In 2004 a fire occurred at a rock concert in Buenos Aires, leaving 194 young men dead. Survivors and relatives of the deceased initiated criminal proceedings a few days later, and street demonstrations were organized demanding 'justice'. Inside what came to be the 'Cromanón movement' divergent points of view exist in relation to how to carry out the public demonstrations. Some are against 'violent' action, considering it an 'irrational' behavior caused an overflow of emotions, and which has negative consequences for the 'legal strategy'. In this article, it is suggested that this preoccupation reveals parents are torn by 'conflicting ties' that bind them to the movement -as parents demanding 'justice'- while at the same time to the state -as parents pushing for criminal prosecution in the context of the judiciary. While research on 'demand movements' has often regarded emotions as a common value that provides the bases for legitimizing common actions, I show here that in this particular case feelings do not give a priori legitimacy to every kind of public demonstration and acquire, instead, a problematic character. Finally, the treatment by researchers of the state and the movement as discrete, unified and opposite entities is questioned in this case. In conclusion, by contrast, it is argued that they are closely interrelated.
En el año 2004, un incendio ocurrido en un recital de rock en Buenos Aires dejó un saldo de 194 jóvenes muertos. Unos días después, sobrevivientes y familiares de los fallecidos iniciaron una causa penal que tuvo como objeto delimitar las responsabilidades por el siniestro. Asimismo, ellos comenzaron a manifestarse en las calles de la ciudad pidiendo justicia. En ese contexto, al interior de lo que dio en constituirse como movimiento Cromañón, surgieron posiciones divergentes sobre cómo deben llevarse a cabo las acciones de protesta. Algunos familiares consideran que hay quienes realizan acciones violentas con las que no coinciden. Creen que se trata de comportamientos irracionales producto del desborde emocional, que pueden acarrear consecuencias negativas para la estrategia jurídica. Sugiero aquí que esa preocupación expresa que los padres se encuentran atravesados por 'lazos contrapuestos' que los vinculan al movimiento -como familiares movilizados- y al mismo tiempo al Estado -como actores penales frente al Poder Judicial-. Si bien las investigaciones sobre movimientos de demanda frecuentemente han considerado a las emociones como un valor común a partir del cual los actores impulsan y legitiman sus intervenciones, muestro aquí que en el caso analizado los sentimientos no otorgan a priori legitimidad a cualquier tipo de manifestación pública y adquieren, en cambio, un carácter problemático. Finalmente, pongo en cuestión el tratamiento que han realizado algunas investigaciones sobre el caso al considerar al Estado y al movimiento como entidades discretas, unificadas y en oposición para concluir, en cambio, que ambos se encuentran estrechamente interrelacionados.