Abstract: The use of e-commerce to enhance consumer relationships is becoming increasingly important in the information society. The constant development of technologies allows existing platforms to benefit from their characteristics; however, these advancements also bring various legal issues that must be addressed to protect users' interests and rights. Blockchain technology is revolutionizing B2C electronic relations due to its transnational nature, decentralization, guarantee of trust, immutability, and one of its most distinctive functionalities: smart contracts. These agreements are characterized by their automation and self-execution, features that can conflict with existing consumer and user legislation. Additionally, the opportunities provided by Blockchain, such as allowing users to act anonymously, may contradict regulations concerning the determination of international judicial jurisdiction and the applicable law for B2C consumer legal relationships. This work aims to analyze the applicability of smart contracts in e-commerce, particularly for B2C companies, and to study the potential issues they pose for current regulations, in order to determine whether these regulations need to be adapted for these technologies

Resumen: El uso del comercio electrónico para celebrar relaciones de consumo cada vez toma más protagonismo en la sociedad de la información. El constante desarrollo de las tecnologías hace que las plataformas existentes puedan beneficiarse de sus características; sin embargo, también traen consigo diferentes cuestiones jurídicas que deben mitigarse a fin de proteger los intereses y derechos de los usuarios. La tecnología blockchain es una de las tecnologías que viene a revolucionar el ámbito de las relaciones electrónicas B2C gracias a su carácter transnacional, descentralización, garantía de confianza, inmutabilidad y a una de sus funcionalidades más características: los smart contracts. Este tipo de acuerdos se distinguen por su automatización y autoejecución, caracteres que a priori pueden poner en riesgo la legislación existente sobre consumidores y usuarios. Asimismo, las oportunidades que brinda blockchain de cara a que los usuarios puedan actuar de forma irreconocible puede poner en jaque la normativa encargada de determinar la competencia judicial internacional y la ley aplicable a las relaciones jurídicas de consumo B2C. Este trabajo analiza la aplicabilidad de los smart contracts en el ámbito del comercio electrónico, en especial en el de empresas con consumidores (B2C) y estudiar los posibles inconvenientes que generan sobre la normativa existente a fin de analizar si es necesario adaptar la legislación a estas tecnologías

Resumo: A utilização do comércio eletrônico para efetivar relações de consumo assume cada vez mais um papel central na sociedade da informação. O constante desenvolvimento das tecnologias faz com que as plataformas existentes possam beneficiar-se das suas características, no entanto, também trazem consigo diversas questões jurídicas que devem ser mitigadas de forma a proteger os interesses e direitos dos usuários. A tecnologia blockchain é uma das tecnologias que veio revolucionar o campo das relações eletrônicas B2C graças ao seu carácter transnacional, descentralização, garantia de confiança, imutabilidade e uma das suas funcionalidades mais características, os smart contracts. Estes tipos de acordos distinguem-se pela sua automatização e auto-execução, características que, a priori, podem colocar em risco a legislação existente sobre consumidores e usuários. Da mesma forma, as oportunidades que o Blockchain oferece para que os usuários possam agir de forma irreconhecível podem colocar em xeque os regulamentos encarregados de determinar a competência judicial internacional e a lei aplicável às relações jurídicas de consumo B2C. O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade dos smart contracts no campo do comércio eletrônico, especialmente o de empresas com consumidores (B2C) e estudar os possíveis inconvenientes que eles geram sobre a regulamentação existente, a fim de analisar se é necessário adaptar a legislação a estas tecnologias

Abstract The Constitutional Court is facing one of the biggest crises in its history, due to the constant politicization of the body, baseda on the justifications that are made when appointing magistrates and, thanks to a legal system that does not require too many requirements when carrying out the function: be a lawyer of recognized competence and have fifteen years of professional practice. In this work, its legitimacy will be questioned based on the lack of independence and neutrality of its magistrates and the constant detriment of the collegiate nature of the body due to the practices that take place within it. Also, it will come to be argued that we have a dysfunctional Constitutional Court due to the past personal situations of its magistrates, both political and institutional, based on the doubts that are displayed regarding its legitimacy. history function practice work Also institutional

Resumen El Tribunal Constitucional afronta una de las mayores crisis de su Historia, por causa de una constante politización del órgano, en función de las justificaciones que se hacen a la hora de designar a los magistrados y, gracias a un ordenamiento jurídico que no requiere de demasiadas exigencias a la hora de desempeñar la función: ser jurista de reconocida competencia y contar con quince años de ejercicio profesional. En este trabajo se pondrá en duda su legitimidad en base a la falta de independencia y neutralidad de sus magistrados y el detrimento constante del carácter colegiado del órgano por las prácticas que tienen lugar en su seno. También, se llegará a sostener que tenemos un Tribunal Constitucional disfuncional debido a las situaciones personales pasadas de sus magistrados, tanto políticas como institucionales, a partir de las dudas que se despliegan en lo relativo a su legitimidad. Historia profesional seno También institucionales

Resumen Es un lugar común señalar que los órganos jurisdiccionales límite son la última barrera de defensa de los derechos fundamentales, el estado de derecho, la división de poderes, y por lo mismo, de la democracia constitucional. No obstante, existen sentencias de última instancia que constituyen ejemplos muy ilustrativos de las prácticas argumentativas que se utilizan para disimular decisiones que pueden estar sistemáticamente politizadas, y por tanto, ser perjudiciales para los derechos electorales fundamentales, para la certeza y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como para la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. La práctica de utilizar la legitimidad democrática de la función judicial para socavar intencionalmente el núcleo de la democracia está poco teorizada. No obstante, es muy posible que hacia el futuro estas formas de ataque se añadan al conjunto de herramientas autoritarias ejercidas por parte de grupos de talante antidemocrático. Esto es, la circunstancia de que sean los tribunales y no los actores políticos los que adopten una medida antidemocrática con la ventaja de la dificultad para su identificación, dada la tradición asignada al poder judicial en el estadio) constitucional democrático de derecho, hace indispensable revisar el uso de la ponderación propia de la representación argumentativa. Esto, para evitar que mediante la interpretación constitucional se erosione la democracia y se tolere la ausencia del consenso social mínimo sobre los argumentos que se propone sostener con relativa estabilidad temporal. Más todavía, cuando se trata de quienes integran la jurisdicción constitucional especializada en materia de elecciones y democracia. En México, el máximo órgano jurisdiccional electoral es el TEPJF. Dicho órgano ha emitido decisiones controversiales y trascendentes para la democracia electoral que permiten un análisis jurídico crítico, el cual sirva de insumo a la actividad legislativa, sobre todo en temas de participación ciudadana como la revocación de mandato y la imposición de sanciones por su difusión por parte de servidores públicos, así como en los casos de violencia política en razón de género (VPG) y la privación del modo honesto de vivir (MHV) como sanción. Asimismo, resulta notorio el tema de las sentencias sobre la modificación o abandono defectuoso de la jurisprudencia en tópicos como la asunción de competencia sobre actos parlamentarios en la integración de los órganos administrativos o de gobierno del Congreso de la Unión, y los mensajes de los legisladores sobre los cuales se ha determinado que no están protegidos por el principio de inviolabilidad parlamentaria.

Abstract It is commonplace to state that the borderline courts are the last obstacle in the defense of fundamental rights, the rule of law, the division of powers, and hence, of constitutional democracy. Nevertheless, there are judgments of last resort which are very illustrative examples of argumentative practices used to conceal decisions that may be systematically politicized, and therefore can be detrimental to fundamental electoral rights, to the certainty and legality of electoral acts and resolutions, as well as to the holding of free, authentic, and periodical elections. The practice of using the democratic legitimacy of the judicial function to intentionally undermine the core of democracy is barely theorized. However, it is highly possible that in the future these types of attack will be part of the authoritarian tools used by groups of an anti-democratic nature. That is to say, the circumstance that the courts and not the political actors are the ones that implement undemocratic measures with the advantage of the difficulty for its identification, given the traditional role assigned to the judiciary in the democratic constitutional state of law, makes it essential to review the use of the weighting of the argumentative representation. This, in order to prevent democracy from being damaged by constitutional interpretation and to avoid the tolerance for the absence of a minimum social consensus on the arguments that it intends to sustain with relative temporary stability. Even more so, when it comes to those who make up the constitutional jurisdiction specialized in elections and democracy. In Mexico, the Superior Court of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary (TEPJF) is the highest electoral court. This body has issued controversial and transcendent decisions for electoral democracy which can be subject to critical legal analysis as an input for legislative activity. This is particularly related to issues concerning citizen participation such as the revocation of mandate and the imposition of sanctions due to its diffusion by public servants, as well as cases of gender-based political violence (VPG, by its acronym in Spanish) and the deprivation of an honest way of living (MHV, by its acronym in Spanish) as a sanction. Another topic worth considering is the rulings on the modification or defective abandonment of the jurisprudence in matters such as the assumption of competence over parliamentary acts in the integration of the administrative or government bodies by the Congress of the Union, and the messages of the legislators, which are not protected by the principle of parliamentary immunity, as has been established.

Abstract The article analyzes the situation of Venezuela with respect to the American Convention on Human Rights in the framework of the case Alfredo José Chirinos Salamanca and others vs. Venezuela before the Inter-American Court of Human Rights. Based on the existence of two authorities claiming the international representation of Venezuela, and with different positions on the inter-american system for the protection of human rights, the article examines the jurisdiction of the Court to decide whether a State is party to the American Convention and if it can resolve a dispute related to its jurisdiction that is based on the validity or not of the deposit of ratification of the Convention before the General Secretariat of the Organization of American States.

Resumen El artículo analiza la situación de Venezuela con respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos en el marco del caso Alfredo José Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A partir de la existencia de dos autoridades con reclamo de la representación internacional de Venezuela, y con distintas posiciones sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos, examina la competencia de la Corte para resolver si un Estado es parte de la Convención Americana y si puede resolver una disputa relativa a su jurisdicción que tiene como base la validez o no del depósito de ratificación de la Convención ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Resumo Este artigo trata das implicações jurídicas, no Brasil, da ocupação tradicional da terra pelos indígenas Yanomami, tendo como marco inicial construção da Rodovia Perimetral Norte em 1973, o que correspondeu a um grande afluxo de não indígenas e conflitos fundiários. Procura-se demonstrar, analisando as Constituições brasileiras posteriores a 1967, as normas infraconstitucionais recepcionadas, os tratados internacionais e a jurisprudência interamericana, que a ordem jurídica no Brasil prevê a posse das terras indígenas, o usufruto de seus recursos naturais, a demarcação e a desintrusão. Contudo, o Estado viola sistematicamente esses direitos, causando eventualmente crises humanitárias. Esse grave fenômeno ocorreu duas vezes. Na Ditadura, especialmente de 1975 a 1990, e durante a crise da Democracia brasileira, a partir de 2014. Em ambos, os órgãos do sistema interamericano de direitos humanos foram provocados. Embora estejam bem desenvolvidos os direitos indígenas no Brasil, sua efetividade ainda é um desafio, em razão da oposição política de determinados grupos sociais, o que culmina, em períodos de maior fragilidade democrática, em crises humanitárias que são objeto de análise pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que têm competência de agir face ao Brasil. jurídicas Yanomami 1973 fundiários Procurase Procura se demonstrar 1967 recepcionadas interamericana naturais desintrusão Contudo vezes Ditadura 197 1990 brasileira 2014 ambos provocados desafio sociais culmina democrática 196 19 199 201 1 20 2

Abstract This study evaluates the legal implications of the traditional occupation of land by the Yanomami people in Brazil, beginning from the construction of the highway BR- 210 (Rodovia Perimetral Norte) in 1973, which corresponded to a large influx of non-indigenous people and several land conflicts. We seek to show—by analyzing the Brazilian Constitutions after 1967, the infraconstitutional law upheld by the constitution, the international treaties, and the inter-American jurisprudence—that the legal order in Brazil provides for the possession of indigenous lands, the usufruct of their natural resources, land demarcation, and the removal of intruders. However, the State systematically violates these rights, occasionally causing humanitarian crises. This serious phenomenon occurred twice. During the Brazilian dictatorship (specially from 1975 to 1990) and the Brazilian democracy crisis (beginning in 2014). Both mobilized the bodies of the inter-American human rights system. Although Indigenous rights are well developed in Brazil, their effectiveness remains a challenge due to the political opposition of certain social groups, culminating in periods of greater democratic fragility, humanitarian crises analyzed by the Inter-American Commission on Human Rights, and by the Inter-American Court of Human Rights, which has jurisdiction to respond to Brazil. BR 21 Rodovia Norte 1973 nonindigenous non conflicts showby show 1967 constitution treaties interAmerican inter American jurisprudencethat jurisprudence that lands resources demarcation intruders However twice specially 197 1990 2014. 2014 . 2014) system groups fragility InterAmerican Inter Rights 2 196 19 199 201 1 20

Resumo Este artículo trata de las implicaciones jurídicas, en Brasil, de la ocupación tradicional de la tierra por el pueblo indígena Yanomami, teniendo como punto de partida la construcción de la Rodovia Perimetral Norte en 1973, que se correspondió a una gran afluencia de población no indígena y a conflictos por la tierra. Se pretende demostrar, analizando las Constituciones brasileñas posteriores a 1967, las normas infraconstitucionales recibidas, los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana, que el ordenamiento jurídico en Brasil prevé la posesión de las tierras indígenas, el usufructo de sus recursos naturales, la demarcación y la des-intrusión. No obstante, el Estado viola sistemáticamente esos derechos, lo que acaba provocando crisis humanitarias. Ese grave fenómeno se ha producido en dos ocasiones. En la Dictadura, especialmente de 1975 a 1990, y durante la crisis de la Democracia brasileña, a partir de 2014. En ambos, los órganos del sistema interamericano de derechos humanos fueron provocados. Aunque los derechos indígenas están bien desarrollados en Brasil, su efectividad sigue siendo un reto, debido a la oposición política de ciertos grupos sociales, que culmina, en periodos de mayor fragilidad democrática, en crisis humanitarias que son analizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen jurisdicción para actuar frente a Brasil. jurídicas Yanomami 1973 demostrar 1967 recibidas interamericana naturales desintrusión. desintrusión des intrusión. intrusión des-intrusión obstante ocasiones Dictadura 197 1990 brasileña 2014 ambos provocados reto sociales culmina democrática 196 19 199 201 1 20 2

Abstract Colombia has experienced a non-international armed conflict which has lasted for more than 60 years. On September 4, 2012, during the presidential term of Juan Manuel Santos, peace negotiations began between the Colombian State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia -People's Army (FARC-EP) - with the aim of ending the armed conflict between both actors. The agreements culminated on September 26, 2016. Regarding the foregoing, questions arose on the criminal liability of the State agent. The question on their liability has resounded in the competent international bodies, such as the International Criminal Court and the Inter-American Court of Human Rights. The recently created Special Jurisdiction for Peace (JEP) is now to decide the possible activation of the principle of complementarity to avoid delays in processes involving high-ranking State officials and properly comply with the provisions of Article 120, Statute of Rome.

Resumen Colombia ha vivido un conflicto armado de carácter no internacional que ha durado más de 60 años. El 4 de septiembre de 2012, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, se iniciaron las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP)-, con el objetivo de terminar el conflicto armado entre ambos actores. Los acuerdos culminaron el 26 de septiembre de 2016. Con ello surgieron cuestionamientos en los que se reclama la responsabilidad de los agentes del Estado. La cuestión en torno a dicha responsabilidad ha retumbado en las instancias internacionales competentes, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La recientemente creada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es ahora la encargada de dirimir la posible activación del principio de complementariedad para evitar dilaciones en los procesos que involucren altos mandos del Estado y, así, cumplir lo dispuesto en el artículo 120 del Estatuto de Roma.

Abstract Determining the basis of direct jurisdiction, in compliance with the "second function" of private international law (hereinafter PIL), is key in order to find a solution to the private case with a foreign element. Although, from a Civil Law perspective, our rules first determine the distribution of legislative powers, these cannot be erected without having a legal system of reference, propitiated by a prior idea regarding which judicial authority may assume jurisdiction. It is in view of this fact that we proceed to analyze the provisions of sections 57 to 60 of the General Law of Private International Law 19920, which replaces section 2401 of the repealed Appendix to the Civil Code. We understand that this analysis is essential, since we have gone from having two criteria for the attribution of direct international jurisdiction to having more than twenty, each of which with its peculiarities.

Resumen La determinación de la base de jurisdicción directa, en cumplimiento de la “segunda función” del derecho internacional privado (en adelante DIPr), es trascendental para la configuración de la solución al caso privado con elemento extranjero. Si bien, desde una concepción civilista, nuestras normas primero determinan la distribución de competencias legislativas, estas no pueden erigirse sin tener un ordenamiento jurídico de referencia propiciado por una prenoción de qué autoridad judicial podría asumir competencia. Ante este hecho fáctico es que procedemos a analizar las disposiciones de los artículos 57 a 60 de la Ley General de Derecho Internacional privado 19.920, que viene a sustituir al artículo 2401 del derogado Apéndice del Código Civil. Entendemos que este análisis es medular, pues pasamos de contar con dos criterios atributivos de la jurisdicción internacional directa, a más de una veintena, cada uno con sus particularidades.

RESUMO Ao regulamentar a jurisdição do Centro, o artigo 25 do Convênio CIADI determina a dimensão subjetiva das controvérsias, limitando-as exclusivamente às que ocorrem entre um Estado e um nacional de outro Estado contratante. No entanto, como consequência do crescimento exponencial do investimento público internacional por meio de empresas estatais, surge um debate interessante sobre a possibilidade de essas entidades adquirirem ius standi perante os tribunais de arbitragem de investimentos. Embora, com base no chamado 'test de Broches', os árbitros tenham permitido sua comparência, é necessário estabelecer critérios adequados e precisos que permitam esclarecer a competência ratione personae dos tribunais de arbitragem de investimentos em litígios envolvendo empresas estatais.

RESUMEN Al regular la jurisdicción del Centro, el artículo 25 del Convenio del CIADI determina la dimensión subjetiva de las controversias, limitándolas, exclusivamente, a aquellas que tengan lugar entre un Estado y un nacional de otro Estado contratante. No obstante, como consecuencia del crecimiento exponencial de la inversión pública internacional a través de empresas estatales, se plantea un debate interesante respecto de la posibilidad de que estas entidades adquieran ius standi ante los tribunales arbitrales de inversión. Si bien a partir del denominado 'test de Broches' los árbitros han permitido su comparecencia, es necesario establecer criterios adecuados y precisos que permitan clarificar la competencia ratione personae de los tribunales arbitrales de inversión en las controversias que involucren a las empresas estatales.

ABSTRACT Article 25 of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention, by regulating its jurisdiction, determines the subjective scope of disputes, limiting it to controversies taking place between a State and a national of another contracting State. Nevertheless, given the exponential growth of international public investment through state-owned companies, an interesting debate arises regarding whether it is possible for these entities to acquire ius standi before the investment arbitration tribunals. Although from the so-called "Broches test" arbitrators have allowed their appearance, it is necessary to establish adequate and precise criteria that allow clarifying the jurisdiction rationae personae of investment arbitration tribunals in disputes involving state-owned enterprises.

RESUMO Esta pesquisa considera como objetivo principal demonstra a necessidade de reformar a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos, para reestruturar o Poder Judicial da Federação na separação das faculdades de competência e jurisdição dos juízos de garantias, com uma metodologia dedutivo-indutiva, uma que vez que a estrutura conformada atualmente, ao ser modificada em forma geral, redundará em benefícios espe- cíficos e também no uso do método histórico, que permitirá a obtenção de benefícios futuros, de um antes, um agora e a expectativa de um futuro melhor, obtendo resultados de uma análise comparativa lógico-jurídico, com o fim de entender a problemática de um monopólio da administração da justiça que o faz sensível de diversas áreas de chance em demérito dos termos jurídicos, por uma má práxis e resultados criticáveis pelos operadores do direito, concluindo que estamos sob a existência de deficiências significativas na função jurisdicional federal, em excesso do exercício do império da lei, essas que devem ser emendadas pelos máximos tribunais mexicanos e estabelecer a reestrutura ad hoc requerida em nosso país, para garantir a eficiente administração da justiça, no sistema de justiça mexicano.

ABSTRACT This research considered as its main objective demonstrating the the need for reform of the Political Constitution of the Mexican United States to restructure the Judicial Power of the Federation in the separation o faculties of competence and jurisdiction of the guarantee trials with a deductive-inductive methodology, given how the current structure, by being generally modified, will redound in specific benefits and by the use of the historical method the study was allowed future benefits from a before, a now and a future improvement expectation, obtaining results from a comparative logicjudicial analysis with the goal of understanding the issue of the monopoly of justice administration that makes it susceptible to a wide number of opportunities of demerit to those justiciable, be it because of mala praxis and results questionable by diverse justice operators, concluding that we are currently facing substantial deficiencies in the federal jurisdiccional functions, in excess of the empire of law, and that these should be amended by the supreme Mexican Courts and that the ad hoc structure must be established as our country needs it to guarantee an efficient impartation of justice within the Mexican justice System.

RESUMEN La presente investigación considera como objetivo principal el demostrar la necesidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reestructurar al Poder Judicial de la Federación en la separación de facultades de competencia y jurisdicción de los juicios de garantías, con una metodología deductivo-inductiva, ya que la estructura conformada actualmente, al ser modificada en forma general, redundará en beneficios específicos y también el uso del método histórico, que permitirá la obtención de beneficios futuros, de un antes, un ahora y la expectativa futura de mejora, obteniendo resultados de un análisis comparativo lógico-jurídico, con el fin de entender la problemática de un monopolio de la administración de justicia que lo hace susceptible de diversas áreas de oportunidad en demerito de los justiciables, por una mala praxis y resultados criticables por los diversos operadores del derecho, concluyendo que nos encontramos ante la existencia de deficiencias sustanciales en la función jurisdiccional federal, en exceso del ejercicio del imperio de la ley, mismas que deben ser enmendadas por los máximos tribunales mexicanos y establecer la reestructura ad hoc requerida en nuestro país, para garantizar la eficiente impartición de justicia, en el sistema de justicia mexicano.

Abstract Based on the case of the province of Bogotá, this article argues that in the early republican period in Colombia there was a government effort to establish and formalize the ordinary justice in charge, among other functions, of criminal trials. In this context, the principle of division of powers was a novelty, and such changes began to take place within a judicial continuity still based on the Castilian legal culture of the viceroyalty of New Granada. Likewise, there were still material limitations so that the budding State could sustain a national judicial apparatus. A consequence of this was the importance that the municipal mayors of the cantons acquired as judges of first instance, as well as the competition conflicts that arose during the period. Legal and constitucional sources, government reports and archival documents were consulted for the investigation.

Resumen A partir del caso de la provincia de Bogotá, este artículo argumenta que en el periodo republicano temprano en Colombia hubo un esfuerzo gubernamental por establecer y formalizar la justicia ordinaria encargada, entre otras funciones, de los juicios criminales. En este contexto el principio de división de poderes resultaba una novedad, y tales cambios comenzaron a tener lugar dentro de una continuidad judicial desarrollada todavía a partir de la cultura jurídica castellana del virreinato de la Nueva Granada. Asimismo aún existían limitaciones materiales para que el Estado en ciernes pudiera sostener un aparato judicial con alcance nacional. Entre las consecuencias de esa situación estuvo la importancia que adquirieron los alcaldes municipales de los cantones como jueces de primera instancia, así como los conflictos de competencia suscitados durante el periodo. Para la investigación se consultaron fuentes constitucionales y legales, informes gubernamentales y documentos de archivo.

ABSTRACT: One of the most important modern United States’ Supreme Court cases involving indigenous politics centers on the problem of defining criminal jurisdiction. The Supreme Court’s decision in McGirt v Oklahoma advanced the principle that both U.S. state and federal governments must abide by longstanding treaty agreements with tribal nations, strengthening -tangentially- the collective titles to Indian lands. If an Indian reservation is to be suppressed, it must come via an explicit act of Congress, not the will of state or local governments. The immediate consequences of this decision are a renewed sense of legal duty toward treaty obligations for the United States and the reinvigoration of Muscogee (Creek) Nation jurisdiction over tribal lands, including over non-indigenous people. In the long run, this case stands to open doors for other tribal nations to challenge state absorption of tribal jurisdictions.

RESUMEN: El presente caso es uno de los más importantes del periodo moderno de la Corte Suprema de los Estados Unidos que, definiendo la competencia penal, establece políticas indígenas. La sentencia de la Corte Suprema en McGirt vs. Oklahoma establece el principio que los estados y el gobierno federal deben acatar los tratados de larga data con las naciones indígenas, reforzando al mismo tiempo -y tangencialmente-, los títulos colectivos indígenas a la tierra. Si la reserva de tierra indígena va a ser suprimida, debe hacerse explícitamente por una ley del Congreso, no por la voluntad del estado ni de los gobiernos locales. Las consecuencias inmediatas de la sentencia comprenden nuevas obligaciones estatales para Estados Unidos y la revitalización de las competencias de la Nación Creek (Muscogee) sobre la tierra indígena, incluyendo a población no indígena. A largo plazo, este caso puede abrir la puerta para que otras naciones indígenas desafíen la absorción de competencias indígenas por parte de los estados.

ABSTRACT: One of the most important modern United States’ Supreme Court cases involving indigenous politics centers on the problem of defining criminal jurisdiction. The Supreme Court’s decision in McGirt v Oklahoma advanced the principle that both U.S. state and federal governments must abide by longstanding treaty agreements with tribal nations, strengthening -tangentially- the collective titles to Indian lands. If an Indian reservation is to be suppressed, it must come via an explicit act of Congress, not the will of state or local governments. The immediate consequences of this decision are a renewed sense of legal duty toward treaty obligations for the United States and the reinvigoration of Muscogee (Creek) Nation jurisdiction over tribal lands, including over non-indigenous people. In the long run, this case stands to open doors for other tribal nations to challenge state absorption of tribal jurisdictions.

RESUMEN: El presente caso es uno de los más importantes del periodo moderno de la Corte Suprema de los Estados Unidos que, definiendo la competencia penal, establece políticas indígenas. La sentencia de la Corte Suprema en McGirt vs. Oklahoma establece el principio que los estados y el gobierno federal deben acatar los tratados de larga data con las naciones indígenas, reforzando al mismo tiempo -y tangencialmente- los títulos colectivos indígenas a la tierra. Si la reserva de tierra indígena va a ser suprimida, debe hacerse explícitamente por una ley del Congreso, no por la voluntad del estado ni de los gobiernos locales. Las consecuencias inmediatas de la sentencia comprenden nuevas obligaciones estatales para Estados Unidos y la revitalización de las competencias de la Nación Creek (Muscogee) sobre la tierra indígena, incluyendo a población no indígena. A largo plazo, este caso puede abrir la puerta para que otras naciones indígenas desafíen la absorción de competencias indígenas por parte de los estados.

ABSTRACT The purpose of the study was to determine the relationship between digital literacy and digital teaching competence at the secondary level, UGEL N°09 of the province of Huaura in 2019. The study was of correlational scope, non-experimental cross-sectional design; the sample was made up of 198 high school teachers from urban areas who have permanent access to various technological resources. Two Likert scale questionnaires were used, which have validity and reliability. The results indicate that there is sufficient statistical evidence to determine the existence of a relationship between digital literacy and digital teaching competence (ρ = 0.707 and p value = 0.000); in conclusion, an adequate level of digital literacy contributes to a better performance of digital skills in teachers; A significant linear relationship was also found between digital literacy and each of the dimensions of digital teaching competence in the sample studied.

RESUMEN El propósito del estudio fue determinar la relación entre la alfabetización digital y la competencia digital docente en el nivel secundaria, jurisdicción de la UGEL N°09 de la provincia de Huaura en el año 2019. El estudio fue de alcance correlacional, diseño no experimental, de corte transversal; la muestra estuvo conformada por 198 docentes del nivel secundaria de las zonas urbanas que cuentan con acceso permanente a diversos recursos tecnológicos. Se emplearon dos cuestionarios tipo escala de Likert los cuales cuentan con validez y confiabilidad. Los resultados indican que existe suficiente evidencia estadística para determinar la existencia de relación entre la alfabetización digital y la competencia digital docente (ρ = 0.707 y p valor = 0.000); en conclusión, un adecuado nivel de alfabetización digital contribuye a un mejor desempeño de competencias digitales en los docentes; también, se encontró una relación lineal significativa entre la alfabetización digital y cada una de las dimensiones de la competencia digital docente en la muestra estudiada.

ABSTRACT: This article discusses the United States and European Union’s sanctioning powers over extraterritorial antitrust infringements that affect their internal markets. It remarks the domestic sanction of those actions on the ground that they have produced an adverse impact on the domestic territory, which must be substantial and direct. In addition, it identifies some deferential or comity criteria which contributes to conciliate jurisdictional interests affected by cross border infringements.

RESUMEN: Este trabajo aborda el poder de sanción de conductas anticompetitivas extranjeras que afectan la libre competencia en los mercados internos de Estados Unidos y la Unión Europea. Destaca el ejercicio de competencia doméstica basado en la territorialidad de los efectos adversos de la conducta, que deben ser sustanciales y directos. Asimismo, identifica algunos criterios de deferencia o cortesía que procuran conciliar los intereses jurisdiccionales de los países afectados por ilícitos transfronterizos.