Abstract Introduction Mexico northern border has high levels of heroin use. For more than 10 years, the country has implemented several harm reduction interventions to reduce the risks associated with drug use. New strategies such as Safe Consumption Sites (SCS) must be considered as a next step to service vulnerable populations and increase their health outcomes. Objective This report seeks to measure and compare attitudes on a potential SCS intervention in Tijuana among police and people with lived experience (PLE) in heroin use in the city. Method Two parallel studies on police practices and everyday experiences of heroin users in Tijuana were able to ask similar questions about attitudes toward SCS and its implementation in the city. They conducted quantitative interviews with 771 active police officers and 200 PLE while in rehabilitation services. Results Both groups showed a high personal support for SCS of nearly 82% and a perceived implementation success around 80%. Officers reported 58.9% peer support for SCS while PLE 79%. Around 76% of both groups agreed that a SCS would help to improve their personal health. Finally, 86.2% of the officers would refer people to a SCS while 62.5% of PLE would use the service. Discussion and conclusions The strong positive attitudes from police officers and PLE towards SCS in the city of Tijuana reported in both studies indicate the possibility of a successful implementation of a SCS. This intervention would represent an innovative way to protect PLE from police harassment and victimization, helping reduce HIV and HCV risk behaviors while improving community health.

Resumen Introducción En la frontera norte de México hay niveles altos de consumo de heroína. Durante más de 10 años, el país ha implementado diversas intervenciones de reducción de daños para minimizar los riesgos asociados con el uso de sustancias. Los sitios de consumo seguro (SCS) se deben considerar como una opción que brinde servicios a poblaciones vulnerables para mejorar su salud. Objetivo Este reporte mide y compara actitudes entre policías y personas con experiencia vivida (PEV) en uso de heroína en Tijuana, relacionadas con una posible implementación de SCS en la ciudad. Método Dos estudios paralelos sobre prácticas policiales y experiencias cotidianas de usuarios de heroína en Tijuana incluyeron preguntas similares sobre actitudes hacia los SCS y su implementación en la ciudad. Se realizaron 771 entrevistas cuantitativas con oficiales de policía y 200 con PEV internadas en centros de rehabilitación. Resultados Ambos grupos mostraron un alto apoyo hacia los SCS cercano al 82% y un éxito percibido en implementación del 80%. Los oficiales reportaron 58.9% de apoyo entre pares a las SCS y del 79% entre PEV. Un 76% en ambos grupos coincidieron que un SCS ayudaría a mejorar su salud personal. Finalmente, el 86.2% de los oficiales referirían hacia un SCS, mientras que 62.5% de PEV las usarían. Discusión y conclusiones Las actitudes hacia los SCS indican una posible implementación exitosa de SCS en la ciudad. Esta intervención representaría una forma innovadora de disminuir el acoso y victimización policial hacia las PEV, reduciendo los factores de riesgo de VIH y VHC, mejorando la salud comunitaria.

OBJECTIVE: To compare distributions of human rights violations and disease risk; to juxtapose these patterns against demographic and structural environmental variables, and to formulate implications for structural interventions. METHODS: Female sex workers who inject drugs were surveyed in Tijuana and Ciudad Juarez, Mexico. Structured interviews and testing for sexually transmitted infections (STIs) were conducted (October 2008 to October 2009). Frequencies of individual and environmental factors, including police abuse, risk of HIV infection, and protective behaviors, were compared between sites using univariate logistic regression. RESULTS: Of 624 women, almost half reported police syringe confiscation despite syringes being legal; 55.6% reported extortion (past 6 months), with significantly higher proportions in Ciudad Juarez (P < 0.001). Reports of recent solicitation of sexual favors (28.5% in Tijuana, 36.5% in Ciudad Juarez, P = 0.04) and sexual abuse (15.7% in Tijuana, 18.3% in Ciudad Juarez) by police were commonplace. Prevalence of STIs was significantly lower in Tijuana than in Ciudad Juarez (64.2% and 83.4%, P < 0.001), paralleling the lower prevalence of sexual risk behaviors there. Ciudad Juarez respondents reported significantly higher median number of monthly clients (6.8 versus 1.5, P < 0.001) and lower median pay per sex act (US$ 10 versus US$ 20, P < 0.001) (in the past month). Relative to Tijuana, security deployment, especially the army's presence, was perceived to have increased more in Ciudad Juarez in the past year (72.1% versus 59.2%, P = 0.001). CONCLUSIONS: Collateral damage from police practices in the context of Mexico's drug conflict may affect public health in the Northern Border Region. Itinerant officers may facilitate disease spread beyond the region. The urgency for mounting structural interventions is discussed.

OBJETIVO: Comparar las distribuciones de las violaciones a los derechos humanos y el riesgo de enfermedades; yuxtaponer los patrones obtenidos con las variables demográficas y estructurales del entorno, y formular las implicaciones de llevar a cabo intervenciones estructurales. MÉTODOS: Se entrevistaron trabajadoras del sexo que consumían drogas inyectables en Tijuana y Ciudad Juárez, México. Entre octubre del 2008 y octubre del 2009 se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual (ITS). Se compararon entre las dos ciudades las frecuencias de factores individuales y ambientales, como el abuso policial, el riesgo de infección por el VIH y las conductas protectoras, usando regresión logística de una sola variable. RESULTADOS: De 624 mujeres, casi la mitad comunicaron la confiscación de jeringas por la policía a pesar de que es legal poseerlas; 55,6% informaron extorsión (en los últimos 6 meses), con proporciones significativamente mayores en Ciudad Juárez (P < 0,001). Los informes de solicitación reciente de favores sexuales (28,5% en Tijuana, 36,5% en Ciudad Juárez, P = 0,04) y de abuso sexual (15,7% en Tijuana, 18,3% en Ciudad Juárez) por la policía fueron comunes. La prevalencia de ITS fue significativamente menor en Tijuana que en Ciudad Juárez (64,2% y 83,4%, P < 0,001), en forma análoga a la menor prevalencia de conductas sexuales de riesgo en la primera ciudad. Las mujeres entrevistadas en Ciudad Juárez informaron una mediana del número de clientes mensual significativamente mayor (6,8 frente a 1,5, P < 0,001) y una mediana del pago por acto sexual menor (US$ 10 frente a US$ 20, P < 0,001) en el último mes. En el último año, las mujeres entrevistadas percibieron un mayor aumento del despliegue de seguridad, especialmente la presencia del ejército, en Ciudad Juárez que en Tijuana (72,1% frente a 59,2%, P = 0,001). CONCLUSIONES: Los daños colaterales derivados de las prácticas policiales en el contexto del conflicto de narcotráfico de México pueden afectar a la salud pública en la región de la frontera norte de México. Los oficiales itinerantes pueden facilitar la propagación de enfermedades más allá de la región. Se analiza la urgencia para establecer intervenciones estructurales.