Abstract In Paraguay, even if the doctrine of "stare decisis" does not apply, jurisprudence still plays an important role in generating legal certainty through the uniform application of the law in the courts. This occurs thanks to the work of the Supreme Court of Justice, which, as the highest judicial instance, rules on the validity of judicial resolutions issued by courts and tribunals. This position in the judicial pyramid has a persuasive effect on the other jurisdictional bodies, generating a system of interpretation and uniform application of the law. However, at present, courts and tribunals make little use of the rulings handed down by the Supreme Court. The consequence is a judicial system with contradictory rulings, which fails in its duty to generate legal certainty. In this article we seek to analyze the causes of this situation and propose possible solutions to overcome it. Among these, the proposal to implement a simple access tool to the Court's rulings to facilitate their use is to be highlighted. In this way, this article intends to help generate legal certainty in the country, in order to guarantee the rule of law.

Resumen Aunque en Paraguay no rige la doctrina del “stare decisis”, la jurisprudencia igualmente juega un rol importante en la generación de seguridad jurídica, a través de la uniforme aplicación de la ley en los tribunales. Esto ocurre gracias al trabajo de la Corte Suprema de Justicia que, en su carácter de máxima instancia judicial, resuelve sobre la validez de las resoluciones judiciales dictadas por tribunales y juzgados. Esa posición en la pirámide judicial asume un efecto persuasivo en los demás órganos jurisdiccionales, generando un sistema de interpretación y aplicación uniforme de la ley. Sin embrago, en la actualidad, tribunales y juzgados utilizan escasamente los fallos dictados por la Corte Suprema. La consecuencia es un sistema judicial con sentencias contradictorias, que incumple con su deber de generar seguridad jurídica. En este artículo buscamos analizar las causas de esta situación, y proponemos posibles soluciones para su superación. Entre estas, se destaca la propuesta de implementación de una herramienta de acceso simple a las sentencias de la Corte para facilitar su utilización. De esa manera, se pretende ayudar a generar seguridad jurídica en el país, para así garantizar el estado de derecho.

Abstract: The Court of Justice of the European Union (“CJEU”) has requested a modification of its Statute to address the challenges arising from an increasing workload. The aim is to redefine the competence of the EU courts in order to enable them to continue to fulfill, within a reasonable time, the mission assigned to them by the drafters of the Treaties in Article 19(1) of the EU Treaty. (“TEU”), namely, ensuring that “the law is respected in the interpretation and application of the Treaties.” The reform specifically provides for a partial transfer of interpretative powers to the General Court (“TG”), combined with the power of the CJEU to deal with matters of particular relevance. Furthermore, the possibility of bringing an appeal to the CJEU will be limited if the appeal boards of the EU agencies have already carried out a legal review in the first instance. A number of safeguards will avoid a situation where the sharing of the workload between two different courts could have a negative effect on the uniformity and consistency of case law.

Résumé: La Cour de justice de l'Union européenne («CJUE») a demandé une modification de son statut afin de faire face aux défis découlant d'une charge de travail croissante. L’objectif est de redéfinir la compétence des juridictions de l’Union européenne afin de leur permettre de continuer à remplir, dans un délai raisonnable, la mission qui leur a été assignée par les rédacteurs des traités, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du traité UE («TUE»), à savoir veiller à ce que « le droit soit respecté dans l’interprétation et l’application des traités». La réforme prévoit spécifiquement un transfert partiel des pouvoirs d’interprétation au Tribunal («TG»), ainsi que la compétence de la CJUE de traiter des questions particulièrement pertinentes. En outre, la possibilité de faire appel devant la CJUE sera limitée si les chambres de recours au sein des agences de l'UE ont déjà procédé à un contrôle juridictionnel en première instance. Un certain nombre de garanties permettront d'éviter une situation dans laquelle le partage de la charge de travail entre deux juridictions différentes pourrait avoir un effet négatif sur l'uniformité et la cohérence de la jurisprudence.

Resumo: O Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) solicitou uma alteração do seu Estatuto para fazer face aos desafios decorrentes de uma carga de trabalho crescente. O objetivo é redefinir a competência dos tribunais da UE, a fim de lhes permitir continuar a cumprir, num prazo razoável, a missão que lhes foi atribuída pelos redatores dos Tratados no artigo 19.º, n.º 1, do Tratado UE (“TUE”), nomeadamente, garantir que “a lei é respeitada na interpretação e aplicação dos Tratados”. A reforma prevê especificamente uma transferência parcial de competências interpretativas para o Tribunal Geral (“TG”), combinada com a competência do TJUE para tratar de questões de particular relevância. Além disso, a possibilidade de interpor recurso para o TJUE será limitada se as comissões de recurso das agências da UE já tiverem realizado uma revisão jurídica em primeira instância. Uma série de salvaguardas evitarão uma situação em que a partilha da carga de trabalho entre dois tribunais diferentes possa ter um efeito negativo na uniformidade e na coerência da jurisprudência.

Resumen: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha solicitado una modificación de su Estatuto para hacer frente a los retos derivados de una carga de trabajo cada vez mayor. El objetivo es redefinir la competencia de los órganos jurisdiccionales de la UE con el fin de permitirles seguir cumpliendo, en un plazo razonable, la misión que les han asignado los redactores de los Tratados en el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la UE (“TUE”), a saber, garantizar que “en la interpretación y aplicación de los Tratados se respete el Derecho”. La reforma prevé concretamente una transferencia parcial de las competencias interpretativas al Tribunal General (“TG”), combinada con la facultad del TJUE de tratar asuntos de especial relevancia. Además, la posibilidad de interponer un recurso ante el TJUE se limitará si las salas de recurso de las agencias de la UE ya han llevado a cabo una revisión jurídica en primera instancia. Una serie de salvaguardias evitarán una situación en la que el reparto de la carga de trabajo por dos órganos jurisdiccionales distintos pueda tener un efecto negativo en la uniformidad y coherencia de la jurisprudencia.

Resumen Es un lugar común señalar que los órganos jurisdiccionales límite son la última barrera de defensa de los derechos fundamentales, el estado de derecho, la división de poderes, y por lo mismo, de la democracia constitucional. No obstante, existen sentencias de última instancia que constituyen ejemplos muy ilustrativos de las prácticas argumentativas que se utilizan para disimular decisiones que pueden estar sistemáticamente politizadas, y por tanto, ser perjudiciales para los derechos electorales fundamentales, para la certeza y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como para la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. La práctica de utilizar la legitimidad democrática de la función judicial para socavar intencionalmente el núcleo de la democracia está poco teorizada. No obstante, es muy posible que hacia el futuro estas formas de ataque se añadan al conjunto de herramientas autoritarias ejercidas por parte de grupos de talante antidemocrático. Esto es, la circunstancia de que sean los tribunales y no los actores políticos los que adopten una medida antidemocrática con la ventaja de la dificultad para su identificación, dada la tradición asignada al poder judicial en el estadio) constitucional democrático de derecho, hace indispensable revisar el uso de la ponderación propia de la representación argumentativa. Esto, para evitar que mediante la interpretación constitucional se erosione la democracia y se tolere la ausencia del consenso social mínimo sobre los argumentos que se propone sostener con relativa estabilidad temporal. Más todavía, cuando se trata de quienes integran la jurisdicción constitucional especializada en materia de elecciones y democracia. En México, el máximo órgano jurisdiccional electoral es el TEPJF. Dicho órgano ha emitido decisiones controversiales y trascendentes para la democracia electoral que permiten un análisis jurídico crítico, el cual sirva de insumo a la actividad legislativa, sobre todo en temas de participación ciudadana como la revocación de mandato y la imposición de sanciones por su difusión por parte de servidores públicos, así como en los casos de violencia política en razón de género (VPG) y la privación del modo honesto de vivir (MHV) como sanción. Asimismo, resulta notorio el tema de las sentencias sobre la modificación o abandono defectuoso de la jurisprudencia en tópicos como la asunción de competencia sobre actos parlamentarios en la integración de los órganos administrativos o de gobierno del Congreso de la Unión, y los mensajes de los legisladores sobre los cuales se ha determinado que no están protegidos por el principio de inviolabilidad parlamentaria.

Abstract It is commonplace to state that the borderline courts are the last obstacle in the defense of fundamental rights, the rule of law, the division of powers, and hence, of constitutional democracy. Nevertheless, there are judgments of last resort which are very illustrative examples of argumentative practices used to conceal decisions that may be systematically politicized, and therefore can be detrimental to fundamental electoral rights, to the certainty and legality of electoral acts and resolutions, as well as to the holding of free, authentic, and periodical elections. The practice of using the democratic legitimacy of the judicial function to intentionally undermine the core of democracy is barely theorized. However, it is highly possible that in the future these types of attack will be part of the authoritarian tools used by groups of an anti-democratic nature. That is to say, the circumstance that the courts and not the political actors are the ones that implement undemocratic measures with the advantage of the difficulty for its identification, given the traditional role assigned to the judiciary in the democratic constitutional state of law, makes it essential to review the use of the weighting of the argumentative representation. This, in order to prevent democracy from being damaged by constitutional interpretation and to avoid the tolerance for the absence of a minimum social consensus on the arguments that it intends to sustain with relative temporary stability. Even more so, when it comes to those who make up the constitutional jurisdiction specialized in elections and democracy. In Mexico, the Superior Court of the Electoral Tribunal of the Federal Judiciary (TEPJF) is the highest electoral court. This body has issued controversial and transcendent decisions for electoral democracy which can be subject to critical legal analysis as an input for legislative activity. This is particularly related to issues concerning citizen participation such as the revocation of mandate and the imposition of sanctions due to its diffusion by public servants, as well as cases of gender-based political violence (VPG, by its acronym in Spanish) and the deprivation of an honest way of living (MHV, by its acronym in Spanish) as a sanction. Another topic worth considering is the rulings on the modification or defective abandonment of the jurisprudence in matters such as the assumption of competence over parliamentary acts in the integration of the administrative or government bodies by the Congress of the Union, and the messages of the legislators, which are not protected by the principle of parliamentary immunity, as has been established.

Resumo Este ensaio analisa a responsabilidade dos cidadãos costarriquenhos diante do desconhecimento da Defensoria Pública. A lei que criou esse órgão (Lei 7.319) permite ao morador lesado por negligência ou omissão denunciar o hierarca por descumprimento de seus deveres, seja perante a Assembleia Legislativa, seja perante os órgãos judiciais competentes; Portanto, o legislador não concedeu qualquer imunidade àqueles que exerceram o cargo de mediador ao editar a lei da criação. O método hermenêutico foi utilizado para analisar e interpretar os textos, e construir um diálogo construtivo e permanente.

Résumé Cet essai analyse la responsabilité des citoyens costariciens face à l’ignorance du Bureau du Médiateur. La loi portant création de cet organe (loi 7319) permet à l’habitant lésé par négligence ou omission de dénoncer le hiérarque pour manquement à ses devoirs, soit devant l’Assemblée législative, soit devant les organes juridictionnels compétents ; Par conséquent, le législateur n’a accordé aucune immunité à quiconque occupe le poste de médiateur lors de la promulgation de la loi de création. La méthode herméneutique a été utilisée pour analyser et interpréter les textes, et construire un dialogue constructif et permanent.

Abstract This essay analyzes the responsibility that Costa Rican citizens have with the ignorance of the Ombudsman’s Office. The Law creating this body (Law 7319) allows the inhabitant affected by negligence or omission to denounce the hierarch for breach of duties, either before the Legislative Assembly or before the competent jurisdictional, for this reason, the Legislator did not grant any immunity to whoever holds the position of Ombudsman of the Inhabitants when issuing the creation law. The hermeneutic method was used to analyze and interpret the texts, and build a constructive and permanent dialogue.

Resumen Este ensayo realiza una crítica respecto de la responsabilidad que tiene la ciudadanía costarricense con el actuar omiso de la Defensoría de los Habitantes. La Ley de creación de ese órgano (Ley 7319) permite al habitante afectado por un accionar negligente u omiso, denunciar al jerarca por incumplimiento de deberes, ya sea ante la Asamblea Legislativa o los órganos jurisdiccionales competentes, por esta razón el Legislador no previó inmunidad alguna para la persona que ostenta el cargo de Defensor de los Habitantes cuando emitió la ley de creación. Se utilizó el método hermenéutico para analizar e interpretar los textos, y construir un diálogo constructivo y permanente.

Resumen: La justicia ambiental para su eficaz tutela judicial, se encuentra inadecuadamente dispersa a cargo diversos órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas, la necesidad de la protección al cuidado del medio ambiente, el equilibrio ecológico, el cambio climático, el calentamiento global y la protección de la flora y fauna, así como todos sus componentes, requieren ser examinados de forma integral e interdisciplinaria por la complejidad para su estudio del derecho agrario contemporáneo y su jurisdicción. Su examen requiere de una profunda reflexión jurisdiccional y ponderar sí el conocimiento, sustanciación y desarrollo de los juicios ambientales, corresponden o no a los órganos jurisdiccionales administrativos u órganos jurisdiccionales autónomos, como ya existen en otros sistemas nacionales.

Abstract Environmental justice for effective judicial protection is inadequately dispersed by various courts and administrative authorities, the need for protection of environmental care, ecological balance, climate change, global warming and the protection of flora and fauna, as well as all its components, require comprehensive and interdisciplinary consideration by the complexity for its study of contemporary agricultural law and its jurisdiction. Its examination requires a thorough judicial reflection and whether or not the knowledge, substance and development of environmental judgments corresponds to the administrative courts or autonomous courts, as already exist in other national systems.

Abstract The purpose of this paper is to reflect on the advantages of choice of court agreements in international trade, with regard to The Hague Convention of 30 June 2005. From a methodological point of view, the study adopts the perspective of the countries of the European Union, which have several international instruments to regulate choice of court agreements, and then reflects more broadly on The Hague Convention, applicable in relations with countries outside this area of integration, such as Mexico. In relation to the Convention, its key aspects are analysed, highlighting the advantages that derive from them in terms of legal certainty and predictability. The analysis is accompanied by reflections on the influence that Regulation 1215/2012 may have on its application, with special attention to the form of choice of court agreements. The result is to highlight the value of an international Convention, which to date has had little practical significance, as well as to warn of the interpretation that can be made of it by the courts of the European Union. This is an original work, as there are no previous studies of the 2005 Hague Convention that specify the interpretation that can be made of it under the influence of other international instruments. The conclusions highlight the main contributions of the work, which will contribute to a better understanding of the convention.

Resumen Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las ventajas de los acuerdos de elección de foro en el comercio internacional, a propósito del Convenio de La Haya del 30 de junio de 2005. Desde un punto de vista metodológico, el estudio adopta la perspectiva de los países de la Unión Europea, que disponen de varios instrumentos internacionales para regular los acuerdos de elección de foro, para reflexionar después más ampliamente sobre el Convenio de La Haya, aplicable en las relaciones con países ajenos a este espacio de integración, como es el caso de México. En relación con el Convenio se analizan sus aspectos clave, poniendo de manifiesto las ventajas que de ellos derivan en términos de seguridad y previsibilidad jurídica. El análisis se acompaña de reflexiones sobre la influencia que en su aplicación puede tener el Reglamento 1215/2012, con especial atención a la forma de los acuerdos de elección de foro. El resultado es poner en valor un convenio internacional, que hasta la fecha está teniendo escasa trascendencia práctica, así como advertir de la interpretación que pueden realizar del mismo los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Se trata de un trabajo original, pues no existen estudios previos del Convenio de La Haya de 2005 que concreten la interpretación que puede hacerse del mismo por influencia de otros instrumentos internacionales. En las conclusiones se resaltan las principales aportaciones del trabajo, las cuales contribuirán a un mejor conocimiento del Convenio.

Abstract In this paper, the possibilities of the constitutional jurisdiction to restore equality when it has been violated by the legislator are addressed, analyzing in abstract the demands that reparation entails and contrasting it with the powers that judges have to be able to make this principle effective.

Resumen En el presente trabajo se abordan las posibilidades que tiene la jurisdicción constitucional para restituir la igualdad cuando ha sido violada por el legislador, analizando las exigencias que conlleva la reparación en abstracto y contrastándola con las facultades que tienen los órganos jurisdiccionales para poder hacer efectivo ese principio.

ABSTRACT According to different bibliographical consultations, the authors agree that criminal dosimetry is nothing more than the application of the principle of proportionality to penalties. This research aims to provide a tool to better understand the problem of criminal dosimetry for various prison sentences for one person in the Canton of Santo Domingo from a conceptual and legal point of view. The same part of a documentary study from the qualitative perspective with the objective of elaborating a conceptual mapping and network analysis as tools to understand the legal anomie in the face of the legal problem of persons deprived of liberty with more than one sentence from different Jurisdictional Bodies. To this end, various methods of analysis were used, such as conceptual mapping, legal analysis, network diagram to determine the elements and characteristics of criminal dosimetry, case studies and comparative law. The results obtained provide empirical evidence that there is a need to include in Ecuador's Comprehensive Organic Penal Code a procedure that empowers judges of Prison Guarantees for the unification of sentences issued by court and criminal guarantee judges.

RESUMEN De acuerdo a diferentes consultas bibliográficas, los autores concuerdan que la dosimetría penal no es más que es la aplicación del principio de proporcionalidad a las penas. La presente investigación pretende ofrecer una herramienta para comprender de mejor forma la problemática de la dosimetría penal para varias sentencias de prisión en una persona en el Cantón Santo Domingo desde del punto vista conceptual y jurídico. La misma parte de un estudio documental desde la perspectiva cualitativa con el objetivo de elaborar un mapeo conceptual y análisis de red como herramientas para comprender la anomia legal ante el problema jurídico de personas privadas de libertad con más de una condena por sentencias dictadas en Órganos Jurisdiccionales diferentes. Para lograr este fin se emplearon diversos métodos de análisis como el mapa conceptual, análisis jurídico, diagrama de red para determinar los elementos y características de la dosimetría penal, estudio de casos y de derecho comparado. Los resultados obtenidos evidencian empíricamente que existe la necesidad de incluir en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador un procedimiento que faculte a los jueces de Garantías Penitenciarias para la unificación de las sentencias emitidas por jueces de tribunales y garantías penales.

Abstract: Within a constitutional state of rights and justice, the way in which the jurisdictional and constitutional bodies argue their decisions is different from the way in which they are motivated in a state of legal law. A review of doctrine, jurisprudence and constitutional dogmatics was made on the argumentation in a constitutional state of rights and justice. Here the stages of the theory of argumentation were developed in order to understand the necessary parameters that help to produce ideas that serve as support or support when talking about arguing, since it is not the same as interpreting a law, in order to do so. this way to generate new ways of specifying the law in our state.

Resumen: Dentro de un estado constitucional de derechos y justicia, la forma en cómo los órganos jurisdiccionales y constitucionales argumentan sus decisiones, es diferente a la manera de cómo se motivan en un estado de derecho legal. Se hizo una revisión de doctrina, jurisprudencia y dogmática constitucional sobre la argumentación en un estado constitucional de derechos y justicia. Aquí se desarrollaron los estamentos de la teoría de la argumentación con la finalidad de entender los parámetros necesarios que ayuden a producir ideas que sirvan de sustento o respaldo cuando se hable de argumentar, ya que no es lo mismo que interpretar una ley, para así de esta manera generar nuevas formas de precisar el derecho en nuestro estado.

Abstract: The objective of this investigation is to analyze the incorporation of parameters and procedures for the prior jurisdictional declaration on the existence of inexcusable error in Ecuadorian legislation in light of judgment No. 3-19-CN / 20 issued by the Court Constitutional and the order of clarification and extension to it. The analysis was carried out from a descriptive study, bibliographic review, sentences, resolutions and regulations issued by jurisdictional and administrative bodies. The study specifies the procedure to be followed in the investigation for the infractions provided for in article 109 numeral 7 of the Organic Code of the Judicial Function and the existence of the essential requirement for the initiation of the administrative summary to prosper.

Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar la incorporación de parámetros y procedimientos para la declaratoria jurisdiccional previa sobre la existencia de la figura de error inexcusable en la legislación ecuatoriana a la luz de la sentencia No. 3-19-CN/20 dictado por la Corte Constitucional y el auto de aclaración y ampliación a la misma. El análisis se realizó desde un estudio descriptivo, revisión bibliográfica, sentencias, resoluciones y reglamentos emitidos por órganos jurisdiccionales y administrativos. Del estudio se concreta el procedimiento a seguir en la investigación por las infracciones previstas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial y la existencia del requisito esencial para que prospere el inicio del sumario administrativo.

ABSTRACT: The supremacy of the Constitution is guaranteed both by the judiciary and the political branches. This paper develops an example of a political warrant of constitutional supremacy, that of budgetary exceptions through presidential order. This constitutional power belongs to the President only and obeys to the President’s constitutional function -to govern the Nation. Thus, it is a power driven by political prudence -essentially, it is a political power. Correspondingly, it is for Congress and not the Judiciary to control the exercise of such power.

RESUMEN: La garantía del principio de supremacía constitucional es compartida por órganos jurisdiccionales y órganos políticos. En este artículo se desarrolla un caso que ejemplifica la garantía política de la supremacía de la Constitución: el decreto de emergencia económica. Esta atribución exclusiva del Presidente de la República es propia de su función de gobierno y, por tanto, esencialmente política. La naturaleza del control de su ejercicio, en correspondencia con dicha potestad, es también política y descansa fundamentalmente en el Congreso Nacional.

Résumé Ce texte reflète la manière dont les organismes non judiciaires ou juridictionnels pour la protection des droits de l’homme, notamment au Mexique, fonctionnent comme des entités qui contribuent à la justiciabilité du droit à la santé, en les considérant comme une alternative possible dans une société démocratique, aux les éventuelles lacunes qui peuvent exister dans les mécanismes judiciaires. La sophistication de ce type de garanties pourrait être la clé qui permettrait d’augmenter les niveaux de protection des droits sociaux tels que le droit à la santé.

Abstract This text reflects about the way in which non-judicial or jurisdictional organism for the protection of human rights, specifically in Mexico, function as entities that contribute to the justiciability of the right of health, considering them as a possible alternative in a democratic society, to the possible gaps that may exist in the judicial mechanisms. The sophistication of this type of safeguards could be the key of the vault that would increase the levels of protections of social rights such the right of health.

Resumen El presente texto reflexiona sobre la forma en que los órganos no judiciales o jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, específicamente en México, funcionan como entidades que abonan a la justiciabilidad del derecho a la salud, considerándolos como una posible alternativa en una sociedad democrática frente a los posibles vacíos que pudieran existir en los mecanismos judiciales. La sofisticación de este tipo de garantías sería la clave de bóveda que incrementaría los niveles de protección de los derechos sociales, como el derecho a la salud.

Abstract This article offers an outlook on the standards established by the organs of the Inter-American System of Human Rights (Inter-American Court and Commission) on political rights, especially those dealing with electoral issues. To this end, it points out the criteria settled by the Court and the Commission through legal precedents from case resolutions and the granting of provisional and precautionary measures, as well as others established by the Commission through its human rights monitoring work in the OAS member states (annual, thematic or country reports, as well as public hearings and press releases). These standards have contributed to guarantee the exercise and enjoyment of political rights in the region and have become guide and parameter for judicial and management electoral authorities in America’s countries.

Resumen El presente artículo ofrece un panorama sobre los estándares establecidos por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (la Corte y la Comisión interamericanas) en materia de derechos político-electorales. Al efecto, se señalan los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte y la Comisión a través de la resolución de casos y el otorgamiento de medidas provisionales y cautelares, así como algunos otros establecidos por la Comisión mediante su labor de monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA (informes anuales, temáticos o de país, así como audiencias públicas y comunicados de prensa). Dichos estándares han contribuido a garantizar el goce y ejercicio de los derechos políticos en la región y se han convertido en guía y parámetro para la toma de decisiones de las autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas en los países de América.

Abstract: This article delves into the origin and essentials features of what has been denominated declaratory judgement or action for declaratory judgment as a critical function of the judicial authority held by the court in order to provide preventive protection of rights and legitimate interests of the parties and its recognition and application under the Chilean civil procedure system.

Resumen: El presente trabajo tiene por objeto examinar el origen y perfiles esenciales de la denominada acción meramente declarativa o declarativa de mera certeza como una función propia y clave de la potestad jurisdiccional que detentan los órganos jurisdiccionales para la tutela preventiva y la certeza prejudicial de los derechos e intereses legítimos de los justiciables y su reconocimiento y aplicación en el sistema procesal civil chileno.

RESUMEN En el presente artículo se describe cómo a partir de la llegada de los españoles al continente americano se perdieron todas las prácticas judiciales y jurisdiccionales que existían en el territorio descubierto. El ánimo expansionista y comercial hizo que los españoles desconocieran a los nativos como personas y mostraran poco interés en conocer su cultura, tradición y prácticas ancestrales, su cosmovisión y su propia historia. La conformación de los órganos judiciales indianos, anteriores a la llegada de los ibéricos, la forma de administración de justicia y la manera de dirimir los conflictos son desconocidas en nuestro tiempo, ya que las entidades impuestas por la monarquía española no solo contribuyeron al genocidio indígena de América del Sur, sino a sepultar en el olvido la forma como estos pueblos resolvían sus diferencias. La pérdida de la figura del cacique como máxima autoridad terrenal y espiritual, así como la lucha de los pueblos aborígenes, en especial el pueblo nasa, en la búsqueda de su autodeterminación y autonomía, son claros ejemplos de este genocidio jurídico. Finalmente, el producto de las constantes luchas sociales abanderadas por algunos pueblos indígenas se materializó en la Constitución de 1991, norma que bajo el amparo de algunos tratados internacionales y las interpretaciones de la Corte Constitucional, y en especial las decisiones adoptadas por la primera Corte, da relevancia a la justicia indígena basada en la idea de autonomía, la autodeterminación y el respeto por su cosmovisión. De esta manera se inicia el proceso de reivindicación de la cultura de los pueblos ancestrales, a partir de considerar la justicia indígena como una forma de justicia especial.

ABSTRACT The present article pretends to show how from the arrival of the Spaniards to the American continent all the judicial and jurisdictional practices that existed in the discovered territory were lost, thanks to the ignorance of the natives as persons and the lack of interest for their ancestral practices, as well as his worldview and his own history. How the Indian judicial organs were integrated is unknown to the inhabitants of the American people since the entities created by the Spanish Monarchy not only contributed to the indigenous genocide of South America, but also to obliterate the way in which these peoples, resolved their conflicts The loss of the figure of the Cacique as the maximum earthly and spiritual authority, as well as the struggle of the aboriginal peoples, especially the Nasa peoples seeking their self-determination and autonomy, are clear examples of this legal genocide. Finally, it is from the constant social struggles that materialized in the new Colombian superior rule, Constitution of 1991, norm that under the protection of some international treaties and the interpretations of the Constitutional Court, in particular the decisions adopted by the first Court, they give relevance to the indigenous justice based on the formula of autonomy, self-determination and respect for their worldview, thus initiating the process of vindication of the culture of the ancestral peoples.