Résumé: Le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) est une institution dédiée au règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE). Depuis les années 1990, le nombre de cas soumis au CIRDI a augmenté. Pourtant, l’indépendance des arbitres au moment de prendre leurs décisions a été mise en cause, car les sentences de ces tribunaux favorisent les pays développés d’où généralement viennent les investisseurs demandeurs étrangers. L’objectif de cette investigation est de déterminer si les décisions des tribunaux arbitraux du CIRDI sont indépendantes de leur composition, quant à la nationalité des arbitres, par le biais d’une étude statistique des sentences.

Abstract: The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is an institution devoted to the investor-State dispute settlement (ISDS). From the 1990’s the number of cases filed before the ICSID has increased. Nevertheless, the ICSID arbitrators’ independence for making their decisions has been questioned, since their awards are said to benefit the developed countries from where foreign investors/claimants tend to be. In this regard, the purpose of this research is to determine whether the decisions made by the ICSID arbitral tribunals are actually independent from their composition, as for their arbitrators’ nationality, through a statistical study of the awards.

Resumen: El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución dedicada a la solución de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE). A partir de la década de los noventa, el número de casos sometidos al CIADI se ha venido incrementando. Sin embargo, se ha cuestionado la independencia de sus árbitros en la toma de decisiones, afirmando que los laudos emitidos por estos tribunales favorecen a los países desarrollados, de los cuales suelen provenir los inversores extranjeros demandantes. El objeto de este trabajo es determinar, a través de un estudio estadístico de los laudos, si efectivamente los árbitros se han parcializado hacia los inversores demandantes en los laudos del CIADI, para ello se determinará el número de casos en los cuales los tribunales arbitrales favorecen a los inversores y los que favorecen a los Estados demandados. Además, se investigará si las decisiones de los tribunales arbitrales CIADI son independientes de la integración de éstos, en cuanto a la nacionalidad de sus árbitros.

The arbitration agreement has its origin, by nature, in the free will of the parties who want to summit their controversies to arbitration, instead of the ordinary jurisdiction. However, in the case of the public contracts, the arbitration agreement does not have the same characteristics of free will, as they have in civil contracts, precisely because of the public nature of the authority, which means that they are subject to the legality principle instead of having free will. In this paper I will try to prove that, as a consequence of it, our legal framework produces one-sided arbitration agreements which benefit the public authorities who draft those agreements. In fact, the lack of possibilities for the contracting party to negotiate the content of the agreement allows the public authority to draft such content in a way that only benefit them and negatively affects the contractor, creating a situation of inefficiency. The legislator, aware of the problem, has enacted rules that seek to recognize rights to the bidder and restrict the discretionary powers of the authority; however, those measures are not good enough. In this scenario, I propose a solution which requires legal regulation in the content of the aforementioned agreements, in a way that can be granted, from an ex-ante regulation, that the arbitration agreement will be balanced.

El convenio arbitral reside, por naturaleza, en la voluntad de las partes de someter sus controversias al fuero arbitral, renunciando a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, en el marco de los contratos públicos, el convenio arbitral no presenta las notas de voluntariedad que existen en los contratos privados, precisamente por la naturaleza pública de la entidad contratante, lo que significa que esta se sujeta al principio de legalidad, no teniendo autonomía de la voluntad. En este trabajo se pretende demostrar que, como consecuencia de ello, se producen convenios arbitrales desequilibrados a favor de las entidades públicas que predisponen su contenido. En efecto, la inexistente posibilidad del contratista de determinar el contenido del convenio arbitral tiene como efecto que la entidad contratante predisponga su contenido, de manera tal que le beneficie de forma desproporcionada en detrimento del contratista, provocando una situación ineficiencia. El legislador, consciente de ello, ha dispuesto progresivamente reglas que buscan otorgar mayores derechos al postor y restringir la discrecionalidad de la entidad; sin embargo, dichas medidas no parecen ser suficientemente satisfactorias. En dicho contexto, se propone una respuesta desde la intervención legal en el contenido del referido convenio, de manera que se asegure, desde su regulación ex ante, que el contenido del convenio arbitral será equilibrado.

ABSTRACT This essay presents the question of whether private parties can arbitrate damages for abuse of market power (dominant position). We analyzed Ecuadorian arbitration and antitrust legislation. Also, we discussed the relevant doctrine and jurisprudence of the two opposing positions in different countries. Afterward we explore the hypothetical case and its conclusions.

RESUMEN El presente ensayo plantea la interrogante de si es posible resolver en un proceso arbitral una controversia de daños y perjuicios por actos de abuso de poder de mercado entre dos particulares. Para ello analizamos la legislación vigente en arbitraje y en Derecho de la libre competencia en Ecuador y la doctrina relevante. Además, se presenta la jurisprudencia que trata las dos tesis a favor y en contra a este tema en varios países. Al finalizar se presentan las conclusiones del caso hipotético tratado.

El presente trabajo analiza las soluciones que contiene el Convenio de Naciones Unidas sobre el contrato internacional de mercancías total o parcialmente marítimo, conocido, comúnmente, como las Reglas de Rotterdam sobre una de las cuestiones más emblemáticas en estos momentos en el transporte marítimo internacional. Nos referimos a los problemas que plantea la eficacia de los acuerdos de arbitraje en el ámbito del Derecho marítimo debido fundamentalmente a las especiales características que rodean a este sector del comercio internacional. Para ello, es necesario señalar la existencia de una pluralidad de fuentes normativas susceptibles de regular la cuestión en la actualidad. Asimismo, resulta imprescindible analizar la regulación contenida al respecto en los instrumentos normativos existentes de carácter internacional haciendo hincapié, además, en la disparidad de soluciones que ofrecen los diferentes sistemas estatales a nivel de Derecho comparado.

This paper analyzes the solutions containing in United Nations Convention on international contract totally or partially maritime goods, commonly known as the Rotterdam Rules on one of the most emblematic issues right nowin international maritime transport.We refertothe problems of the effectiveness of arbitration agreements in the field of maritime law basically because of the special features thatsurround this area of international trade. It is therefore necessary to point out the existence of a plurality of normative sources susceptible to address the issues today. It is also essential to analyze the regulation contained regard to existing international normative instruments emphasizing also the disparity of solutions offered by different state systems at the level of comparative law.

Bolivia has not had the opportunity to apply the "New York Convention". This article is not intended to make an exhaustive exegesis of said international instrument, but merely to review some general considerations for its application as they have being developed by the compared jurisprudence. For this, firstly, the applicability of the Convention from the standpoint of the Bolivian legislation has to be determined; secondly, the procedural assumptions to request its recognition must be developed and, thirdly, to resort to the common aspects on the refusal of recognition. The recognition of annulled arbitrations and the denial of the recognition due to violation of public order are questions that cannot be avoided, because they are part or the necessary general knowledge on the application of the "New York Convention".

En Bolivia aún no se ha tenido la oportunidad de aplicar la "Convención de Nueva York". Este artículo no pretende hacer una exégesis exhaustiva sobre dicho instrumento internacional, sino sólo hacer un repaso de ciertas consideraciones generales para su aplicación, tal como han venido siendo desarrolladas por la jurisprudencia comparada. Para esto, lo primero ha sido determinar, a partir de la legislación nacional, la aplicabilidad de la Convención. Lo segundo, desarrollar los presupuestos procesales para solicitar el reconocimiento. Y lo tercero, recalar en los aspectos comunes sobre la denegación del reconocimiento. El reconocimiento de laudos anulados y la denegación del reconocimiento por violación al orden público, son cuestiones que no pueden quedar al margen, porque son parte del conocimiento general que se debe tener sobre la aplicación de la "Convención de Nueva York".

En el Perú, el arbitraje relativo a controversias sobre contratación de bienes y servicios y contratos de obra con el Estado, es obligatorio y de Derecho. Incluso, el Decreto Supremo n.° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que si en el contrato no se incorpora un convenio arbitral, se considerará incorporado - de pleno derecho- una cláusula modelo. Asimismo, la Ley de Contrataciones del Estado establece que el arbitraje será de derecho. Sin embargo, la propia Ley contempla la posibilidad de que los árbitros designados por las partes (en un tribunal colegiado) puedan ser de otras profesiones distintas a la abogacía (regla general en un arbitraje de derecho)

In Perú arbitration in all areas of public contracting is a compulsory non-in equity but in law arbitration. Even more, Supreme Decree No. 184-2008-EF, Regulation to the Public Contracting Law, establishes that if in a given contract an arbitration clause is not part of it, the law will considerer included on it a model clause set by the law itself. However, the same Law allows that the arbitration court could be integrated by non-lawyers arbitrators (a common rule in an in law arbitration)

La noción de inversionista remite inexorablemente a la noción de nacionalidad. Mientras que el derecho internacional público ha establecido unos criterios claros y de obligatorio ceñimiento para determinar la efectividad de la nacionalidad de las personas, los tribunales arbitrales CIADI han desconocido estos criterios y han preferido adoptar un control demasiado favorable al arbitraje que desconoce los principios generales de derecho internacional y el alcance mismo del Convenio CIADI.

The term investor is inexorably linked to the concept of nationality. Although public international law has established clear and mandatory criteria to determine the effectiveness of nationality, ICSI D arbitral tribunals have disregarded such criteria and have rather adopted a pro-arbitration approach inconsistent with the general principles of international law and the very same scope of the ICSI D Convention.

The new Spanish Law on Arbitration is inspired in a model Law from Uncitral and also includes certain new institutions in the area of arbitration since 1985. The main advantages observed by the author in this new law, has to do with the increased importance given to international arbitration, along with some precepts that turn arbitration more flexible and reduce the requirements for arbitration to be valid, such as the rules related to the decisions issued by arbitration panels. The author stresses the relevance of Spain's adhesion to the arbitration regime of the above mentioned model Law, because it has allowed more flexibility and simplicity in arbitration procedures and a legal regime close to common law procedures that will make international arbitration a better option for jurists, lawyers and their clients.

La nueva Ley Española de Arbitraje está inspirada en la Ley Modelo de la Uncitral y recoge además diversos avances producidos en materia de arbitraje desde 1985. Las principales ventajas que el autor observa en esta nueva ley, residen en que se favorece el arbitraje internacional, con algunos preceptos que lo hacen más flexible, además de exigir menos requisitos para la validez del convenio arbitral y del laudo que se dicte, entre otras. Por ello se plantea la relevancia de la adhesión de España al régimen de arbitraje de la Ley Modelo, pues representa mayor facilidad y flexibilidad en los procedimientos arbitrales, y un régimen legal más parecido al anglosajón que hará a los arbitrajes internacionales una mejor opción para juristas, abogados y también para sus clientes.