RESUMEN La reforma constitucional de 1991 creó espacios de participación política por medio de la movilización legal para hacer reclamos de derechos basados en la identidad que antes permanecían ocultos. En los años recientes las altas cortes en Latinoamérica han comenzado a presentarse como defensoras de los derechos humanos y a intervenir en controversias políticas significativas. La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial colombiana busca impulsar la agenda de género en las instancias judiciales por medio de formación a los jueces, quienes han venido realizado un esfuerzo por introducir la perspectiva de género en sus fallos. Si esto ha contribuido o no a eliminar la barrera de acceso de las mujeres a la justicia está aún por determinarse. Sin embargo, pareciera que existe una vergonzosa brecha entre nuestros compromisos y nuestras prácticas cotidianas en torno al acceso a la justicia. Aunque la producción de las académicas en el campo del derecho y género es amplia, los fallos en su mayoría no la citan. Con el objetivo de evaluar el impacto de la producción académica en la jurisprudencia, la presente investigación utiliza las herramientas metodológicas del análisis bibliométrico y dinámico de sentencias para revelar la doctrina jurisprudencial con perspectiva de género en las decisiones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia entre los años 1992 a 2022.

ABSTRACT The 1991 constitutional reform created spaces for political participation through legal mobilization to make claims for identity-based rights that had previously remained hidden. In recent years, the High Courts in Latin America have begun presenting themselves as human rights defenders and intervening in significant political controversies. The National Gender Commission of the Colombian Judicial Branch seeks to promote the gender agenda in the judiciary by training judges who have been trying to introduce a gender perspective in their rulings. Whether or not this has contributed to eliminating the barrier to women's access to justice has yet to be determined. However, there seems to be an embarrassing gap between our commitments and daily practices regarding access to justice. Although the production of women academics in the law and gender field is extensive, most rulings do not cite it. In order to evaluate the impact of academic production on jurisprudence this research uses the methodological tools of bibliometric and dynamic analysis of rulings, revealing the jurisprudential doctrine with a gender perspective in the jurisprudential decisions of the Supreme Court of Justice between 1992 and 2022.

Resumen El derecho penal ha sido concebido históricamente como aquella rama de la ciencia jurídica que debe aplicarse en los casos más delicados que han puesto en peligro o dañado a los bienes más preciados para la sociedad, en un tiempo y lugar determinado. Incluso, persiste la noción pública de que es la parte más reactiva de la ciencia jurídica, al ejercer el poder coercitivo del Estado, comprendiendo la restricción de libertad o imponiendo sanciones de carácter pecuniario; sin embargo, dentro del orden jurídico constitucional mexicano, se ha otorgado la posibilidad de que en el ámbito penal se privilegien mecanismos alternativos de solución de controversias que han flexibilizado su esencia, viendo más reactivo ahora al derecho administrativo disciplinario. En esa medida, el objetivo del presente trabajo es proponer algunas líneas que ofrezcan una postura sobre esta desnaturalización del derecho penal; o bien, sobre su reconfiguración contemporánea, para lo que se emplea una metodología basada en la exégesis constitucional y legal en un estudio comparativo con la doctrina cuyas conclusiones permiten determinar el aumento en el rigor, al menos en el derecho positivo vigente, del derecho administrativo que ha sido potenciado en el sistema anticorrupción mexicano, atenuando con ello, la idea del derecho penal como última intervención del sistema jurídico en la regulación de la conducta humana.

Résumé Le droit pénal a été historiquement conçu comme cette branche de la science juridique qui doit être appliquée dans les cas les plus délicats ayant mis en danger ou endommagé les biens les plus précieux pour la société, à un moment et un lieu donné. La notion publique persiste qu'il s'agit de la partie la plus réactive de la science juridique, en exerçant le pouvoir coercitif de l'État, comprenant la restriction de la liberté ou l'imposition de sanctions pécuniaires. Cependant, dans l'ordre juridique constitutionnel mexicain, il a été accordé la possibilité que, dans le domaine pénal, des mécanismes alternatifs de résolution des conflits soient privilégiés, ce qui a flexibilisé son essence, rendant le droit administratif disciplinaire plus réactif. Dans ce contexte, l'objectif de ce travail est de proposer quelques lignes qui offrent une position sur cette dénaturalisation du droit pénal; ou bien, sur sa reconfiguration contemporaine. Pour cela, une méthodologie basée sur l'exégèse constitutionnelle et légale dans une étude comparative avec la doctrine est employée, dont les conclusions permettent de déterminer l'augmentation de la rigueur, au moins dans le droit positif en vigueur, du droit administratif qui a été renforcé dans le système anti-corruption mexicain, atténuant ainsi l'idée du droit pénal comme dernière intervention du système juridique dans la régulation de la conduite humaine.

Abstract Criminal law has historically been conceived as that branch of legal science that must be applied in the most delicate cases that have endangered or damaged the most precious assets of society, at a specific time and place. Even the public notion persists that it is the most reactive part of legal science, when exercising the coercive power of the State, including the restriction of freedom or imposing pecuniary sanctions. However, within the Mexican constitutional legal order, the possibility has been granted for alternative dispute resolution mechanisms to be privileged in the criminal field that have made its essence more flexible, now seeing disciplinary administrative law as more reactive. To that extent, the objective of this work is to propose some lines that offer a position on this denaturalization of criminal law; or, on its contemporary reconfiguration, for which a methodology based on constitutional and legal exegesis is used in a comparative study with the doctrine whose conclusions allow determining the increase in rigor, at least in current positive law, of administrative law which has been strengthened in the Mexican anti-corruption system, thereby attenuating the idea of criminal law as the last intervention of the legal system in the regulation of human conduct.

Abstract The Constitution allows, in article 116, that the administrative authorities administer justice in our country. This function is carried out in different sectors and by various entities of the Executive Power. Despite this, there are not many developments in the doctrine that address this situation. Consequently, this article aims to analyze the jurisdictional functions granted to the Executive from the perspective of the organization of public powers; finding that, the Constitutional Court has been responding to those challenges, and for that, the concept of public powers has been fundamental.

Resumen La Constitución colombiana permite, en su artículo 116, que autoridades administrativas administren justicia; función que es realizada por distintas entidades del Poder Ejecutivo en diversos sectores. A pesar de esta realidad, no son muchos los desarrollos de la doctrina que se ocupan de esta situación. Es por eso por lo que este artículo tiene por objetivo analizar las funciones jurisdiccionales otorgadas al Ejecutivo desde la perspectiva de los poderes públicos, dado el reto que plantea realizar funciones ajenas y la concentración de poder que se podría alcanzar. Para lograr este objetivo se realizó una investigación de tipo cualitativo, recurriéndose al análisis documental a partir de la búsqueda de la doctrina, la normativa, y la jurisprudencia que se ocupa de la situación. Encontrándose que la problemática descrita se ha venido abordando a partir del concepto de los poderes públicos. Interpretándose estos últimos de una forma amplia y flexible, resolviendo los eventuales excesos que pudieran generarse de esta actividad.

RESUMEN La doctrina del derecho constitucional moderno en Azerbaiyán tiene una importancia significativa como fenómeno axiológico dentro del paradigma constitucional global, influyendo en el desarrollo del sistema jurídico del país. Sin embargo, a pesar de su relevancia, existe una notable brecha de investigación en la evaluación integral de sus fundamentos científicos y metodológicos, en particular en lo que respecta a las enmiendas constitucionales y sus implicaciones prácticas. Este estudio busca llenar ese vacío definiendo los fundamentos científicos de la doctrina del derecho constitucional de Azerbaiyán, ofreciendo una evaluación exhaustiva de sus bases constitucionales y analizando las teorías relevantes para evaluar sus aplicaciones en el mundo real. Se examinan experiencias tanto locales como internacionales, lo que condujo a una comprensión más clara de los desafíos y avances en las reformas constitucionales de Azerbaiyán. La investigación también examina las enmiendas constitucionales y los actos jurídicos normativos asociados, lo que aporta información valiosa para futuras reformas jurídicas. Las implicaciones de este estudio son profundas, ya que no solo informa los debates jurídicos en curso, sino que también ofrece recomendaciones concretas para mejorar la eficacia del marco constitucional de Azerbaiyán, situándolo en el contexto más amplio del constitucionalismo mundial.

ABSTRACT The doctrine of modern constitutional law in Azerbaijan holds significant importance as an axiological phenomenon within the global constitutional paradigm, influencing the development of the country’s legal system. However, despite its relevance, there is a noticeable research gap in the comprehensive evaluation of its scientific and methodological foundations, particularly regarding constitutional amendments and their practical implications. This study seeks to fill that gap by defining the scientific underpinnings of Azerbaijan’s constitutional law doctrine, offering a thorough evaluation of its constitutional bases, and analyzing relevant theories to assess their real-world applications. Both local and international experiences were examined, leading to a clearer understanding of the challenges and advancements in Azerbaijan's constitutional reforms. The research also scrutinizes constitutional amendments and associated normative legal acts, contributing valuable insights for future legal reforms. The implications of this study are profound, as it not only informs ongoing legal debates but also offers concrete recommendations for enhancing the effectiveness of Azerbaijan’s constitutional framework, situating it within the broader context of world constitutionalism.

Abstract This article critically analyzes the transformation process of the Mexican system of judicial review of constitutionality and conventionality and its adaptation to the Inter American system of decentralized control of conventionality, after the internalization of the doctrine of conventionality control of the Inter American Court of Human Rights. Based on a conceptual analysis of the term decentralized, its correct meaning and the forms of judicial review required of the judges of a decentralized system are identified, in order to accurately evaluate the scope of the changes in the Mexican system of judicial review. It is postulated that the changes not only implied extending judicial review duties to local judges previously excluded from review activity, but also the need to adapt the constitutional processes at the federal level, specifically the juicio de amparo, to adapt it to the demands of the conventionality control doctrine to the extension to forms of incidental control with respect to new controllable objects. Rights identified activity level amparo objects

Resumen En este artículo se analiza de forma crítica el proceso de transformación del sistema mexicano de control jurisdiccional de constitucionalidad y convencionalidad y su adaptación a los estándares del Sistema Interamericano de control difuso de convencionalidad, luego de la internalización de la doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de un análisis conceptual del término difuso, se identifica su sentido correcto y las formas de control exigidas a los jueces de un sistema difuso, para de ese modo evaluar con precisión el alcance de los cambios en el sistema mexicano de control constitucional. Se postula que los cambios no solo implicaron extender el deber de control a los jueces locales antes excluidos de la actividad de control, sino también la necesidad de adecuar los procesos constitucionales del ámbito federal, específicamente el juicio de amparo, para adaptarlo a las exigencias de la doctrina del control de convencionalidad mediante la ampliación a formas de control incidental respecto a nuevos objetos controlables. Humanos constitucional federal amparo controlables

Resumen: Este trabajo tiene el propósito de esclarecer y valorar críticamente la argumentación jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto de la doctrina de las «reformas constitucionales inconstitucionales». Desde una perspectiva principalmente constitucional, aunque complementariamente filosófico-jurídica, se defenderá la tesis de que el alto Tribunal mantiene básicamente una concepción sustancialista o valorativa de la Constitución -donde las reformas constitucionales están sujetas no solo a límites institucionales, sino también a límites materiales-, evidenciándose además que dicha concepción implícita, no obstante su plausibilidad, adolece de desequilibrios importantes que resulta necesario corregir.

Abstract: This work has the purpose of clarifying and critically evaluating the doctrine of «unconstitutional constitutional amendments» of the Peruvian Constitutional Tribunal. From a mainly constitutional perspective, although complimented with a legal philosophy approach, this works defends that the Constitutional Tribunal basically maintains a substantialist or value-based conception of the Constitution-where constitutional amendments are subject not only to institutional limits, but also to material limits. It is also evident that this implicit conception, despite its plausibility, suffers from important imbalances that need to be corrected.

Resumen El Tribunal Constitucional señala que entre las garantías que integran el derecho a un proceso justo se incluye el derecho a la defensa y a la asistencia letrada. Sin embargo, y como hipótesis de partida, existen procedimientos judiciales en España en los que el legislador no prevé la intervención preceptiva de abogado. Si el derecho a la defensa y a la asistencia letrada tiene precisamente la finalidad de asegurar la efectiva realización de los principios procesales de igualdad y de contradicción, los sujetos en situación de vulnerabilidad no se encuentran en situación de igualdad respecto de los que no se encuentran en dicha situación. Es por ello que el presente trabajo tiene el objetivo de identificar quién se encuentra en situación de vulnerabilidad y analizar si el derecho de defensa de dichas personas puede verse infringido. La metodología del presente trabajo se va a centrar en la observación de la realidad, el análisis de la legislación aplicable, así como del contenido de las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad y de la doctrina que ha tratado la cuestión. El resultado obtenido, tras el análisis, es la posible vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Abstract The Constitutional Court points out that the guarantees that integrate the right to a fair trial include the right to a defense and to legal counsel. However, and as a starting hypothesis, there are judicial proceedings in Spain in which the legislator does not provide for the mandatory intervention of a lawyer. If the right to defense and legal assistance is precisely intended to ensure the effective realization of the procedural principles of equality and contradiction, the subjects in a situation of vulnerability are not in a situation of equality with those who are not in such a situation. For this reason, the purpose of this paper is to identify who is in a situation of vulnerability and to analyze whether the right of defense of such persons may be infringed. The methodology of this paper will focus on the analysis of the applicable legislation, as well as the content of the Brasilia Rules of Access to Justice for Persons in a Vulnerable Situation and of the doctrine that has dealt with the issue. The result obtained, after the analysis, is the possible violation of the fundamental right recognized in Article 24 of the Constitution of persons in vulnerable situations

RESUMEN En un mundo interdependiente, el uso del derecho extranjero por tribunales nacionales o domésticos es una práctica y desafío común. Diversas cortes en todo el orbe utilizan doctrina y jurisprudencia extranjera para fundamentar sus sentencias. En esa perspectiva, este trabajo analiza el uso de las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia por el Tribunal Constitucional peruano. En el Perú, el Tribunal Constitucional emplea la jurisprudencia de su par colombiano de dos maneras: (1) uso vinculante: el fallo se remite a una categoría o figura desarrollada por la Corte colombiana y se menciona en la parte resolutiva, es decir, condiciona el sentido de la sentencia y (2) uso incidental: el fallo usa con fines ilustrativos una categoría o figura desarrollada por la Corte colombiana y no se menciona en la parte resolutiva, por consiguiente, no condiciona el sentido de la decisión. Finalmente, a partir de lo anterior, ambas cortes han generado una especie de diálogo en torno a la protección de derechos, debido a que figuras o categorías como el estado de cosas inconstitucional з una creación de la Corte colombiana, son empleadas por el tribunal peruano; además, este tribunal usa las decisiones de su par colombiano con mayor frecuencia.

ABSTRACT In an interdependent world, the use of foreign law by national or domestic courts is a common practice and challenge. Various courts, worldwide, use foreign doctrine and jurisprudence to support their judgments. In that perspective, this paper analyzes the use of the decisions of the Constitutional Court of Colombia by the Peruvian Constitutional Court. In Peru, the Constitutional Court uses the jurisprudence of its Colombian counterpart in two ways: (1) binding use: the ruling refers to a category or figure developed by the Colombian court and is mentioned in the operative part, i.e., it conditions the meaning of the judgment and (2) incidental use: the ruling uses for illustrative purposes a category or figure developed by the Colombian court and is not mentioned in the operative part, therefore, it does not condition the meaning of the decision. Finally, from the above, both courts have generated a kind of dialogue around the protection of rights, because figures or categories such as the unconstitutional state of affairs, a creation of the Colombian court, are used by the Peruvian court, in addition, this court uses the decisions of its Colombian counterpart more frequently.

RESUMEN La institución más polémica que incorporó el Código Procesal Penal de 2004 fue la condena del absuelto, es decir, la potestad que tiene la Sala Penal Superior, al resolver el recurso de apelación que se haya podido interponer contra una previa sentencia absolutoria dictada a favor del imputado (sede de primera instancia), en poder reformarla en una sentencia condenatoria en contra de este mismo sujeto procesal (sede de segunda instancia), decisión de condena que en su origen solo podía ser cuestionada por medio del recurso de casación. Sin embargo, el legislador nacional, a través de la Ley n.o 31592, del 26 de octubre de 2022, decidió reformar escuetamente esta norma adjetiva, en donde la novedad legal es que esta persona condenada tiene la posibilidad de impugnar su condena vía un nuevo recurso de apelación en el que se habilita que la Sala Penal de la Corte Suprema actúe como una instancia judicial, esto de acuerdo con las reglas exclusivas del proceso penal común (proceso base). Empero esta modificación legal ha omitido referirse a las reglas especiales del proceso por razón de la función pública (proceso especial), en el que el imputado es un aforado; con esta laguna legal se afecta la pluralidad de instancia, el doble conforme y la revisión integral, aspecto que ha quedado totalmente inadvertido por la doctrina especializada y la jurisprudencia nacional. Así, se plantean una serie de recomendaciones que se dirigen a cada uno de estos cuatro subprocesos y giran en torno a la necesidad de habilitar la posibilidad de impugnación vía recurso de apelación por parte del condenado por primera vez en segunda instancia, y se establece además la competencia respectiva a la Sala Penal Suprema que corresponda; por lo que de no darse dichas modificaciones no se podrá condenar en segunda instancia al previamente absuelto.

RESUMO O instituto mais polêmico incorporado ao Código de Processo Penal de 2004 foi a sentença do absolvido, ou seja, o poder da Câmara Superior Criminal, ao decidir o recurso que porventura tenha sido interposto contra sentença anterior absolutória proferida em favor do acusado (sede de primeira instância), podendo modificála em condenação contra este mesmo sujeito processual (sede de segunda instância), decisão condenatória que originalmente só poderia ser questionada por meio de recurso de cassação, sem contudo, o legislador nacional, por meio da Lei nº 31.592, de 26 de outubro de 2022, decidiu reformar brevemente essa norma adjetiva, onde a novidade jurídica é que esse condenado tem a possibilidade de impugnar sua sentença por meio de novo recurso de apelação em que a Câmara Criminal de o Supremo Tribunal Federal está habilitado a atuar como instância judicial, isto de acordo com as regras exclusivas do processo penal comum (processo de base), porém esta modificação legal omitiu referirse às regras especiais do processo devido à função pública (processo especial processual), processo em que o réu é avaliador, afetando com essa lacuna legal a pluralidade de instâncias, a dupla conformação e a revisão compreensiva, aspecto que tem passado totalmente despercebido pela doutrina especializada e jurisprudência nacional. Assim, propõese um conjunto de recomendações que se dirigem a cada um destes 4 subprocessos e giram em torno da necessidade de viabilizar a possibilidade de impugnação através de recurso por parte do condenado pela primeira vez em segunda instância, estabelecendo também o respectivo foro. à Câmara Suprema Criminal correspondente; Portanto, caso essas modificações não ocorram, o anteriormente absolvido não poderá ser condenado em segunda instância.

ABSTRACT The most controversial institution incorporated into the Criminal Procedure Code of 2004 was the sentence of the acquitted, which is the power that the Superior Criminal Chamber has, when resolving the appeal that may have been filed against a previous acquittal sentence issued in favor of the accused (first instance), in being able to amend it in a conviction against this same procedural subject (second instance), sentencing decision that originally could only be questioned by means of the appeal of cassation. However, the national legislator, through Law No. 31592 of October 26th 2022, has decided to briefly reform this adjective norm, where the legal novelty is that this convicted person has the possibility of challenging his sentence via a new appeal, in which the Criminal Chamber of the Supreme Court is enabled to act as a judicial instance, this according to the exclusive rules of the common criminal process (base process). However this legal modification has omitted to refer to the special rules of the process due to the public function (special process), a process in which the defendant is an appraiser, affecting with this legal gap the plurality of instance, the double conforming and the comprehensive review, an aspect that has been totally unnoticed by the specialized doctrine and national jurisprudence. Thus, a series of recommendations are proposed that are addressed to each of these four subprocesses and revolve around the need to enable the possibility of challenge via appeal by the person convicted for the first time in the second instance, also establishing the jurisdiction respective to the corresponding Supreme Criminal Chamber; therefore, if these modifications do not occur, the previously acquitted person cannot be convicted in the second instance.

In Ally Rajabu v Tanzania, the African Court on Human and Peoples' Rights in 2019 found that the mandatory imposition of the death penalty andhanging as a method of execution violate articles 4 and 5 of the African Charter on Human and Peoples' Rights. In 2022, the Tanzania Court of Appeal in Kambole v Attorney General upheld the constitutionality of the mandatory death penalty, a shoddily reasoned decision that misinterpreted the doctrine of res judicata to find the constitutional claims to be barred. In the meantime, Ally Rajabu generated numerous follow-up complaints against Tanzania at the African Court. Although Tanzania in 2020 withdrew its acceptance of the Court's jurisdiction over individual complaints submitted directly to the Court, cases filed by death row prisoners before that date continued to be heard. This case comment analyses both the Kambole decision by the Tanzanian Court of Appeal and the fourteen subsequent cases decided by the African Court, which all confirmed the holding in Ally Rajabu that the mandatory death penalty and hanging were Charter violations.

RÉSUMÉ Dans l'arrêt Ally Rajabu c. Tanzanie (2019), la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déclaré que l'imposition de la peine de mort obligatoire et la pendaison comme méthode d'exécution constituaient des violations des articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces dispositions protègent respectivement le droit à la vie et l'intégrité physique et morale des individus. Toutefois, en 2022, la Cour d'appel de Tanzanie, dans l'affaire Kambole c. Procureur général, a confirmé la constitutionnalité de la peine de mort obligatoire en Tanzanie, s'appuyant sur une interprétation controversée de la doctrine de l'autorité de la chose jugée. Cette décision a exclu tout recours constitutionnel au motif que les revendications soulevées avaient déjà été traitées. Parallèlement, l'affaire Ally Rajabu a suscité une série de plaintes déposées contre la Tanzanie auprès de la Cour africaine. Bien que la Tanzanie ait, en 2020, retiré sa déclaration reconnaissant la compétence de la Cour pour les requêtes individuelles, les affaires initiées avant cette date ont poursuivi leur cours. Parmi celles-ci, quatorze affaires impliquant des condamnés à mort ont confirmé la position de la Cour africaine, qui considère que la peine de mort obligatoire et la méthode d'exécution par pendaison sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la Charte africaine. Ce commentaire examine les implications des décisions divergentes entre la Cour d'appel tanzanienne et la Cour africaine. Il analyse les fondements juridiques et institutionnels de ces arrêts, en mettant en lumière les défis posés par l'interprétation et la mise en œuvre des normes internationales des droits de l'homme dans le cadre des systèmes juridiques nationaux. Cette étude souligne également les tensions croissantes entre la souveraineté des États et leurs obligations internationales, tout en proposant des pistes pour harmoniser les approches juridiques afin de garantir une meilleure protection des droits humains en Afrique.

Abstract This study aimed to show the unconstitutionality of applying arts. 121 and 122 of the Brazilian Penal Code to the practice of euthanasia. To this end, we carried out a critical analysis of these articles, considering the constitutional foundations and cases of patients with severe and incurable diseases affected by unbearable suffering. It was based on the Brazilian Federal Constitution, the doctrine of constitutional law, and the Direct Action for the Declaration of Unconstitutionality 3,510-DF/2008. After the analysis, we found incompatibility of these articles with the constitutional framework, concluding that the application of these legal provisions to the practice of euthanasia usurps citizen autonomy to protect only one dimension of life, at the expense of violating fundamental rights: dignity of the human person, freedom, inviolability of private life, and not being subjected to torture or inhuman or degrading treatment. arts 12 end suffering Constitution law 3,510DF/2008. 3510DF2008 DF 3,510 DF/2008. 3 510 2008 3,510-DF/2008 framework life rights person freedom treatment 1 510DF 3,510DF/2008 3510DF200 3510 3,51 DF2008 DF/2008 51 200 3,510-DF/200 3,510DF/200 3510DF20 351 3,5 DF200 DF/200 5 20 3,510-DF/20 3,510DF/20 3510DF2 35 3, DF20 DF/20 2 3,510-DF/2 3,510DF/2 3510DF DF2 DF/2 3,510-DF/ 3,510DF/ DF/ 3,510-DF 3,510DF

Resumo Este estudo objetivou evidenciar a inconstitucionalidade da aplicação dos arts. 121 e 122 do Código Penal brasileiro à prática de eutanásia. Para isso, realizou-se análise crítica desses artigos, considerando os fundamentos constitucionais e casos de paciente com doença grave e incurável acometido por sofrimento insuportável. Serviram de base a Constituição Federal brasileira, a doutrina do direito constitucional e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510-DF/2008. Após a análise, verificou-se a incompatibilidade dos referidos artigos com a moldura constitucional, concluindo-se que a aplicação desses dispositivos legais à prática de eutanásia usurpa a autonomia do cidadão para proteger apenas uma dimensão da vida, às custas da violação de direitos fundamentais: dignidade da pessoa humana, liberdade, inviolabilidade da vida privada e não ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. arts 12 isso realizouse realizou se insuportável brasileira 3.510DF/2008. 3510DF2008 DF 3.510 DF/2008. 3 510 2008 3.510-DF/2008 verificouse verificou concluindose concluindo fundamentais humana liberdade degradante 1 510DF 3.510DF/2008 3510DF200 3510 3.51 DF2008 DF/2008 51 200 3.510-DF/200 3.510DF/200 3510DF20 351 3.5 DF200 DF/200 5 20 3.510-DF/20 3.510DF/20 3510DF2 35 3. DF20 DF/20 2 3.510-DF/2 3.510DF/2 3510DF DF2 DF/2 3.510-DF/ 3.510DF/ DF/ 3.510-DF 3.510DF

Resumen Este estudio tuvo como objetivo poner de manifiesto la inconstitucionalidad de la aplicación de los artículos 121 y 122 del Código Penal brasileño a la práctica de eutanasia. Para ello, se llevó a cabo un análisis crítico de estos artículos, teniendo en cuenta los fundamentos constitucionales y casos de paciente con enfermedad grave e incurable que padecen un sufrimiento insoportable. Se utilizaron como base la Constitución Federal brasileña, la doctrina del derecho constitucional y la Acción Directa de Inconstitucionalidad 3.510-DF/2008. Tras el análisis, se comprobó la incompatibilidad de dichos artículos con el marco constitucional y se llegó a la conclusión de que la aplicación de estas disposiciones legales a la práctica de eutanasia usurpa la autonomía del ciudadano para proteger una sola dimensión de la vida, a expensas de la violación de derechos fundamentales: la dignidad de la persona humana, la libertad, la inviolabilidad de la vida privada y el derecho a no ser sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante. 12 ello insoportable brasileña 3.510DF/2008. 3510DF2008 DF 3.510 DF/2008. 3 510 2008 3.510-DF/2008 fundamentales humana libertad degradante 1 510DF 3.510DF/2008 3510DF200 3510 3.51 DF2008 DF/2008 51 200 3.510-DF/200 3.510DF/200 3510DF20 351 3.5 DF200 DF/200 5 20 3.510-DF/20 3.510DF/20 3510DF2 35 3. DF20 DF/20 2 3.510-DF/2 3.510DF/2 3510DF DF2 DF/2 3.510-DF/ 3.510DF/ DF/ 3.510-DF 3.510DF

Abstract The article “Was nennen wir Konstitution, Konstitutionanomalie und Konstitutionskrankheit?” [What do we call constitution, constitutional anomaly, and constitutional disease?], published in 1922 by the German pediatrician Meinhard Pfaundler, is presented in an annotated translation into Portuguese. Commissioned by Klinische Wochenschrift [Clinical Weekly], the article presents and discusses what were at the time the most recent debates and terminology concerning the “constitutional doctrine” in medicine. “Was nennen wir Konstitution...” therefore sheds theoretical and conceptual light on debates regarding the constitution in European medical circles in the interwar period. Was Konstitution Konstitutionskrankheit Konstitutionskrankheit? What anomaly disease, disease , disease?] 192 Pfaundler Portuguese Clinical Weekly, Weekly Weekly] doctrine medicine Konstitution... period disease? 19 Konstitution.. 1 Konstitution.

Resumo O documento aqui apresentado é uma tradução comentada do artigo “Was nennen wir Konstitution, Konstitutionanomalie und Konstitutionskrankheit?” [O que denominamos constituição, anomalia constitucional e doença constitucional?], publicado pelo pediatra germânico Meinhard Pfaundler em 1922. Encomendado pelo Klinische Wochenschrift [Semanário Clínico], o artigo tinha por objetivo apresentar e aclarar as mais recentes discussões e terminologias a respeito da “doutrina constitucional” em medicina. O artigo “Was nennen wir Konstitution...”, portanto, fornece dados teórico-conceituais a respeito do debate constitucional no circuito médico europeu no período entreguerras. Was Konstitution Konstitutionskrankheit Konstitutionskrankheit? constituição constitucional, , constitucional?] 1922 Semanário Clínico, Clínico Clínico] doutrina medicina Konstitution..., Konstitution... Konstitution...” portanto teóricoconceituais teórico conceituais entreguerras constitucional? 192 Konstitution.. 19 Konstitution. 1

Resumo O presente estudo analisa os limites do controle judicial sobre os atos políticos. De modo delimitado, examina, com fundamento na political questions doctrine, as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal que suspenderam nomeações de Ministro de Estado, no período compreendido entre 1988 e 2020. Assim, busca-se responder ao seguinte problema: sob a perspectiva da doutrina das questões políticas, em que ponto se situam os limites às decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal que suspendem nomeações de Ministro de Estado? Esta pesquisa é dividida em duas partes. Na primeira, sintetizam-se as principais compreensões jurisprudenciais e doutrinárias sobre a doutrina das questões políticas tanto no ordenamento jurídico norte-americano quanto no brasileiro. Na segunda, aborda-se a nomeação de Ministro de Estado na ordem constitucional brasileira de 1988, com ênfase para a dogmática do Direito Administrativo brasileiro e para a jurisprudência do STF. A hipótese levantada, que foi confirmada como conclusão, é de que a nomeação de Ministro de Estado, sendo de natureza estritamente política, configura ato judicialmente insindicável, salvo quanto aos requisitos formais previstos no ordenamento jurídico. Utiliza-se o método dialético acrescido de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial realizadas com suporte no ordenamento jurídico brasileiro e em ordenamentos jurídicos estrangeiros, em um diálogo interdisciplinar.

Abstract This study analyzes the limits of judicial control over political acts. In a limited way, it examines, based on the political questions doctrine, the judicial decisions of the Federal Supreme Court that suspended appointments of Minister of State, in the period between 1988 and 2020. Thus, it seeks to answer the following problem: from the perspective of the political questions doctrine, at what point are the limits of the Supreme Court's judicial decisions that suspend Minister of State appointments? This research is divided into two parts. The first part summarizes the main jurisprudential and doctrinal understandings about the doctrine of political questions in both the American and Brazilian legal systems. In the second part, the appointment of Minister of State in the Brazilian constitutional order of 1988 is addressed, with emphasis on the dogmatics of Brazilian Administrative Law and the jurisprudence of the STF. The hypothesis raised, which was confirmed as a conclusion, is that appointments of Ministers of State, being of a strictly political nature, are judicially unreviewable acts, except with regard to the formal requirements provided for in the legal system. The dialectical method is used plus bibliographical and jurisprudential research carried out with support in the Brazilian legal system and in foreign legal systems, in an interdisciplinary dialogue.

Resumen Objetivo: El principal objetivo del estudio es arrojar luz sobre la relación existente entre las nociones de identidad constitucional, de reforma constitucional y de democracia militante. Método: la investigación se ha diseñado en torno al formato lógico-discursivo, donde se ofrecen argumentos apoyados en la doctrina y jurisprudencia en la materia, especialmente para el caso español. diseño, instrumentos y participantes. Como principales resultados podemos mencionar la demostración de que la identidad constitucional se encuentra estrechamente vinculada al concepto de democracia militante, por lo que condicionan, quiérase o no, la reforma constitucional. Esa sería la principal conclusión que este estudio muestra: los Estados que consideran algunas instituciones democráticas básicas e impostergables, los protegen mediante mecanismos constitucionales ad hoc.

Abstract Objective: The main objective of the study is to shed light on the relationship between the notions of constitutional identity, constitutional reform and militant democracy. Method: the research has been designed around the logical-discursive format, where arguments supported by doctrine and jurisprudence on the subject are offered, especially for the Spanish case. design, instruments and participants. As main results we can mention the demonstration that constitutional identity is closely linked to the concept of militant democracy, and therefore conditions, whether we like it or not, constitutional reform. That would be the main conclusion that this study shows: States that consider some basic democratic institutions to be indispensable protect them by means of ad hoc constitutional mechanisms.

Abstract The challenges faced by international society are considerable with regard to access to water. Thus, the present work is concerned with analyzing the process of recognition of water as a human right in opposition to the interests of groups pro “commodification” of this invaluable good. In addition, the influence that the recognition of this right in the international sphere exerted internally in Brazil will be analyzed, which is why the relevance of the Proposition for Constitutional Amendment No. 4, of 2018, which aims to formally insert access to water in the list of fundamental rights and guarantees. In order to fulfill the proposed objective, the deductive method will be used, based on elements arising from descriptive, bibliographical and documentary research, in particular, making use of specialized doctrine and legal instruments that allow a better understanding of the matter.

Resumo Os desafios enfrentados pela sociedade internacional são consideráveis no que concerne ao acesso à água. Assim, o presente trabalho se ocupa em analisar o processo de reconhecimento da água como um direito humano em oposição aos interesses de grupos pró “mercantilização” deste bem inestimável. Além disso, será objeto de análise a influência que o reconhecimento deste direito no âmbito internacional exerceu internamente no Brasil, razão pela qual se destaca a relevância da Proposta de Emenda Constitucional N. 4, de 2018, que visa inserir formalmente o acesso à água no rol de direitos e garantias fundamentais. A fim de cumprir o objetivo proposto, será utilizado o método dedutivo, a partir de elementos advindos da pesquisa descritiva, bibliográfica e documental, em particular, lançando mão da doutrina especializada e de instrumentos jurídicos que permitem melhor percepção sobre o tema.

Résumé Les défis rencontrés par la société internationale sont considérables en ce qui concerne l’accès à l’eau. Ainsi, les travaux actuels se produisent dans l’analyse du processus de reconnaissance de l’eau en tant que droit de l’homme, par opposition aux intérêts des groupes pro «marchandisation» de ce bien précieux. En outre, l’article examinera l’influence que la reconnaissance de ce droit, au niveau international, a exercée en interne au Brésil, ce qui est la raison pour la pertinence de la proposition d’Amendement Constitutionnelle N. 4, 2018, qui vise à insérer officiellement l’accès à l’eau dans le rôle des droits et garanties fondamentaux. Afin de se conformer à l’objectif proposé, la méthode déductive sera utilisée, avec l’aide d’éléments découlant de la recherche descriptive, bibliographique et documentaire, en particulier, de la doctrine spécialisée et des instruments juridiques permettant une meilleure perception du sujet.