ABSTRACT This research article focuses its efforts on understanding the adverse effect of corruption within state procurement. This situation is becoming a nuisance for civil society because it has a negative impact on the progress of the nation. Legal and documentary hermeneutics is used as a tool to interpret with a critical basis the norms that regulate the conduct of free competition and the defense of collective rights promulgated in the Political Constitution of 1991, when reviewing the foundations of Law 80 of 1993 and the other regulations that delimit state contraction, sanctions for corruption and the SECOP disclosure system necessary to monitor it. Concluding in the need to maintain an assertive criterion among public officials when selecting a contractor, since the State has great difficulties monitoring each contract's progress in the country.

RESUMEN El presente artículo de investigación centra sus esfuerzos en comprender el efecto adverso de la corrupción dentro de la contratación estatal, situación que se está convirtiendo en una molestia para sociedad civil puesto que, repercute negativamente en el progreso de la nación. Se emplea la hermenéutica jurídica y documental como herramienta para interpretar con un sustento crítico las normas que regulan el proceder de la libre competencia y la defensa de los derechos colectivos promulgado en la Constitución Política de 1991, al revisar los fundamentos de la ley 80 de 1993 y las demás normas que delimitan la contracción estatal, las sanciones al corrupto y el sistema de divulgación SECOP necesario para darle seguimiento. Concluyendo en la necesidad de mantener un criterio asertivo entre los funcionarios públicos al momento de seleccionar un contratista, ya que el Estado posee grandes dificultades para estar vigilando el progreso de cada contrato en el país.

Abstract The objective of this article is to analyze the transformations in the legal-social discourses around incest, emanating from liberal reformism and the legal transition during the second half of the 19th century, in Michoacán. We start from the fact that the enactment of the Civil Marriage Act (1859) upended the legal systems by reducing the fields in which incest was committed. From that moment on, the lawsuits began to move away from the spiritual terrain, to have only legal repercussions of a criminal nature. Through the methodology of discourse analysis and having as main sources judicial records, legislation and literature of the time, the changes that occurred in the sixties in the justice delivery system, the reduction of incest files and the generation of new discursive nodes are enunciated, all of which outlines modifications in the representations of said crime.

Resumen El objetivo del artículo es analizar las transformaciones en los discursos jurídico-sociales en torno al incesto, emanados del reformismo liberal y la transición jurídica durante la segunda mitad del siglo XIX, en Michoacán. Partimos del hecho de que la promulgación de la Ley de Matrimonio Civil (1859) trastocó los ordenamientos legales al reducir los campos en que se cometía incesto. A partir de ese momento, las demandas judiciales comenzaron a alejarse del terreno espiritual, para tener únicamente repercusiones legales de orden penal. Mediante la metodología del análisis del discurso y teniendo como fuentes principales expedientes judiciales, legislación y literatura de la época, se enuncian los cambios ocurridos en los años sesenta en el sistema de impartición de justicia, la reducción de expedientes de incesto y la generación de nuevos nodos discursivos, lo cual bosqueja modificaciones en las representaciones de dicho delito.

Abstract The legal dimension of bioethics, known as biolaw, occupies an important place in discussions on this topic. For them to be recognized, various French bioethics legislations require a competent political authority: the civil authority whose apex is the French Constitution (FC), as the legal act and the fundamental law that establish the organization and functioning of the state. However, in the field where we touch on the human person, on the values and the fundamental principles, religious authority, such the Social Doctrine of the Church (SDC), has a role to play. This is the reference of values through which human conscience can exercise itself freely in political, social, and economic realities. Hence, what are the possible common themes between the FC and the SDC and what can personalist bioethics contribute to reconciling the two sides?

Resumen La dimensión jurídica de la bioética, denominada bioderecho, ocupa un lugar importante en los debates sobre este tema. Para que sean reconocidas, las distintas legislaciones francesas sobre bioética requieren una autoridad política competente: la autoridad civil, cuyo vértice es la Constitución francesa (CF), como acto jurídico y ley fundamental que establece la organización y el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en el ámbito en el que tocamos a la persona humana, a los valores y a los principios fundamentales, la autoridad religiosa, como la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), tiene un papel que desempeñar. Es la referencia de valores a través de la cual la conciencia humana puede ejercerse libremente en las realidades políticas, sociales y económicas. Así pues, ¿cuáles son los posibles temas comunes entre la CF y la DSI y qué puede aportar la bioética personalista para conciliar ambas vertientes?

Resumen El Código Civil y Comercial de la Nación argentino establecía hasta diciembre 2023 que, en casos de obligaciones de dar dinero en moneda distinta al peso argentino, el deudor podía liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Sin embargo, las restricciones gubernamentales en el acceso a la moneda extranjera han generado brechas cambiarias. La cuestión radica en determinar dicha equivalencia, ya que existen múltiples cotizaciones con diferencias significativas desde la promulgación de la Ley Nº 27.541. Así, en mercados cambiarios regulados los deudores plantean cancelar sus obligaciones al menor tipo de cambio posible, y los acreedores al mayor. Aquí se analiza jurisprudencia de tribunales de segunda instancia en la materia, identificando decisiones y sus fundamentos y reflexionando sobre los problemas que se pueden generar en economías de tipo de cambio múltiple.

Abstract Objective: Analyze the effectiveness of the right to health through the amparo trial. Materials and methods: The study methodology focuses on a qualitative analysis of judicial decisions related to the right to health in Mexico, integrating interdisciplinary approaches that include the complex perspective of the right to health. It evaluates how the interpretation of the Federal Judiciary has been guaranteeing since the 90s, even before the Constitutional Reform of Human Rights of 2011, for which cases will be considered where acts of inequality were notorious. The investigation also resorts to strategic litigation through injunctions, providing empirical experiences for analysis and establishing precedents in the matter. Results: The protection of the right to health has been evolving over the years, it is clear to see the progressivity in this right; Inequality, poverty and bureaucracy are the product of inefficient public policy, however, the Judiciary has been an instrument for the direct justiciability of human rights in complex situations, in this case, the right to health. Conclusions: The amparo trial in Mexico has transcended its programmatic role to become a key instrument of the Judiciary in the effective protection of the right to health since the 1990s, making up for the deficiencies of public policies and leading advances in issues such as discrimination and access to medical treatments. The Constitutional Reform of 2011 has reinforced this mechanism, facilitating social justice in the face of inequalities in access to health, and pointing the way towards a more comprehensive understanding of human rights that goes beyond the letter of the law.

Resumen Objetivo: Analizar la efectividad del derecho a la salud a través del juicio de amparo. Materiales y métodos: La metodología del estudio se centra en un análisis cualitativo de las decisiones judiciales relacionadas con el derecho a la salud en México, integrando enfoques interdisciplinarios que incluyen la perspectiva compleja del derecho a la salud. Se evalúa cómo la interpretación del Poder Judicial Federal ha sido garantista desde los años 90, incluso antes de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, para lo cual, se consideraron casos donde fueran notorios hechos de desigualdad. La investigación también recurre al litigio estratégico a través de amparos interpuestos, proporcionando experiencias empíricas para el análisis y estableciendo precedentes en la materia. Resultados: La protección del derecho a la salud ha ido evolucionado con el pasar de los años, es claro ver la progresividad en este derecho; la desigualdad, la pobreza y la burocracia son producto de una ineficiente política pública, sin embargo, el Poder Judicial ha sido un instrumento para la justiciabilidad directa de los derechos humanos ante situaciones complejas, en este caso, del derecho a la salud. Conclusiones: El juicio de amparo en México ha trascendido su rol programático, para convertirse en un instrumento clave del Poder Judicial en la protección efectiva del derecho a la salud desde los años 90, supliendo las deficiencias de las políticas públicas y liderando avances en temas como la discriminación y el acceso a tratamientos médicos. La Reforma Constitucional de 2011 ha reforzado este mecanismo, facilitando la justicia social frente a las desigualdades en el acceso a la salud, y señalando el camino hacia un entendimiento más integral de los derechos humanos que va más allá de la letra de la ley.

Abstract This paper analyzes how private autonomy behaves in the context of economic compensation, particularly in relation to the principle of the protection of weaker spouse, which applies to this matter through the application of the article 3 of the Civil Marriage Act (LMC). The regulatory agreement on economic compensation can be reached either out of court-it must be recorded in a notarial deed- or in court -it takes the form of a settlement. In any case, the consent of the judge hearing the divorce case will always be required, as this is a legal requirement in Article 63 of the LMC. It is therefore a freedom of contract protected by the jurisdictional authority. Our opinion is that the approval process of this agreement includes a substantive review by the judge of it, who is vested with corrective powers over the content of the agreement, if he deems it inadequate. A conclusion like this is based on the classification of the agreement as a procedural legal transaction and on the analogical application -based on the principle of protection of the weaker spouse- of article 31 LMC, which provides the requirements for the regulatory agreement in the context of a judicial separation by mutual consent and which obliges the judge to complete or rectify the agreement if it is incomplete or insufficient. In order to achieve this, we proposed a double level of judicial control, as well as the need to protect not only the beneficiary spouse, but also the person obligated to pay the agreed compensation.

Resumen El trabajo tiene por objeto examinar cómo se comporta la autonomía privada en materia de compensación económica, particularmente en relación con el principio de protección del cónyuge más débil, que rige en esta materia por aplicación del artículo 3 de la Ley de Matrimonio Civil (LMC). Se sabe que el acuerdo regulador de compensación económica puede alcanzarse tanto fuera del juicio -debiendo constar en escritura pública- como dentro de él - adoptando la forma de un avenimiento-. En uno y otro caso, siempre se requerirá de la aprobación del juez que conoce del juicio de divorcio, según dispone el artículo 63 de la LMC. Se trata, entonces, de una libertad de pacto tutelada jurisdiccionalmente. La opinión de estos autores es que el trámite de aprobación de este acuerdo implica una revisión de fondo por parte del juez, quien está investido de facultades correctoras de su contenido, sí lo estima como insuficiente. Una conclusión como esta se construye sobre la calificación del acuerdo como negocio procesal y, además, a partir de la aplicación analógica -fundada en el principio de protección de cónyuge más débil- del artículo 31 de la LMC, que contempla los requisitos del acuerdo regulador en el caso de separación judicial de común acuerdo y que ordena al juez completarlo o corregirlo sí el convenio es incompleto o insuficiente. Para estos efectos, se propone un doble nivel de revisión judicial, así como la necesidad de protección no sólo al cónyuge beneficiario, sino también al obligado al pago de la compensación pactada.

Resumen Este artículo analiza la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) - Ley 12.305 / 2010 sobre los derechos colectivos y difusos de los recicladores y recicladores de materiales reciclables. Después de 10 años de existencia del PNRS, los derechos que le confiere esta legislación no se hacen cumplir. En el análisis, el artículo identifica acciones civiles públicas relacionadas con las ciudades de São Paulo (SP), Río de Janeiro (RJ) y Brasilia (DF). Se adoptó el método hipotético-deductivo, dentro de un enfoque cualitativo y se utilizaron instrumentos de investigación bibliográfica y documental. Concluimos que por omisión gubernamental, existe la necesidad de una acción continua del Ministerio Público y la Defensoría Pública para promover y garantizar los derechos de esta categoría de trabajadores que son relevantes para la promoción del medio ambiente sostenible. PNRS (PNRS 12305 12 305 12.30 201 reciclables 1 cumplir análisis SP, SP , (SP) RJ (RJ DF. DF . (DF) hipotéticodeductivo, hipotéticodeductivo hipotético deductivo, deductivo hipotético-deductivo documental gubernamental sostenible 1230 30 12.3 20 (SP (DF 123 3 12. 2

Abstract This article scrutinizes the National Policy on Solid Waste (PNRS) - Law 12.305/2010 regarding the collective and diffuse rights of collectors of recyclable materials. More than a decade since the enactment of the PNRS, the rights bestowed by this legislation have yet to be actualized. In its analysis, the article highlights public-interest civil actions pertaining to the cities of São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), and Brasília (DF). The hypothetical-deductive method was employed within a qualitative framework, utilizing both bibliographic and documentary research tools. It is concluded that, due to governmental neglect, there is an imperative for the ongoing involvement of the Public Prosecutor’s Office and the Public Defender’s Office to advocate for and safeguard the rights of this worker category, which are pivotal in the advancement of a sustainable environment. PNRS (PNRS 123052010 12 305 2010 12.305/201 materials actualized analysis publicinterest public interest SP, SP , (SP) RJ, RJ (RJ) DF. DF . (DF) hypotheticaldeductive hypothetical deductive framework tools that neglect Prosecutors Prosecutor s Defenders Defender category environment 12305201 1 30 201 12.305/20 (SP (RJ (DF 1230520 3 20 12.305/2 123052 2 12.305/ 12305 12.305 1230 12.30 123 12.3 12.

Resumo Este artigo analisa a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei 12.305/2010 em respeito aos direitos coletivos e difusos dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Passados 10 anos da existência da PNRS os direitos que são conferidos por essa legislação não são efetivados. Na análise, o artigo identifica ações civis públicas relativas às cidades de São Paulo (SP), do Rio de Janeiro (RJ) e de Brasília (DF). Foi adotado foi o método hipotético-dedutivo, dentro de uma abordagem qualitativa e foram utilizados instrumentos de pesquisa bibliográfica e documental. Conclui-se que devido à omissão governamental há a necessidade da atuação contínua do Ministério Público e da Defensoria Pública para promover e garantir os direitos dessa categoria de trabalhadores que são relevantes da promoção do meio ambiente sustentável. (PNRS 123052010 12 305 2010 12.305/201 recicláveis 1 efetivados análise SP, SP , (SP) RJ (RJ DF. DF . (DF) hipotéticodedutivo, hipotéticodedutivo hipotético dedutivo, dedutivo hipotético-dedutivo documental Concluise Conclui se sustentável 12305201 30 201 12.305/20 (SP (DF 1230520 3 20 12.305/2 123052 2 12.305/ 12305 12.305 1230 12.30 123 12.3 12.

Resumen El pasado 6 de diciembre de 2023, en España se aprobó el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Entre otras cuestiones, dicha norma supone el último intento del legislador español de digitalización de la Administración de Justicia. El objetivo de esta contribución es describir los aspectos más importantes de dicha reforma, con una breve mención a su repercusión en el proceso penal, sus principios y garantías. 2023 Decretoley Decreto ley 62023 6/2023 1 Recuperación justicia pública mecenazgo cuestiones Justicia reforma penal garantías 202 6202 6/202 20 620 6/20 2 62 6/2 6/

Abstract On 6 December 2023, Spain passed the Real Decreto-ley 6/2023, of 19 December, approving urgent measures for the implementation of the Recovery, Transformation and Resilience Plan for the public service of justice, the civil service, the local system and patronage. This regulation is the latest attempt by the Spanish legislator to digitalize the Administration of Justice. The aim of this contribution is to describe the most significant aspects of this reform, with a brief mentions to its repercussions on the criminal process, its principles and guarantees. 2023 Decretoley Decreto ley 62023 6/2023 1 Recovery justice patronage Justice reform process guarantees 202 6202 6/202 20 620 6/20 2 62 6/2 6/

Resumen Este artículo analiza, en clave weberiana y de autonomía, la estructura burocrática de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), institución que supervisa la gestión y seguridad del transporte. El estudio emplea herramientas de medición estructural diseñadas por Peter Evans y James Rauch. La medición del rendimiento burocrático, a partir de los índices de carrera, salario y merito, sugiere que la CTE tiene una buena capacidad institucional (8,17/10,0 puntos). No obstante, su autonomía institucional es baja y es una institución permeable, en lo político, frente a la intervención de diferentes actores estatales del Poder Ejecutivo y municipal. El rendimiento burocrático está mediado también por la desactualizada Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia (1970) y la atención en antiguas estructuras institucionales. Por último, los funcionarios perciben que la CTE no impulsa políticas que sostengan un sector estratégico para la economía nacional como el transporte, aunque tendría capacidad para hacerlo.

Abstract This article analyses the bureaucratic structure of the Ecuadorian Transit Commission (CTE), an institution that oversees transport management and safety, in a Weberian and autonomy-based approach. The study employs structural measurement tools designed by Peter Evans and James Rauch. The assessment of bureaucratic performance, based on career, salary and merit indices, suggests that the CTE has good institutional capacity (8.17/10.0 points). However, its institutional autonomy is low and is an institution that is politically permeable to the intervention of different state actors from the executive and municipal branches. In addition, the Law on Surveillance Corps Personnel (1970) and the focus on old institutional structures affect bureaucratic performance. Finally, civil servants perceive that the CTE does not promote policies that support a strategic sector for the national economy, such as transport, although it arguably can do so.

ABSTRACT Telematic violence against women is a problem that with the rise of social networks and the pandemic has gained notoriety, according to Law 5777/16 of Integral Protection of Women is a crime. The objective of the research was to characterize the telematic violence suffered by women and its emotional consequences, in Paraguay 2022, through a quantitative, descriptive, cross-sectional design, with a sample of 459 women, participants in a survey with a Google digital form distributed in social networks, using the Event Impact Scale-EIE. The results were: 18.3% (84) suffered from telematic violence, the average age was 36 years, marital status single (60%), salary higher than the minimum wage (61.9%), from Central (43%) and Capital (39%), with university education (85.7%). The frequency was "sometimes" (54.8%) and the main one via WhatsApp (71.4%) as messages (47.6%). The EIE evidenced severe affectation (50%), consequences in the couple relationship (21.4%) and work (14.3%) were referred. The actions taken were blocking the aggressor (52.3%), not reporting (34.5%) and ignoring the message (30.9%). They also suffered psychological (65.4%), physical (21.4%) and sexual (17.8%) violence; knowledge of Law 5777/16 was low. It is concluded that the phenomenon occurs in approximately 2/10 women, in frequency "sometimes", perpetrated by strangers or contacts, severely affecting the woman, there are those who do not report or ignore the fact, so they also suffer other forms of violence concomitantly and ignorance of Law 5777/16 predominates.

RESUMEN La violencia telemática contra la mujer es un problema que con el auge de las redes sociales y la pandemia ha ganado notoriedad, según la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres es un delito. El objetivo de la investigación fue caracterizar la violencia telemática sufrida por mujeres y sus consecuencias emocionales, en Paraguay año 2022, mediante un diseño cuantitativo, descriptivo, trasversal, con una muestra de 459 mujeres, participantes en una encuesta con un formulario digital de Google distribuido en redes sociales, utilizando la Escala de impacto del evento-EIE. Los resultados fueron: 18,3% (84) padecieron de violencia telemática, de ellas la edad promedio fue 36 años, estado civil solteras (60%), salario mayor al mínimo (61,9%), provenientes de Central (43%) y Capital (39%), con nivel de formación universitario (85,7%). La frecuencia fue “a veces” (54,8%) y la principal vía WhatsApp (71,4%) como mensajes (47,6%). La EIE evidenció afectación severa (50%), consecuencias en la relación de pareja (21,4%) y laborales (14,3%) fueron referidas. Las acciones tomadas fueron el bloqueo del agresor (52,3%), no denunciar (34,5%) e ignorar el mensaje (30,9%). También sufrieron violencia psicológica (65,4%), física (21,4%) y sexual (17,8%); el conocimiento de la Ley 5777/16 fue escaso. Se concluye que el fenómeno se presenta en aproximadamente 2/10 mujeres, en frecuencia “a veces”, perpetrada por desconocidos o contactos, afectando severamente a la mujer, hay quienes no denuncian o ignoran el hecho, así también sufren otras formas de violencia concomitantemente y predomina el desconocimiento de la Ley 5777/16.

Resumen: Recientemente, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que se confirmaba la constitucionalidad de dos resoluciones judiciales que habían ordenado la vacunación de una persona con discapacidad en contra de la voluntad de su tutor. El objeto de este artículo es analizar qué hubiera ocurrido de haberse producido esos hechos en la actualidad, tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021 que regula un nuevo sistema de apoyo a la capacidad jurídica en favor de las personas con discapacidad. Tras analizar las nuevas medidas de apoyo que se han incorporado al Código Civil, se concluye informando de la existencia de un grave desajuste entre el Código Civil y la Ley 41/2002.

Abstract: Recently, the Constitutional Court issued a ruling confirming the constitutionality of two court resolutions that had ordered the vaccination of a person with disabilities against the will of their legal guardian. The purpose of this article is to analyze what would have happened if these events had occurred today, after the entry into force of Law 8/2021, which regulates a new system of support for legal capacity in favor of people with disabilities. After analyzing the new support measures that have been incorporated into the Civil Code, it is concluded that there is a serious mismatch between the Civil Code and Law 41/2002.

Resumo Este ensaio analisa a responsabilidade dos cidadãos costarriquenhos diante do desconhecimento da Defensoria Pública. A lei que criou esse órgão (Lei 7.319) permite ao morador lesado por negligência ou omissão denunciar o hierarca por descumprimento de seus deveres, seja perante a Assembleia Legislativa, seja perante os órgãos judiciais competentes; Portanto, o legislador não concedeu qualquer imunidade àqueles que exerceram o cargo de mediador ao editar a lei da criação. O método hermenêutico foi utilizado para analisar e interpretar os textos, e construir um diálogo construtivo e permanente.

Résumé Cet essai analyse la responsabilité des citoyens costariciens face à l’ignorance du Bureau du Médiateur. La loi portant création de cet organe (loi 7319) permet à l’habitant lésé par négligence ou omission de dénoncer le hiérarque pour manquement à ses devoirs, soit devant l’Assemblée législative, soit devant les organes juridictionnels compétents ; Par conséquent, le législateur n’a accordé aucune immunité à quiconque occupe le poste de médiateur lors de la promulgation de la loi de création. La méthode herméneutique a été utilisée pour analyser et interpréter les textes, et construire un dialogue constructif et permanent.

Abstract This essay analyzes the responsibility that Costa Rican citizens have with the ignorance of the Ombudsman’s Office. The Law creating this body (Law 7319) allows the inhabitant affected by negligence or omission to denounce the hierarch for breach of duties, either before the Legislative Assembly or before the competent jurisdictional, for this reason, the Legislator did not grant any immunity to whoever holds the position of Ombudsman of the Inhabitants when issuing the creation law. The hermeneutic method was used to analyze and interpret the texts, and build a constructive and permanent dialogue.

Resumen Este ensayo realiza una crítica respecto de la responsabilidad que tiene la ciudadanía costarricense con el actuar omiso de la Defensoría de los Habitantes. La Ley de creación de ese órgano (Ley 7319) permite al habitante afectado por un accionar negligente u omiso, denunciar al jerarca por incumplimiento de deberes, ya sea ante la Asamblea Legislativa o los órganos jurisdiccionales competentes, por esta razón el Legislador no previó inmunidad alguna para la persona que ostenta el cargo de Defensor de los Habitantes cuando emitió la ley de creación. Se utilizó el método hermenéutico para analizar e interpretar los textos, y construir un diálogo constructivo y permanente.

Resumen Este trabajo plantea la relación entre el Estado y el medio ambiente, con el objetivo de evaluar las investigaciones abiertas por el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP) y el Ministerio Público Federal (MPF) de Jales, de la 24ª y 37ª Subsección Judicial Federal, la coerción y sanción de los delitos ambientales de los actos y/u omisiones de los agentes públicos municipales (alcaldes) a la luz de la Ley de Improbidad Administrativa resultante de los daños ambientales. El estudio se condujo por medio de la recolección de datos del MPSP y del MPF de 48 municipios de la región Noroeste del Estado de São Paulo, en los procedimientos abiertos en el período de enero de 2008 a agosto de 2021 cuyos demandados eran alcaldes y municipios. Una vez recopilados los datos, se procedió a su tabulación y correlación con la bibliografía, la legislación y la jurisprudencia encontradas. Se ha identificado que se iniciaron 120 procedimientos, y la mayoría de estas investigaciones conducen a acciones civiles públicas por parte del MPSP, siendo la mayoría de ellos investigaciones civiles, mientras que los restantes fueron investigaciones policiales. Además, el MPF en Jales abrió un total de 606 procedimientos, y la mayoría de ellos evolucionaron hacia acciones civiles públicas. Se concluye que el MPSP de las comarcas y el MPF de Jales han cumplido con el deber constitucional de protección ambiental, sin embargo, se comprobó que los alcaldes terminan por no sufrir sanciones según la Ley de Improbidad Administrativa por delitos ambientales. Se obervó que el principal objetivo del MPSP y del MPF es la reparación del daño y la cesación de la actividad que lo genera, y no la coerción del agente que realiza u omite acciones generadoras del daño ambiental. ambiente (MPSP (MPF ª yu (alcaldes 4 200 202 bibliografía encontradas 12 policiales Además 60 ambiental embargo genera 20 1 6 2

Abstract The present paper approaches the relationship between the State and the environment, aiming to evaluate the inquiries opened by the Public Ministry of the State of São Paulo (MPSP) and by the Federal Public Ministry (MPF) of Jales, of the 24th and 37th Federal Judiciary Subsection, the coercion and the sanction of environmental crimes of acts and/or omissions of municipal public agents (mayors) in the face of the administrative improbity law, arising from environmental damage. The study was carried out by collecting data from the MPSP and MPF from 48 municipalities in the northwest region of São Paulo, in procedures opened from January 2008 to August 2021 whose defendants were mayors and municipalities. After data collection, there was a tabulation and correlation with the bibliography, the legislation and the found jurisprudence. It has been identified that 120 proceedings were initiated, and the majority of these investigations lead to public civil actions by the MPSP, with most of them being civil inquiries, while the remaining ones were police inquiries. Additionally, the MPF in Jales opened a total of 606 proceedings, and the majority of them evolved into public civil actions. It is concluded that the MPSP of the districts and MPF of Jales have been fulfilling the constitutional duty in environmental protection; however, it was identified that the mayors end up not suffering sanctions from the Administrative Impropriety Law for environmental crimes. It was observed that the main objective of the MPSP and the MPF is the restoration of the damage and not the coercion of the agent who carries out or omits actions that lead to environmental damage. environment (MPSP (MPF th Subsection andor (mayors law 4 200 202 collection bibliography jurisprudence 12 initiated Additionally 60 protection however 20 1 6 2

Resumo O presente trabalho aborda a relação entre o Estado e o meio ambiente, objetivando avaliar os inquéritos abertos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e pelo Ministério Público Federal (MPF) de Jales, da 24ª e 37ª Subseção Judiciária Federal, a coerção e a sanção dos crimes ambientais de atos e/ou omissões dos agentes públicos municipais (prefeitos) perante a Lei de Improbidade Administrativa, decorrente do dano ambiental. O estudo foi realizado por meio de coleta de dados com o MPSP e o MPF de 48 municípios da região noroeste paulista, em procedimentos abertos no período de janeiro de 2008 a agosto de 2021, cujos réus fossem prefeitos e municípios. Após a coleta de dados, houve a tabulação e a correlação com a bibliografia, a legislação e a jurisprudência encontrada. Identificou-se que foram abertos 120 procedimentos, e a maioria desses inquéritos evoluiu para ações civis públicas pelo MPSP, sendo que grande parte deles eram inquéritos civis, enquanto os restantes eram inquéritos policiais. Além disso, o MPF de Jales abriu um total de 606 procedimentos, e a maioria deles evoluiu para ações civis públicas. Conclui-se que o MPSP das comarcas e o MPF de Jales vêm cumprindo o dever constitucional na proteção ambiental; entretanto, identificou-se que os prefeitos acabam não sofrendo sanções da Lei de Improbidade Administrativa por crimes ambientais. Observou-se que o principal objetivo do Ministério Público Estadual e do Federal é a reparação do dano e a cessação da atividade que o gera, e não a coerção do agente que pratica ou omite ações geradoras do dano ambiental. ambiente (MPSP (MPF ª eou (prefeitos ambiental 4 paulista 200 2021 bibliografia encontrada Identificouse Identificou se 12 policiais disso 60 Concluise Conclui entretanto identificouse identificou Observouse Observou gera 20 202 1 6 2

Abstract The new law 4/2023 introduces important innovations in the regulation of the rectification of the mention sex in the Civil Registry, which entails considering the will of the person, and ultimately your identity. In this text is made an approximation to the legal concept of sex and are analyzed and interpret requirements, procedure, and effects of the rectification.

Resumen La Ley 4/2023 introduce importantes novedades en la regulación de la rectificación de la mención del sexo en el Registro civil que comportan tomar en cuenta la voluntad de la persona y en definitiva su identidad. En este texto se hace una aproximación al concepto jurídico de sexo y también se analizan e interpretan los requisitos, procedimiento y efectos de la rectificación.

ABSTRACT: The legal regulations of the Precario’s procedure was modified obliquely by Law Nº 21,461 of 2022 in two relevant ways. The first of them is the change in the normative foundation to process the Precario action as summary judgment. The second, meanwhile, is the authorization for the civil judge to apply “as pertinent” the rules of payment procedure for collection of rental income to this actio in rem. This article analyzed the effects of both legislative decisions and the way in which they would affect the place that the Precario´s procedure occupies within the current system of actions in rem.

RESUMEN: La regulación legal del juicio de precario fue modificada de manera oblicua por la Ley Nº 21.461 de 2022 en dos sentidos relevantes. El primero de ellos es el cambio en el fundamento normativo para tramitar la acción de precario como un juicio sumario. El segundo, en tanto, es la autorización para que el juez civil aplique “en lo pertinente” las reglas del procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento a esta acción real. Este artículo analiza los efectos de ambas decisiones legislativas y el modo en que ellas alterarían el lugar que ocupa el juicio de precario dentro del sistema de acciones reales vigente.