RESUMEN En Colombia, el derecho laboral busca prevenir y sancionar el acoso laboral, entendido como una conducta "persistente y demostrable" con el propósito de cercenar la dignidad del trabajador. Asimismo, el derecho penal tipifica el acoso sexual, comprendido como el hecho de querer valerse de la superioridad con fines sexuales no consentidos. Este tipo penal busca proteger la libertad, la integridad y la formación sexual. Este artículo analiza, utilizando una perspectiva de género, la fragmentación que se ha presentado hasta ahora a raíz de esta doble regulación en escenarios de acoso sexual laboral y que el Congreso de la República busca subsanar con la expedición de la Ley 2365 de 2024. Presentamos seis tensiones o puntos en común entre las regulaciones laborales y penales. Concluimos el artículo proponiendo tres líneas de investigación: (1) sobre las barreras de acceso a la justicia del acoso sexual, (2) continuar la investigación dogmática feminista y (3) sobre las formas de control en escenarios laborales.

ABSTRACT In Colombia, labour law seeks to prevent and punish harassment at work, understood as "persistent and demonstrable" conduct with the purpose of undermining the dignity of the worker. Likewise, criminal law criminalises sexual harassment, understood as the act of using one's superiority for non-consensual sexual purposes. This criminal offence seeks to protect freedom, integrity and sexual training. This article analyses, using a gender perspective, the fragmentation that has occurred so far as a result of this double regulation in scenarios of sexual harassment in the workplace and which the Congress of the Republic seeks to remedy with the issuing of Act 2365, 2024. We present six tensions or points in common between labour and criminal regulations. We conclude the article by proposing three lines of research: (1) on the barriers to access to justice for sexual harassment, (2) to continue feminist dogmatic research and (3) on the forms of control in labour settings.

Resumen. Las estructuras criminales que manejan el tráfico internacional de drogas en el hemisferio occidental están mal caracterizadas e interpretadas en las políticas y estrategias internacionales antidrogas. Su caracterización como cárteles y el papel que presuntamente desempeñan en el tráfico internacional de drogas y la cadena de valor se basa en premisas ideológicas engañosas difundidas por políticos, medios de comunicación y organismos de control penal. Al mismo tiempo, las políticas internacionales antidrogas recompensan a los organismos oficiales de control penal con la expansión continua de sus poderes y presupuestos para llevar a cabo intervenciones extraterritoriales, aumentando la violencia organizada, la corrupción y la infracción de los derechos y libertades fundamentales. En las conclusiones se discuten directrices más fértiles para las políticas internacionales antidrogas en el futuro.

Abstract. Criminal structures running international drug trafficking in the Western Hemisphere are mischaracterized and misinterpreted by international anti-drug policies and strategies. Their characterization as cartels and the role they allegedly play in the international drug trafficking and value chain is based on misleading ideological premises disseminated by politicians, mass media and law enforcement agencies. Simultaneously, international anti-drug policies reward official law enforcement agencies with ongoing expansion of their powers and budgets to conduct extraterritorial interventions, increasing organized violence, corruption and trampling on fundamental rights and liberties. More fertile guidelines for international anti-drug policies in the future are discussed in the conclusions.

Resumo. As estruturas criminosas que controlam o tráfico internacional de drogas no hemisfério ocidental estão mal caracterizadas e interpretadas nas políticas e estratégias internacionais antidrogas. Sua caracterização como cartéis e o papel que supostamente desempenham no tráfico internacional de drogas e na cadeia de valor baseiam-se em premissas ideológicas enganosas difundidas por políticos, meios de comunicação e órgãos de controle penal. Ao mesmo tempo, as políticas internacionais antidrogas recompensam os órgãos oficiais de controle penal com a expansão contínua de seus poderes e orçamentos para realizar intervenções extraterritoriais, aumentando a violência organizada, a corrupção e a violação dos direitos e liberdades fundamentais. Nas conclusões, discutem-se diretrizes mais férteis para as políticas internacionais antidrogas no futuro.

Abstract The work examines the crimes established in articles 190 and 192 of the (Chilean) Traffic Law, particularly emphasising the punishment of so-called ideological documentary falsehoods. First, based on the legally protected interest, it seeks to determine whether these crimes present an unfair act that is partially different from the documentary falsities regulated in the (Chilean) Criminal Code. Regarding the punishment of ideological falsehoods, the paper starts from the traditional thesis, which postulates the limited penalty of this false modality whenever there is a duty of truthfulness attributable to the document’s author, whether a public official or a not. Then, the paper analyses how this traditional criterion has exceptions in the falsehood types regulated in the Traffic Law and other dogmatic aspects of interest that also deviate from the regulations and general positions.

Resumen El trabajo examina los tipos penales establecidos en los artículos 190 y 192 de la Ley de Tránsito en Chile, con especial énfasis en la punición de las denominadas falsedades documentales ideológicas. Primero, se busca determinar, a partir del bien jurídico protegido, si estos delitos presentan un injusto parcialmente diferente a las falsedades documentales reguladas en el Código Penal. En lo que respecta al castigo de las falsedades ideológicas, se parte de la tesis tradicional que postula el castigo acotado de esta modalidad falsaria siempre que exista un deber de veracidad atribuible al autor del documento, sea que se trate de un funcionario público o de un particular. Luego, se analiza cómo dicho criterio tradicional presenta excepciones en los tipos falsarios regulados en la Ley de Tránsito, junto con otros aspectos dogmáticos de interés que también se apartan de la normativa y de las posturas generales.

Abstract The article explains how the affirmative consent reform expanded the concept of sexual violence in an unprecedented way compared to previous regulatory models. This expansive effect was concentrated in the new basic concept of sexual assault, which equated violent and abusive forms of commission. In this way, the aim was to overcome the protection deficit that sexual offences presented in comparison with other areas of the special part of criminal law and primarily with domestic violence, an area into which the broad concept of gender violence had penetrated. The necessary adjustments to maintain proportionality in the system, especially the lowering of the penal frameworks, brought about a crisis in the system due to the retroactive application of the most favourable criminal law. The urgent counter-reform of LO 4/2023 reinstated part of the original structure of sexual offences in the Penal Code. Through the panoramic exposition of the changes in the type of sexual assault, the effectiveness and performance of the resulting regulatory model is evaluated, concluding that the problems of legal qualification and graduation of the borderline situations of violence and its equivalent forms are not overcome.

Resumen El artículo expone cómo la reforma del consentimiento afirmativo en el Código Penal español amplió el concepto de violencia típica sexual de forma inusitada respecto de los modelos regulatorios anteriores. Este efecto expansivo se concentró en la nueva figura básica de agresión sexual que equiparó las formas de comisión violentas y abusivas. De este modo, se quiso superar el déficit proteccional que los delitos sexuales presentaban frente a otras áreas de la parte especial y frente a la violencia doméstica, ámbito en el que había penetrado el concepto amplio de violencia de género. Los ajustes necesarios para mantener la proporcionalidad en el sistema, sobre todo la rebaja en los marcos penales, trajo consigo una crisis del sistema por la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable. La urgente contrareforma de la LO 4/2023 restableció parte de la estructura original de los delitos sexuales del Código penal de 1995. A través de la exposición panorámica de los cambios en el tipo de agresión sexual, se evalúa la eficacia y rendimiento del modelo regulatorio resultante, concluyendo que no se superan los problemas de calificación jurídica y graduación de las situaciones fronterizas de la conducta violenta y sus formas equiparadas.

Resumen Este artículo alude a los factores que influyen en la reiteración y reincidencia delictiva en adolescentes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) colombiano. Su objetivo es determinar por qué se tiene que asumir el concepto de reiteración criminal en adolescentes, en lugar de la clásica concepción de reincidencia, en un sistema penal adolescente que en esencia es justicia restaurativa. Propone una novedosa teoría respecto a que no se puede tener la reiteración como circunstancia ajena al SRPA. Destaca que el conocer la comisión de conductas cometidas o algún grado de participación como autor o partícipe, por el adolescente, con anterioridad a la comisión de una nueva conducta delictiva sirve al propósito de la función de la sanción en el proceso penal adolescente. Agrega que, al conocerse la reiteración criminal, se amplía la posibilidad de favorecer el proceso educativo resocializador por parte de las entidades a las cuales corresponde el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal. Concluye que es válido y necesario tener en cuenta la reiteración en materia penal aplicada a adolescentes, que sirva para la graduación, y señalar el tipo de sanción por imponer y evitar la utilización del concepto de reincidencia, el cual es propio de la justicia retributiva.

Abstract This article refers to the factors that influence criminal repetition and recidivism in adolescents within the Colombian Criminal Responsibility System (SRPA, by its initials in Spanish). Its objective is to determine why the concept of criminal repetition in adolescents has to be assumed, instead of the classic conception of recidivism, in an adolescent penal system that is essentially restorative justice. It proposes the novel theory that reiteration cannot be considered a circumstance outside the SRPA. It highlights that knowing about the commission of perpetrated conduct or some degree of participation as author or participant, by the adolescent prior to the commission of a new criminal conduct, serves the purpose of the function of the sanction in the adolescent criminal process. Adding that, once the criminal repetition is known, the possibility of promoting the resocialising educational process by the entities responsible for the treatment of adolescents in conflict with the criminal law is expanded. Concluding that it is valid and necessary to take into account the repetition in criminal matters applied to adolescents that serves for graduation and to indicate the type of sanction to be imposed and avoiding the use of the concept of recidivism which is typical of retributive justice.

Resumo Este artigo refere-se aos fatores que influenciam a reiteração e a reincidência criminosa em adolescentes dentro do Sistema de Responsabilidade Penal Adolescente (SRPA) da Colômbia. Seu objetivo é determinar por que o conceito de reiteração criminosa em adolescentes deve ser assumido, em vez da concepção clássica de reincidência, em um sistema penal adolescente que é essencialmente justiça restaurativa. Propõe uma nova teoria de que a reiteração não pode ser considerada uma circunstância alheia ao SRPA. Destaca que o conhecimento do cometimento da conduta cometida ou de algum grau de participação como autor ou participante, pelo adolescente antes do cometimento de nova conduta criminosa, atende ao propósito da função da sanção no processo penal do adolescente. Acrescenta que, uma vez conhecida a reiteração criminosa, amplia-se a possibilidade de promoção do processo educacional ressocializador pelas entidades responsáveis pelo tratamento de adolescentes em conflito com a lei penal. Conclui que é válido e necessário levar em conta a reiteração em matéria penal aplicada a adolescentes que serve para a graduação e indicar o tipo de sanção a ser imposta e evitar.

Resumen El artículo plantea un primer abordaje del Decreto-ley de Régimen Penal de la Minoridad promulgado por la última dictadura militar en Argentina en 1980. El objetivo principal de la investigación será contextualizar la sanción de esta normativa que estableció formalmente la edad de punibilidad de los niños en conflicto con la ley en catorce años y cuyas principales disposiciones continúan vigentes hasta la actualidad. El trabajo hace foco en tres puntos: el funcionamiento legislativo del Estado durante el período dictatorial y la conformación de la comisión que intervino en el proyecto, la trayectoria y los vínculos de sociabilidad entre algunos de los profesionales que integraron dicha comisión, y el contexto general en el que se encontraba el campo de la minoridad previamente y durante el proceso de promulgación de esta legislación. Esta primera aproximación procura contribuir a ampliar el panorama sobre las políticas de minoridad de la dictadura, un aspecto hasta el momento poco transitado en la Historia reciente, que ha tendido a concentrar su mirada principalmente en los niños y niñas víctimas de la sustracción y apropiación ilegal.

Abstract The paper proposes a first approach to the decree-law of the Minority Criminal Regime promulgated by the last military dictatorship in Argentina in 1980. The main objective of this research is to contextualize the sanction of this regulation that formally establishes the age of criminal responsibility for children in conflict with the law in fourteen years and whose main regulations prevail until today. The research focuses on three subjects: the legislative mechanisms of the State during the dictatorial period and the formation of the commission that intervened in the project, the trajectory and sociability links between some of the experts that made up said commission, and the general context in which the field of minority was found prior to and during the process of enacting this legislation. This first approach seeks to contribute to the knowledge about the minority policies of the dictatorship, an aspect hitherto unexplored in the field of recent history, which has tended to focus its gaze on the children victims of illegal abduction and appropriation.

Abstract The starting point for the development of this article was the experience of a graphic designer dedicated to the care of adolescents in conflict with the law in Colombia, and a doctor in design and creation dedicated to academia, who coincide in their research interests in systemic design, an approach that allowed to address from a creative discipline a complex social problem, which had not been contemplated before. For this reason, the aim of this study was to address a complex social problem such as the restorative practices implemented in a System of Criminal Responsibility for adolescents. From an exploratory study, results were obtained regarding the characteristics that restorative practices have or should have and the problems of the adolescents that they address, which emerged after the application of a systemic design tool called giga-mapping, which consisted of a collaborative work between adolescents between 14 and 18 years of age and professionals who accompany the restorative processes of minors in conflict with the law in Colombia. This research exercise through the design allowed to know on the one hand, the variables of the restorative practices from the point of view of the study population and on the other hand, the categories of the systemic design tool used throughout the research process.

Resumen El punto de inicio para la elaboración de este artículo fue la experiencia de un diseñador gráfico dedicado a la atención de adolescentes en conflicto con la ley en Colombia y un doctor en diseño y creación dedicado a la academia, quienes coinciden en sus intereses investigativos en el diseño sistémico, enfoque que permitió abordar desde una disciplina creativa un problema social complejo, el cual no se había contemplado antes. Por tal razón, el objetivo de este estudio fue abordar las prácticas restaurativas implementadas en un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. A partir de un estudio exploratorio, se obtuvieron resultados respecto de las características que tienen o deberían tener las prácticas restaurativas. De ello emergieron las problemáticas de los adolescentes que estas abordan, las que se evidenciaron después de la aplicación de una herramienta de diseño sistémico denominada giga-mapping, que consistió en un trabajo colaborativo entre adolescentes de 14 a 18 años de edad y profesionales que acompañan los procesos restaurativos del menor en conflicto con la ley en Colombia. Este ejercicio investigativo a través del diseño permitió conocer, por un lado, las variables de las prácticas restaurativas desde la visión de la población de estudio y, por otro, las categorías de la herramienta de diseño sistémico utilizada durante todo el proceso investigativo.

Abstract: The maintenance of political order in contemporary States finds support in criminal law in the crimes of rebellion and sedition. Our legal system contains these figures in the Penal Code but as crimes against the internal security of the State, as well as in a special law (State Security Law). Its formulation is old, as is its application whose closest antecedents date back to the military dictatorship. The article examines these figures, taking into account their substantive criminal and dogmatic difficulties.

Resumen: El mantenimiento del orden político en los Estados contemporáneos encuentra asidero en el derecho penal en los delitos de rebelión y sedición. El ordenamiento jurídico chileno contiene estas figuras tanto en el Código Penal como en una ley especial (Ley de Seguridad del Estado). Su formulación es vetusta, igual que su aplicación, cuyos antecedentes más cercanos datan de la dictadura militar. El artículo examina estas figuras dando cuenta de sus dificultades sustantivo-penales y dogmáticas.

Abstract: This paper offers a critical analysis of Law 20.393, which regulates the criminal liability of legal persons in Chile, with special emphasis on those aspects in which the national legislator was innovative in relation to the Italian legislation used as the main inspiring model, weighing the sense of each of them in the light of the discussion on these elements in comparative law. In this sense, the reflections are especially focused on the weighting of the relevance and scope of three important modifications: the unification of the regime of attribution of liability whether a subject acts in a superior position or one in a subordinate position; the omission of the inclusion of the requirement of fraudulent circumvention of the preventive rule; and the certification as a mechanism of preventive suitability of the model recognized by international regulations as useful for the accreditation of a serious and efficient self-regulation.

Resumen: El presente trabajo ofrece un análisis crítico de la Ley N° 20.393 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, pronunciándose especialmente sobre aquellos aspectos en que el legislador nacional fue innovador en relación con la legislación italiana utilizada como principal modelo inspirador. El texto pondera el sentido de cada una de ellas a la luz de la discusión sobre estos elementos en el derecho comparado, tanto antes como después de las modificaciones que introduce en la materia la Ley N° 20.595. En este sentido, las reflexiones se concentran especialmente en la ponderación de la relevancia y el alcance de tres importantes modificaciones: la unificación de régimen de atribución de responsabilidad, sea que actúe un sujeto en una posición superior o uno en una posición subordinada; la omisión de la inclusión del requisito de la elusión fraudulenta de la regla preventiva; y la certificación cual mecanismo de idoneidad preventiva del modelo reconocida por la normativa internacional como útil para la acreditación de una autorregulación seria y eficiente.

Abstract: This article focuses on the analysis of popular accusation in the Spanish criminal procedure system, with special reference to the controversy, not exempt from social and political relevance, that accompanies the exercise of popular action by political parties, unions and business associations. Exercise that responds to a constitutional right, of legal configuration and, therefore, not absolute or unlimited; and over which flies over, the result of the unconsolidated and approved versions of successive reform projects of our criminal procedure (in particular, the Draft of the new Criminal Procedure Law of 2020), the sword of Damocles of a prohibition, perhaps interested and interesting for the governments in power, but in no way compatible with the advisability of monitoring the inaction of a Public Ministry, like the Spanish one, subject to the dictates of the principle of hierarchical dependency and no stranger to more than notable doses of politicization.

Resumen: El artículo se centra en el análisis de la acusación popular en el sistema procesal penal español, con especial referencia a la discusión que acompaña al ejercicio de la acción popular por parte de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Se sostiene que su ejercicio responde a un derecho constitucional, de configuración legal y, por tanto, no absoluto o ilimitado; y sobre el que sobrevuela, fruto de sucesivos conatos de reforma del enjuiciamiento criminal español (en particular, el Anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020), la espada de Damocles de una prohibición, quizás interesada e interesante para el poder ejecutivo, pero difícilmente compatible con la conveniencia de vigilar la inacción de un Ministerio Público, como el español, sometido a los dictados del principio de dependencia jerárquica y no ajeno a más que notables dosis de politización.

Abstract The various recent legislative proposals to reform the Migration and Alien Law are aimed at undermining the fundamental rights and guarantees of undocumented migrants and represent a setback to the progress achieved by law Nº21.325. Analyzed as a whole, the proposals reveal an authoritarian tendency to criminalize irregular immigration as a response to the increase in crime in Chile, without scientific evidence on the causes of the increase in crime rates or the efficiency of the criminal justice system in reducing it.

Resumen Las diversas y recientes propuestas legislativas de reforma a la Ley de Migración y Extranjería apuntan al menoscabo de derechos y garantías fundamentales de las personas migrantes indocumentadas y representan un retroceso de los avances conquistados por la Ley Nº21.325. Analizadas en conjunto, las propuestas revelan una tendencia de criminalización de la inmigración irregular como respuesta al aumento de la criminalidad en Chile, sin que se cuente con evidencias científicas sobre las causas del aumento de las tasas de delitos o de la eficiencia de la instrumentalización del sistema penal para su reducción.

Abstract The text makes a dogmatic analysis of the criminal offense provided for in article 3 of law N°11.564, focused on punishing the activity of illegal processing of cattle meat for its commercialization for human food purposes in all its stages, offering an interpretative proposal of its content, with special emphasis on its conditions of application and on the legal consequences of its perpetration.

Resumen El texto realiza un análisis dogmático del tipo delictivo previsto en el artículo 3 de la Ley N°11.564, focalizado en castigar la actividad de procesamiento ilegal de carne de ganado para su comercialización con fines de alimentación humana en todas sus etapas, ofreciendo una propuesta interpretativa de su contenido, con especial énfasis en sus condiciones de aplicación y en las consecuencias jurídicas que implica su perpetración.

RESUMEN Introducción: Este artículo ha tenido como objetivo analizar las normas y procedimientos del sistema penal de Ecuador en relación a la protección de las víctimas, con el fin de identificar los desafíos y oportunidades para mejorar su protección y asistencia en el proceso penal. Materiales y métodos: Utilizando una metodología cualitativa y exploratoria, se emplea un enfoque deductivo-inductivo y dogmático, con observación directa y análisis de información. Los resultados destacan la base normativa que respalda la protección de las víctimas, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas, el Estatuto de Roma y las Guías de Santiago. Resultados: En Ecuador, se reflejan en la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Integral Penal. Se han implementado reglamentos para mejorar la eficiencia del sistema. El artículo también señala la evolución del papel de la víctima en el proceso penal, pasando de un estatus privilegiado a un reconocimiento como sujeto procesal. Discusión: Sin embargo, aunque se han logrado avances, persisten deficiencias en la aplicación efectiva de medidas de protección, lo que deja a las víctimas en situación vulnerable. Conclusiones: Por lo tanto, las conclusiones enfatizan la importancia de seguir fortaleciendo la legislación y las políticas públicas para asegurar el bienestar de las víctimas y prevenir la persistencia de violaciones de derechos humanos.

ABSTRACT Introduction: This article has aimed to analyze the rules and procedures of the Ecuadorian criminal system in relation to the protection of victims, in order to identify the challenges and opportunities to improve their protection and assistance in the criminal process. Materials and methods: Using a qualitative and exploratory methodology, a deductive-inductive and dogmatic approach is used, with direct observation and analysis of information. The results highlight the normative foundation that supports the protection of victims, such as the United Nations Declaration on the Fundamental Principles of Justice for Victims, the Rome Statute and the Santiago Guides. Results: In Ecuador, they are reflected in the Constitution, the Organic Law of the Public Ministry and the Comprehensive Organic Penal Code. Regulations have been implemented to improve the efficiency of the system. The article also points out the evolution of the role of the victim in the criminal process, going from a privileged status to recognition as a procedural subject. Discussion: However, although progress has been made, deficiencies persist in the effective application of protection measures, which leaves victims in a vulnerable situation. Conclusions: Therefore, the conclusions emphasize the importance of continuing to strengthen legislation and public policies to ensure the well-being of victims and prevent the persistence of human rights violations.

Resumen El derecho penal contemporáneo cuestiona la posibilidad de la realización de actos comisivos a través de la llamada acción omisiva, o, en otros términos, la comisión por omisión del resultado lesivo. Los autores que la aceptan, de todas formas, insisten en la necesidad de incorporar una cláusula de equivalencia que permita convertir los presuntos tipos penales activos de la parte especial de la ley penal, en tipos omisivos, pues sin ella, se violaría el principio de legalidad. En las páginas que siguen se intenta refutar esa posición, partiendo de que los sostenedores de esa postura conciben una única causalidad: la mecánica o mecanicista, y esto les impide concebir la posibilidad de la omisión como mero accidente del acto humano voluntario, sustancialmente único, que comprende tanto a la acción o acto positivo, como a la omisión o acto negativo.

Abstract Contemporary criminal law questions the possibility of carrying out acts of commission through the so-called omissive action, or in other words, the commission by omission of the harmful result. The authors who accept it, however, insist on the need to incorporate an equivalence clause that allows converting the alleged active criminal types of the special section of the criminal law into omissive types, since without it, the principle of legality would be violated. In the following pages we will try to refute this position, starting from the fact that the supporters of this position conceive only one causality: the mechanical or mechanistic one, and this prevents them from conceiving the possibility of omission as a mere accident of the substantially unique voluntary human act, which includes both the action or positive act, and the omission or negative act.

Resumen En el desarrollo de la indagación e investigación del proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004 se crearon medios de prueba que afectan derechos fundamentales como la libertad, la vida, el buen nombre, la entidad, la propiedad privada, la libre locomoción, entre otros. La aplicación de tales medios puede ser ordenada por la Fiscalía General de la Nación sin control legal previo de un juez de control de garantías. Así, esta investigación parte del interrogante: ¿Debería ser necesario el control previo del juez de garantías en los actos de indagación e investigación previstos en la Ley 906 de 2004? El presente artículo dará una respuesta clara y contundente, utilizando un método jurídico-cualitativo de interpretación mediante el cual se estudiará y reconocerá la necesidad del control previo del juez en actos como los del libro II (técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio), título I (la indagación y la investigación). Además, se analizará y justificará la necesidad de la intervención del juez para medios como el allanamiento y registro, la retención de correspondencia, la interceptación de comunicaciones, la recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios tecnológicos similares, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, los agentes encubiertos y la entrega vigilada e incautación de bienes con fines de comiso. Esto porque en la gran mayoría de esas actuaciones, en la práctica judicial de los procesos penales, se evidencian excesos e incluso ilegalidades de la Policía Judicial y la Fiscalía. Para ello se estudiarán el principio de reserva judicial y el nuevo concepto de juez en el proceso penal, tal y como es entendido por la ONU: una garantía procesal para ponderar los derechos confrontados. Se tendrá en cuenta, en ese sentido, que en el modelo de Estado constitucional colombiano la limitación o restricción de garantías fundamentales debe ser proporcional y razonable frente al fin de la investigación. De igual forma se propone, en el ámbito legislativo, la modificación y creación de un capítulo único de actuaciones que requieran autorización judicial para su realización por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Abstract In the development of the enquiry and investigation of criminal proceedings under Law 906 of 2004, means of evidence were created that affect fundamental rights such as freedom, life, good name, entity, private property, and freedom of movement, among others. The application of such means can be ordered by the Attorney General’s Office without prior legal control by a supervisory judge. Thus, this research is based on the question: Should prior control by the judge of guarantees be necessary in the acts of enquiry and investigation provided for in Law 906 of 2004? This article will give a clear and convincing answer, using a legal-qualitative method of interpretation through which the need for prior control by the judge in acts such as those in Book II (investigation techniques and investigation of evidence and the evidential system), Title I (the investigation and the investigation) will be studied and recognised. In addition, the need for the judge’s intervention will be analysed and justified for means such as search and seizure, the retention of correspondence, the interception of communications, the recovery of information left behind when surfing the internet or other similar technological means, the surveillance and monitoring of persons, the surveillance of things, undercover agents and the controlled delivery and seizure of goods for confiscation purposes. This is because in the vast majority of these actions, in the judicial practice of criminal proceedings, there is evidence of excesses and even illegalities by the Judicial Police and the Prosecutor’s Office. To this end, the principle of judicial reserve and the new concept of the judge in criminal proceedings, as understood by the UN, will be studied: a procedural guarantee for weighing up conflicting rights. In this sense, it will be taken into account that in the Colombian constitutional state model, the limitation or restriction of fundamental guarantees must be proportional and reasonable in relation to the purpose of the investigation. Similarly, it is proposed, in the legislative sphere, the modification and creation of a single chapter on actions that require judicial authorisation to be carried out by the Attorney General’s Office.

Resumo No desenvolvimento do inquérito e da investigação dos processos penais previstos na Lei 906 de 2004, foram criados meios de prova que afetam direitos fundamentais como a liberdade, a vida, o bom nome, a entidade, a propriedade privada e a liberdade de locomoção, entre outros. A aplicação de tais meios pode ser ordenada pelo Ministério Público sem o prévio controle legal de um juiz supervisor. Assim, esta pesquisa se baseia na pergunta: Deve ser necessário o controle prévio do juiz de garantias nos atos de inquérito e investigação previstos na Lei 906 de 2004? Este artigo dará uma resposta clara e convincente, utilizando-se de um método jurídico-qualitativo de interpretação, por meio do qual será estudada e reconhecida a necessidade de controle prévio pelo juiz em atos como os do Livro II (técnicas de investigação e apuração de provas e sistema probatório), Título I (o inquérito e a investigação). Além disso, será analisada e justificada a necessidade intervenção do juiz para meios como a busca e apreensão, a retenção de correspondência, a interceptação de comunicações, a recuperação de informações deixadas durante a navegação na Internet ou outros meios tecnológicos similares, a vigilância e o monitoramento de pessoas, a vigilância de coisas, os agentes infiltrados e a entrega controlada e a apreensão de bens para fins de confisco. Isso porque, na grande maioria dessas ações, na prática judicial do processo penal, há indícios de excessos e até ilegalidades por parte da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Para tanto, estudaremos o princípio da reserva jurisdicional e o novo conceito de juiz no processo penal, conforme entendimento da ONU: uma garantia processual de ponderação dos direitos em conflito. Nesse sentido, será levado em conta que, no modelo de Estado constitucional colombiano, a limitação ou restrição das garantias fundamentais deve ser proporcional e razoável em relação à finalidade da investigação. Da mesma forma, propõe-se, no âmbito legislativo, a modificação e a criação de um capítulo único de ações que requerem autorização judicial para sua execução pelo Ministério Público.