction of a "private partnership" among them, called conjugal. Once the process of liquidation, partition and adjudication of the assets of this has begun, the creditors of one of them can collect jointly and severally from any of the partners, in this way they freely choose which of them must pay the obligation or debt, even if he/she wasn't the one who acquired it. The foregoing implies a series of "random bets" in which the result of the financial, ethical and economic behavior of the spouses together or separately, will determine the balance of profits and losses that will ultimately impact their personal assets, leaving them in the same, better or worse economic conditions than at the time of signing the marriage contract.

ABSTRACT The paper analyzes the judgment in a case in which the owner and the crew of an artisanal fishing vessel entered what the General Act of Fisheries and Aquaculture calls a “contract or partnership at parts”. The plaintiff crew brought an action for enforcement of this contract, requesting that the shipowner be ordered to pay the difference of a final liquidation of the fishing for several seasons, as well as its share in the sale of the catch quota to a third party. The commentary highlights the difficulties raised by the distinction between contracts which distributes a percentage of the profit of the business between parties, and partnerships, as well as the (contingent) place of legal entity in the latter.

RESUMEN El trabajo analiza la sentencia recaída en un caso en que el armador y la tripulación de una embarcación de pesca artesanal celebraron lo que la Ley General de Pesca y Acuicultura llama un “contrato o sociedad a la parte”. La tripulación demandante ejerció la acción de cumplimiento de este contrato y solicita que el armador sea condenado a pagar el producto de una reliquidación de la pesca de varias temporadas, así como la parte que le correspondía en una venta de la cuota de captura a un tercero. El comentario pone de relieve las dificultades que plantea la distinción entre negocios parciarios y contrato de sociedad, así como el lugar (contingente) de la personalidad jurídica en este último.

ABSTRACT The article characterizes how the federal government has used fiscal instruments after twenty-two years of the enactment of the Fiscal Responsibility Law in Brazil. The study is descriptive and predominantly qualitative, based on Rawls’s perspective and adopting bibliographical and documental analysis. The study examined closed data from 2001 to 2021 and considers trends for 2022, contemplating the allocative, distributive, and stabilizing functions of Brazilian fiscal policy. The analysis consists of an eminently theoretical and reflective descriptive approach, in interaction with data collection. It was observed that the legal requirements for fiscal expenditures cannot be considered an element hindering the governments’ investment in social issues when following the principles expressed in the "contract" agreed upon in the 1988 Brazilian Federal Constitution. Moreover, the study reveals elements indicating the importance of Rawls’s principle of reducing inequalities in the Brazilian context.

RESUMO O artigo objetivou caracterizar o uso dos instrumentos fiscais pelo governo federal transcorridos 22 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Numa perspectiva rawlsiana, empreendeu-se uma pesquisa descritiva por meio de um estudo bibliográfico, documental e, predominantemente, qualitativo. Foram analisados dados fechados do período de 2001 a 2021, além da tendência de fechamento de 2022, para contemplar as funções alocativa, distributiva e estabilizadora da política fiscal brasileira. Para análise dos dados, utilizou-se a técnica da análise descritiva, em um processo interativo com a coleta de dados, de caráter eminentemente teórico-reflexivo. Concluiu-se que as exigências legais em relação aos gastos fiscais não podem ser consideradas aspectos dificultadores para o investimento no social pelos governos se os princípios expressos no “contrato” pactuado na Constituição Federal de 1988 forem seguidos. Foi possível perceber elementos que denotam a importância do princípio da redução das desigualdades da teoria de Rawls no contexto brasileiro.

RESUMEN El artículo se propuso caracterizar el uso de instrumentos fiscales por parte del Gobierno federal, tras veintidós años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Desde una perspectiva rawlsiana, se realizó una investigación descriptiva, mediante un estudio bibliográfico, documental y predominantemente cualitativo. Se analizaron los datos cerrados del período 2001 a 2021, además de la tendencia de cierre de 2022, para contemplar las funciones asignativa, distributiva y estabilizadora de la política fiscal brasileña. Para el análisis de los datos, se utilizó la técnica de análisis descriptivo, en un proceso interactivo con la recogida de datos, de carácter eminentemente teórico-reflexivo. Se concluye que los requisitos legales en relación con los gastos fiscales no pueden considerarse aspectos obstaculizadores para que los gobiernos inviertan en el ámbito social si se siguen los principios expresados en el “contrato” acordado en la Constitución Federal de 1988. Fue posible percibir elementos que denotan la importancia del principio de reducción de las desigualdades de la teoría de Rawls en el contexto brasileño.

Resumen La adaptación del puesto de trabajo a la persona trabajadora cuando concurren en ésta una serie de circunstancias biológicas o por razón de discapacidad es una medida prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, pese a que no tiene una correlación en el Estatuto de los Trabajadores, debe ser entendida como un ajuste razonable. De esta forma, las empresas estarían obligadas a realizar una evaluación de los riesgos en la seguridad y la salud de los trabajadores mayores o seniors que ven reducida su capacidad de trabajo, así como una adaptación en las condiciones laborales con carácter previo a la extinción del contrato de trabajo a través de un despido objetivo por ineptitud. Se trata, por tanto, de tutelar a la persona trabajadora madura que cuenta con una especial protección dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues, de lo contrario, se produciría una situación de discriminación por razón de edad.

Abstract The adaptation of the job to the worker when a series of biological circumstances or due to disability is a measure provided for in the Law on Prevention of Occupational Risks that, even though it does not have a correlation in the Statute of Workers, it must be understood as a reasonable adjustment. In this way, companies would be obliged to carry out an assessment of the health and safety risks of older workers who see their work capacity reduced, as well as an adaptation in working conditions prior to the termination of employment through an objective dismissal for ineptitude. It is, therefore, about protecting the mature worker who has special protection within our legal system, because, otherwise, a situation of discrimination based on age would arise.

Resumen En nuestro país, los cuidados como derecho han sido un beneficio tradicionalmente vinculado al trabajo asalariado formal. La legislación laboral, y específicamente la Ley de Contrato de Trabajo, supusieron regulaciones asentadas en el modelo tradicional de familia y en la figura materna como responsable fundamental del trabajo de cuidados. La “crisis de los cuidados” y la pandemia por coronavirus dieron lugar a un proceso paulatino de reconocimiento de los cuidados como asunto público. En esta dirección, este trabajo analiza el proceso de reglamentación e implementación del artículo 179 de la LCT sobre el establecimiento de espacios de cuidados a cargo de las empresas, el cual coincide con la conmemoración de los 40 años ininterrumpidos del proceso democrático y clausura una omisión de la regulación estatal de casi 50 años.

Abstract In our country, care work as a right has been a benefit traditionally associated to formal, salaried labor. Work legislation, and more specifically the Labor Contract Law, were regulations based on the traditional family model and on the mother figure as being the main caregiver. The “care work crisis” and the Covid-19 pandemic led to a gradual process of acknowledgement of care work as a public issue. Therefore, in this research paper we analyze the process of regulation and implementation of article 179 of the LCL which establishes care work spaces provided by companies, which coincides with the commemoration of Argentine’s 40 years of uninterrupted democracy and ends an omission in government regulation of almost 50 years.

Resumen El trabajo del Legislador en la expedición del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por medio de la Ley 80 de 1993, hizo referencia a la urgencia manifiesta en los artículos 42 y 43. Así mismo, por medio de la Ley 448 de 1998, se crearon y regularon los fondos de contingencias encaminados a cubrir necesidades urgentes derivadas en tres situaciones en particular; una de ellas corresponde a las obligaciones contingentes originadas en contratos administrativos. El presente artículo tiene como propósito definir y demarcar las clases de riesgos en el uso del fondo de contingencia como ocasión de un imprevisto surgido en la ejecución de contrato de urgencia manifiesta. El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia busca garantizar una asistencia eficiente de los servicios públicos a los habitantes del territorio y, entre las obligaciones de las administraciones públicas para el ejercicio de esta obligación, se encuentra la de planear sus actuaciones, en especial si se prevé la variedad y los tipos de riesgos contractuales. Entre ellos encontramos los ocasionados por hechos previsibles, contrarios a aquellos no previsibles; los generados por malas prácticas, y las obligaciones contingentes (las provenientes de sentencias judiciales y laudos arbitrales y las provenientes de operaciones de crédito público), entre otros.

Abstract The work of the legislator in the issuance of the General Contracting Statute of the Public Administration, by means of Law 80 of 1993, mentioned Manifest Urgency in articles 42 and 43. Likewise, Law 448 of 1998 created and regulated contingency funds to cover urgent needs derived from three situations, one of them being the Contingent obligations generated in Administrative Contracts. The purpose of this article is to define and demarcate the classes of risks in the use of the contingency fund in case of an unforeseen event arising in the execution of a manifest emergency contract. Article 365 of the Political Constitution of Colombia seeks to guarantee efficient assistance from public services to the inhabitants of the territory and, within the obligations of the public administrations for the exercise of this obligation, is that of planning their actions, especially anticipating the variety and types of contractual risks. Within them we find those caused by foreseeable events, contrary to those that are not foreseeable, also those generated by bad practices, as well as contingent obligations (those arising from judicial decisions and arbitral awards and those arising from public credit operations), among others.

Resumen: el contrato de compraventa, por su contenido y sus alcances, determina la responsabilidad civil contractual en casos de prácticas indebidas y/o cláusulas abusivas que pueden llegar a transigir las obligaciones contractuales acordadas, como los costos de escrituración y titularización, fecha y firma del contrato, fecha de entrega, cambios en materiales, notaría, garantías y plazos. Los contratos de compraventa de vivienda están contemplados en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480, 2011), el cual reglamenta los deberes y obligaciones del comprador y el vendedor, y en el Decreto 735 de 2013, el cual trata sobre la efectividad de la garantía inmobiliaria. Posteriormente, en la Ley 1796 de 2016 se establecieron las medidas de protección del comprador de vivienda. Estas legislaciones se complementan con lo establecido en el Código Civil Colombiano sobre los contratos, la promesa de compraventa y el negocio jurídico para la adquisición de vivienda. La presente investigación pretende responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo se atribuye el equilibrio jurídico entre comprador y vendedor durante el proceso de negociación y compra de vivienda nueva en Colombia?, ¿qué cláusulas abusivas se han determinado en los contratos de compraventa de vivienda nueva?, y ¿cuáles son las sanciones legales por la inclusión de cláusulas abusivas en el contrato de compraventa?

Abstract: the sales contract, due to its content and its scope, determines the contractual civil liability in cases of improper practices and/or abusive clauses or unfair terms that may compromise the agreed contractual obligations, such as the costs of deed and securitization, date and signing of the contract, delivery date, changes in materials, notary, guarantees and deadlines. Home purchase contracts are contemplated in the Consumer Statute (Law 1480, 2011), which regulates the duties and obligations of the buyer and the seller, and in Decree 735 of 2013, which deals with the effectiveness of the real estate guarantee. Subsequently, in Law 1796 of 2016, the protection measures for the home buyer were established. These legislations are complemented by the provisions established in the Colombian Civil Code on contracts, the promise to sell agreement and the legal business for the acquisition of housing. This research aims to answer the following questions: how is the legal balance between buyer and seller attributed during the process of negotiation and purchase of new housing in Colombia? What abusive clauses have been determined in the contracts for the sale of new housing? and, What are the legal sanctions for the inclusion of abusive clauses in the sales contract?

Resumo: o contrato de venda, pelo seu conteúdo e abrangência, determina a responsabilidade civil contratual nos casos de práticas indevidas e/ou cláusulas abusivas que possam comprometer as obrigações contratuais pactuadas, como as custas de escritura e securitização, data e assinatura do contrato, data de entrega, alterações de materiais, cartório, garantias e prazos. Os contratos de compra de casa estão contemplados no Estatuto do Consumidor (Lei 1.480, de 2011), que regulamenta os deveres e obrigações do comprador e do vendedor, e no Decreto 735 de 2013, que trata da eficácia da garantia imobiliária. Posteriormente, na Lei 1.796 de 2016, foram estabelecidas as medidas de proteção ao comprador de casa própria. Essas legislações são complementadas pelo que está estabelecido no Código Civil colombiano sobre contratos, promessa de venda e negócios jurídicos para a aquisição de habitação. Esta pesquisa tem como objetivo responder as seguintes perguntas: Como é atribuído o equilíbrio jurídico entre comprador e vendedor durante o processo de negociação e compra de novas casas na Colômbia? Que cláusulas abusivas foram determinadas nos contratos de venda de habitação nova? Quais são as sanções legais para a inclusão de cláusulas abusivas no contrato de venda?

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze the legality of the rental of furnished real estate through digital platforms. It develops, fundamentally, four factors that lead to conclude its illegality: (i) infringement of the property rights of other co-owners, (ii) commercial exploitation of real estate for residential use, (iii) conduct constituting unfair competition, and (iv) abuse of rights. In particular, it studies how the simultaneous and relevant non-compliance with tax, labor, sectorial, and other legislation, which leaves an offeror in an improved position, constitutes unfair competition conduct under article 3 of the law on unfair competition. Technological disruption, innovation and new contracting modalities that favor users must be welcomed, but under equal conditions for all competitors or suppliers. Although, as the paper will show, it is an unregulated activity, this does not put it outside the legislation and the legislation of similar acts should be applied as in the case of all unnamed contracts.

RESUMEN: Este trabajo tiene por objeto analizar la legalidad del arriendo de inmuebles amoblados a través de plataformas digitales. Se desarrollan, fundamentalmente, cuatro factores que llevan a concluir su ilegalidad: (i) afectación del derecho de propiedad de otros comuneros, (ii) explotación comercial de inmuebles de uso habitacional, (iii) conducta constitutiva de competencia desleal, y (iv) abuso del derecho. En especial, se estudia cómo el incumplimiento simultáneo y relevante de la legislación tributaria, laboral, sectorial, y de otra índole, que deja en una posición mejorada a un oferente, constituye una conducta de competencia desleal al amparo del artículo 3° de la ley sobre competencia desleal. La disrupción tecnológica, la innovación y nuevas modalidades de contratación que favorecen a los usuarios deben ser acogidas, pero en igualdad de condiciones para todos los competidores u oferentes. Si bien, como se desarrolla, se trata de una actividad no regulada, ello no la pone al margen de la legislación debiendo aplicarse la de actos similares como ocurre con todo contrato innominado.

Resumen La presente investigación tiene como objetivo reconstruir la manera en que la reforma a la ley laboral de 2019 se hizo concreta tomando como referencia el proceso de legitimación del contrato colectivo de los trabajadores de la planta de General Motors ubicada en el municipio de Silao, Guanajuato en México. Para dicha tarea fue necesario exponer los antecedentes que dieron origen a la nueva regulación del trabajo y el peso que en ella tuvo la renegociación del T-MEC. Un cambio en la ley que implicó modificar la configuración corporativa de las relaciones laborales que han dado sostén al modelo productivo toyotista precario mexicano. El estudio permitió identificar que las exigencias normativas en materia de democracia sindical y respeto a la libre asociación no se incorporaron de manera mecánica a las prácticas, su operatividad estuvo sujeta a presiones estructurales, mediaciones subjetivas y experienciales, y a la formación de acciones colectivas que disputaron el control de la representación de los trabajadores. La investigación siguió una estrategia etnográfica digital que se complementó con el análisis de fuentes oficiales y secundarias. JEL: J41; J52; J53; J83; K31; Z22

Abstract The objective of the present piece of research is to reconstruct the way in which the labour reform of 2019 materialized, taking as referent the legitimation process of the workers collective agreement of the General Motors facilities located in the county of Silao Guanajuato, in Mexico. For this task it was necessary to present the antecedents that gave origin to the new labour regulation and the influence that the renegotiation of the USMCA had on it. Such change in the law meant modifying the corporate configuration of work relations that have maintained the Mexican precarious Toyota model of production. This study allowed to identify that the normative demands regarding trade union democracy and respect of freedom of assembly and association were not mechanically incorporated in the practice. Its operativity was subjected to structural pressures, subjective and experiential mediation, and the shaping of collective actions that disputed the control of the workers’ representation. The research followed a digital ethnographic strategy which was complemented with the analysis of official and secondary sources. JEL: J41; J52; J53; J83; K31; Z22

Resumo Esta pesquisa visa reconstruir a forma como a reforma da legislação trabalhista de 2019 se concretizou, tomando como referência o processo de legitimação do acordo coletivo de negociação dos trabalhadores da fábrica da General Motors localizada no município de Silao, Guanajuato, no México. Para este fim, foi necessário expor os antecedentes da nova regulamentação trabalhista e o peso que a renegociação do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) teve sobre ela. Uma mudança na lei que implicou na modificação da configuração corporativa das relações de trabalho que sustentaram o precário modelo de produção toyotista do México. O estudo identificou que as exigências normativas de democracia sindical e de respeito à livre associação não foram mecanicamente incorporadas às práticas; sua operacionalidade estava sujeita a pressões estruturais, mediações subjetivas e experimentais, e a formação de ações coletivas que contestavam o controle da representação dos trabalhadores. A pesquisa seguiu uma estratégia etnográfica digital que foi complementada com a análise de fontes oficiais e secundárias. JEL: J41; J52; J53; J83; K31; Z22

Abstract Gestational surrogacy is a controversial ethical issue worldwide. In 2016, Portugal launched a second political attempt to legalize gestational surrogacy, proposing it as: being altruistic; forbidding a biological tie between the surrogate and the child; requiring a biological relationship between one of the legal parents and the child; and demanding a legal contract between the surrogate and the legal parents. The law was approved, regulated and entered into force. However, months later, the Constitutional Court ruled some of its norms unconstitutional, namely due to the legal ambiguity of the surrogacy contracts; too short a deadline for the surrogate's withdraw of consent; and the need to comply with the children's right to know their biological origin. The law entered a complex political and legal process. It also caused a serious problem in assisted reproductive treatments, with the suspension of those treatments that entailed the anonymity of the donors. The law on surrogacy was, finally, enacted in November 2021, although the introduction of its regulation is still pending. This paper describes the legal process, within its political context, stressing the ethical issues at stake, and presenting the initiative for legalization of gestational surrogacy in Portugal as a valuable case study analysis: of how a top-down initiative, ideologically driven and politically rushed, and which ignores ethical advice, generates a troubled and penalizing legal process for the people involved.

Resum La gestació subrogada és una qüestió ètica controvertida a tot el món. En 2016, Portugal va llançar un segon intent polític per a legalitzar la subrogació gestacional, proposant-la com: altruista; prohibint un vincle biològic entre la subrogada i el nen; exigint una relació biològica entre un dels pares legals i el nen; i exigint un contracte legal entre la subrogada i els pares legals. La llei va ser aprovada, reglamentada i va entrar en vigor. No obstant, mesos després, el Tribunal Constitucional va dictaminar la inconstitucionalitat d'algunes de les seves normes, en concret: l'ambigüitat jurídica dels contractes de gestació subrogada; un termini massa curt per a la retirada del consentiment de la mare de lloguer; i la necessitat de complir amb el dret dels nens a conèixer el seu origen biològic. La llei va entrar en un complex procés polític i jurídic. També va provocar un greu problema en els tractaments de reproducció assistida, amb la suspensió d'aquells que implicaven l'anonimat de les donants. La llei de gestació subrogada va ser, finalment, promulgada al novembre de 2021, si bé encara està pendent la introducció del seu reglament. Aquest treball descriu el procés legal, dins del seu context polític, posant l'accent en les qüestions ètiques en joc, i presentant aquesta iniciativa com una valuosa anàlisi de cas: de com una iniciativa de dalt a baix, ideològicament impulsada i políticament precipitada, i que ignora l'assessorament ètic, genera un procés legal problemàtic i penalitzador per a les persones implicades.

Resumen La gestación subrogada es una cuestión ética controvertida en todo el mundo. En 2016, Portugal lanzó un segundo intento político para legalizar la subrogación gestacional, proponiéndola como: altruista; prohibiendo un vínculo biológico entre la subrogada y el niño; exigiendo una relación biológica entre uno de los padres legales y el niño; y exigiendo un contrato legal entre la subrogada y los padres legales. La ley fue aprobada, reglamentada y entró en vigor. Sin embargo, meses después, el Tribunal Constitucional dictaminó la inconstitucionalidad de algunas de sus normas, en concreto: la ambigüedad jurídica de los contratos de gestación subrogada; un plazo demasiado corto para la retirada del consentimiento de la madre de alquiler; y la necesidad de cumplir con el derecho de los niños a conocer su origen biológico. La ley entró en un complejo proceso político y jurídico. También provocó un grave problema en los tratamientos de reproducción asistida, con la suspensión de aquellos que implicaban el anonimato de las donantes. La ley de gestación subrogada fue, finalmente, promulgada en noviembre de 2021, aunque aún está pendiente la introducción de su reglamento. Este trabajo describe el proceso legal, dentro de su contexto político, haciendo hincapié en las cuestiones éticas que están en juego, y presentando la iniciativa de legalización de la gestación subrogada en Portugal como un valioso análisis de caso: de cómo una iniciativa de arriba abajo, ideológicamente impulsada y políticamente precipitada, y que ignora el asesoramiento ético, genera un proceso legal problemático y penalizador para las personas implicadas.